España Siglo XX: Crisis de la Restauración y Dictadura de Primo de Rivera

La Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)

7.1 El Golpe de Estado Militar

En 1923, formó gobierno García Prieto (liberal), que propuso una serie de medidas: reforma de la Constitución para democratizar el sistema, reducir la influencia de la Iglesia, limitar los poderes del rey, reducir el presupuesto dedicado a la guerra y la pacificación del protectorado a través de una política civilista. Estas intenciones se vieron obstaculizadas por la oposición del rey, el ejército y la Iglesia. Entre los militares había gran malestar por el Expediente Picasso. Para frenar el proyecto reformista de García Prieto e impedir el debate del Expediente Picasso, Miguel Primo de Rivera, capitán general de Cataluña, impulsó un golpe de Estado militar el 13 de septiembre de 1923. El rey se negó a destituir a los sublevados y el gobierno dimitió.

Primo de Rivera justificó su actuación como una solución ante:

• El bloqueo del régimen constitucional por el desgobierno de los partidos.
• El grave peligro de revolución social.

El programa de Primo de Rivera (con pretensiones regeneracionistas) era:

• Poner fin al desgobierno de los políticos.
• Acabar con el caciquismo y la corrupción.
• Recuperar el orden público.
• Poner fin a la conflictividad obrera.
• Garantizar la unidad nacional ante el auge de los nacionalismos periféricos.

Los apoyos que tenía eran: el rey, el ejército, la alta burguesía y parte de las clases medias. La mayoría de la población se mostró indiferente o fue favorable al golpe, que contó con poca oposición política, salvo un fallido intento de huelga general por la CNT.

7.2 La Construcción de un Régimen Dictatorial

Se distinguen dos fases:

• Directorio Militar (1923-1925)
• Directorio Civil (1925-1930): incluye como ministros a personas civiles.

El Directorio Militar tomó medidas dictatoriales:

• Suspensión de la Constitución de 1876.
• Disolución de las Cámaras legislativas.
• Cese de las autoridades civiles.
• Prohibición de las actividades de los partidos políticos y sindicatos.
• Militarización del orden público.
• Represión del obrerismo más radical (cenetistas y comunistas).
• Intento de erradicar el caciquismo: elaboración de un Estatuto Municipal y Provincial. Los ayuntamientos fueron sustituidos por juntas locales formadas por los mayores contribuyentes de cada localidad, elegidos por los gobernadores civiles. Conclusión: una renovación política que consistió en cambiar unos caciques por otros.

Además, se sumó el freno al auge autonomista:

• Clausura de la Mancomunidad catalana.
• Prohibición del uso de símbolos catalanistas (como la bandera).
• Restricción del uso del catalán al ámbito privado.

Y, por último, se abordó el conflicto de Marruecos:

• Primo de Rivera asumió personalmente el Alto Comisionado en 1924.
• Organizó, junto con Franco, el desembarco de Alhucemas (1925).
• Abd-el-Krim, tras varias derrotas, se rindió ante las tropas francesas.
• En 1927, el ejército español reafirmó la ocupación de todo el Protectorado de Marruecos.

7.3 La Organización Corporativa del Estado

Durante el Directorio Civil, se intentó institucionalizar el régimen para darle continuidad y permanencia. Se propuso un nuevo modelo de Estado de carácter corporativo, siguiendo el modelo fascista italiano:

• Se creó la Asamblea Nacional Consultiva (1927): de carácter corporativo, sus miembros no eran elegidos por sufragio sino designados como representantes de las corporaciones y de las grandes instituciones públicas (municipios, universidades, administraciones, patronales y representantes obreros). Su función era meramente consultiva.
• Se creó un partido único para promover la adhesión al régimen: la Unión Patriótica (UP). Sin un programa político definido, su función era proporcionar apoyo social a la dictadura. Sus afiliados procedían, básicamente, de las filas del catolicismo, funcionarios y caciques rurales.
• Se reactivó la antigua institución del Somatén (ciudadanos armados voluntarios) para colaborar en el mantenimiento del orden público a nivel nacional.

En cuanto al terreno social:

• Se impulsó la regulación del trabajo para eliminar los conflictos laborales: intervención del Estado a través de la Organización Corporativa Nacional, que agrupaba a patronos y obreros en grandes corporaciones y regulaba los conflictos mediante los Comités Paritarios (con igual número de patronos que de obreros).
• Se buscó la integración de los sectores moderados del movimiento obrero: La UGT colaboró en un principio, lo que creó tensiones internas en el socialismo.
• Hubo una fuerte represión de las organizaciones más radicales: la CNT no participó y fue duramente perseguida.

7.4 La Oposición a la Dictadura

La oposición fue aumentando con el tiempo:

• Antiguos líderes dinásticos: criticaron la excesiva duración del régimen y exigieron la convocatoria de elecciones. Ante la negativa, algunos se unieron al republicanismo y apoyaron conspiraciones militares como la "sanjuanada" (1926), que fue duramente reprimida.
• Republicanos: En 1926, crearon la Alianza Republicana, que lanzó una campaña de desprestigio del régimen dentro y fuera de España. La integraban republicanos históricos, radicales como Lerroux, reformistas como Manuel Azaña e incluso antiguos ministros de la monarquía como Niceto Alcalá-Zamora.
• Intelectuales y estudiantes universitarios: Criticaron la dictadura y denunciaron la censura de prensa y la falta de libertad de expresión. Crearon la Federación Universitaria Española (FUE) en 1927 y promovieron huelgas y manifestaciones. En 1930, un grupo de intelectuales encabezado por José Ortega y Gasset y Gregorio Marañón publicaron el manifiesto fundacional de la Agrupación al Servicio de la República.
• Nacionalismos periféricos: Especialmente en Cataluña, las medidas anticatalanistas provocaron el distanciamiento de sectores que, como la Lliga Regionalista, habían acogido la dictadura inicialmente con cierta simpatía. Creció la influencia del nacionalismo republicano, destacando Estat Català, liderado por Francesc Macià (intento de invasión desde Prats de Molló en 1926).
• Obrerismo: La oposición se focalizó en la CNT y el Partido Comunista de España (PCE), que fueron perseguidos y prohibidos. En la CNT se produjo una división interna entre los partidarios de la acción directa (tendencia más radical, que creó la Federación Anarquista Ibérica - FAI en 1927) y posiciones más posibilistas (como la de Ángel Pestaña). El PSOE cambió su posición de colaboración inicial y, a partir de 1929, entró en contacto con los grupos republicanos que intentaban poner fin a la dictadura.

7.5 El Hundimiento de la Dictadura

Ante la creciente oposición y el desgaste del régimen, el rey Alfonso XIII y su camarilla se convencieron de que la dictadura era un peligro para la permanencia de la monarquía. El rey retiró su confianza a Primo de Rivera, quien dimitió el 30 de enero de 1930.

Lo sustituyó el general Berenguer, con la misión de celebrar unas elecciones que permitieran retornar a la normalidad constitucional. Este periodo es conocido como la "Dictablanda".

En agosto de 1930, republicanos, nacionalistas catalanes y gallegos, y socialistas acordaron el Pacto de San Sebastián. Sus objetivos eran pactar la instauración de la República y poner fin a la monarquía borbónica. Se constituyó un Comité Revolucionario, presidido por Alcalá-Zamora, encargado de preparar el cambio de régimen, que debería convertirse en el gobierno provisional de la futura república.

Se preparó en Jaca un levantamiento militar con apoyo civil (diciembre de 1930), pero fracasó al precipitarse y sus responsables (los capitanes Galán y García Hernández) terminaron fusilados.

Berenguer fue incapaz de preparar las elecciones y en febrero de 1931 fue sustituido por el almirante Aznar. El nuevo gobierno puso en marcha unos comicios a tres niveles: municipales, provinciales y legislativos. El gobierno convocó en primer lugar las elecciones municipales, consideradas menos peligrosas para la monarquía, y las fijó para el 12 de abril de 1931. Sin embargo, la vuelta a la normalidad era imposible. Alfonso XIII se había comprometido excesivamente con la dictadura, y las elecciones se presentaron ante la opinión pública como un plebiscito a favor o en contra de la monarquía.

El Reformismo Liberal y el Impacto de la Primera Guerra Mundial

2.1 El Reformismo Liberal de Canalejas

El Partido Liberal, bajo el liderazgo de José Canalejas, que representaba la tendencia más reformista del partido, intentó llevar a cabo su programa de modernización de la vida política y la sociedad españolas. Su acción de gobierno se desarrolló de 1910 a 1912, intentando atraer a sectores populares a partir de un mayor reformismo social y de limitar el poder de la Iglesia. Esto se centró en:

• La separación de Iglesia y Estado, el fin del monopolio de las órdenes religiosas en la enseñanza y la nueva financiación de la Iglesia. La negativa del Vaticano comportó la promulgación de la "Ley del Candado" (1910), que limitaba temporalmente el establecimiento de nuevas órdenes religiosas en España, suponiendo la oposición de los sectores católicos y la tensión en las relaciones con el Vaticano.
• Un nuevo impuesto progresivo sobre las rentas urbanas, que provocó la protesta de las clases acomodadas.
• La Ley de Reclutamiento (1912), que establecía el servicio militar obligatorio en tiempos de guerra y suprimía la redención en metálico (pago para evitar el servicio). Sin embargo, admitía la figura de los "soldados de cuota", quienes pagando una cantidad de dinero, hacían un servicio militar más reducido.
• Leyes de mejora de las condiciones laborales, como la regulación del trabajo infantil y la prohibición del trabajo nocturno de la mujer en talleres industriales.

No obstante, Canalejas fue inflexible ante las huelgas y conflictos laborales, que fueron reprimidos militarmente.

Canalejas fue sensible al problema de las autonomías, especialmente del nacionalismo catalán. En consecuencia, elaboró un proyecto de Ley de Mancomunidades (aprobada finalmente en 1913, ya tras su muerte), que aceptaba la posibilidad de la unión de las diputaciones provinciales para hacerse cargo de la gestión de algunos servicios públicos. La ley fue definitivamente aprobada bajo el gobierno conservador de Eduardo Dato en 1914, año en que se constituyó la Mancomunidad de Cataluña.

Para intentar solucionar el conflicto de Marruecos, se ocuparon militarmente ciudades como Arcila o Larache, y se prepararon las bases del Protectorado franco-español en Marruecos (establecido formalmente en 1912).

2.2 Debilitamiento de los Partidos Dinásticos

El asesinato de Canalejas en un atentado anarquista en noviembre de 1912 marcó el final de la etapa regeneracionista liberal. A partir de ahí se agravó la crisis de los partidos del turno.

Tras la desaparición o el paso a segundo plano de sus dirigentes históricos (Cánovas, Sagasta, Maura y Canalejas), los partidos dinásticos quedaron fragmentados y faltos de liderazgo claro. En el Partido Liberal pugnaron por el liderazgo el conde de Romanones y Santiago Alba, que se alternaron en el poder en una situación de creciente inestabilidad. En el Partido Conservador destacó Eduardo Dato, que formó gobierno en 1913 y murió víctima de un atentado anarquista en 1921.

2.3 El Impacto de la Gran Guerra (Primera Guerra Mundial)

El tradicional aislamiento de la política exterior española había dejado al país al margen de los sistemas de alianzas internacionales previos a 1914. Así, el gobierno de Eduardo Dato decretó oficialmente la neutralidad de España en la Primera Guerra Mundial (1914-1918).

A pesar de la neutralidad oficial, la sociedad española se dividió y hubo polémicas entre:

• Germanófilos: Apoyaban a los Imperios Centrales (Alemania y Austria-Hungría). Solían identificarse con una visión más autoritaria y conservadora de la sociedad.
• Aliadófilos: Partidarios de las potencias aliadas (Francia, Reino Unido, Rusia). Solían tener una visión más liberal y democrática.

En general, el sentimiento aliadófilo fue mayoritario en la sociedad, especialmente en Cataluña.

Por otro lado, la CNT se opuso en bloque a la guerra e impulsó un congreso por la paz. Dentro del socialismo (PSOE y UGT), también se levantaron voces que se oponían a una guerra considerada producto de los intereses imperialistas.

El hecho de que España fuese neutral favoreció una notable expansión económica, ya que la guerra redujo la capacidad productiva de los países beligerantes y España se convirtió en suministradora de productos industriales y agrarios. Esto estimuló el aumento de las exportaciones y, consecuentemente, de los precios, desatando un fuerte proceso inflacionario.

El aumento de las exportaciones benefició especialmente a la siderurgia vasca, la minería asturiana y las industrias textiles y metalúrgicas catalanas. Fueron años de buenos negocios y de fácil enriquecimiento para la burguesía industrial y financiera, a menudo ligados a la especulación, pues no se aprovecharon los beneficios para mejorar sustancialmente los sistemas productivos.

En contraste, las clases populares conocieron un empeoramiento de su nivel de vida, dado que la inflación no fue acompañada de un aumento equivalente en los salarios. La capacidad adquisitiva de los trabajadores disminuyó notoriamente, provocando una importante oleada de conflictividad social y huelgas.

El Auge del Obrerismo y la Crisis de 1917

5.1 La Consolidación del Sindicalismo de Masas

El obrerismo conoció un aumento significativo de militantes sindicales. Las viejas federaciones de oficio dejaron paso a nuevos sindicatos de masas de ámbito nacional. El sindicalismo tuvo un crecimiento importante y estable.

El impulso del anarcosindicalismo fue muy importante, especialmente en Cataluña, donde diversas sociedades obreras de inspiración anarquista crearon en 1907 Solidaridad Obrera, una federación sindical de carácter apolítico y reivindicativo. Este proceso culminó con la fundación en 1910 de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT).

La CNT se definía como un sindicato revolucionario, independiente de los partidos políticos, con la voluntad de derribar al capitalismo mediante la acción directa de los trabajadores y sustituirlo por una nueva sociedad basada en el comunismo libertario (sin propiedad privada, sin Estado y sin clases sociales). La acción revolucionaria debería llevarse a cabo mediante huelgas generales, boicots y sabotajes. Sus líderes más destacados en este periodo fueron Salvador Seguí (el Noi del Sucre), Ángel Pestaña y Joan Peiró.

Paralelamente, el socialismo, representado por el PSOE y su sindicato, la Unión General de Trabajadores (UGT), también experimentó un crecimiento notable, especialmente en Madrid, Asturias y País Vasco.

5.2 La Conflictividad Laboral y la Nueva Legislación

El nuevo siglo comenzó con un movimiento huelguístico importante, que tuvo un claro ascenso desde 1902 a 1911, y se reactivó con fuerza durante la Primera Guerra Mundial. Los motivos principales eran la pérdida de capacidad adquisitiva de los obreros debido a la inflación y el deterioro de las condiciones de trabajo. También se reclamaba la jornada laboral de 8 horas y el reconocimiento de las estructuras sindicales y de su capacidad de negociación colectiva.

En 1903, se creó el Instituto de Reformas Sociales para estudiar y proponer leyes que mejorasen la vida y las condiciones laborales de las clases trabajadoras. Los diferentes gobiernos promulgaron algunas leyes y reglamentos para regular las condiciones laborales (ley de descanso dominical, ley de huelga, ley sobre accidentes de trabajo, regulación del trabajo de mujeres y niños). Pero estas medidas tuvieron, en general, un escaso cumplimiento por la resistencia patronal y la debilidad de la inspección de trabajo.

5.3 Cultura Obrera y Ateneos Populares

Las organizaciones obreras empezaron a tomar conciencia de la necesidad de difundir la educación entre los trabajadores y mejorar su nivel cultural. Entendían que sin el cimiento de la cultura y la transformación de las conciencias, no podría llevarse a cabo la revolución social y la transformación de la sociedad que propugnaban.

Con esta finalidad se impulsó la fundación de Ateneos Obreros o Libertarios, lugares donde se organizaban actividades de carácter formativo, cultural, lúdico y educativo (bibliotecas, conferencias, clases de alfabetización, grupos de teatro). En los medios librepensadores y anarquistas surgieron propuestas pedagógicas alternativas como la Escuela Moderna creada en Barcelona por Francisco Ferrer y Guardia, que aplicaba los principios de la pedagogía libertaria (racionalista, laica, coeducativa y antiautoritaria). También el PSOE impulsó una renovación escolar con la creación de la Escuela Nueva (1911) y promovió la creación de Casas del Pueblo como centros de reunión, formación y ocio para los trabajadores, siendo la de Madrid (1908) un referente.

5.4 La Crisis de 1917

Los desajustes económicos y sociales provocados por el impacto de la Primera Guerra Mundial deterioraron gravemente el nivel de vida de las clases populares y aumentaron el malestar social y político. En 1916, la CNT y la UGT llamaron conjuntamente a la huelga y firmaron un manifiesto que instaba al gobierno a contener los precios bajo la amenaza de convocar una huelga general.

La tensión acumulada y la dura respuesta del Gobierno conservador de Dato en 1917 llevaron a una crisis generalizada que se manifestó en tres ámbitos:

• Crisis Militar: Los oficiales de media y baja graduación del ejército, descontentos por sus bajos salarios y por el sistema de ascensos (que primaba los méritos de guerra, beneficiando a los africanistas), se organizaron en las llamadas Juntas de Defensa. Elaboraron un manifiesto que culpaba al gobierno de los males del Ejército y de la situación del país, y llamaban a una renovación política.
• Crisis Política: Los partidos políticos de la oposición (republicanos, socialistas, reformistas y la Lliga Regionalista catalana), ante la negativa del gobierno a reabrir las Cortes (que estaban cerradas), se reunieron en Barcelona en una Asamblea de Parlamentarios (julio de 1917). Esta asamblea reclamaba la formación de un gobierno provisional, la convocatoria de Cortes Constituyentes para reformar el sistema político y la descentralización del Estado.
• Crisis Social: Los sindicatos CNT y UGT convocaron una huelga general en agosto de 1917. Sus objetivos eran fundamentalmente políticos: derrocar el gobierno, convocar Cortes Constituyentes y transformar la estructura política y económica del país. La huelga tuvo un seguimiento importante pero desigual geográficamente, y se produjeron incidentes violentos en Madrid, Barcelona, País Vasco y Asturias.

La reacción del gobierno de Dato fue contundente: declaró la Ley marcial, reprimió duramente la huelga utilizando al ejército (hubo decenas de muertos y miles de detenidos), encarceló a los miembros del comité de huelga (entre ellos los socialistas Largo Caballero y Besteiro), disolvió la Asamblea de Parlamentarios y, aunque inicialmente cedió ante algunas demandas militares, acabó por desactivar las Juntas de Defensa.

Pese a la gravedad de la crisis, que mostró la profunda debilidad del sistema, la Monarquía y el régimen de la Restauración lograron sobrevivir y se mantuvieron, aunque de forma cada vez más inestable, cinco años más, hasta el golpe de Estado de Primo de Rivera en 1923.

Análisis del Manifiesto de Primo de Rivera (1923)

Nos encontramos ante un fragmento del Manifiesto de Primo de Rivera, capitán general de Cataluña (IV Región Militar), redactado y hecho público el 13 de septiembre de 1923. En el documento se justifica el golpe de Estado dado por el propio Primo de Rivera. En él, señala la dictadura como la única salida a la situación del país, presentándola como respuesta a "un clamoroso requerimiento de cuantos amando la Patria no ven otra solución que libertarla de los profesionales de la política", culpando así a los políticos de los partidos del turno de todos los males del Estado.

Es importante señalar el contexto histórico de Europa de la época, donde los regímenes autoritarios y totalitarios se encontraban en auge (como el fascismo de Mussolini en Italia, por quien Primo de Rivera sentía una clara admiración). Tras la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa de 1917, España sufrió una grave crisis económica y social, con una fuerte inflación, conflictividad laboral (huelgas, pistolerismo en Barcelona) y agitación social. Esto, unido a la incapacidad del sistema de la Restauración para democratizarse y al descontento general tras el Desastre de Annual (1921) en Marruecos, hicieron que los sectores más conservadores de la sociedad (ejército, Iglesia, alta burguesía) buscaran la solución en una dictadura militar.

Ante la crisis política, se recurrió a los llamados gobiernos de concentración (1917-1918 y 1921-1922), en los que estaban incluidos los partidos dinásticos, la Lliga Regionalista y los reformistas. Esto supuso la quiebra de facto del turnismo. El gobierno más importante de esta época fue el llamado "gobierno nacional" de Maura en 1918, que incluía a los jefes parlamentarios de los partidos monárquicos. Este intento duró sólo 7 meses debido a las diferencias internas entre los líderes que formaban el gobierno. Tras estos gobiernos fallidos, se volvió al turnismo tradicional, pero la inestabilidad era crónica: entre 1918 y 1923 hubo 10 cambios de gobierno.

Todo esto se unió al impacto del Desastre de Annual, que dio lugar a la elaboración del Expediente Picasso, un informe que investigaba las responsabilidades militares y políticas de la derrota. Antes de que este informe fuera debatido en las Cortes (lo que podía implicar a altos mandos militares e incluso al rey), se produjo el golpe de Estado de Miguel Primo de Rivera. El golpe se produjo tras fracasar el intento de gobierno del liberal García Prieto, que pretendía reformar la Constitución para democratizar el país, reducir la influencia de la Iglesia, limitar los poderes del rey, reducir el presupuesto dedicado a la guerra y buscar una solución política (civilista) al conflicto de Marruecos. Estas intenciones se vieron obstaculizadas por la oposición del rey, el ejército y la Iglesia.

Miguel Primo de Rivera, capitán general de Cataluña y firmante del manifiesto, dio el golpe de Estado el 13 de septiembre de 1923 para frenar el proyecto reformista de García Prieto e impedir el debate del Expediente Picasso. El rey Alfonso XIII se negó a destituir a los militares sublevados y el gobierno de García Prieto dimitió.

Tal y como aparece en el documento, Primo de Rivera justificó su actuación como la única solución al "desgobierno" de los partidos tradicionales y ante el grave peligro de "revolución social" (influencia de la Revolución Bolchevique en Rusia). El programa de Primo de Rivera, que tenía pretensiones regeneracionistas, pretendía poner fin a este desgobierno de los políticos (culpándolos de todos los males desde la crisis de 1898), acabar con el caciquismo y la corrupción, recuperar el orden público, poner fin a la conflictividad obrera y garantizar la unidad nacional ante el auge de los nacionalismos periféricos.

El rey, el ejército, la alta burguesía y parte de las clases medias aceptaron la dictadura. La mayoría de la población reaccionó con indiferencia o, en algunos casos, fue favorable al golpe de Estado. El golpe militar contó inicialmente con escasa oposición política y social, salvo un fallido intento de huelga general convocada por la CNT.

Se abrió entonces un período de dictadura militar (Directorio Militar, 1923-1925) y luego civil (Directorio Civil, 1925-1930), que se prolongó hasta la dimisión de Primo de Rivera en enero de 1930. Le sucedieron los gobiernos de Berenguer y Aznar (la "Dictablanda"), hasta que en abril de 1931 se proclamó la Segunda República Española.

El Desastre de Annual (1921) y sus Consecuencias

(El texto original menciona 3 imágenes que no están presentes, pero se describe su contenido: consecuencias, mapa y Expediente Picasso)

El contexto previo al Desastre de Annual está marcado por la crisis de 1917, que significó la fragmentación de los partidos del turnismo. La situación hizo imposible la estabilidad política, pero la debilidad de la oposición también hizo imposible una alternativa real al sistema. En esta situación se recurrió a los gobiernos de concentración, que incluían a los partidos dinásticos, la Lliga Regionalista y los reformistas, lo que suponía la quiebra del turnismo tradicional. El gobierno más importante fue el "gobierno nacional" de Maura en 1918, que incluía a todos los jefes parlamentarios de los partidos monárquicos, pero este gobierno sólo duró 7 meses por las diferencias entre sus líderes.

Tras esto, se volvió al turnismo y entre 1918 y 1923 hubo 10 cambios de gobierno. Aún recurriendo al fraude electoral, ninguno logró una mayoría estable para gobernar y se recurrió con frecuencia a medidas de excepción como suspender las garantías constitucionales y cerrar el Parlamento. Fueron cinco años de cambio constante de gobierno y de gran inestabilidad, pese a que se seguían falseando las elecciones.

En esta situación estaba también muy presente el problema de Marruecos. La presencia española en el Protectorado (norte de Marruecos) era apoyada por intereses económicos (explotación de minas, construcción del ferrocarril) y por los propios militares, especialmente los llamados "africanistas", que se beneficiaban de los ascensos por méritos de guerra. El propio rey Alfonso XIII era un firme partidario de la intervención en Marruecos.

Tras la Primera Guerra Mundial, en 1919, los franceses reanudaron el avance en su zona del protectorado y los españoles, bajo el mando del Alto Comisario, el General Berenguer, emprendieron una política de expansión para controlar efectivamente el territorio asignado a España. El ejército español estaba formado por soldados regulares, soldados de reemplazo (conscripción obligatoria) y miembros de la Legión Extranjera (fundada en 1920). Se emprendieron acciones para conquistar el territorio interior del Rif.

Así, en 1920, el General Silvestre, Comandante General de Melilla, avanzó desde esta ciudad hacia el interior, ocupando diversas posiciones, con el objetivo final de alcanzar la bahía de Alhucemas. Esta acción, que contó con el apoyo entusiasta de Alfonso XIII, estuvo mal planeada, mal dirigida y fue precipitada.

Esto finalizó con la catastrófica derrota de Annual en julio de 1921. Las tropas españolas, mal equipadas, insuficientemente preparadas, con mandos a menudo inexpertos y dispersas en pequeñas fortificaciones aisladas (blocaos), sufrieron los ataques y emboscadas de las tribus rifeñas unidas bajo el mando de Abd el-Krim el-Jattabi. Ante el ataque rifeño sobre la posición principal de Annual, se produjo una retirada masiva y desordenada que se convirtió en una desbandada. La derrota ocasionó más de 13.000 muertos (incluido el General Silvestre) y la pérdida de todo el territorio avanzado en los meses anteriores.

Este Desastre de Annual produjo un hondo impacto y pesar en la opinión pública española, que en su mayoría era contraria a la guerra de Marruecos. Republicanos y socialistas reclamaron en el Parlamento la retirada de Marruecos y la exigencia de responsabilidades por la derrota. Esto obligó al gobierno a crear una comisión militar de investigación, presidida por el General Picasso.

A dicha investigación corresponde la descripción de una de las fotos mencionadas en el texto original: la visita de la comisión al fuerte de Monte Arruit, donde se encontraron miles de cadáveres insepultos de soldados españoles masacrados tras rendirse.

Esta comisión de investigación (de la que formó parte el entonces comandante Francisco Franco) detectó grandes irregularidades, negligencias y errores, que se plasmaron en el llamado Expediente Picasso. Militares de alta graduación, políticos e incluso el propio rey se vieron envueltos en los debates sobre la responsabilidad del desastre. El Expediente Picasso recomendó el procesamiento de 39 oficiales (incluido el Alto Comisario, General Berenguer) y avivó la campaña de republicanos y socialistas contra el régimen monárquico. También causó gran temor y descontento en el ejército.

El Expediente Picasso original desapareció (probablemente para proteger a altos mandos y al rey) y no se recuperó hasta 1990, publicándose íntegramente mucho después. En él se ponía de manifiesto una gestión militar pésima, la ineptitud de algunos mandos, errores tácticos graves, un sinfín de carencias de armamento, munición, suministros y material sanitario. Se describían posiciones deficientemente organizadas, mal abastecidas y con comunicaciones precarias. También se recalcaba la escasa instrucción de los soldados de reemplazo y la falta de un plan adecuado de retirada. Se constató que se había subestimado la capacidad de combate de las tropas rifeñas y no se habían tenido en cuenta las dificultades del terreno. El Expediente también señalaba la inmoralidad de ciertos militares, implicados en negocios particulares, y el elevado absentismo por permiso o enfermedad de algunos oficiales. Se menciona que el General Silvestre facilitó la huida de su hijo en coche hacia Melilla, dejando expuesta la retaguardia.

El Expediente Picasso no depuraba directamente responsabilidades políticas, pero la magnitud del desastre y las evidencias de negligencia hicieron inevitable la caída del gobierno. El rey Alfonso XIII consideró una temeridad que el Expediente Picasso se debatiera abiertamente en las Cortes, lo que fue uno de los factores que le llevó a apoyar el golpe de Estado de Primo de Rivera en septiembre de 1923, que impidió dicho debate parlamentario.

El Puerto de Indias de Sevilla (Siglos XVI-XVII)

Pregunta: Describe la importancia económica del Puerto de Indias de Sevilla.

Respuesta: Sevilla se desarrolló económicamente gracias al flujo de barcos provenientes de América, los cuales transportaban principalmente metales preciosos como el oro y la plata, además de otros productos coloniales. La ciudad, a lo largo de los siglos XVI y XVII, experimentó un aumento constante de los negocios relacionados con la actividad mercantil derivada del monopolio del comercio con las Indias.

Este monopolio favoreció el crecimiento de la artesanía local, la construcción naval (astilleros) y el transporte de mercancías embarcadas hacia América (manufacturas, alimentos), a la vez que llegaban productos coloniales (metales, azúcar, cacao, tabaco, etc.) que después se distribuían por toda Europa. El puerto de Sevilla se convirtió en un centro de comerciantes internacional. Todas las mercancías, tanto las que iban como las que venían de América, debían pasar obligatoriamente el control y el consiguiente pago de impuestos en la Casa de Contratación, establecida en Sevilla en 1503.

El comercio con las Indias estimuló también la demanda de productos agrícolas andaluces, especialmente el vino y el aceite, que llegaron a representar una parte significativa (aproximadamente un tercio) de las mercancías embarcadas en las flotas que salían anualmente hacia América.

La Guerra de Sucesión Española y los Borbones

Pregunta: ¿Cuáles fueron las causas de la Guerra de Sucesión Española?

Respuesta: Las causas de la Guerra de Sucesión Española (1701-1714) fueron las siguientes:

• La cuestión sucesoria: La muerte sin descendencia directa del rey Carlos II de Habsburgo en 1700 produjo un vacío de poder y un conflicto por la sucesión al trono español entre dos principales candidatos: Felipe de Anjou (nieto del rey Luis XIV de Francia) y el Archiduque Carlos de Habsburgo (hijo del Emperador Leopoldo I de Austria).
• El testamento de Carlos II: En su testamento, Carlos II designó como sucesor a Felipe de Anjou, con la condición de que las coronas de España y Francia nunca se unieran en la misma persona.
• El equilibrio de poder europeo: La aceptación del testamento por Luis XIV y la proclamación de Felipe V como rey de España generaron tensiones con otras potencias europeas (principalmente Gran Bretaña, Holanda y Austria), que temían la formación de un bloque hegemónico franco-español que rompiera el equilibrio de poder en Europa.
• El no reconocimiento de Felipe V: El Archiduque Carlos de Habsburgo no aceptó el testamento y reclamó sus derechos al trono español. En 1701, las potencias contrarias a Felipe V formaron la Gran Alianza de La Haya, dando lugar al inicio de la Guerra de Sucesión Española, que fue tanto un conflicto internacional como una guerra civil dentro de España.

Pregunta a) ¿Con qué monarca se instaura la dinastía Borbón en España?

Respuesta: Con Felipe V (1700-1746).

Pregunta b) Explica brevemente en qué consistieron los Decretos de Nueva Planta y qué motivó su promulgación.

Respuesta: Los Decretos de Nueva Planta fueron un conjunto de leyes promulgadas por Felipe V entre 1707 y 1716 que abolieron los fueros (leyes e instituciones propias) de los reinos de la Corona de Aragón (Aragón, Valencia, Cataluña y Mallorca). Estos territorios habían apoyado mayoritariamente al Archiduque Carlos de Habsburgo durante la Guerra de Sucesión.

Motivación: La principal motivación fue política y punitiva. Se buscaba castigar a los territorios que se habían rebelado contra Felipe V y, al mismo tiempo, implantar un modelo de Estado centralizado y absolutista, siguiendo el modelo francés. Se pretendía unificar jurídica e institucionalmente España bajo las leyes e instituciones de Castilla.

Contenido: Suprimieron las Cortes particulares de cada reino, la Generalitat, los Consells, el sistema fiscal y monetario propio, y el cargo de Virrey (sustituido por un Capitán General). Impusieron la organización político-administrativa de Castilla (Consejo de Castilla como órgano superior, Reales Audiencias como tribunales de justicia, corregidores a nivel local) y el castellano como lengua administrativa oficial. Solo el País Vasco y Navarra, que habían apoyado a Felipe V, conservaron sus fueros.

Pregunta a) ¿Qué nombre recibe la política que pondrá en marcha la nueva dinastía en España?

Respuesta: Reformismo borbónico.

Pregunta b) Describe la triple reorganización administrativa que impulsaron.

Respuesta: La dinastía Borbón impulsó una profunda reorganización administrativa para centralizar y racionalizar el Estado:

• Administración central: El antiguo sistema polisinodial (múltiples Consejos) de los Austrias perdió poder en favor de las Secretarías de Despacho y del Despacho Universal (antecedente de los actuales ministerios). Se crearon cinco principales Secretarías: Estado, Gracia y Justicia, Guerra, Marina e Indias, y Hacienda. Los secretarios de despacho, nombrados directamente por el rey, adquirieron gran poder. A partir de 1714 (oficialmente desde 1724), los secretarios de despacho recibieron el nombre de "ministros".
• Administración territorial: Se suprimieron los virreinatos (excepto en América) y se dividió el territorio peninsular en provincias (o intendencias). Al frente de cada provincia se situó un Capitán General, que sustituyó a los antiguos virreyes y acumulaba el máximo poder militar y gubernativo. Para la administración de justicia, se mantuvieron las Reales Chancillerías y Audiencias, pero adaptadas al nuevo modelo centralizado.
• Administración local: Se extendió a toda España la figura del Corregidor castellano, nombrado por el rey para el gobierno de las principales ciudades. Además, se creó la figura de los Intendentes (de origen francés), funcionarios reales con amplias competencias económicas, fiscales y de supervisión en cada provincia.

Nota: La pregunta original mencionaba una "triple organización administrativa" y luego repetía la respuesta. Se ha unificado y clarificado la descripción de la reorganización central, territorial y local. La Ley Sálica mencionada en el texto original, aunque importante, no forma parte estrictamente de la reorganización administrativa, sino de la ley sucesoria.

Pregunta a) ¿Qué corriente político-filosófica traerá a España la nueva dinastía, especialmente en el siglo XVIII?

Respuesta: El Despotismo Ilustrado (o Absolutismo Ilustrado).

Pregunta b) ¿Qué forma de gobierno plantea esta corriente?

Respuesta: El Despotismo Ilustrado plantea una forma de gobierno absolutista, donde el monarca concentra todo el poder, pero utiliza ese poder para introducir reformas inspiradas en las ideas de la Ilustración con el objetivo de mejorar la economía, la administración, la educación y las condiciones de vida de sus súbditos, buscando la "felicidad pública". Sin embargo, estas reformas se realizan desde arriba, sin contar con la participación del pueblo ni cuestionar las bases del Antiguo Régimen (sociedad estamental, monarquía absoluta). Su lema característico fue "Todo para el pueblo, pero sin el pueblo".

El rey Carlos III (1759-1788) es el máximo exponente del Despotismo Ilustrado en España. Emprendió una serie de reformas económicas (liberalización del comercio de granos, creación del Banco Nacional de San Carlos, liberalización del comercio con América en 1778), sociales (recorte de privilegios de la Mesta, colonización de Sierra Morena), culturales (fomento de las Sociedades Económicas de Amigos del País) y religiosas (expulsión de los jesuitas). Sin embargo, algunas de sus reformas iniciales, como las impulsadas por su ministro Esquilache (aumento de impuestos, reforma de la vestimenta), provocaron el Motín de Esquilache (1766), una revuelta popular en Madrid motivada por la carestía de alimentos y el rechazo a las medidas reformistas, posiblemente instigada por sectores privilegiados.

Pregunta a) ¿Qué monarca, que previamente fue rey de Nápoles, ocupará el trono de España desde 1759 hasta 1788?

Respuesta: Carlos III.

Pregunta b) Explica brevemente las dos etapas de su reinado y a qué problemas tuvo que hacer frente.

Respuesta: El reinado de Carlos III se suele dividir en dos etapas marcadas por el Motín de Esquilache:

• Primera etapa (1759-1766): Carlos III llegó a España con un equipo de gobierno formado por colaboradores italianos que había tenido en Nápoles, como el marqués de Esquilache (Secretario de Hacienda y Guerra). Emprendió una serie de reformas modernizadoras (limpieza urbana, alumbrado público, prohibición de juegos de azar y del uso de capas largas y sombreros de ala ancha). Estas medidas, sumadas al aumento de impuestos y a la liberalización del precio del trigo en 1765 (que coincidió con malas cosechas y encareció el pan), provocaron el Motín de Esquilache en marzo de 1766. Esta fue una grave revuelta popular en Madrid y otras ciudades. Aunque la causa principal fue la crisis de subsistencias, probablemente también estuvieron implicados grupos nobiliarios y eclesiásticos opuestos al poder de los ministros italianos y a las reformas ilustradas. Carlos III tuvo que ceder a las pretensiones de los amotinados: destituyó a Esquilache, bajó el precio del pan y anuló las medidas sobre la vestimenta.
• Segunda etapa (1766-1788): Tras el motín, Carlos III confió el gobierno a reformistas españoles como el conde de Aranda, Floridablanca y Campomanes. Se acusó a la Compañía de Jesús (los Jesuitas) de instigar el motín, por lo que se decretó su expulsión de España y de todos los territorios de la monarquía en 1767, confiscando sus propiedades. Esta etapa se caracterizó por una intensa actividad reformista: recorte de los privilegios de la Mesta, colonización de nuevas tierras en Sierra Morena (dirigida por Olavide), creación del Banco Nacional de San Carlos (antecedente del Banco de España), liberalización del comercio con América para la mayoría de los puertos españoles (1778), fomento de las Sociedades Económicas de Amigos del País (impulsadas por Campomanes) para promover la agricultura, la industria y el comercio, y reformas educativas y urbanísticas.

Pregunta a) ¿Qué nombre reciben los Tratados que firmarán España y Francia a lo largo del Siglo XVIII?

Respuesta: Pactos de Familia.

Pregunta b) Explica brevemente cada uno de ellos.

Respuesta: Los Pactos de Familia fueron tres alianzas político-militares firmadas entre las monarquías borbónicas de España y Francia durante el siglo XVIII, dirigidas fundamentalmente contra Gran Bretaña:

• Primer Pacto de Familia (1733): Firmado entre Felipe V de España y Luis XV de Francia en el contexto de la Guerra de Sucesión Polaca. España apoyó a Francia contra Austria y Rusia. Como resultado, España recuperó Nápoles y Sicilia para el infante Carlos (futuro Carlos III de España), hijo de Felipe V e Isabel de Farnesio.
• Segundo Pacto de Familia (1743): Firmado también por Felipe V y Luis XV durante la Guerra de Sucesión Austriaca. España volvió a apoyar a Francia contra Gran Bretaña y Austria. Tras la Paz de Aquisgrán (1748), el infante Felipe, otro de los hijos de Felipe V e Isabel de Farnesio, recibió los ducados italianos de Parma, Piacenza y Guastalla.
• Tercer Pacto de Familia (1761): Firmado por Carlos III de España y Luis XV de Francia. Tras la política de neutralidad de su antecesor Fernando VI, Carlos III decidió aliarse con Francia en la fase final de la Guerra de los Siete Años contra Gran Bretaña. La guerra fue desfavorable para España, que tuvo que ceder Florida a Gran Bretaña en la Paz de París (1763). Sin embargo, en compensación, recibió de Francia el extenso territorio de la Luisiana.

Pregunta a) ¿Qué monarca decide participar en la Guerra de Independencia Norteamericana (1776-1783)?

Respuesta: Carlos III.

Pregunta b) Explica brevemente en qué consistió dicha participación y qué consecuencias tuvo para España.

Respuesta: Durante el reinado de Carlos III, España participó activamente en la Guerra de Independencia de las Trece Colonias Norteamericanas contra Gran Bretaña. A pesar del temor del ministro Floridablanca a que el ejemplo independentista se extendiera a las propias colonias españolas en América, Francia (que entró en la guerra en 1778) y España (que lo hizo en 1779) interpretaron el conflicto como una oportunidad para debilitar a su rival, Gran Bretaña, y resarcirse de las pérdidas de la Guerra de los Siete Años.

La participación española consistió principalmente en:

• Apoyo financiero y logístico a los rebeldes norteamericanos.
• Envío de suministros de armas y municiones.
• Acciones militares directas contra posiciones británicas, especialmente en el Caribe y el Golfo de México (destaca la labor de Bernardo de Gálvez, gobernador de Luisiana, que conquistó Mobile y Pensacola).
• Bloqueo naval a Gran Bretaña y asedio a Gibraltar (aunque sin éxito en la recuperación del Peñón).

Consecuencias para España: La victoria de los aliados franco-hispano-americanos se plasmó en la Paz de Versalles (1783). Para España, el tratado supuso la recuperación de importantes territorios perdidos anteriormente ante Gran Bretaña: la isla de Menorca y las dos Floridas (Oriental y Occidental). Sin embargo, no se consiguió recuperar Gibraltar.

Pregunta a) ¿Qué Intendente de Andalucía impulsó la repoblación de Sierra Morena?

Respuesta: Pablo de Olavide.

Pregunta b) Explica brevemente en qué consistió dicha repoblación.

Respuesta: La repoblación de Sierra Morena fue un proyecto ilustrado impulsado por Campomanes y dirigido por el intendente de Andalucía, Pablo de Olavide, a partir de 1767. El objetivo era colonizar y poner en cultivo amplias zonas estratégicas que estaban despobladas, improductivas y sometidas al bandolerismo, situadas en el Camino Real que unía Madrid con Andalucía (principalmente en las actuales provincias de Jaén, Córdoba y Sevilla).

Para ello, se trajeron unos 6.000 colonos católicos procedentes de Centroeuropa (principalmente alemanes y flamencos, pero también suizos e italianos), ya que la población española era reacia a instalarse en esas tierras inhóspitas. A cada familia colona se le entregaba gratuitamente un lote de tierras de cultivo, una vivienda, aperos de labranza, ganado y simientes (semillas), con la condición de que permanecieran en el lugar y cultivaran la tierra.

Se crearon las llamadas "Nuevas Poblaciones de Andalucía y Sierra Morena", con un fuero especial que regulaba su funcionamiento y les otorgaba ciertas ventajas. A pesar de las dificultades iniciales (dureza del clima y la tierra, enfermedades, problemas de adaptación), el proyecto tuvo éxito y se produjo la fundación de nuevas localidades con un urbanismo planificado y racionalista, como La Carolina (Jaén), La Carlota (Córdoba) o La Luisiana (Sevilla). El proyecto buscaba crear una sociedad modelo de pequeños campesinos propietarios, laboriosos y buenos contribuyentes.

Pregunta a) ¿Qué ministro ilustrado intentó en el Siglo XVIII acometer una reforma agraria?

Respuesta: Varios ministros e ilustrados se preocuparon por la cuestión agraria, pero destaca el impulso dado por Pedro Rodríguez de Campomanes, Fiscal del Consejo de Castilla, que promovió la elaboración de informes y propuestas. También es fundamental la figura de Gaspar Melchor de Jovellanos, autor del informe más célebre.

Pregunta b) Explica brevemente en qué consistió el intento de reforma agraria.

Respuesta: El intento de reforma agraria durante el reinado de Carlos III fue una de las preocupaciones centrales de los ilustrados españoles, conscientes de que la agricultura era la base de la economía y que su atraso era un lastre para el país. Campomanes impulsó la elaboración de un Expediente General sobre los problemas de la agricultura, solicitando informes a las Sociedades Económicas de Amigos del País y a otros expertos.

El objetivo era averiguar las causas de los males del sector primario español (baja productividad, crisis de subsistencias, pobreza campesina) y proponer soluciones. Destacaron los informes de Pablo de Olavide (Informe sobre la Ley Agraria para Andalucía, 1768) y, sobre todo, el Informe sobre la Ley Agraria de Jovellanos, encargado por la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País (aunque se publicó más tarde, en 1795).

Estos informes diagnosticaban los principales problemas:

• La desigual distribución de la propiedad de la tierra, con enormes latifundios en manos de la nobleza y la Iglesia (tierras amortizadas o de "manos muertas" que no podían venderse ni dividirse).
• La existencia de grandes extensiones de tierras comunales y baldíos infrautilizadas.
• Los privilegios de la Mesta, que perjudicaban a la agricultura.
• La falta de libertad de comercio y los bajos precios de los productos agrarios.

Las propuestas de reforma que se reunían en estos informes incluían:

• La desamortización de las tierras de la Iglesia y de los municipios (ponerlas en venta).
• La puesta en cultivo de las tierras comunales y los baldíos.
• La disolución de la Mesta y el fomento del cercamiento de fincas.
• La mejora de los contratos de arrendamiento para proteger a los campesinos.
• La liberalización del comercio de granos.
• La inversión en infraestructuras como caminos y canales de riego.

Sin embargo, la influencia de los grupos privilegiados (nobleza y clero), que se oponían frontalmente a cualquier medida que afectara a sus propiedades y derechos, dinamitó la posibilidad de llevar a cabo una reforma agraria profunda. Solo se adoptaron medidas parciales (como la limitación de los privilegios de la Mesta o la liberalización del precio del trigo). La falta de una reforma agraria estructural se convirtió en uno de los grandes problemas económicos y sociales de España en los siglos XIX y XX.