España en el Siglo XIX: Centralización, Carlismo y Reformas Liberales

La Consolidación del Estado Liberal y la Centralización Política

La centralización política y administrativa del siglo XIX en España se consolidó con la construcción del Estado liberal, siguiendo la tendencia iniciada por los Decretos de Nueva Planta. El primer conflicto fue la Primera Guerra Carlista, en la que los carlistas defendían los antiguos fueros y rechazaban la centralización. Con la Ley Provincial de 1833, Javier de Burgos dividió el territorio en provincias bajo gobernadores estatales, y la Ley de Ayuntamientos, durante la regencia de María Cristina, permitió a la Corona nombrar alcaldes. En la Década Moderada (1844-1854) se implementaron reformas como la creación de la Guardia Civil, un sistema educativo nacional y la moneda única, que reforzaron el control estatal. En las Islas Baleares, la centralización coexistió con movimientos como la Renaixença, que promovían la cultura propia con figuras como Tomàs Aguiló y Josep Lluís Pons i Gallarza, reflejando la resistencia a la uniformidad estatal.

El Carlismo: Un Movimiento Contrarrevolucionario

El carlismo fue un movimiento contrarrevolucionario que se oponía al orden liberal y defendía la monarquía absoluta, la primacía de la Iglesia católica y los privilegios forales. Surgió a raíz del conflicto sucesorio de Fernando VII, quien, con la Pragmática Sanción (1830), permitió que su hija Isabel II heredara el trono. Esto desencadenó la Primera Guerra Carlista (1833-1840), que terminó con el Convenio de Vergara y la derrota carlista. Sin embargo, el movimiento protagonizó otros conflictos, como la "Guerra de los Matiners" (1846-1849) y la Tercera Guerra Carlista (1872-1876). En Mallorca destacó "La Llorençada" (1835), un levantamiento fallido que simbolizó la resistencia al liberalismo y la defensa de los valores tradicionales.

La Constitución de 1869 y la Revolución de 1868

Tras la Revolución de 1868, un gobierno provisional convocó Cortes que redactaron la Constitución de 1869, aprobada por unionistas, progresistas y demócratas monárquicos. Esta constitución establecía:

• Soberanía nacional
• Sistema bicameral (Congreso y Senado)
• Gestión descentralizada para ayuntamientos y diputaciones
• Poder judicial independiente

También reformaba el gobierno de las provincias de ultramar, como Cuba y Puerto Rico, y proclamaba una monarquía parlamentaria donde las Cortes legislaban sin veto del monarca. Era democrática porque garantizaba derechos y libertades como el sufragio universal masculino, la libertad de religión y los derechos de reunión y asociación. En Palma, los republicanos pedían la abolición de las quintas y las matrículas de mar, ofreciendo sufragar parcialmente la exención en metálico.

Las Reformas Agrarias Liberales y sus Consecuencias

Durante la primera mitad del siglo XIX, las reformas agrarias liberales abolieron el régimen señorial, desvincularon la propiedad y desamortizaron tierras eclesiásticas y civiles, consolidando la propiedad privada y aumentando la superficie cultivada, pero sin modernizar las técnicas agrícolas. Las pequeñas propiedades se destinaban al autoconsumo, con poca capacidad de innovación o comercialización, lo que provocó la emigración de muchos campesinos. Al mismo tiempo, las tierras se concentraron en manos de grandes propietarios, perpetuando el trabajo jornalero y los arrendamientos a corto plazo.