Evolución y Transformación del Sistema Educativo Español: De la Ley de 1970 a la LOGSE (1986-1996)

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Reforma General del Sistema Educativo: 1986-1996

La reforma de la estructura general del sistema educativo, si bien era una meta del programa socialista, no se percibía como algo urgente. En algunos documentos internos del partido se reconocía incluso la contribución de la Ley de 1970 al progreso educativo del país, y hasta se percibían en ella ciertas virtualidades que le permitían ser todavía funcional con algunas innovaciones de carácter pedagógico y social.

Por ello, el partido socialista abordó con cierto retraso la reforma general del sistema. No obstante, se fueron implementando actuaciones puntuales en el ámbito de la educación infantil, el ciclo superior de la educación básica o las enseñanzas medias, que iban preparando el terreno para abordar después una organización más orgánica del conjunto del sistema.

Focos de Actuación Puntual

  • Nivel de Infantil: Era preciso universalizarlo para compensar lo antes posible las desigualdades debidas al origen sociocultural de los alumnos.
  • Enseñanzas Básicas y Medias: Era necesario prolongar la escolaridad obligatoria hasta los 16 años y optar por un modelo comprensivo que respondiera al criterio de igualdad y de atención a la diversidad.
  • Complementariamente: También había que ensayar la reforma del bachillerato y de la formación profesional (FP).

Esta última, la FP, venía siendo el agujero olvidado de todas las reformas. El informe que en el año 85 publicó la OCDE para España advertía del riesgo de dejar de nuevo marginada la formación profesional del proceso de reforma en curso.

Propuesta de Reforma de 1987

En 1987, el ministro de educación Maravall lanzó una propuesta para el debate en un documento titulado Proyecto para la reforma de la enseñanza. En este documento se señalaban las innovaciones introducidas en los últimos 5 años para cubrir 4 objetivos:

Objetivos Iniciales del Proyecto

  1. Garantizar el derecho constitucional a la educación: Mediante la aplicación de la gratuidad en la enseñanza, a través de programas generales de recursos, de nuevos criterios de admisión y de participación en consejos escolares.
  2. Extensión de la red escolar: Mediante reajustes regionales y demográficos.
  3. Compensación de las desigualdades: Mediante educación compensatoria, becas de promoción de la igualdad o de la incorporación de alumnos con minusvalías.
  4. Mejora de la calidad de la enseñanza.

Los objetivos básicos de esta renovación deberían ser, por lo tanto:

  • El aumento de la calidad de la enseñanza.
  • La extensión de la obligatoriedad escolar hasta los 16 años.
  • La adopción de un currículum común para todos y capaz de atender a la diversidad de los alumnos.
  • Por último, la reforma de la educación secundaria posobligatoria y técnico-profesional.

Integración de la Formación Profesional

En 1988, ante las críticas recibidas por la falta de atención a la FP, se elabora un nuevo texto llamado Proyecto para la reforma de la educación técnico profesional, donde se integraba la formación profesional en la estructura general del sistema concibiéndola bajo dos modalidades:

  1. La educación profesional de base que se incluía en la ESO como segmento de la educación polivalente.
  2. La específica que se cursaría al final de la obligatoria o del bachillerato en forma de módulos o ciclos formativos.

Cierre del Proceso y Publicación de la LOGSE

Este proceso de debate de la nueva ley se cerró con la Conferencia de Consejeros de Educación de las Comunidades Autónomas del año 89, que aceptó en líneas generales la reforma educativa y los principios expuestos. Posteriormente, se produjo la publicación del Libro Blanco para la reforma del sistema educativo, que desarrollaba ideas y propuestas del proyecto de 1987 e incorporaba asimismo un plan de desarrollo de la reforma y una memoria económica para su implementación.

Este texto daría origen al anteproyecto de ley de la futura LOGSE, que se haría público el 12 de febrero de 1990. Este anteproyecto recibió el visto bueno del Consejo Escolar del Estado y del Consejo General de la Formación Profesional, pero no así de la Conferencia Episcopal. Los sindicatos, por su parte, aceptaron el proyecto pero pidieron que se aumentara la dotación económica hasta alcanzar el 6% del PIB con el objetivo de implementar correctamente la ley.

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