Evolución Constitucional en España: Del Liberalismo a la Primera República (1833-1874)

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Este periodo está marcado por una serie de transformaciones constitucionales significativas en España, impulsadas por el liberalismo, y abarca varias reformas constitucionales.

El Estatuto Real de 1834

Tras la muerte de Fernando VII en 1833, su hija Isabel II asumió el trono bajo la Regencia de su madre, María Cristina. Durante esta etapa, España vivió una guerra civil (la guerra carlista) y se adentró en el liberalismo histórico. En 1834, María Cristina encargó a Francisco Martínez de la Rosa la redacción del Estatuto Real, un texto breve que regulaba la organización de las Cortes Generales. Estaba dividido en dos cámaras: una estamental, similar a las Cortes del Antiguo Régimen, y otra representativa, basada en un sistema electoral censitario. Este Estatuto reflejaba un pacto entre la nobleza, la Iglesia y la burguesía conservadora, limitando las competencias de las Cortes en favor del poder monárquico.

La Constitución de 1837

Durante la guerra civil, los progresistas lograron que la Reina Regente restableciera temporalmente la Constitución de 1812. Posteriormente, se elaboró la Constitución de 1837, aprobada en medio del conflicto. Esta constitución fue calificada como "flexible", y marcó un punto intermedio entre el liberalismo y la monarquía. Introdujo la soberanía compartida entre el rey y las Cortes, el sistema bicameral, y una serie de derechos individuales, como la libertad de imprenta y el derecho a la propiedad. Su fracaso se debió a las tensiones entre los moderados y progresistas, y a las reformas desamortizadoras que causaron conflictos.

La Constitución de 1845

Con la caída de la Regencia de Espartero, el liberalismo moderado asumió el poder con Ramón María Narváez. En 1845, se aprobó una nueva constitución que consolidaba un régimen más monárquico, limitando el poder de las Cortes en favor del rey. La soberanía se compartía entre el monarca y el pueblo, pero el rey controlaba aspectos clave como el Senado y la legislación. Esta Constitución limitó algunas libertades establecidas en 1837, como la libertad de imprenta y la tolerancia religiosa, acercándose más al modelo del Estatuto Real que a una verdadera constitución democrática.

La Constitución "nonnata" de 1856

Durante el Bienio Progresista (1854-1856), los progresistas, tras derrocar a los moderados, redactaron un proyecto de constitución, conocido como la Constitución "nonnata". Este texto mantenía los principios de la Constitución de 1837, pero introducía la primera referencia a la protección de los derechos religiosos de los no católicos. Sin embargo, la Constitución de 1845 fue restablecida cuando la revolución progresista terminó con la intervención del general O'Donnell.

La Constitución de 1869

La Revolución de 1868 (conocida como "La Gloriosa") terminó con el reinado de Isabel II y estableció un gobierno provisional, que convocó las Cortes Constituyentes para redactar una nueva constitución. La Constitución de 1869, promulgada el 6 de junio, introdujo un sistema democrático y parlamentario. Estableció la soberanía nacional, el sufragio universal masculino, y un conjunto de derechos fundamentales como la libertad de expresión, el derecho a la educación, y el derecho de asociación. Además, se introdujo la descentralización administrativa y la libertad de cultos. Fue un paso importante hacia la democratización, aunque las tensiones internas y la inestabilidad política llevaron a su fracaso.

El Proyecto de Constitución Federal de 1873

Después de la abdicación del rey Amadeo I en 1873, España vivió un periodo de agitación que condujo a la proclamación de la Primera República Española. Durante este tiempo, las Cortes adoptaron una postura federalista y redactaron el Proyecto de Constitución Federal de 1873. Este proyecto configuraba España como una federación de estados, con la soberanía popular y la separación entre la Iglesia y el Estado. Sin embargo, debido al levantamiento cantonal y la guerra carlista, el proyecto no fue aprobado, y la República se disolvió tras el golpe de Estado del general Pavía.

Este periodo representa una serie de intentos por avanzar en el constitucionalismo y la democratización en España, aunque la inestabilidad política y los enfrentamientos entre facciones dificultaron la consolidación de un régimen estable y democrático.

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