Evolución del Derecho Foral en Navarra y las Provincias Vascongadas

La unificación del ordenamiento jurídico: Navarra y Vascongadas

Por Álvaro Talens

El Reformismo de Felipe V y los Decretos de Nueva Planta

La política de Felipe V supuso un intento de unificar y centralizar el Derecho. Sin embargo, esta pretensión, que se reflejó en los Decretos de Nueva Planta, tenía graves límites: primero, porque no afectaba al derecho vigente en el Reino de Navarra ni en las Vascongadas y, segundo, porque el derecho de los territorios de la Corona de Aragón y del Reino de Valencia fueron tratados de formas diferentes. En consecuencia, con el advenimiento del Estado liberal, se plantea la necesidad de unificar el derecho de la monarquía que, desde la Guerra de la Independencia, debe abandonar su protagonismo histórico para dejar paso a la idea de nación.

El Impacto de la Guerra de la Independencia y la Constitución de 1812

La guerra contra los franceses promueve la creación de un sentimiento nacional que hasta entonces no había existido como tal, originando un espíritu de unidad generado por el enfrentamiento con tropas extranjeras. Este espíritu de unidad se reflejó en la Constitución de 1812 cuando se habla de «nación española» sin que las realidades precedentes como Castilla, Aragón, Cataluña o Navarra se constituyan como instituciones intermedias entre España y los españoles.

El Concepto de Nación y Estado en el Siglo XIX

Según este criterio, la nación se define como un conjunto homogéneo de individuos integrados en un solo Estado. La idea de nación y la de Estado son, pues, conceptos correlativos que se exigen mutuamente, de manera que no existe nación sin Estado y no existe Estado sin nación. A una nación corresponde un Estado y a un Estado un solo Derecho. Se trataba de eliminar cualquier privilegio preexistente, dando como resultado un estado centralizado y único. Este proyecto era propio de la burguesía, incluida la vasca y catalana.

El Conflicto Dinástico y la Primera Guerra Carlista

Todas las diferencias que hasta el momento estaban latentes salieron a la luz con la muerte de Fernando VII. Aunque el monarca estableció que debía ser su hija Isabel II quien le sucediera en el trono, su hermano Carlos María Isidro pretendía hacerse con él y reinstaurar el régimen absolutista, señorial y religioso, provocando así una Guerra Civil.

La guerra, que enfrentaba a los carlistas (defensores de los fueros) con los liberales (partidarios de la unificación del derecho), se resolvió en favor de los liberales en el año 1839, donde el General Espartero se comprometió a proponer a las Cortes la concesión o modificación de los fueros.

La Transformación Legislativa de 1841

Como consecuencia de esto, en 1841 se promulgaron otras dos leyes: una para Navarra y otra para las provincias Vascongadas.

La Ley Paccionada de Navarra

En la ley de agosto de 1841 para Navarra se conservó el derecho civil y el derecho penal hasta la publicación del Código Penal de 1848. Se suprimió el derecho procesal navarro, además de la designación de alcaldes como en el resto de España. En resumen, Navarra se regularía como el resto de provincias españolas, pero conservaba su derecho civil y, temporalmente, el penal.

El Decreto de Octubre de 1841 en las Vascongadas

Tras la promulgación de Navarra, en las Vascongadas se produjo un movimiento contrario a las negociaciones, levantándose contra la Constitución y contra Espartero. Este derrotó la sublevación y, en octubre de 1841, impuso el decreto sin oír a los administradores. Esto se interpretó como una norma represiva.

Por este decreto se establecía:

• La sumisión del orden público a las autoridades gubernamentales como en el resto de España.
• La supresión de las aduanas interiores.
• La supresión de la Diputación Foral.

Sin embargo, este decreto se caracterizó por el silencio en cuestiones tan relevantes como el derecho civil foral, las peculiaridades fiscales y las militares, contribuyendo a la pervivencia de privilegios.

El Fin de los Privilegios: La Ley de Julio de 1876

Después de la Constitución de 1876, el rey Alfonso XII sancionó la Ley de julio de 1876, que pretendía acabar con las peculiaridades fiscales y militares. Las provincias vascongadas quedaron obligadas a contribuir de la misma forma que el resto de provincias y, aunque la norma no suprimía explícitamente el régimen foral, se consideró que este había quedado derogado al perder estos privilegios fundamentales.