Evolución del Estado de Bienestar en España: Transición, Democracia y Servicios Sociales

España se convirtió en una anomalía dentro del contexto europeo. Tras la Guerra Civil (1936-1939), que dio lugar a una dictadura de casi cuatro décadas, España se incorporó tardíamente a la senda de la modernización y lo hizo con sus peculiaridades. La primera de ellas es el hecho de no ser una democracia y sus implicaciones en relación con las restricciones y ausencias de libertades y derechos. En cuanto al Estado de Bienestar, en España se puede hablar de su puesta en marcha con la llegada de la transición a la democracia, tras la muerte del dictador Franco (1975). Hasta entonces, y a pesar de los avances, como la creación de una frágil seguridad social, las políticas públicas y la atención a las necesidades de la sociedad se habían basado en la caridad y la asistencia, con fuertes raíces en el ideario católico, que no incidían en las causas de las situaciones de vulnerabilidad, sino en medidas parciales que no las resolvían.

La Constitución de 1978 y los Derechos Sociales

La Constitución de 1978 supuso un reconocimiento y una salvaguarda de los derechos sociales y del concepto de ciudadanía, un punto de inflexión en la historia de España. El modelo español se vería desarrollado a partir de la década de los ochenta, especialmente con la llegada al Gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Fueron años de universalización y gratuidad de la sanidad, la educación o el sistema de rentas y pensiones.

El Papel del Trabajo Social en la Configuración del Estado de Bienestar

La contribución del trabajo social al modelo de bienestar y, más concretamente, a la creación de los servicios sociales en la transición política, y posteriormente en la democracia, ha sido decisiva para su configuración, y ha estado muy vinculada a sus valores y principios: la libertad, la justicia social, o la igualdad. Fueron etapas de especial significación por la movilización, con un compromiso profesional con las organizaciones sociales de los colectivos que sufrían algún tipo de discriminación o marginación social, aportando criterios para la construcción del sistema público de servicios sociales y proponiendo un modelo municipalista de intervención profesional a partir de la realidad local.

La profesión reclamó la universalidad de los derechos sociales como garantía preventiva frente a la pobreza y la exclusión social con el objetivo de ofrecer cobertura a determinadas necesidades sociales derivadas de la convivencia personal y social, que fueron estudiadas por la profesión. Al mismo tiempo, se valoró que estas necesidades (como la salud o la educación) también deberían estar amparadas por la política de bienestar social y contar con un sistema público de servicios sociales específico, cuyo referente profesional han sido los trabajadores sociales, que se convirtieron en el soporte técnico del sistema de protección social.

El Estado de las Autonomías y la Descentralización de las Políticas Sociales

La nueva organización territorial del Estado surgida de la transición a la democracia y de la Constitución de 1978, con el Estado de las autonomías, dio lugar a un triple nivel de intervención y decisión: estatal, autonómico y municipal. El conjunto de las administraciones españolas fueron aumentando el gasto público destinado a políticas sociales, aunque nunca lograron alcanzar las cifras de los países europeos más desarrollados. Sin embargo, fue un gran camino el realizado y en muy poco tiempo.

De esta forma, se consolidó un nivel de bienestar en la sociedad española desconocido. Las clases medias crecieron y se consolidaron, y de esta manera se mejoraron los indicadores educativos, sanitarios, asistenciales, etc. Pero seguían existiendo grupos de población que permanecían en la pobreza y la exclusión social, pertenecientes a la clase trabajadora y a colectivos que estaban en situaciones de marginación.

La Inmigración y los Nuevos Retos del Siglo XXI

La irrupción de la inmigración procedente de países menos desarrollados a comienzos del siglo XXI situó a este contingente en riesgo de exclusión social. España había pasado de ser un país emisor de población a receptor, que contaba a finales del siglo XX con apenas un millón de extranjeros residentes. España también se vio favorecida por su incorporación a la Unión Europea en 1986. Sin embargo, contaba con un paro estructural y endémico que, en momentos de crisis, sufría dramáticos incrementos.