Evolución política y social de España (1900-1936): resumen de la Restauración a la Segunda República

Alfonso XIII y la Crisis de la Restauración

La primera parte del reinado de Alfonso XIII y los proyectos de Regeneracionismo político

En primer lugar, la paulatina descomposición de los dos partidos dinásticos, provocada por la desaparición de los dirigentes históricos Cánovas y Sagasta y las luchas entre sus nuevos líderes por hacerse con el control del partido. Desde 1917, ningún partido era capaz de formar gobierno por sí solo, lo que llevó a recurrir a gobiernos de concentración donde participaban las facciones de los dos partidos del turno.

El siguiente problema fue el aumento de la conflictividad social como se observa en el incremento de las huelgas. El movimiento obrero, en definitiva, va a adquirir una gran fuerza a través de los sindicatos socialista y anarquista, en los que crece la afiliación. Otro de los problemas fue la reaparición de la cuestión religiosa. Socialistas, republicanos y un sector del partido liberal estaban a favor de limitar el número de congregaciones. La Iglesia católica había experimentado un fuerte avance desde el inicio de la Restauración. A continuación debe citarse el llamado problema militar. La guerra de 1898 había demostrado la necesidad de introducir reformas en las Fuerzas Armadas. Durante el reinado se van afirmando corrientes autonómicas en Cataluña, País Vasco y Galicia, pero es en Cataluña donde el problema regional adquirirá mayor fuerza influyendo intensamente en la política general del país. Por último, hay que mencionar el problema de Marruecos. Tras la derrota del 98, España pudo incorporarse a la etapa final del reparto del continente africano, donde se decidía el futuro colonial de Marruecos.

Entre 1907 y 1912 se van a desarrollar las dos actuaciones del regeneracionismo desde dentro del sistema con la idea de enfrentarse a sus “males”, incorporando reformas políticas y sociales. Dos políticos, el conservador Antonio Maura y el liberal José Canalejas, fueron los protagonistas de este impulso renovador, que al no verse completado no pudo evitarse el fin del sistema de la Restauración. En enero de 1907 el rey nombró jefe de gobierno a Antonio Maura, ya líder del partido conservador. Sus intentos regeneracionistas quedarían expresados en la frase hagamos la revolución desde arriba o nos la harán desde abajo, con ello dejaba claro que era necesaria una reforma en profundidad de la vida pública y la mejora de las condiciones de vida de las clases populares para evitar cualquier levantamiento popular que hiciera peligrar el sistema.

Entre 1910 y 1912 dirigió el gobierno José Canalejas, líder del partido liberal. Durante su mandato se suprimieron los impopulares consumos, siendo sustituidos por un impuesto progresivo sobre las rentas urbanas; se estableció el servicio militar obligatorio, eliminándose la redención a metálico, no obstante, se introdujo la posibilidad de reducción del servicio militar a cinco o diez meses previo pago. En 1912 Canalejas obtenía también otro gran éxito cuando el Congreso aprobó la Ley de Mancomunidades, que permitía un inicio de autogobierno y que satisfacía a una parte de los catalanistas. Pero el jefe de gobierno no llegó a ver aprobada la ley en el Senado: el 12 de noviembre caía asesinado en Madrid por los disparos de un radical anarquista.

La crisis del Parlamentarismo; la neutralidad en la Primera Guerra Mundial

El estallido de la Primera Guerra Mundial, en agosto de 1914, fue seguido de una declaración de neutralidad del gobierno español, encabezado por Eduardo Dato, que obtuvo un respaldo prácticamente generalizado. La neutralidad, sin embargo, no impidió que la opinión pública se dividiera ni que el tema se debatiera apasionadamente en las Cortes, la prensa y la calle. Las consecuencias económicas de la Guerra fueron muy importantes. Tras unos meses de recesión, a partir de 1915 se produjo un auténtico boom económico al convertirse España en suministradora de los países en guerra (alimentos, materias primas y productos industriales). La producción industrial, por tanto, creció gracias al aumento de la demanda exterior y a la necesidad de sustituir importaciones con producción propia. La doble tendencia (expansión de las exportaciones con la disminución de las importaciones) provocó un cambio en la balanza comercial, con superávit entre 1915 y 1919. La conflictividad social, en consecuencia, se acentuó facilitando el auge del movimiento obrero, reivindicando alzas salariales y la mejora de las condiciones de vida.

La llamada crisis del verano de 1917 puso de golpe sobre la mesa tres graves problemas, que dieron origen a una profunda crisis que amenazó a la misma supervivencia del sistema político de la Restauración. De forma consecutiva, entre los meses de junio y de agosto, sin conexión entre ellas, la primera protesta fue presentada por los militares, siguió con la protesta de la oposición política y acabó con la movilización obrera.

A comienzos de 1917 se constituían Juntas de Defensa en buena parte de las guarniciones del país integradas por oficiales de infantería. Se quejaban de cómo los militares con destino en Marruecos ascendían fácilmente; se mostraban en contra del ascenso por méritos de guerra, y a favor del ascenso por antigüedad, también defendían una subida de los salarios en un momento en que la inflación provocada por la Guerra venía erosionando los sueldos de los funcionarios.

El segundo acto de la crisis de 1917 fue la Asamblea de Parlamentarios. Básicamente, resultó un intento por parte de los políticos de la oposición para cambiar el régimen político.

En 1916 la UGT y la CNT acordaron trabajar juntos para obligar al gobierno a adoptar medidas contra el alza del coste de la vida y concluyeron que la huelga general era el mejor instrumento para presionar sobre ello. Al año siguiente la huelga se convierte en un proyecto revolucionario: en marzo de 1917, en una reunión conjunta de UGT-CNT se acuerda convocar una huelga general indefinida, en el plazo de tres meses, como estrategia para acabar con el régimen. En junio, tras las Juntas de Defensa, valoradas positivamente por las organizaciones obreras, la huelga general se veía como el instrumento para constituir un gobierno provisional, entre republicanos y socialistas, que convocara Cortes constituyentes.

La dictadura de Primo de Rivera y la caída de la monarquía. Los problemas económicos

En general el pronunciamiento militar fue recibido con entusiasmo por la opinión pública. Primo de Rivera presentó la Dictadura como un régimen transitorio cuyo objetivo era acabar con los males de la Restauración, es decir, eliminar el caciquismo, liberar al país de la vieja política que venían desplegando los partidos del turno, poner fin al desgobierno, al desorden social y a la amenaza del separatismo catalán. El Directorio Militar suspendió la Constitución de 1876, disolvió las Cortes y estableció la censura de prensa. Los Ayuntamientos y las Diputaciones provinciales fueron disueltos y sus miembros fueron sustituidos por gente adicta al nuevo régimen. Por ello, en 1924, se creó un partido propio, la Unión Patriótica, donde se daba cita la burguesía de comerciantes, industriales, terratenientes y antiguos caciques. El partido duró lo que la Dictadura, y cumplió el papel de aportar el personal político que necesitó la Dictadura. Sobre el problema regional, Primo de Rivera se mostró muy duro con el catalanismo. Se prohibió el uso del himno y de la bandera catalana y la utilización del catalán en los actos oficiales. En definitiva, Primo de Rivera, que al haber restablecido el orden público contaba con la simpatía de la burguesía catalana y con el catalanismo moderado de la Lliga de Cambó, consiguió con todo ello crearse enemigos en Cataluña. La pacificación de Marruecos fue el logro más indiscutible de la dictadura. El problema marroquí pudo por fin resolverse.

Tras el éxito en Marruecos, muy bien valorado por la opinión pública, Primo de Rivera decidió transformar el Directorio Militar en un gobierno en el que incluía hombres civiles, el llamado Directorio Civil del que formó parte, entre otros, Calvo Sotelo, ministro de Hacienda, y el conde de Guadalhorce, ministro de Fomento. El objetivo ahora era institucionalizar el régimen, la Dictadura, y para ello hacía falta una norma que hiciera las veces de marco constitucional. Con ese objetivo final se convocó, en 1927, una Asamblea Nacional Consultiva, compuesta por representantes del Estado, de la Unión Patriótica y de las distintas provincias. Inició sus trabajos en 1928 y terminó siendo un fiasco sin llegar a cumplir sus objetivos.

En cuanto a la política económica, la Dictadura se benefició de la oleada de prosperidad mundial de estos años, los felices años veinte. La economía española creció. Se extendió la electrificación y aumentó la producción de hierro, acero, hulla… Se impulsó las obras públicas como la construcción de embalses, carreteras, ferrocarriles, puertos, etc... También se crearon las Confederaciones Hidrográficas para el aprovechamiento de los ríos, tanto para el regadío como para la producción de energía eléctrica.

En política social, el Estado también se mostró muy activo. Construyó viviendas baratas, también Institutos, escuelas y servicios sanitarios. Para la solución de los conflictos laborales se instituyeron comités paritarios, formados por representantes de patronos y obreros, a quienes se sumaba un delegado gubernamental. En ellos se fijaban salarios, condiciones de trabajo y se hacían labores de mediación y arbitraje en caso de conflictos laborales. En los comités paritarios participaron los socialistas al considerar que era positivo para el mantenimiento del partido y del sindicato.

El 14 de abril, el mismo día en que se proclamaba la República, el rey Alfonso XIII abandonaba España, partiendo hacia el exilio. El 14 de abril de 1931 se cerraba un ciclo en nuestra Historia y una nueva etapa se abría en España.

La Segunda República Española

El Gobierno provisional y la Constitución de 1931

El gobierno provisional convocó elecciones a Cortes constituyentes, celebradas el 28 de junio, obteniendo un fuerte respaldo popular. En efecto, la conjunción de republicanos y socialistas que constituían el gobierno provisional abarcaba al 80% de la Cámara, siendo los dos partidos más votados, el Socialista, con 116 diputados, y el Republicano Radical, con 90. Los partidos de la derecha conservadora, que afrontaron las elecciones con desorden, sin estar bien organizados, quedaron reducidos a grupos minoritarios con muy poca fuerza como para poder influir en la orientación de la nueva etapa que acababa de abrirse en España. Este hecho se dejó notar durante la redacción de la Constitución republicana, al responder su texto sobre todo a las ideas de los republicanos de izquierda y de los socialistas. No contó, en cambio, con el apoyo de los diputados de la derecha con lo que, la Constitución de 1931 nació sin el aconsejable consenso. De acuerdo con la Constitución de 1931 España se constituía en una República democrática y laica. Definía a España como una República de trabadores de toda clase y como un Estado integral, fórmula con la que se venía a reconocer el derecho a la autonomía de las regiones. Recogía una amplia declaración de derechos y libertades; dio el voto a las mujeres; estableció el matrimonio civil; legalizó el divorcio; incorporó el derecho de expropiación forzosa de la propiedad privada por causa de utilidad social. Sobre la división de los poderes, el legislativo residía en las Cortes o Congreso de los diputados, constituidas por una sola cámara; el poder ejecutivo recaía en el gobierno y en el presidente de la República, que era el jefe del Estado y cuyo mandato duraba seis años; la función de administrar justicia recaía en los jueces y tribunales. Asimismo creaba un Tribunal de Garantías Constitucionales para garantizar la constitucionalidad de las leyes y resolver los posibles conflictos entre el Estado y las regiones autónomas. La aprobación de estos artículos provocó la primera crisis de gobierno de la República al dimitir el presidente del gobierno Alcalá Zamora y el ministro de la Gobernación Miguel Maura. Manuel Azaña, cuya intervención fue decisiva para poner fin al debate sobre la cuestión religiosa, fue propuesto como nuevo presidente de gobierno, del que tomó posesión a mediados de octubre. Al fin, las Cortes aprobaron la Constitución el 9 de diciembre de 1931 con todos los votos a favor, y ninguno en contra al no estar en ese momento en la Cámara los representantes de los partidos de derecha.

El bienio de Gobiernos de Azaña

Una vez aprobada la Constitución, al día siguiente las Cortes eligieron como presidente de la República a Alcalá Zamora, a su vez, éste encargó a Manuel Azaña la formación del primero gobierno constitucional sobre la misma base de partidos que venía actuando el anterior, sin embargo, Lerroux, al frente del Partido Radical, prefirió pasar a la oposición al negarse a entrar en un gobierno donde continuaran los socialistas. Azaña, en efecto, optó por los socialistas y a mediados de diciembre formaba gobierno, con el objetivo de seguir con el programa de reformas, ya iniciadas por el gobierno provisional. El gobierno, no obstante, contó desde el principio con una fuerte oposición, tanto desde la derecha como desde la izquierda. En la derecha la oposición estuvo encabezada por el Partido Radical de Lerroux; en la izquierda, la CNT, la FAI y el PCE se enfrentaban al gobierno, tachado de “reformista y burgués” y alejado de la línea social revolucionaria por ellos defendida. La UGT, en cambio, estaba con el gobierno, al igual que su organización campesina, la Federación Española de Trabajadores de la Tierra . Los conflictos sociales no paraban, eran continuos. El gobierno Azaña se encontró ante una fuerte conflictividad social, con enfrentamientos entre las masas obreras y campesinas y las fuerzas del orden público.

En las Cortes, a todo esto, se discutían dos proyectos de Ley en los que el gobierno se jugaba su credibilidad: la Ley de Reforma Agraria y el Estatuto de Autonomía de Cataluña. La reforma agraria. Sobre el Estatuto de Cataluña, la República tenía otro compromiso y la Constitución establecía la vía para su logro. Sin embargo, todo cambió a raíz del fracaso del golpe de Estado encabezado por el general Sanjurjo el 10 de agosto de 1932. Azaña y su gobierno salieron fortalecidos, entre los diputados hubo una reacción en defensa de la República y el 9 de septiembre se aprobaban la Ley de Reforma Agraria y el Estatuto de Autonomía Cataluña.

Con la Ley de Reforma Agraria se pretendía acabar con el latifundismo y redistribuir la propiedad mediante el asentamiento de campesinos en las tierras expropiadas. Para la aplicación de la Ley se creó el Instituto de Reforma Agraria con un presupuesto de 50 millones de pesetas.

A comienzos de 1933, la CNT y la FAI volvían otra vez a la carga, a por el logro del comunismo libertario. En Andalucía hubo levantamientos en varios pueblos pero en Casas Viejas los sucesos ocurridos fueron muy graves entre el 11 y 12 de enero de 1933

El gobierno, donde había, como es sabido, ministros socialistas, estaba cogido entre dos frentes. Por un lado, la campaña de oposición de la derecha, que se agranda al aprobarse la Ley de Congregaciones Religiosas en mayo de 1933, por la que, entre otras cosas, se ponía fin a los colegios religiosos. Por el otro, la crítica de la izquierda.

Los carlistas reorganizados en la Comunión Tradicionalista Española se habían convertido en un movimiento de la ultraderecha autoritaria y el creado en octubre de 1933 por José Antonio Primo de Rivera de la Falange Española, variante española del fascismo.

El bienio radical-cedista y el triunfo del Frente Popular

Las elecciones generales de noviembre de 1933, en las que, de acuerdo con la Constitución, las mujeres hicieron efectivo su derecho al voto, dieron el triunfo a la derecha. La CEDA logró 115 diputados y se convirtió en el primer partido del país; los radicales de Lerroux obtuvieron 102; los monárquicos antirrepublicanos lograron una representación muy aceptable, en concreto, 15 para Renovación Española y 21 para los Tradicionalistas. La izquierda quedó severamente derrotada: los socialistas bajaron de 115 a 58 diputados y Acción Republicana, el partido de Azaña, quedó reducido a cinco frente a los 28 que había obtenido en 1931. El resultado de las elecciones hacía impensable gobernar sin el apoyo de la CEDA o que ésta lo pretendiera sin contar con el Partido Radical de Lerroux. La izquierda, el PSOE y republicanos de izquierda veían a la República como algo suyo y no imaginaban que pudiera gobernarse desde la derecha. El PSOE consideraba a la CEDA como un partido cuyo objetivo final era implantar el fascismo en España y, a partir de esa premisa, si la CEDA entraba en el gobierno, estaba dispuesto a desencadenar una revolución social. Tanto en el PSOE como en la UGT, los partidarios de actuaciones más moderadas, se vieron superados por los defensores de las vías radicales, revolucionarias, defendidas por Largo Caballero, nuevo presidente del PSOE y secretario de la UGT.

La izquierda comprendió, y en ello desplegó Azaña un importante papel, que la unidad republicano-socialista era la fórmula para contener a la derecha y triunfar en las elecciones de febrero de 1936. Entre los socialistas, Indalecio Prieto coincidía con Azaña, pero se necesitaba vencer la resistencia de otros dirigentes socialistas, como Largo Caballero, que seguía instalado en el sector más extremista del PSOE y exigía la ampliación del acuerdo a otras fuerzas obreras, como el Partido Comunista. En línea con las directrices de Moscú, el Partido Comunista, desde el verano de 1935, defendía la colaboración con los partidos burgueses antifascistas. La tarea de los comunistas no sería, por el momento, hacer la revolución sino frenar el fascismo. El 15 de enero de 1936 se formó así una amplia coalición de partidos de izquierda, el Frente Popular, en concreto se incorporaron Izquierda Republicana, Unión Republicana, el PSOE, el PCE, la UGT, el Partido Sindicalista y el POUM. El programa de la coalición era reformista, en síntesis, retomar y relanzar la obra legislativa del gobierno de Azaña de 1931-1933, además defendía una amnistía general para los encarcelados por los sucesos de octubre de 1934.

Frente a las izquierdas, las derechas no llegaron a formar un frente único. La CEDA, con un programa electoral que defendía la revisión de la Constitución, estableció pactos puntuales con republicanos radicales en algunas provincias; en cambio, los monárquicos alfonsinos de Renovación Española y los carlistas de Comunión Tradicionalista formaron una alianza electoral, el Bloque Nacional, liderado por José Calvo Sotelo, cuyo programa sólo era posible si era eliminada la República. Las elecciones de febrero de 1936 dieron la victoria al Frente Popular, en consecuencia, el poder cambió pasando el gobierno de la República de las manos de la derecha a las de la izquierda. Pero el Frente Popular no logró estabilizar el proceso político.

Tras las elecciones de febrero Azaña formó un gobierno integrado únicamente por republicanos de izquierda, sin participación de los socialistas al haberse negado éstos a formar un gobierno de coalición con los republicanos. Con todo, este gobierno puso en marcha el programa del Frente Popular. Se concedió una amnistía general para todos los encarcelados en relación con la revolución de octubre de 1934; se restableció el Estatuto de Autonomía de Cataluña y Companys volvía a presidir la Generalitat; las organizaciones sindicales volvían a movilizar a los trabajadores y se acentuaban las huelgas; en el campo la intensificación de los conflictos sociales aceleró la ocupación de tierras por los campesinos mientras se ponía en marcha la Ley de Reforma Agraria de 1932.