Etapas de la Transición Española: Reforma Política, Constitución de 1978 y Autonomías

La Transición Española: Del Franquismo a la Democracia (1975-1982)

Desmantelamiento del Régimen Franquista (1975-1977)

Tras la muerte de Francisco Franco en noviembre de 1975, el rey Juan Carlos I asumió la jefatura del Estado en un clima de expectación e incertidumbre. Ya desde la presentación del proyecto de Arias Navarro (conocido como "espíritu del 12 de febrero") se vislumbraba una división en España entre los inmovilistas, que rechazaban cualquier apertura, y los aperturistas, que defendían la necesidad de reformar el régimen. La oposición antifranquista, por su parte, rechazó el proyecto por considerarlo insuficiente, ya que no contemplaba el establecimiento de una democracia plena.

Desde enero de 1976, una ola de movilizaciones, huelgas y manifestaciones pusieron a prueba la voluntad reformista del gobierno. Se exigían libertades, autonomía, amnistía y reivindicaciones obreras, todo ello en línea con la instauración de una democracia en España. Paralelamente, el protagonismo de la oposición aumentó. La Junta y la Plataforma de Coordinación Democrática utilizaron la presión de la calle para impulsar la ruptura democrática.

Ante esta ofensiva, el gobierno activó una respuesta autoritaria y represiva, destacando los sucesos de Vitoria en marzo de 1976. Esta respuesta perjudicaba la imagen de la monarquía, anclándola en el inmovilismo, y la desprestigiaba ante la Europa democrática. En estas condiciones, en julio de 1976, el rey Juan Carlos forzó la dimisión de Arias Navarro y se formó un nuevo gobierno presidido por Adolfo Suárez, ministro secretario del Movimiento, fiel al rey y hábil negociador. El fracaso de Arias Navarro suponía el fin de la continuidad del franquismo como tal y radicalizó la obstinación inmovilista del llamado "búnker", formado por sectores sociales partidarios de mantener la dictadura franquista.

El nuevo Gobierno proclamó una amnistía para muchos presos antifranquistas como medida de reconciliación nacional, impulsó el diálogo con algunas fuerzas democráticas y amplió el derecho de asociación. Su objetivo se centró en la Ley para la Reforma Política (LRP), que reconocía derechos y libertades fundamentales y proponía unas Cortes bicamerales en las que el Congreso sería elegido por sufragio universal y el Senado por entidades territoriales y por el rey. Además, preveía la convocatoria de elecciones en el plazo de seis meses y otorgaba a las nuevas Cortes –órgano depositario de la soberanía– el desarrollo de la reforma de las leyes fundamentales del franquismo para instaurar una nueva legalidad constitucional.

Suárez logró superar el rechazo de los inmovilistas y consiguió que las Cortes franquistas aprobasen la LRP. Esta ley se sometió a referéndum, ante el cual la oposición democrática dudaba entre el "sí", para abrir el régimen, y la abstención, por considerarlo insuficiente. El "búnker" se postuló a favor del "no". El gobierno realizó una intensa campaña a favor del "sí" y el referéndum se celebró en diciembre de 1976, aprobando la ley con un 94% de votos favorables.

Se inició una desarticulación de las instituciones franquistas y una liberalización con la libertad de prensa, la legalización de los partidos políticos, la libertad sindical y el derecho de huelga. Esta dinámica se vio alterada por la violencia de ETA, de los GRAPO y de la extrema derecha, que pretendían sabotear el proceso. La aprobación de la ley electoral y la legalización del Partido Comunista en 1977 preparaban el camino a las elecciones. Este segundo hecho provocó gran conmoción en sectores inmovilistas.

Elecciones de 1977 y Constitución de 1978

A pesar de las dificultades, las elecciones de 1977, las primeras desde 1936, se celebraron con normalidad y una participación muy elevada (78,8%). Sus resultados perfilaron un sistema político bipartidista imperfecto. La victoria fue para la UCD, seguida del PSOE. Sin embargo, Suárez no logró la mayoría absoluta. A pesar de ello, logró formar el primer gobierno de la democracia. La necesidad de pactos contribuyó a una política de consenso que marcó la aprobación de la nueva Constitución y de otras leyes y medidas políticas y sociales, sentándose las bases del sistema democrático.

Los Pactos de la Moncloa y la Crisis Económica

El primer gobierno democrático se inició en un contexto de grave crisis económica internacional derivada del aumento del precio del petróleo en 1973. La economía española había entrado en recesión. En este contexto, Suárez buscó un amplio consenso político y social entre partidos, sindicatos, organizaciones empresariales, etc., para abordar la crisis. Las medidas se concretaron en los Pactos de la Moncloa, firmados en octubre de 1977. Uno de sus objetivos fue el saneamiento y la reforma fiscal de la economía. Para ello se creó el Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio y el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para poder financiar el Estado.