Estructura y Competencias del Sistema de Protección al Consumidor en España

Marco Jurídico de la Defensa del Consumidor

El marco jurídico de la defensa del consumidor está diseñado en cuatro niveles que corresponden a las instituciones con competencias directas en el sistema de protección: la Unión Europea, el Estado Español, las Comunidades Autónomas y las Administraciones Locales.

1. Niveles Institucionales

• Unión Europea
• Estado Español
• Comunidades Autónomas
• Administraciones Locales

2. Funciones de Coordinación y Colaboración

En el ámbito de la cooperación entre las Comunidades Autónomas y la Administración General del Estado, se establecen las siguientes funciones:

• a) Servir de cauce de colaboración, comunicación e información entre las comunidades autónomas y la Administración General del Estado en materia de consumo.
• b) Aprobar los criterios comunes de actuación y coordinación.
• c) Aprobar los planes, proyectos y programas conjuntos.
• d) Hacer efectiva la participación de las comunidades autónomas en los asuntos comunitarios europeos en la materia.
• e) Facilitar la información recíproca, diseñar estadísticas estatales comunes y poner a disposición de los ciudadanos los datos obtenidos.
• f) Cooperar e impulsar las campañas nacionales de inspección y control.
• g) Promover la promulgación de la normativa oportuna en materia de consumo o su reforma e informar sobre las disposiciones reglamentarias.
• h) Establecer criterios de actuación cuando resulten competentes varias comunidades autónomas.
• i) Programar el empleo racional de medios materiales de utilización común.
• j) Articular un sistema de formación y perfeccionamiento del personal con tareas específicas en el ámbito de consumo.

3. Administraciones Locales: Diputaciones Provinciales

Las Diputaciones Provinciales ejercen las siguientes competencias:

• Información y educación de los consumidores, de acuerdo con las necesidades generales de la provincia.
• Apoyo y fomento de las organizaciones y asociaciones de consumidores en sus actividades provinciales.
• Fomento, divulgación y gestión del Sistema Arbitral de Consumo, en colaboración con la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma.
• Ejercicio de acciones civiles en defensa de los consumidores vecinos de su provincia, conforme a la legislación estatal.
• Realización de estudios de mercado circunscritos a su ámbito provincial.
• Asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios.
• Las demás competencias atribuidas por las leyes vigentes.