España Siglo XX: De la Restauración a la Dictadura de Primo de Rivera

España en el Primer Tercio del Siglo XX: Transformación Política y Social

En el siglo XX, el sistema político de la Restauración, una monarquía liberal no democrática basada en la Constitución de 1876, funcionaba gracias a los partidos dinásticos, Conservador y Liberal. A finales del siglo XIX, el **regeneracionismo**, una corriente ideológica que denunció los vicios del sistema político y propuso la modernización política, social y económica de España, comenzó a cambiar este panorama. Alfonso XIII accedió al trono en 1902. Tras la muerte de los líderes de los partidos dinásticos, Cánovas (conservador) en 1897 y Sagasta (liberal) en 1903, se produjo una profunda crisis. Antonio Maura (conservador) y José Canalejas (liberal) fueron elegidos como nuevos dirigentes. En 1905, una de las peores crisis del reinado se produjo por el enfrentamiento entre militares y catalanistas, cuando unos oficiales asaltaron los talleres de una revista satírica. En 1906, el Gobierno aprobó la Ley de Jurisdicciones, que aumentó la intrusión del ejército en la política.

El Regeneracionismo Conservador de Antonio Maura

Antonio Maura formó su primer gobierno (1902-1903) con el proyecto de renovar el país, modernizar sus instituciones y extender el sistema político de la Restauración. En su segundo gobierno (1907-1909), conocido como el "gobierno largo", Maura presentó su programa como la "revolución desde arriba". Con este programa, buscaba llevar a cabo reformas para convertir al pueblo en protagonista del cambio democrático, devolver la confianza en las instituciones y evitar una revolución. La Ley Electoral de 1907 buscaba la limpieza electoral y atraer a las clases medias, eliminando el caciquismo. Otra reforma se centró en la Administración Local, buscando una mayor autonomía y la posibilidad de crear mancomunidades locales y provinciales, para satisfacer las aspiraciones de Cataluña y abrir una vía de entendimiento con la Lliga Regionalista. La Ley de Represión del Terrorismo, dirigida a frenar la oleada de atentados anarquistas, fue retirada por falta de apoyo. El programa de Maura impulsó una política económica de intervención estatal y de protección y fomento de la industria nacional, así como medidas sociales como la creación del Instituto Nacional de Previsión, la Ley de Descanso Dominical y la legalización de la huelga.

La Guerra de Marruecos y la Semana Trágica de 1909

Tras el desastre de 1898, España buscó recuperar el prestigio nacional y poner fin al aislamiento internacional, centrando su política exterior en Marruecos durante el primer tercio del siglo XX. España y Francia fijaron sus áreas de influencia en la Conferencia de Algeciras de 1906, asignando a España la zona norte con el Rif. La nueva política colonial obligó al Gobierno a aumentar sus tropas y lanzar campañas militares para someter el territorio y asegurar la explotación minera, protegiendo la construcción del ferrocarril de las minas del Rif hasta Melilla. En julio de 1909, se produjeron enfrentamientos entre los rifeños y las tropas españolas, y Maura ordenó la movilización de los reservistas en Cataluña. El 18 de julio, al embarcar la tropa, estalló la protesta contra la guerra. El Gobierno declaró el estado de guerra y reprimió la revuelta con dureza. Los consejos de guerra dictaron diecisiete condenas a muerte, ejecutando a cinco personas, entre ellas Francisco Ferrer Guardia, un pedagogo y fundador de la Escuela Moderna, acusado sin pruebas de ser responsable de la revuelta. Los liberales y republicanos exigieron el cese de Maura, y el rey forzó su dimisión para no dañar la imagen de la monarquía.

El Regeneracionismo Liberal de José Canalejas

José Canalejas, el nuevo jefe de gobierno, se comprometió con la regeneración del sistema político y una progresiva democratización social. Se aprobó la Ley del Candado en 1910, limitando el establecimiento de nuevas órdenes religiosas en España, lo que generó la oposición de los sectores católicos y de la Santa Sede. También se aprobó la Ley de Reclutamiento, que establecía el servicio militar obligatorio en caso de guerra y suprimió la redención en metálico. Finalmente, las Cortes aprobaron la Ley de Mancomunidades en 1912. En 1912, España y Francia negociaron un nuevo tratado que fijó las futuras relaciones franco-españolas sobre el protectorado de Marruecos. Los partidos del sistema de turno apenas habían tenido peso político, pero a principios del siglo XX aumentaron sus apoyos.

El Impacto de la Primera Guerra Mundial

Cuando estalló la guerra, el gobierno de Eduardo Dato declaró la neutralidad de España, con el respaldo de todos los partidos políticos. Sin embargo, la neutralidad oficial no impidió que las fuerzas políticas y los sectores sociales se dividieran en dos bandos: aliadófilos y germanófilos. Esta división se reflejó en los partidos del turno y en la sociedad. Los sectores más liberales simpatizaron con los aliados, que representaban los principios democráticos. Los anarcosindicalistas se mantuvieron al margen, argumentando que la guerra era un enfrentamiento imperialista. La neutralidad favoreció una fuerte expansión económica, convirtiendo a España en proveedora de materias primas y productos industriales para los países beligerantes. Sin embargo, las clases trabajadoras sufrieron un fuerte descenso en su nivel de vida, ya que el alza de los salarios no fue suficiente para cubrir la gran subida de los precios de los productos de primera necesidad. En las zonas agrarias, se acentuó la precariedad del campesinado, forzando a muchos a emigrar a la ciudad. Esta situación agravó las diferencias sociales y favoreció el auge de las organizaciones obreras, intensificando el número de huelgas entre 1915 y 1916.

La Crisis de 1917

El sistema de la Restauración fue incapaz de dar respuesta a los conflictos más urgentes.

La Crisis Militar: Juntas de Defensa

El malestar de los militares se debía al proyecto de reforma militar. El gobierno quería modernizar el ejército reduciendo el número excesivo de oficiales, cuyos salarios absorbían la mayor parte del presupuesto, y modificar el sistema de ascensos, que premiaba los méritos de la guerra de los militares destinados en África frente a los de la Península. Los oficiales peninsulares de los cuerpos de Ingenieros e Infantería querían el establecimiento de la escala cerrada. Esto llevó a la formación de Juntas de Defensa que se extendieron a todo el ejército, añadiendo el deseo de autonomía corporativa frente al favoritismo de los políticos. En junio de 1917, presentaron el manifiesto de las juntas al gobierno en forma de ultimátum, contando con el apoyo del rey e imponiendo sus demandas.

La Crisis Política: La Asamblea de Parlamentarios

El movimiento de las Juntas fue interpretado por los políticos catalanistas, socialistas, republicanos y reformistas como una señal de quiebra y una oportunidad para hacer reformas. Cambó, líder de la Lliga, tomó la iniciativa y convocó a todos los senadores y diputados españoles a una Asamblea de Parlamentarios en Barcelona en junio de 1917. En la asamblea se acordó la formación de un gobierno provisional y la celebración de Cortes Constituyentes para reformar la Constitución y aprobar la autonomía de Cataluña. Sin embargo, la falta de apoyo de otros partidos y el rechazo de las Juntas de Defensa permitieron al gobierno disolver la Asamblea.

La Crisis Social: Huelga General en Agosto

El verano de 1917 se caracterizó por el desafío del movimiento obrero y su disposición a convocar una huelga general. En marzo de ese año, las dos principales organizaciones sindicales, UGT y CNT, escribieron un manifiesto convocando la huelga general. Los socialistas sabían que la huelga debería servir para derrocar a la monarquía e instaurar una república democrática. La huelga general estalló en agosto, pero no tuvo mucho seguimiento. Solo hubo incidentes graves en los centros industriales de Madrid, País Vasco, Barcelona y Asturias. En la zona rural, apenas se notó. El ejército cumplió la orden de disparar contra los huelguistas. Los miembros del comité de huelga fueron condenados a cadena perpetua, aunque no llegaron a cumplirla porque al año siguiente fueron elegidos diputados.

La Dictadura de Primo de Rivera

La dictadura de Primo de Rivera fue un régimen con un ambiguo programa de regeneración social, económica y política de carácter intervencionista.

El Golpe de Estado

El 13 de septiembre de 1923, el Capitán General de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, encabezó un pronunciamiento militar contra el gobierno constitucional. Se aprovechó del malestar del Ejército, la indigestión del gobierno y la desconfianza del Rey en el sistema constitucional de la Restauración, desprestigiado y sumido en una profunda crisis. El golpe contó con el apoyo de los sectores empresariales, principalmente de la burguesía barcelonesa, de los principales bancos nacionales y de la Iglesia. La opinión pública lo acogió favorablemente o se mostró pasiva. De Rivera anunció que quería resolver los problemas más graves que padecía la sociedad española: liberar el país de la vieja política, destruir el caciquismo y poner fin al desgobierno, a la subversión social y a la amenaza separatista contraria a la unidad nacional. Ante estos hechos, Alfonso XIII llamó a formar un nuevo gobierno con el cargo de presidente y ministro único (Directorio Militar).

El Directorio Militar (1923-1925)

El Directorio Militar proclamó el estado de guerra durante dos años, eliminó la Constitución de 1876 y las garantías constitucionales, disolvió las Cortes, impuso la censura de prensa y prohibió las actividades de los partidos políticos y de los sindicatos. Mantuvo el orden público con duras medidas represivas contra la CNT y el PCE, reprimió cualquier manifestación nacionalista de carácter separatista y prohibió el uso del catalán en el ámbito oficial. Sustituyó a los gobernadores civiles por militares, disolvió los ayuntamientos y los sustituyó por juntas de vocales asociadas elegidas por los mayores contribuyentes, vinculados al sistema caciquil. El Directorio lanzó un gran proyecto regeneracionista e inició una reforma de la Administración para destruir el caciquismo. Sin embargo, la aprobación del Estatuto Municipal de 1924 dio paso a una nueva administración sometida y centralizada que perpetuó otro nuevo. En Cataluña, con el Estatuto Provincial, desapareció en 1925 la Mancomunitat, lo que potenció el nacionalismo radical e incluso separatista. Primo de Rivera asumió personalmente el alto comisariado en Marruecos. En 1925, España y Francia acordaron una ofensiva militar conjunta. El desembarco de las tropas españolas en Alhucemas fue un gran éxito, y un año después quedó sometido todo el protectorado.

El Directorio Civil (1925-1930)

En la segunda fase de la dictadura, Primo de Rivera reemplazó el Directorio Militar por un gobierno civil para permanecer en el poder y construir un régimen inspirado en las dictaduras autoritarias y de corte corporativo de la Europa de entreguerras, especialmente de la Italia fascista de Mussolini. Fomentó desde el poder la formación de un gran partido de derechas, la Unión Patriótica (1924). En 1926, anunció una convocatoria de la Asamblea Nacional Consultiva, compuesta por representantes del Estado, de las Administraciones Públicas y de la Unión Patriótica, encargada de elaborar una nueva Constitución. Sus funciones estuvieron controladas por el Gobierno. La dictadura se benefició de la expansión internacional de la década de 1920. La política económica se caracterizó por el intervencionismo estatal y el nacionalismo económico. Los objetivos eran impulsar las industrias nacionales mediante unos elevados aranceles y la concesión de ayudas a las grandes empresas. También creó monopolios estatales, como la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, S.A. (CAMPSA), que le concedieron en exclusiva la importación y venta del petróleo y la gasolina, y la Compañía Telefónica Nacional de España. El fomento de Obras Públicas fue uno de los aspectos más destacados de esta etapa. En 1926, se crearon las Confederaciones Hidrográficas para aprovechar los ríos para el regadío y para la producción de energía eléctrica. Otras iniciativas fueron las exposiciones de Sevilla y Barcelona en 1929.

Creciente Oposición y Final de la Dictadura

En 1926, la dictadura empezó a perder apoyos mientras aumentaba la crítica, el malestar dentro del Ejército y la oposición republicana contra el rey y el sistema político de la Restauración. En el ejército, el descontento se manifestó ese año cuando un grupo de militares participó en el pronunciamiento conocido como la "Sanjuanada". La oposición republicana se organizaba en torno a la Alianza Republicana, integrada por Acción Republicana, liderada por Manuel Azaña; el Partit Republicà Català de Marcelino Domingo y Lluís Companys; y el Partido Radical de Lerroux. También antiguos liberales como Alcalá Zamora fundaron la Derecha Liberal Republicana como alternativa republicana, católica y conservadora. En Galicia, nacionalistas y republicanos formaron la Organización Republicana Gallega Autónoma (ORGA) en 1929. En Cataluña, en marzo de 1931, los pequeños partidos de la izquierda se juntaron en Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). La CNT se había radicalizado. Los partidarios de la revolución se desmarcaron de los sectores más sindicalistas y constituyeron en 1927 la Federación Anarquista Ibérica (FAI). El PSOE se opuso a la dictadura más tarde. Presiones sociales, militares y del rey obligaron a Primo de Rivera a dimitir en enero de 1930. La dimisión provocó una grave crisis política y se vio implicado el propio monarca por el apoyo a la dictadura.