La España del siglo XIX: de la I República a la industrialización

La I República (1873-1874)

Tras la renuncia al trono de Amadeo I en febrero de 1873, por las distintas dificultades presentes en su reinado (entre ellas la creciente oposición republicana que, durante este breve reinado, intenta conseguir el apoyo popular necesario para instaurar la República), el Congreso y el Senado se reúnen conjuntamente, formando la Asamblea Nacional, y deciden proclamar el 11 de febrero de 1873 la República, a pesar de ser mayoritariamente monárquicos.

La misma Asamblea Nacional asume todos los poderes y nombra presidente del poder ejecutivo a Estanislao Figueras, quien ejercería de jefe del Estado y del Gobierno.

Las diferentes corrientes republicanas

Existían fuertes diferencias entre los republicanos sobre la organización política de la República:

• Los unitarios defendían la creación de una república unitaria.

• Los cantonalistas defendían la configuración de una federación construida a partir de la unión voluntaria de los Cantones (unidades políticas inferiores que proclamarían su soberanía).

• Los federales gradualistas (dirigidos por Pi i Margall) defendían la idea de que unas Cortes constituyentes de la nación española decidiesen el reparto de poderes entre el Estado federal y los Estados que formasen la federación.

Ante las tensiones formadas por estas diferencias, se convocaron nuevas elecciones (celebradas por sufragio universal masculino, para los mayores de 21 años) para formar una Asamblea Nacional constituyente. Fueron ganadas por los federales, por lo que se proclamó la república federal, con Pi i Margall como presidente. Consecuentemente, se elaboró un proyecto de Constitución federal, la de 1873.

El auge del cantonalismo

Por otra parte, se incrementó la agitación social y política (del que fue partícipe la AIT, la internacional obrera) y surgió con fuerza el movimiento cantonalista.

El cantonalismo defiende la instauración de la República Federal desde abajo mediante la creación de cantones que se unirán libremente para formar un Estado Federal. Este movimiento derivó en una insurrección armada que comenzó en julio de 1873 cuando Cartagena se proclama cantón independiente. A Cartagena se le unirán pronto otras villas del sur y del levante español que también se autoproclaman cantones. El presidente de la República, Pi i Margall intenta combinar la represión del movimiento cantonalista con la negociación y ante su fracaso, dimite, siendo sustituido por Salmerón que empezará una dura campaña militar dirigida por los generales Martínez Campos y Pavía para terminar con el cantonalismo y la guerra carlista.

El fin de la I República

Los federales descontentos con esta situación, deciden escoger un nuevo presidente en el Congreso, pero lo impide el general Pavía que disuelve la Asamblea Nacional. Ante esta situación de vacío de poder, el general Serrano asume el poder ejecutivo de la República, suspendiendo las garantías constitucionales hasta terminar con esa situación de fuerte inestabilidad y convocar Cortes constituyentes. Esto, favorece los intentos de Cánovas del Castillo de restaurar la monarquía en la persona de Alfonso de Borbón, quien se presenta como un monarca constitucional y liberal en el manifiesto de Sandhurst.

La reforma agraria liberal: las desamortizaciones

En el Antiguo Régimen diversas normas, leyes y prácticas cotidianas condicionaban y limitaban la producción agrícola y la propiedad de la tierra. Sobre la tierra existía una propiedad compartida donde el derecho eminente era ostentado por los titulares de los dominios (los señores: nobleza, clero) y un derecho de uso que era ejercido por el campesinado, quien careciendo del dominio pleno de la tierra debía pagar un canon o renta a los señores. El patrimonio nobiliar estaba protegido por la figura jurídica del morgado (el hijo mayor era el único heredero), mientras que la iglesia poseía los denominados bienes de manos muertas (donaciones que personas fallecidas entregaban a la Iglesia) que no podían ser comprados ni enajenados. Por eso la burguesía liberal consideraba imprescindible realizar una reforma agraria para liberalizar la tierra, convertirla en una mercancía que se pudiera comprar y vender e introducir criterios de eficiencia económica y capitalismo agrario. La medida más importante de esta reforma agraria que afectaba al concepto de la propiedad de la tierra heredado del Antiguo Régimen fue la desamortización.

La desamortización es un proceso de confiscación de bienes y tierras pertenecientes al Clero o los bienes propios pertenecientes a los concellos con la intención de ponerlas en venta en puja pública y aumentar los ingresos del Estado con el fin de solventar los problemas del endeudamiento público del Estado.

• La primera desamortización se llevó a cabo durante el Gobierno de Godoy en 1798 por motivo de las dificultades hacendísticas provocadas por las constantes guerras contra Inglaterra. Esta medida afectó a los bienes pertenecientes a los jesuitas, casas de beneficencia y obras pías.

• Durante la revolución liberal las Cortes de Cádiz promulgaron diversas desamortizaciones por lo que el Estado ponía en venta los bienes de los afrancesados, órdenes militares y los bienes de los monasterios de menos de 12 miembros, así como parte de las tierras pertenecientes a la Corona. La llegada de Fernando VII significó la paralización y devolución de los bienes desamortizados. El breve período del Trienio Liberal volvió a activar el proceso desamortizador, pero volvió a ser paralizado por el absolutismo posterior.

• La necesidad de solucionar los problemas hacendísticos del Estado, recaudar dinero para financiar la guerra que la regente Mª Cristina estaba librando en contra del Carlismo, en los años treinta, ampliar la base de apoyos al liberalismo y a la causa isabelina y desmantelar el poder económico de la Iglesia dio lugar a la desamortización eclesiástica de Mendizábal en 1836 que afectó al clero regular. Esta medida vio precedida de un decreto sobre la supresión de los monasterios en 1835.

• En 1841 fue llevada a cabo la desamortización de Espartero sobre los bienes del clero secular, completando así el proceso de confiscación de los bienes eclesiásticos iniciada por Mendizábal. Su objetivo era de carácter fiscal, recaudar fondos para Hacienda. La llegada de los liberales moderados paralizan el proceso desamortizador sobre la Iglesia y firman un Concordato con la Sta. Sede en 1851 por lo que la Iglesia acata la pérdida del patrimonio puesto en puja pública para no generar inseguridad jurídica en los nuevos propietarios, pero a cambio el Estado debe mantener el culto y el clero español.

• Por último, en 1855 tuvo lugar la desamortización de Madoz, que, además de terminar la desamortización eclesiástica (bienes de las órdenes militares), inició la desamortización civil. Esta desamortización afectaba a los bienes de propios y tierras baldías de los concellos. Este proceso generó un gran impacto en el mundo rural ya que los campesinos sin tierras, los más afectados por esta medida por el uso que hacían de los predios comunales para cultivar o alimentar al ganado a cambio del pago de un canon al concello, no tenían dinero para adquirir esas tierras puestas en puja pública y acababan convertidos en jornaleros para los nuevos dueños de las tierras, mayormente la nobleza. Además los concellos, al perder esa fuente de ingresos empobrecieron su servicio asistencial en aspectos básicos como la educación primaria. Esta desamortización amplió la superficie cultivada al transformar los pastos y los montes en tierras de cultivo.

Balance de las desamortizaciones

Haciendo un balance de este proceso podemos decir que la desamortización supone la desaparición de las fórmulas jurídicas del Antiguo Régimen que protegían los patrimonios de los estamentos privilegiados y significa la liberalización del mercado de tierras del que se benefició la propia nobleza y la burguesía, quien consideraba un valor emplear sus rentas en la adquisición de tierras en lugar de dirigirlas hacia sectores que en Europa despuntaban como era el industrial. Ese trasvase de tierras del clero a manos de la nobleza y burguesía no cambió de un modo significativo el campo español porque este cambio de propiedad no venía acompañado de una modernización de los sistemas de cultivo. El viejo objetivo de los informes de los ilustrados de generar una nueva clase de propietarios agrícolas más vinculados con el trabajo de la tierra no tuvo lugar ante la imposibilidad del campesinado de adquirir las tierras confiscadas por el Estado. La mayor parte de la población, que en España era campesina, siguió sin poder adquisitivo lo que limitó mucho el dinamismo del mercado interior y además agravó la condición social del campesino sin tierras y empobreció los ingresos de los concellos. Con esta medida el régimen liberal se consolidó.

En Galicia, por el mantenimiento del sistema foral, lo que se saca a puja pública son las rentas forales lo que provoca que no se altere el sistema agrario tradicional hasta el año 1926 con la ley de redención de foros.

Los principales sectores industriales y el papel del ferrocarril

El desarrollo industrial en España presenta fuertes desequilibrios regionales, conviviendo zonas industrializadas y urbanizadas con otras atrasadas y rurales. España experimentó un desarrollo industrial tardío e incompleto. Entre los factores que lastraron el despegue industrial están la febleza del mercado interior derivado de las bajas rentas campesinas, la mayoría de la población española; la falta de una burguesía emprendedora; la carencia de excedente de capital y el empleo de este en la compra de tierras en lugar de dirigirlo al investimento industrial; la dependencia tecnológica y energética del exterior y un proceso político convulso poco propicio para el desarrollo económico.

Zonas industriales en España

• Cataluña constituyó la principal zona industrial de España donde el desarrollo textil propició la diversidad industrial de Cataluña con el crecimiento de otros sectores: metalurgia, química para más tarde, hacia finales del siglo desarrollar la industria papelera y editorial así como las relacionadas con la transformación de productos agrarios. Cataluña constituyó el caso más temprano y completo de industrialización en España.

• Andalucía y Levante tienen en común un inicio temprano industrializador en el sector siderúrgico y textil que no tuvo continuidad, reorientándose hacia la potenciación del sector agrario. En el caso andaluz, el uso de carbón vegetal para el proceso de fundición de los hornos de Málaga y Marbella encareció el precio final del hierro forjado convirtiéndolo en poco competitivo.

• Asturias y País Vasco tuvieron como sector clave en la industrialización la siderurgia vinculada a explotaciones mineras. En el caso asturiano la presencia de carbón, muy protegido por el Estado, daría lugar a los altos hornos de Duro Felguera. Sin embargo el precio de explotar el carbón asturiano era alto por lo que a largo plazo no podía competir con el carbón inglés. En el caso vasco, la relación con Inglaterra fue clave al intercambiar el hierro de las minas de Somorrostro en Bilbao con carbón galés. Esta relación comercial permitió potenciar el sector naval. Otro sector que se localiza en el País Vasco es el relacionado con la metalurgia de transformación y la industria de explosivos. A su vez la presencia de sectores muy demandantes de capital favoreció la creación de un sector financiero muy potente (Banco de Bilbao, Banco de Vizcaya...).

• En Galicia el panorama industrializador es pobre debido a la competencia de otras zonas. El lino, materia textil por excelencia, no resistió la competencia del algodón y fue desapareciendo mientras que la salgadura de la pesca dio lugar a una importante industria conservera de pescado. Cabe destacar también la construcción naval y el desarrollo de la producción hidroeléctrica aprovechando la abundancia de cursos de agua.

El papel del Estado en la industrialización

El Estado fomentó el desarrollo industrial mediante la promoción de una legislación liberal que abolió los obstáculos legales contrarios a la libertad de circulación y producción de bienes (supresión de aranceles interiores, unificación de pesos y medidas…) y procuró la construcción de mejores vías de comunicación para conseguir un mercado interior cada vez más integrado.

En este último sentido el Estado acometió y favoreció el desarrollo de un sector estratégico como es el Ferrocarril.

El desarrollo del ferrocarril en España

La introducción del Ferrocarril en España, símbolo del progreso y modernización, fue tardía. El primer ferrocarril inglés dedicado al transporte de viajeros funcionó en 1830, en España no lo hizo hasta 1848, en un pequeño tramo entre Barcelona y Mataró.

La Ley general de ferrocarriles de 1855 elaborada por el gobierno del bienio progresista, vino a poner orden en el proceso de adjudicación de la construcción y explotación de los tramos de vía lo que impulsó la inversión hacia este sector tanto de capital interior como extranjero. La desamortización de Madoz perseguía precisamente la obtención de recursos para financiar la construcción de este medio de transporte. Se diseñó un trazado radial desde Madrid hasta los puntos extremos de la periferia con un ancho de vía mayor que el europeo derivado de las características orográficas del terreno que aconsejaron esta medida, ocasionando problemas a la hora de unirlas con trazados europeos, más estrechos. La construcción y explotación de las líneas podía ser realizada por el Gobierno o por compañías privadas.

Para facilitar la construcción de los ferrocarriles, el Estado concedía ventajas a los inversores privados y para su financiación contó con tres frentes de recursos: la subvención estatal, el capital de los accionistas y el líquido de las obligaciones que emitían las propias compañías ferroviarias.

Fases en la construcción del ferrocarril

En la construcción de los trazados ferroviarios se diferencian varias fases:

• Antes de 1855: solo se construían 440 kilómetros de líneas ferroviarias repartidos en las zonas de Barcelona, Madrid y Asturias.

• 1855-1865: construcción, a buen ritmo, de las principales vías, gracias al apoyo estatal y a las inversiones extranjeras (especialmente francesas).

• 1866-1876: paralización de la construcción de nuevas vías porque no se produjeron los beneficios esperados, debido al atraso general del país.

• 1877-1895: relanzamiento de la construcción ferroviaria realizada por las grandes compañías que explotaban las respectivas zonas de concesión del servicio.

• 1896-1936: continuó la tendencia anterior, pero con mucha lentitud.

El impacto del ferrocarril

El papel del ferrocarril en el desarrollo económico de España es objeto de controversia entre los historiadores. Para unos fue considerable pues, en un país con graves dificultades orográficas, permitió la comunicación interior y facilitó el transporte de mercancías. Para otros, los efectos fueron inferiores de los que se podían esperar debido a la mala política estatal que permitió la importación de material ferroviario, con grave perjuicio para el desarrollo del sector siderúrgico español.