Estrategias de Intervención en Maltrato Infantil: Protocolos de Protección y Prevención

Intervención en situaciones de maltrato infantil

La intervención en situaciones de maltrato infantil es un proceso multidisciplinar y gradual, centrado siempre en la protección del menor, y se estructura en fases secuenciales y coordinadas.

1. Fase previa: Niveles de prevención

En primer lugar, la fase previa corresponde a la prevención, la cual se clasifica en tres categorías fundamentales:

• Prevención primaria: Está dirigida a toda la población con el objetivo de evitar que el maltrato ocurra, mediante el fomento del buen trato, la parentalidad positiva y programas de apoyo socioeconómico a familias vulnerables.
• Prevención secundaria: Se enfoca en grupos de alto riesgo, con estrategias como la detección precoz de familias vulnerables (por ejemplo, padres adolescentes o con adicciones) y el ofrecimiento de apoyo intensivo, incluyendo visitas domiciliarias y talleres parentales.
• Prevención terciaria: Interviene después de que el maltrato ha ocurrido para evitar la reincidencia y reducir las secuelas; implica el seguimiento y tratamiento del menor y de su familia.

2. Detección del maltrato

La detección del maltrato implica identificar indicadores de riesgo o daño mediante la búsqueda activa de signos físicos, emocionales o conductuales por parte de profesionales de salud, educación o servicios sociales. Este proceso también incluye:

• La recolección de información a través de entrevistas al menor en un entorno seguro y confidencial, así como a sus cuidadores.
• La recopilación de informes médicos o escolares.
• La observación de la calidad del vínculo entre el menor y sus cuidadores.
• La identificación de posibles cambios conductuales como regresión, agresividad o retraimiento.

Una vez que la sospecha es razonable, se activa el sistema de protección mediante la notificación obligatoria a las autoridades competentes, ya sea servicios sociales, el Ministerio Fiscal o la policía en caso de delito o peligro inmediato. La actitud profesional debe ser de protección y apoyo, no de búsqueda de culpables.

3. Valoración y diagnóstico

En la fase de valoración y diagnóstico, se realiza un estudio técnico para confirmar el daño, evaluar el riesgo y definir la necesidad de protección. Se lleva a cabo una valoración multidisciplinar a cargo de psicólogos, trabajadores sociales y médicos que evalúan tanto al menor como su entorno. En este punto, se determina la situación legal:

Situación de riesgo

Se da cuando la permanencia del menor en su entorno no supone un peligro grave, pero sí requiere intervención profesional.

Situación de desamparo

Se produce cuando se considera necesaria la separación del menor de su entorno familiar. Durante este proceso, se realiza también una exploración física y psicológica asegurando la intimidad del menor y evitando procedimientos innecesarios.

4. Actuaciones y medidas de protección

En cuanto a las actuaciones, se diseñan e implementan medidas de protección y tratamiento adaptadas a cada caso:

• En situaciones de riesgo: Se puede ofrecer apoyo intensivo a la familia, incluyendo terapia familiar, ayuda económica y seguimiento, sin retirar al menor del hogar.
• En situaciones de desamparo: Se aplica una medida de protección legal como el acogimiento familiar o residencial, que implica la separación temporal o definitiva del niño.

La intervención terapéutica incluye el tratamiento psicológico del menor para abordar el trauma, las secuelas emocionales y las reacciones de victimización o adaptación. Asimismo, se realizan intervenciones con los cuidadores para tratar problemas como adicciones, salud mental o patrones de crianza inadecuados.

5. Seguimiento y evaluación continua

El proceso culmina con el seguimiento y evaluación continua para asegurar la eficacia de las medidas adoptadas. Esto implica:

• Supervisión periódica del bienestar del menor y la evolución de la familia.
• Revisión de la medida de protección.
• Evaluación del progreso en la reducción de factores de riesgo y el aumento de factores de protección.

Si se constata que el menor está seguro y se han cumplido los objetivos, se puede revocar la medida y considerar el regreso a la familia de origen o la finalización del proceso de protección.