Estatutos de Autonomía en España: Naturaleza, Competencias y Distribución del Poder

Los Estatutos de Autonomía: Naturaleza Jurídica, Posición y Procedimientos

Los Estatutos de Autonomía son considerados una ley orgánica. Su procedimiento de elaboración busca garantizar que reflejan un pacto fundamental entre la comunidad territorial que aspira a ejercer el derecho de autogobierno y la representación del pueblo español, encarnada en las Cortes Generales.

Una vez que el Estatuto de Autonomía existe, se convierte en el resultado de un acuerdo entre la Comunidad Autónoma ya establecida, con sus propios órganos de gobierno y representación institucionalizados, y la representación del pueblo español (las Cortes Generales). Es a través de este instrumento que la comunidad territorial se dota de los derechos necesarios para ejercer su autonomía.

Distribución del Poder Estatal: Órganos Centrales y Territoriales

La organización del Estado español implica una compleja distribución del poder entre los órganos centrales y los órganos territoriales, representados por las Comunidades Autónomas (CC. AA.).

El Federalismo y la Distribución Territorial del Poder

El federalismo contemporáneo, con el sistema político norteamericano como modelo de referencia, ha evolucionado significativamente. En sus orígenes, la distribución del poder estatal era más sencilla, realizándose principalmente por materias mediante la técnica de atribución.

Actualmente, la distribución territorial del poder es considerablemente más compleja y no puede limitarse a un simple reparto de materias.

La Constitución Española (CE) establece el marco general para esta distribución de poder, que se materializa a través de los Estatutos de Autonomía. Si bien en ocasiones se realiza por materias (por ejemplo, las relaciones exteriores y las políticas de defensa son competencias exclusivas del Estado), la CE también permite que las Comunidades Autónomas asuman competencias exclusivas sobre otras materias mediante sus Estatutos.

Es importante destacar que la Constitución no solo establece el marco para la distribución de materias, sino que también se refiere a la distribución de funciones públicas dentro de una materia específica. Esta es la diferencia clave entre la atribución de materias y la atribución de funciones.

Definición de Funciones Públicas

Las funciones representan una dimensión específica de la actividad estatal dentro de una materia y se identifican jurídicamente como: ejecutiva, legislativa y judicial.

• La función ejecutiva implica un poder normativo derivado de la ley, que conlleva la capacidad de aprobar normas jurídicas. Incluye las funciones que habitualmente desempeña la administración pública, como la policía, el fomento y la gestión de servicios públicos.
• La función de autorización se refiere a la habilitación legal que permite a la administración controlar el ejercicio de determinados derechos.

La Constitución Española determina que, en ciertas materias, la función legislativa corresponde al Estado. Sin embargo, las Comunidades Autónomas, a través de sus Estatutos de Autonomía, pueden adquirir estas competencias, dando lugar a las competencias compartidas.

Competencias Exclusivas y Compartidas: Distribución Legislativa y Conflictos Competenciales

El reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas se articula principalmente en los artículos 148 y 149 de la Constitución Española.

• El artículo 148 enumera las materias que las Comunidades Autónomas pueden incorporar a sus Estatutos. Es crucial entender que lo que asumen no son las materias en sí, sino el poder sobre ellas, es decir, competencias y funciones (ejecutivas o legislativas).
• El artículo 149, por su parte, establece una serie de materias que son de competencia exclusiva del Estado. Esto implica que, sobre estas materias, las Comunidades Autónomas no pueden asumir competencias.

Esta distinción es fundamental para comprender la distribución del poder legislativo y la resolución de posibles conflictos competenciales, especialmente en lo que respecta a la legislación básica y la legislación de desarrollo.