España en la Unión Europea: Evolución, Políticas y Repercusiones

España en la Unión Europea

Evolución de la Unión Europea desde el ingreso de España

Tratados de la Unión Europea

Tratado de Roma (1957):

El Tratado de Roma marcó la fundación de la Comunidad Económica Europea (CEE), introduciendo el concepto del mercado único y la libre circulación de personas, bienes, servicios y capitales entre sus países miembros. Además, estableció políticas comunes en áreas como la agricultura y el transporte, así como la coordinación de políticas económicas y sociales. Durante los años ochenta, la Comunidad se expandió hacia el sur con la inclusión de Grecia en 1981, seguida por España y Portugal en 1986. En el mismo periodo, entró en vigor el Acta Única Europea en 1987, reformando los tratados originales y cambiando la denominación de CEE a Comunidad Europea (CE). Los objetivos principales de esta década incluyeron una reforma institucional para fortalecer el poder del Parlamento Europeo, la completa realización del mercado único para 1993 y la reducción de las disparidades de desarrollo entre los estados miembros.

Tratado de Maastricht (1992):

El Tratado de Maastricht, firmado en 1992 y en vigor desde 1993, marcó un hito al cambiar el nombre de la CE a Unión Europea (UE). Además, estableció los tres pilares fundamentales de la UE: la unión económica y monetaria, la política social comunitaria y la política exterior y de seguridad común, así como la cooperación en justicia y asuntos de interior.

Tratado de Niza (2003):

El Tratado de Niza de 2003 definió las reglas de la mayoría cualificada para la toma de decisiones en el Consejo Europeo, así como una minoría de bloqueo. Introdujo la denominada "cláusula de verificación demográfica", que otorgaba a Alemania un papel destacado en la toma de decisiones.

Tratado de Lisboa (2007):

El Tratado de Lisboa (2007) cambió el sistema de votación en la UE, dando más peso a países poblados como Alemania. También eliminó el veto en 40 áreas para agilizar decisiones, incluyendo inmigración y cooperación policial. Esta era vio la última ampliación de la UE, sumando países de Europa central y oriental, llegando a 28 miembros.

Las políticas de la Unión Europea

La política económica

El objetivo principal es consolidar la Unión Económica y Monetaria (UEM), que consta de dos componentes esenciales:

1. Unión Económica: Busca la convergencia económica entre los Estados miembros y la promoción de la estabilidad económica en el conjunto de la Unión Europea.
2. Unión Monetaria: Desde 1999, se implementó el euro como moneda única. Esto proporciona ventajas como la simplificación de las transacciones financieras, el ahorro al evitar los costos de cambio de moneda y una mayor estabilidad monetaria. Además, los Bancos Centrales nacionales fueron reemplazados por el Banco Central Europeo (BCE), encargado de mantener la estabilidad de los precios y gestionar la emisión y el valor del euro.

La política social

El objetivo de la política social es la mejora del bienestar y calidad de vida de los ciudadanos europeos:

• La elaboración de la Carta de Derechos Fundamentales que compendia los valores y derechos de los ciudadanos europeos.
• La protección de los más desfavorecidos por motivos económicos, de edad, sexo, estado de salud; de los emigrantes, y de las áreas perjudicadas por la crisis y la reconversión.
• La mejora de las condiciones laborales y la creación de un pacto para el fomento del empleo.
• La protección de los consumidores mediante el establecimiento de la libre competencia y la desaparición de los monopolios, y la regulación de los productos.
• La adopción de medidas sobre educación y medidas sobre investigación científica.

La política de justicia y de asuntos de interior de la Unión Europea

La política de la Unión Europea se centra en mejorar las condiciones laborales y fomentar el empleo. Además, impulsa la ciudadanía europea, lo que permite a los ciudadanos de un Estado miembro disfrutar de derechos como la libre circulación y residencia en cualquier país de la UE, el derecho a votar y presentarse a elecciones municipales y europeas en el Estado donde residen, así como el derecho a presentar peticiones al Parlamento Europeo y reclamaciones al Defensor del Pueblo Europeo. También tienen derecho a recibir asistencia diplomática de cualquier Estado miembro en terceros países donde su propio país no esté representado.

La Política Exterior y de Seguridad Común (PESC)

Los objetivos de la PESC son la defensa de los intereses, la independencia y la seguridad de la Unión; el fortalecimiento de la paz, la seguridad y la cooperación internacional, y el desarrollo de la democracia y los derechos fundamentales.

La política regional en la Unión Europea

a) Objetivos:

La Unión Europea, conformada por 28 Estados miembros y 493 millones de ciudadanos, enfrenta disparidades económicas y sociales entre países y regiones. El propósito de la política regional europea es promover la solidaridad y la cohesión económica y social, reduciendo las brechas de desarrollo entre las diversas regiones.

b) Instrumentos de la política regional:

Los principales instrumentos para alcanzar estos objetivos son los fondos provenientes de la Unión Europea, la política de incentivos regionales y el Fondo de Compensación Interterritorial:

• Fondos estructurales: Priorizan el desarrollo de las regiones menos desarrolladas y la reconversión de áreas en crisis. Los cuatro principales fondos son:
  • FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional): Promueve infraestructuras y economías locales en regiones más pobres.
  • FEOGA (Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria): Financia la adaptación agrícola y el desarrollo rural.
  • IFOP (Instrumento Financiero de Orientación Pesquera): Apoya a regiones pesqueras en crisis para su reestructuración y modernización.
  • FSE (Fondo Social Europeo): Destinado a la formación profesional y el empleo.
• Fondo de Cohesión: Creado en 1993 para financiar proyectos medioambientales y de transporte en países menos prósperos de la Unión.

En términos de PIB, la mayoría de las Comunidades Autónomas de España se encuentran por debajo de la media europea, exceptuando algunas como Madrid, Cataluña, Aragón, Navarra, País Vasco, La Rioja, Cantabria y Baleares.

Repercusiones de la integración española en Europa

• La Unión Europea tiene autoridad para regular las políticas de desarrollo regional, pudiendo aprobar, modificar o vetarlas según su alineación con los objetivos comunitarios.
• España ha recibido ayudas comunitarias debido a las marcadas desigualdades económicas y sociales entre sus regiones y otras más prósperas de la UE, reflejadas en indicadores como la renta per cápita, el desempleo y el nivel de desarrollo de los sectores agrarios e industriales.
• Las políticas de desarrollo regional de la UE han contribuido a reducir desequilibrios en España, priorizando la asignación de fondos a las regiones más necesitadas y logrando una mayor igualdad en la renta per cápita.
• Sin embargo, la ampliación hacia el este de la UE plantea desafíos, como el posible cese de fondos para algunas regiones españolas y la resistencia de países contribuyentes como Alemania a aumentar el presupuesto comunitario, lo que podría generar tensiones sobre la equidad y la solidaridad en la UE.

El futuro de las ayudas europeas

En el próximo periodo presupuestario de siete años (2014-2020), España continuará siendo receptor neto de ayudas europeas. Se prevé una ayuda adicional de 1.800 millones de euros para mitigar el impacto de la crisis en las regiones menos desarrolladas. De esta cantidad, 500 millones se destinarán a Extremadura, mientras que Andalucía, Murcia y Castilla-La Mancha recibirán 624 millones. Los restantes 700 millones se distribuirán entre el resto de comunidades autónomas. Además, se asignan 50 millones de euros para Ceuta y Melilla, y se garantiza que Andalucía, Castilla-La Mancha y Galicia, aunque ya no sean consideradas objetivos prioritarios de la política regional europea, mantendrán al menos el 60% de las ayudas recibidas en el periodo anterior. En cuanto al fondo de ayuda para el empleo juvenil, España recibirá el 30%, aproximadamente mil millones de euros.