Estrategias de Política Criminal y Prevención del Delito: Social vs. Penal

La Política Criminal como Disciplina

La política criminal se define como el conjunto de conocimientos derivados del estudio de las medidas, criterios y argumentos que los poderes públicos emplean para prevenir y reaccionar frente al fenómeno criminal.

Prevención del Delito a través de la Política Criminal

Son aquellas políticas que facilitan las actuaciones del sistema de justicia penal para identificar, detener, procesar, condenar y castigar a los delincuentes. Para ello, es necesario que el sistema judicial funcione correctamente. En España, el sistema de justicia penal juega un papel clave en el control de la delincuencia.

Sin embargo, la evaluación empírica del impacto de las leyes penales y de las actuaciones del sistema de justicia penal sugiere que su eficacia es bastante limitada. Felson (1994) habla de la "falacia del sistema de justicia penal" para referirse al extendido mito de que las actuaciones de jueces, fiscales y policías pueden tener un impacto notable en los niveles de delincuencia.

Prevención del Delito a través de la Política Social

Los pioneros de la criminología positivista (Ferri) identificaron medidas de reducción o prevención del delito alejadas del ámbito de la política de justicia penal. Las políticas sociales son aquellas que mejoran el nivel de calidad de vida de los ciudadanos, disminuyen el nivel de paro, sirven para integrar a los sectores más desfavorecidos de la población, mejoran el nivel de igualdad, o generan bienestar económico y fortalecen las instituciones sociales. El objetivo fundamental de la política social es mejorar la calidad de vida y generar mayores niveles de igualdad, no reducir la delincuencia, aunque este pueda ser un efecto secundario.

Globalización y Sociedad de Riesgo

La globalización de la economía de mercado está provocando una reducción del Estado social y un aumento del Estado policial, penal y penitenciario. El sistema penal ha adquirido un gran protagonismo en la gestión de la exclusión, lo que ha supuesto un drástico cambio en la política criminal, que ahora presenta las siguientes características:

• Derecho penal simbólico: Lo importante no es evitar determinadas conductas, sino conseguir una sensación de seguridad y de confianza, muchas veces gracias a los medios de comunicación. El sistema penal es utilizado como un mero instrumento, coyuntural y político, destinado a tranquilizar inquietudes, inseguridades, e incluso a dirigir la conciencia de los ciudadanos, asumiendo con ello un papel que antes le correspondía a la ética o la moral.
• Derecho penal del riesgo: Existe un afán criminalizador sobre el despenalizador, vulnerando en muchos casos el principio de proporcionalidad. Ante el evidente aumento de la delincuencia y el correspondiente sentimiento de inseguridad, se exige efectividad y protección, lo que supone la penalización de los sectores más perjudicados por la crisis del Estado social, simbolizada en la estrategia de la “tolerancia cero”.
• Derecho penal del enemigo y antigarantismo penal y procesal: Se observa un fuerte sentimiento de rechazo hacia los valores occidentales en grupos étnicos distintos o con culturas y civilizaciones diferentes a las occidentales. Este fenómeno está íntimamente relacionado con la extensión global del terrorismo. También se puede encontrar en la criminalidad organizada o la inmigración ilegal, a las que también se aplica la doctrina del derecho penal del enemigo.