España entre Revoluciones: Del Antiguo Régimen al Liberalismo (1788-1868)

El Impacto de la Revolución Francesa en España

La llegada de Carlos IV al trono coincidió con el estallido de la Revolución Francesa en 1789, un acontecimiento que marcó profundamente la política española. El temor a la propagación de las ideas revolucionarias llevó al gobierno español, inicialmente dirigido por Floridablanca y luego por Aranda, a adoptar medidas drásticas como el cierre de fronteras y una estricta censura para aislar al país.

El nombramiento de Manuel Godoy como primer ministro en 1792 no cambió esta política de contención. Tras la ejecución del rey francés Luis XVI en 1793, España se unió a la Primera Coalición europea y declaró la guerra a la Francia revolucionaria (Guerra de la Convención). Sin embargo, las derrotas militares españolas forzaron la firma de la Paz de Basilea en 1795, que subordinó la política exterior española a los intereses franceses.

Esta alianza con Francia implicó la participación de España en conflictos contra Gran Bretaña, con consecuencias desastrosas como la derrota naval de Trafalgar (1805). En 1807, la firma del Tratado de Fontainebleau permitió el paso de tropas francesas por territorio español con el pretexto de invadir Portugal, aliado de los británicos. Esta presencia militar extranjera, unida al desprestigio de Godoy y la crisis general del país, provocó el Motín de Aranjuez en marzo de 1808. Como resultado, Carlos IV abdicó en favor de su hijo, Fernando VII.

Napoleón Bonaparte, aprovechando la crisis dinástica española, convocó a Carlos IV y Fernando VII a Bayona. Allí forzó las abdicaciones de ambos monarcas y nombró a su hermano, José I Bonaparte, como nuevo rey de España. Para legitimar este cambio dinástico, Napoleón otorgó el Estatuto de Bayona, una carta otorgada que pretendía modernizar las estructuras políticas españolas pero que tuvo una escasa aplicación práctica debido al rechazo popular.

La ocupación francesa y la imposición de José I provocaron un levantamiento popular generalizado que comenzó en Madrid el 2 de mayo de 1808, inmortalizado por el famoso bando del alcalde de Móstoles llamando a la insurrección. La brutal represión ejercida por las tropas francesas, lejos de sofocar la rebelión, alimentó la resistencia, que pronto se extendió por todo el territorio español. Ante el vacío de poder creado por las abdicaciones y la pasividad de las instituciones tradicionales, surgieron juntas ciudadanas y provinciales que asumieron la soberanía en las zonas no controladas por los franceses, organizando la defensa y ejerciendo funciones de gobierno.

La Guerra de la Independencia (1808-1814)

La Guerra de la Independencia fue un conflicto complejo con múltiples dimensiones: una guerra de liberación nacional contra la ocupación francesa, un conflicto internacional (en el marco de las guerras napoleónicas) y una guerra civil larvada entre patriotas y afrancesados.

El pueblo español participó activamente en la lucha, motivado por una mezcla de factores: la defensa del rey cautivo (Fernando VII), la lealtad a la patria y la defensa de la religión católica frente a las ideas consideradas impías de la Revolución Francesa. Aunque inicialmente fue una reacción contra el invasor, la guerra también canalizó el descontento social acumulado y despertó anhelos de reforma política, si bien la orientación liberal no fue mayoritaria en sus comienzos.

El conflicto se desarrolló en tres etapas principales:

• 1808: El levantamiento popular espontáneo y la reorganización del ejército español lograron éxitos iniciales, destacando la inesperada victoria en la Batalla de Bailén (julio de 1808), que supuso la primera gran derrota de un ejército napoleónico en campo abierto y obligó a José I a abandonar Madrid.
• 1808-1812: Napoleón intervino personalmente con la Grande Armée, restableciendo el control francés sobre la mayor parte del territorio peninsular. La resistencia española se reorganizó en forma de guerrillas, que hostigaban constantemente a las tropas francesas, mientras el ejército regular español y sus aliados británicos y portugueses, liderados por Wellington, se replegaban a zonas periféricas y montañosas. Cádiz, protegida por la flota británica, se convirtió en el principal bastión de la resistencia.
• 1812-1814: El curso de la guerra cambió decisivamente con la campaña de Napoleón en Rusia, que obligó a retirar tropas de España. La ofensiva aliada, apoyada por las guerrillas, culminó en victorias clave como Arapiles (1812), Vitoria (1813) y San Marcial (1813), logrando la expulsión definitiva del ejército francés. A finales de 1813, Napoleón firmó el Tratado de Valençay, reconociendo a Fernando VII como rey de España.

La guerra reflejó también una profunda crisis ideológica. Los afrancesados, una minoría ilustrada, vieron en José I y el Estatuto de Bayona una oportunidad para modernizar España de forma pacífica y evitar la desmembración del imperio. Frente a ellos, el bando patriota era heterogéneo: incluía a absolutistas, que deseaban la vuelta al Antiguo Régimen, y a liberales, que compartían el anhelo de reformas pero rechazaban la dinastía impuesta y defendían la soberanía nacional.

En el plano internacional, la guerra debilitó enormemente a España. A pesar de su contribución a la derrota de Napoleón, fue tratada como una potencia de segundo orden en el Congreso de Viena (1814-1815), que reconfiguró el mapa de Europa tras las guerras napoleónicas.

Las consecuencias internas fueron devastadoras: un altísimo coste humano (se estima entre 300.000 y 500.000 muertos), una profunda crisis económica y material (destrucción de infraestructuras, saqueos, interrupción del comercio, crisis agrícola) y un aumento desmedido de la deuda pública. En conjunto, la Guerra de la Independencia marcó el comienzo del fin del Antiguo Régimen en España y abrió un largo y convulso proceso de cambio político y social hacia el liberalismo.

Las Cortes de Cádiz y los Inicios del Liberalismo

Tras el levantamiento del 2 de mayo de 1808 y ante la pasividad o colaboracionismo de las instituciones del Antiguo Régimen (como la Junta de Gobierno dejada por Fernando VII o el Consejo de Castilla, que aceptaron a José I), se produjo un vacío de poder efectivo. Este fue cubierto por la formación espontánea de juntas locales y provinciales que asumieron la soberanía en nombre del rey ausente.

La victoria en la Batalla de Bailén permitió coordinar los esfuerzos de estas juntas. En septiembre de 1808, se constituyó en Aranjuez la Junta Central Suprema y Gubernativa del Reino, compuesta por representantes de las juntas provinciales y presidida por Floridablanca. Esta Junta asumió la dirección de la guerra y las funciones de gobierno en representación de Fernando VII.

Sin embargo, las ofensivas francesas obligaron a la Junta Central a retirarse primero a Sevilla y finalmente a Cádiz, ciudad libre del dominio francés gracias a la protección de la flota británica. Desde Cádiz, y ante las críticas por su gestión de la guerra, la Junta Central impulsó la convocatoria de Cortes Generales y Extraordinarias.

El proceso de convocatoria fue complejo. Inicialmente, se debatió si debían ser Cortes estamentales (al modo tradicional) o una asamblea nacional moderna. La derrota española en Ocaña (noviembre de 1809) y el consiguiente avance francés sobre Andalucía desacreditaron a la Junta Central, que se disolvió en enero de 1810, traspasando sus poderes a una Regencia de cinco miembros. Esta Regencia fue la encargada final de realizar la convocatoria.

Las Cortes de Cádiz se constituyeron solemnemente el 24 de septiembre de 1810 en la Isla de León (actual San Fernando), trasladándose posteriormente a Cádiz. En su primera sesión, declararon que eran depositarias de la soberanía nacional, rompiendo así con el principio absolutista del origen divino del poder. Se decidió que las Cortes serían unicamerales (una sola cámara) y que el voto sería por cabeza, no por estamento, lo que representaba una ruptura radical con el modelo tradicional.

La composición de las Cortes fue variada, con predominio de clérigos, abogados, funcionarios y militares, y una escasa representación de la nobleza y del campesinado. Ideológicamente, los diputados se agruparon en tres tendencias principales:

• Absolutistas: Defensores del Antiguo Régimen y de la monarquía absoluta. Querían conservar el sistema vigente y consideraban que las Cortes solo debían centrarse en la guerra.
• Jovellanistas: Seguidores de las ideas de Jovellanos, eran reformistas moderados. Defendían una soberanía compartida entre el rey y las Cortes, inspirándose en el modelo británico, pero no aceptaban plenamente la soberanía nacional ni la división estricta de poderes.
• Liberales doceañistas: El grupo más dinámico e influyente. Inspirados en las ideas de la Ilustración y la Revolución Francesa, defendían la soberanía nacional, la división de poderes, la igualdad jurídica y la necesidad de una constitución escrita que plasmara estos principios. Figuras destacadas fueron Agustín de Argüelles, Diego Muñoz Torrero o el Conde de Toreno.

Durante su labor legislativa, además de redactar la Constitución, las Cortes de Cádiz aprobaron una serie de decretos y leyes destinados a desmantelar las estructuras del Antiguo Régimen, como la libertad de imprenta (con limitaciones en materia religiosa), la abolición de los señoríos jurisdiccionales, la supresión de la Inquisición, la eliminación de los gremios y la Mesta, y el inicio de un proceso de desamortización de bienes eclesiásticos. También se proclamó la inviolabilidad parlamentaria.

La Constitución de 1812

La obra cumbre de las Cortes de Cádiz fue la elaboración de la primera constitución de la historia de España, promulgada el 19 de marzo de 1812, día de San José, por lo que popularmente se la conoce como “La Pepa”. Su objetivo fundamental era desmantelar los pilares jurídicos y políticos del Antiguo Régimen y establecer un Estado liberal basado en los principios de la Ilustración.

Además del texto constitucional, las Cortes aprobaron decretos que sentaron las bases del nuevo régimen:

• Afirmación de la soberanía nacional, que residía en la Nación española, representada por las Cortes.
• Reconocimiento de Fernando VII como rey legítimo de España, pero no como rey absoluto, sino constitucional.
• Mantenimiento del carácter confesional católico del Estado, reflejo de la fuerte presencia e influencia del clero entre los diputados y del peso de la religión en la sociedad española.

La Constitución de 1812 era un texto extenso y detallado, compuesto por 384 artículos divididos en 10 títulos. Su diseño buscaba ser rígido para dificultar modificaciones que pudieran facilitar un retorno al absolutismo.

Sus principios fundamentales incluían:

• Soberanía Nacional: El artículo 3 proclamaba que"la soberanía reside esencialmente en la Nació", siguiendo el modelo revolucionario francés.
• División de Poderes: Inspirada en Montesquieu, establecía una separación funcional:
• Poder Legislativo: Residía en las Cortes con el Rey. Las Cortes eran unicamerales y elaboraban las leyes. El Rey tenía poder de veto suspensivo limitado.
• Poder Ejecutivo: Correspondía al Rey, que nombraba a sus ministros (secretarios de despacho), dirigía el gobierno y la administración, pero su poder estaba limitado por la Constitución y las Cortes.
• Poder Judicial: Se atribuía a los tribunales de justicia independientes.
• Monarquía Moderada y Hereditaria: Se establecía una monarquía constitucional, no absoluta ni patrimonial.
• Unidad Jurídica y Fuera: Se buscaba la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, suprimiendo fueros y jurisdicciones especiales (aunque con matices respecto a los fueros eclesiástico y militar).
• Derechos y Libertades: Aunque no contenía una declaración sistemática de derechos como la francesa, reconocía garantías fundamentales como la libertad de imprenta (para textos no religiosos), el derecho a la propiedad privada, la igualdad ante la ley, la inviolabilidad del domicilio y garantías procesales.
• Sufragio Universal Masculino Indirecto: Se estableció un sistema electoral complejo en cuatro fases (parroquia, partido, provincia, Cortes) en el que podían votar casi todos los hombres mayores de 25 años (excluyendo criados domésticos, entre otros), pero para ser elegido diputado se requería un determinado nivel de renta.
• Confesionalidad Católica: El artículo 12 reafirmaba que la religión de la Nación española era y sería"perpetuamente la católica, apostólica, romana, única verdader", prohibiendo el ejercicio de cualquier otra.
• Milicia Nacional: Se creaba un cuerpo de ciudadanos armados para defender el régimen liberal.

En conjunto, la Constitución de 1812 representó el intento más sólido hasta entonces de implantar un régimen constitucional y moderno en España, liquidando las bases del Antiguo Régimen.

Restauración Absolutista y Legado de Cádiz

Conclusión del Periodo Constituyente

Mientras las Cortes legislaban en Cádiz, la guerra contra el ejército napoleónico llegaba a su fin. A finales de 1813, Napoleón, necesitado de tropas y buscando neutralizar el frente español, firmó el Tratado de Valençay con Fernando VII, restaurándolo en el trono a cambio de la paz y la ruptura de la alianza hispano-británica. Sin embargo, las Cortes de Cádiz y la Regencia no reconocieron este tratado, exigiendo que el rey jurase la Constitución antes de ser reconocido.

Fernando VII regresó a España en marzo de 1814, desembarcando en Valencia. Fue recibido con entusiasmo por gran parte del pueblo "El Desead") y pronto recibió el apoyo de sectores absolutistas del ejército (como el general Elío) y de un grupo de 69 diputados absolutistas que le presentaron el llamado “Manifiesto de los Persas”. En este documento, se criticaba duramente la obra de las Cortes de Cádiz y se le pedía al rey la restauración del absolutismo.

Apoyado por estos sectores y por la coyuntura internacional favorable a la restauración del Antiguo Régimen tras la derrota de Napoleón, Fernando VII dio un golpe de Estado. El 4 de mayo de 1814, emitió un Real Decreto en Valencia que declaraba nula y sin efecto la Constitución de 1812 y toda la legislación emanada de las Cortes de Cádiz, restaurando plenamente el absolutismo en el país.

Contexto Europeo y Posición Española

Este regreso al absolutismo en España coincidió con la Restauración del orden tradicional en Europa tras la derrota definitiva de Napoleón. Las potencias vencedoras (Austria, Prusia, Rusia y Reino Unido), reunidas en el Congreso de Viena (1814-1815), buscaron restablecer las monarquías legítimas y el equilibrio de poder previo a la Revolución Francesa, creando además la Santa Alianza para defender el absolutismo frente a futuras revoluciones liberales. España, a pesar de su papel en la guerra, quedó relegada a un papel secundario en este nuevo orden europeo, en parte por haber pactado unilateralmente con Napoleón (Tratado de Valençay) y haberse alejado de Gran Bretaña.

Legado de la Constitución de 1812

A pesar de que la Constitución de Cádiz tuvo una vigencia muy corta (1812-1814 y posteriormente durante el Trienio Liberal, 1820-1823), su importancia histórica es fundamental. Fue la primera constitución de España y sentó las bases del liberalismo español.

Sin embargo, su aplicación fue limitada. La mayoría de la población, predominantemente campesina y analfabeta, se encontraba alejada de su contenido y de las ideas liberales. El poder real seguía siendo muy influenciado por la nobleza y, sobre todo, por el clero, que mayoritariamente se oponía a las reformas liberales. Cuando Fernando VII regresó y anuló la Constitución, encontró un amplio respaldo popular y de los sectores privilegiados.

No obstante, la Constitución de 1812 se convirtió en un símbolo y una referencia clave para el liberalismo español durante todo el siglo XIX. Además, tuvo una notable influencia internacional, inspirando textos constitucionales en varias repúblicas de América del Sur recién independizadas y en otros países europeos como Portugal, Nápoles (Italia) y Piamonte durante las oleadas revolucionarias de 1820.

El Reinado de Fernando VII (1814-1833): Absolutismo frente a Liberalismo

Introducción: El Regreso del Absolutismo

En 1813, con las tropas francesas en retirada de la Península Ibérica tras la Guerra de la Independencia, Napoleón y Fernando VII firmaron el Tratado de Valençay. Este acuerdo personal preveía el regreso de Fernando VII a España como rey, a cambio de la paz y la ruptura de la alianza hispano-inglesa. Sin embargo, las Cortes de Cádiz y la Regencia no aceptaron este tratado, subordinando el reconocimiento del rey a su juramento de la Constitución de 1812.

En marzo de 1814, Napoleón fue finalmente derrotado en España. Fernando VII regresó, pero en lugar de dirigirse a Madrid para jurar la Constitución como le requerían las Cortes, permaneció en Valencia. Allí recibió el apoyo de sectores absolutistas, plasmado en el “Manifiesto de los Persas”, firmado por 69 diputados que le instaban a restaurar el Antiguo Régimen y anular toda la obra legislativa de Cádiz. El general Elío, al frente de sus tropas, también se pronunció a favor del rey absoluto.

El Sexenio Absolutista (1814-1820)

Con estos apoyos, Fernando VII se sintió seguro para restaurar su poder absoluto. Mediante el Real Decreto del 4 de mayo de 1814, declaró"nulos y de ningún valor ni efect" la Constitución y los decretos de las Cortes de Cádiz, alegando que se habían aprobado sin su consentimiento y en su ausencia. Se restauraron así todas las instituciones del Antiguo Régimen (Consejos, Inquisición, señoríos, gremios, etc.) que habían sido abolidas.

Contexto Internacional: La restauración absolutista en España se enmarcaba en el contexto europeo de la Restauración post-napoleónica. En el Congreso de Viena (1815), las potencias vencedoras (Austria, Prusia, Rusia y más tarde Reino Unido) crearon la Santa Alianza con el objetivo de mantener el orden absolutista en Europa y sofocar cualquier intento revolucionario. España, sin embargo, quedó excluida de los principales acuerdos y alianzas, considerada una potencia de segundo orden, en parte por su pacto previo con Napoleón.

Contexto Nacional: La vuelta al absolutismo trajo consigo una dura represión contra liberales y afrancesados. Muchos tuvieron que exiliarse, principalmente a Reino Unido y Francia, para evitar la cárcel o la muerte. La situación económica del país era desastrosa: España estaba empobrecida por la guerra, con la agricultura y la industria arruinadas, y la Hacienda en bancarrota. Además, ya no se contaba con los recursos procedentes de las colonias americanas, que estaban inmersas en sus procesos de independencia. Fernando VII intentó sofocar las rebeliones enviando un ejército, lo que agravó aún más la crisis económica y militar.

El descontento social era generalizado:

• En el campo: La devolución de privilegios y bienes a la nobleza y al clero generó malestar entre los campesinos.
• En las clases urbanas (burguesía): La crisis económica, la pérdida del comercio colonial y la restauración de los privilegios gremiales perjudicaban sus intereses.
• En el Ejército: Había malestar por los bajos salarios, las malas condiciones materiales y el envío de tropas a América.
• Deuda Pública: La Hacienda estaba al borde del colapso. La única solución viable (que los privilegiados pagaran impuestos) era inaceptable para el régimen absolutista.

Este descontento se tradujo en numerosos pronunciamientos militares de carácter liberal (Espoz y Mina, Porlier, Lacy, Vidal) que intentaron, sin éxito, restaurar la Constitución de 1812 durante este periodo.

El Trienio Liberal (1820-1823)

El 1 de enero de 1820, el comandante Rafael del Riego, al frente de las tropas acantonadas en Cabezas de San Juan (Sevilla) que esperaban embarcar hacia América, se pronunció a favor de la Constitución de 1812.

• Aunque inicialmente el pronunciamiento de Riego no tuvo un éxito inmediato, la sublevación se fue extendiendo lentamente a otras ciudades (como A Coruña, Zaragoza, Barcelona, Murcia y finalmente Madrid).
• Se formaron juntas liberales locales que asumieron el poder y presionaron al rey.
• El ejército real no ofreció una resistencia contundente al cambio.

Ante la extensión del movimiento, Fernando VII se vio forzado a aceptar la situación y juró la Constitución de 1812 en marzo de 1820, pronunciando la famosa frase:"Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constituciona".

Se formó una Junta Provisional de Gobierno en Madrid, compuesta por figuras liberales moderadas (muchos de ellos antiguos diputados de Cádiz encarcelados por Fernando VII), pertenecientes a la élite social (alto clero, nobleza, ejército).

Con la restauración del régimen liberal, se reimplantaron medidas como la libertad de reunión y asociación. Esto propició la aparición de las sociedades patrióticas, clubes de debate político donde se discutían las reformas y que actuaron como embriones de los futuros partidos políticos. Pronto, las discusiones sobre el alcance y el ritmo de las reformas provocaron la división de los liberales en dos tendencias principales:

• Moderados (o doceañistas): Antiguos diputados de Cádiz e intelectuales. Eran partidarios de introducir reformas de forma gradual y de buscar un compromiso con las élites del Antiguo Régimen y con el rey. Proponían reformar la Constitución de 1812 para hacerla más conservadora: defendían la soberanía compartida entre el Rey y las Cortes, un sistema bicameral (con una cámara alta aristocrática), sufragio censitario (limitado a los propietarios) y un recorte de ciertos derechos y libertades. Figuras como Martínez de la Rosa o el Conde de Toreno se asociaron a esta tendencia.
• Exaltados (o veinteañistas): Más radicales, muchos eran jóvenes militares y protagonistas del pronunciamiento de 1820 (como Riego). Defendían la aplicación estricta de la Constitución de 1812 sin modificaciones. Apoyaban la soberanía nacional plena, un sistema unicameral, el sufragio universal masculino (como establecía la Constitución) y reformas sociales más profundas. Se apoyaban en las sociedades patrióticas y la Milicia Nacional.

Características y Reformas del Trienio

Durante el Trienio Liberal, a pesar de la constante oposición de los absolutistas (los"realista") y del propio rey (que utilizaba su derecho de veto para frenar leyes), los gobiernos, mayoritariamente moderados, intentaron llevar a cabo la obra iniciada en Cádiz y aplicar nuevas medidas:

• Desamortización: Se reactivó la desamortización de bienes de la Iglesia (conventos extinguidos) y se expulsó a los jesuitas.
• Supresión de la Inquisición: Confirmada su abolición.
• Abolición del régimen señorial: Se intentó llevar a la práctica la supresión de los señoríos jurisdiccionales.
• Libertad económica: Se decretó la libertad de contratación, industria y comercio, suprimiendo los gremios.
• Reforma fiscal: Se intentó establecer un sistema de impuestos directos y centralizado, aunque con poco éxito.
• Reforma militar: Se reorganizó el ejército y se restableció la Milicia Nacional como cuerpo de defensa del régimen liberal.
• Libertad de imprenta: Se restauró, lo que permitió un florecimiento de periódicos y debates públicos.
• Reforma educativa: Se intentó secularizar la enseñanza.
• División territorial: Se aprobó una nueva división de España en 52 provincias.

Sin embargo, la aplicación de estas medidas liberales generó una fuerte oposición:

• Oposición absolutista (Realista): La nobleza y la Iglesia, perjudicadas por las reformas, conspiraron activamente contra el régimen, organizando partidas armadas realistas en zonas rurales (Cataluña, Navarra, País Vasco) e incluso estableciendo una Regencia absolutista en Urgel (1822). El propio Rey Fernando VII conspiraba en secreto, pidiendo la intervención extranjera.
• Descontento campesino: La abolición de los señoríos no siempre benefició a los campesinos, ya que los antiguos señores se convirtieron en propietarios plenos de la tierra, pudiendo expulsar a los arrendatarios o subir las rentas. Además, la introducción de impuestos en metálico y la pervivencia del diezmo eclesiástico dificultaban su subsistencia. Este descontento fue aprovechado por los absolutistas.
• Tensiones entre Moderados y Exaltados: Los enfrentamientos entre las dos facciones liberales debilitaron al régimen.

Finalmente, la intervención extranjera puso fin al Trienio. Las potencias absolutistas de la Santa Alianza, reunidas en el Congreso de Verona (1822), decidieron intervenir en España para restaurar el poder absoluto de Fernando VII. Francia fue la encargada de enviar un ejército, los llamados “Cien Mil Hijos de San Luis”, que invadieron España en abril de 1823 sin apenas encontrar resistencia. El gobierno liberal se refugió en Cádiz, llevándose al rey consigo, pero finalmente tuvo que capitular. El 1 de octubre de 1823, Fernando VII restauró por segunda vez el absolutismo.

La Década Ominosa (1823-1833)

El periodo que va desde la restauración del absolutismo en 1823 hasta la muerte de Fernando VII en 1833 es conocido como la Década Ominosa, debido a la dura represión que siguió al fin del Trienio Liberal y al ambiente general de crisis y tensión.

Represión y Purificación: La vuelta al absolutismo trajo consigo una feroz represión contra los liberales. Muchos fueron ejecutados (como Riego), encarcelados o tuvieron que exiliarse de nuevo. Se crearon Juntas de Purificación para depurar a funcionarios, militares y profesores sospechosos de liberalismo. Se anularon la mayoría de las reformas del Trienio y se llevó a cabo una intensa censura en instituciones como periódicos, sociedades patrióticas, librerías, bibliotecas y universidades. Aunque la Santa Inquisición no fue formalmente restaurada, se crearon Juntas de Fe que ejercieron funciones similares de control ideológico y religioso.

Crisis Económica y Reformismo Técnico: La situación del país seguía siendo crítica: la Hacienda estaba en ruina, agravada por la pérdida definitiva de la mayor parte del imperio americano (excepto Cuba, Puerto Rico y Filipinas); los sectores productivos (agricultura, industria) seguían en crisis. Ante la imposibilidad de gobernar con los métodos tradicionales y la necesidad de obtener recursos, Fernando VII intentó una vía intermedia entre el absolutismo más reaccionario y el liberalismo. Se apoyó en ministros con una orientación más técnica y reformista, como López Ballesteros (Hacienda) o Javier de Burgos (Fomento), en lo que se ha llamado .

Se intentaron algunas reformas económicas y administrativas, siempre dentro de los límites del absolutismo:

• Creación del Banco de San Fernando (antecedente del Banco de España) en 1829 para intentar ordenar las finanzas y obtener crédito.
• Elaboración de los primeros Presupuestos Generales del Estado.
• Creación del Ministerio de Fomento.
• Aprobación del Código de Comercio (1829).

Sin embargo, estas reformas fueron insuficientes para solucionar los problemas estructurales del país, ya que no se abordó la cuestión clave de la reforma fiscal (que los privilegiados pagaran impuestos). El Estado seguía sin fondos y recurría constantemente a créditos de bancos europeos, aumentando la deuda.

Oposición al Régimen: La política de Fernando VII no contentó a nadie y generó una doble oposición:

• Liberales (Exaltados): Seguían conspirando desde el exilio o la clandestinidad, protagonizando algunos intentos de pronunciamiento fallidos (como el de Torrijos en 1831). Consideraban las reformas totalmente insuficientes y mantenían su objetivo de restaurar la Constitución.
• Realistas Puros o Apostólicos (Ultrarrealistas): Eran los absolutistas más intransigentes, que consideraban que Fernando VII y sus ministros reformistas estaban haciendo demasiadas concesiones y traicionando los principios del absolutismo. Se agruparon en torno al hermano del rey, Carlos María Isidro, considerado el garante de la ortodoxia absolutista. Protagonizaron sublevaciones como la Guerra de los Agraviados o Malcontents en Cataluña (1827), protagonizada por campesinos descontentos y realistas exaltados. El rey reprimió duramente esta sublevación, ejecutando a sus líderes, lo que le granjeó el agradecimiento temporal de la burguesía catalana, que le proporcionó fondos.

La Cuestión Sucesoria y el Final del Reinado

El problema sucesorio marcó los últimos años del reinado. Fernando VII no había tenido descendencia masculina de sus tres primeros matrimonios. En 1829 se casó por cuarta vez con su sobrina, María Cristina de Borbón-Dos Sicilias. En 1830, ante la posibilidad de tener descendencia femenina, Fernando VII publicó la Pragmática Sanción, una disposición aprobada por su padre Carlos IV en 1789 pero que no había llegado a publicarse oficialmente. Esta Pragmática derogaba la Ley Sálica (implantada por Felipe V a principios del siglo XVIII), que impedía reinar a las mujeres si había varones en la línea sucesoria (hermanos o tíos del rey).

Poco después, en octubre de 1830, nació la princesa Isabel (futura Isabel II). Esto convertía a Isabel en la heredera al trono, desplazando al hermano del rey, Carlos María Isidro, que hasta entonces era el presunto heredero y aglutinaba las esperanzas de los realistas puros (que pasarían a llamarse carlistas).

En 1832, durante una grave enfermedad del rey, los partidarios de Don Carlos consiguieron que Fernando VII, agonizante, derogara la Pragmática Sanción (Sucesos de La Granja). Sin embargo, una vez recuperado, el rey restableció la Pragmática, destituyó a los ministros carlistas y nombró un gobierno más moderado dirigido por Cea Bermúdez. Para asegurar el trono de su hija Isabel, Fernando VII buscó el apoyo de los sectores liberales más moderados, decretando una amnistía para los exiliados.

A la muerte de Fernando VII en septiembre de 1833, España quedó dividida en dos bandos: los isabelinos (o cristinos), partidarios de la joven reina Isabel II y de su madre, la regente María Cristina, que se vieron obligados a apoyarse en los liberales; y los carlistas, partidarios de Carlos María Isidro, que defendían el absolutismo y los fueros tradicionales. Esta división desembocó inmediatamente en la Primera Guerra Carlista.

Las Regencias y el Inicio del Reinado de Isabel II (1833-1843)

La Primera Guerra Carlista (1833-1840)

A la muerte de Fernando VII en 1833, estalló una guerra civil por la sucesión al trono, conocida como la Primera Guerra Carlista.

Bandos Enfrentados:

• Carlistas: Apoyaban a Carlos María Isidro (Carlos V para sus seguidores) como rey legítimo. Defendían el absolutismo monárquico (lema:"Dios, Patria, Rey y Fuero"), la preeminencia de la Iglesia Católica y el mantenimiento de los fueros (leyes y privilegios tradicionales) de los territorios, especialmente del País Vasco y Navarra. Sus apoyos sociales se encontraban principalmente en:
• Zonas rurales del norte y este de España (País Vasco, Navarra, Cataluña, Aragón, Maestrazgo).
• Parte de la baja nobleza y el bajo clero (párrocos rurales).
• Amplios sectores del campesinado, recelosos de las reformas liberales (impuestos, desamortización, centralización).
• Isabelinos (o Cristinos): Apoyaban a la niña Isabel II y a su madre, la regente María Cristina. Inicialmente intentaron mantener una línea absolutista moderada, pero la necesidad de apoyos para ganar la guerra les obligó a pactar con los liberales (moderados y progresistas), que vieron en la defensa de Isabel II la oportunidad de consolidar un régimen constitucional. Sus apoyos sociales eran más urbanos y se concentraban en:
• Gran parte de los altos mandos del ejército.
• La alta jerarquía eclesiástica.
• La alta nobleza y los funcionarios del Estado.
• La burguesía urbana (comerciantes, industriales, financieros).
• Las clases medias y populares urbanas identificadas con el liberalismo.

Apoyos Internacionales:

• Isabelinos: Recibieron el apoyo efectivo (diplomático, financiero y militar con legiones de voluntarios) de las potencias liberales: Francia, Reino Unido y Portugal (la"Cuádruple Alianz" de 1834).
• Carlistas: Contaron con el apoyo más bien moral y simpatías de las potencias absolutistas de la antigua Santa Alianza (Austria, Prusia y Rusia), aunque este apoyo fue limitado.

Desarrollo de la Guerra:

• Localización: El conflicto se centró principalmente en el norte de España (País Vasco y Navarra, donde los carlistas llegaron a controlar amplias zonas rurales y establecer un proto-Estado) y en el Maestrazgo (entre Aragón, Cataluña y Valencia). Hubo también focos carlistas en Cataluña y partidas guerrilleras en otras regiones. Las ciudades, en general, permanecieron leales a Isabel II.
• Personajes Principales: En el bando carlista destacaron generales como Tomás de Zumalacárregui (organizador del ejército carlista del norte) y Ramón Cabrera (líder carlista en el Maestrazgo). En el bando isabelino, el general más destacado fue Baldomero Espartero.
• Evolución: Al principio de la guerra (1833-1835), los carlistas, bajo el liderazgo de Zumalacárregui, obtuvieron importantes victorias en el norte y consolidaron su dominio territorial. Sin embargo, fracasaron en su intento de tomar ciudades clave como Bilbao. La muerte de Zumalacárregui durante el sitio de Bilbao (1835) marcó un punto de inflexión. A partir de entonces, a pesar de algunas expediciones carlistas audaces (como la Expedición Real de 1837 que llegó a las puertas de Madrid), la superioridad militar y económica del bando isabelino se fue imponiendo. La división interna entre los carlistas (transaccionistas, partidarios de un acuerdo, e intransigentes) también debilitó su causa.
• Finalización: La guerra terminó en el frente norte con el Convenio o Abrazo de Vergara (agosto de 1839), firmado entre el general isabelino Espartero y el general carlista Maroto. En este acuerdo:
• Se reconocían los empleos y grados militares de los oficiales carlistas que aceptaran la Constitución.
• Espartero se comprometía a recomendar al gobierno el mantenimiento o modificación de los fueros vascos y navarros.
• Aunque Cabrera resistió en el Maestrazgo hasta mayo de 1840, el Abrazo de Vergara significó el fin de la Primera Guerra Carlista. Don Carlos marchó al exilio.

Consecuencias:

• Consolidación de Isabel II en el trono y del régimen liberal (aunque moderado).
• Elevado coste humano y económico.
• Protagonismo de los militares (Espartero, Narváez, O'Donnell) en la vida política española durante décadas.
• Persistencia del problema carlista: el descontento de los sectores intransigentes y la cuestión foral provocarían futuras guerras carlistas en el siglo XIX.

La Evolución Política durante la Regencia de María Cristina (1833-1840)

A la muerte de Fernando VII, su viuda María Cristina asumió la regencia en nombre de su hija Isabel II. Para hacer frente a la sublevación carlista, se vio obligada a buscar el apoyo de los liberales, iniciando una transición controlada desde el absolutismo hacia un liberalismo moderado.

Gobierno de Cea Bermúdez (Absolutista Moderado): Inicialmente, María Cristina mantuvo al frente del gobierno a Cea Bermúdez, un absolutista reformista que solo propuso cambios administrativos, insuficientes para atraer a los liberales.

El Estatuto Real (1834): Ante la presión liberal y las necesidades de la guerra, María Cristina sustituyó a Cea Bermúdez por el liberal moderado Martínez de la Rosa. Este elaboró el Estatuto Real de 1834. No era una Constitución (porque no emanaba de la soberanía nacional, sino que era una concesión de la Corona, una Carta Otorgada), sino una ley fundamental que regulaba la organización de las Cortes y su relación con el rey.

• Características del Estatuto Real:
• Establecía unas Cortes bicamerales, inspiradas en el modelo inglés:
• Estamento de Próceres: Cámara alta, formada por Grandes de España y miembros designados por la Corona con carácter vitalicio (alta jerarquía eclesiástica, nobleza, grandes propietarios).
• Estamento de Procuradores: Cámara baja, elegida mediante sufragio censitario muy restringido (solo votaba menos del 1% de la población).
• Las Cortes tenían funciones muy limitadas: solo podían legislar a propuesta de la Corona y no tenían iniciativa legislativa. Su función principal era votar los impuestos.
• El Rey conservaba amplísimos poderes: convocaba y disolvía las Cortes, nombraba ministros, tenía iniciativa legislativa exclusiva y derecho de veto absoluto sobre las leyes aprobadas por las Cortes.
• No reconocía la soberanía nacional ni contenía una declaración de derechos.

El Estatuto Real resultó insuficiente para los liberales progresistas, que reclamaban una verdadera Constitución basada en la soberanía nacional y mayores libertades, inspirándose en la de 1812. Además, la situación económica era crítica debido a la guerra carlista y la ruina de la Hacienda.

Gobierno de Mendizábal y la Desamortización (1835-1836): En 1835, la presión progresista y la necesidad urgente de fondos para la guerra llevaron a María Cristina a nombrar jefe de gobierno al liberal progresista Juan Álvarez Mendizábal. Su principal medida fue la desamortización de los bienes del clero regular (conventos y monasterios) en 1836. Los objetivos eran:

• Obtener recursos financieros para sufragar los gastos de la guerra carlista.
• Crear una base social de propietarios (burgueses y nobles) que apoyaran al régimen liberal.
• Debilitar el poder económico de la Iglesia, considerada uno de los principales apoyos del carlismo.

La desamortización de Mendizábal consiguió fondos para la guerra y consolidó la propiedad privada, pero también provocó la oposición frontal de la Iglesia y no benefició a los campesinos, ya que las tierras fueron compradas principalmente por nobles y burgueses adinerados, consolidando una estructura agraria latifundista en muchas zonas.

Los Sucesos de La Granja y la Constitución de 1837: El giro conservador de María Cristina, que destituyó a Mendizábal y nombró un gobierno moderado, provocó el descontento de los progresistas. En agosto de 1836, un grupo de sargentos se sublevó en el Palacio de La Granja (Segovia), donde se encontraba la regente, obligándola a restablecer provisionalmente la Constitución de 1812 y a nombrar un gobierno progresista presidido por Calatrava, con Mendizábal como ministro de Hacienda.

Este nuevo gobierno convocó Cortes Constituyentes para reformar la Constitución de 1812. El resultado fue la Constitución de 1837, que intentaba ser un texto de consenso entre moderados y progresistas:

• Características de la Constitución de 1837:
• Proclamaba la soberanía nacional (aunque de forma menos enfática que en 1812).
• Establecía una división de poderes más equilibrada que en el Estatuto Real, pero dando más poder al Rey que en 1812.
• Introducía unas Cortes bicamerales:
• Congreso de los Diputados: Elegido por sufragio censitario directo (más amplio que en el Estatuto Real, pero aún restringido).
• Senado: Cámara alta de carácter más conservador, con senadores nombrados por el rey a partir de una lista triple votada por los electores.
• El Rey tenía poder ejecutivo, compartía la iniciativa legislativa con las Cortes y tenía derecho de veto absoluto sobre las leyes. Podía disolver el Congreso.
• Incluía una declaración de derechos individuales similar a la de 1812 (libertad de imprenta, igualdad ante la ley, etc.).
• Restablecía la Milicia Nacional.
• Establecía la confesionalidad católica del Estado, pero se comprometía a mantener el culto y el clero.

La Constitución de 1837 consolidó el régimen liberal constitucional, pero también evidenció la profunda división entre las dos principales familias del liberalismo español:

• Moderados: Liderados por figuras como Ramón María Narváez. Defendían la soberanía compartida (Rey y Cortes), un sufragio censitario muy restringido, el fortalecimiento del poder real, la limitación de los derechos individuales (especialmente la libertad de prensa y reunión), un Estado centralizado y el apoyo a la Iglesia Católica. Su base social era la alta burguesía, la aristocracia terrateniente y altos mandos militares.
• Progresistas: Liderados por figuras como Baldomero Espartero o Mendizábal. Defendían la soberanía nacional, un sufragio censitario más amplio, la limitación del poder real, la ampliación de los derechos y libertades, el fortalecimiento de la Milicia Nacional y una política anticlerical (desamortización). Su base social eran las clases medias urbanas, artesanos, pequeños comerciantes y parte del ejército.

La pugna entre moderados y progresistas, a menudo resuelta mediante pronunciamientos militares, marcaría la dinámica política durante gran parte del reinado de Isabel II.

La Regencia de Espartero (1840-1843)

Tras la victoria en la Primera Guerra Carlista, el general Baldomero Espartero, héroe del Abrazo de Vergara, se convirtió en la figura política más popular y poderosa del país, líder indiscutible del Partido Progresista.

El enfrentamiento entre Espartero y la regente María Cristina se agudizó a raíz de la Ley de Ayuntamientos de 1840, impulsada por el gobierno moderado. Esta ley pretendía que los alcaldes fueran designados por el gobierno central, en lugar de ser elegidos por los vecinos, lo que suponía un ataque a uno de los pilares del poder progresista a nivel local. Las protestas y levantamientos progresistas en diversas ciudades, apoyados por Espartero, forzaron la renuncia de María Cristina a la regencia y su marcha al exilio en octubre de 1840.

Las Cortes eligieron entonces a Espartero como Regente único (mayo de 1841), iniciándose un periodo de gobierno liberal progresista.

Gobierno Progresista: Durante su regencia, Espartero intentó aplicar el programa progresista:

• Volvió a las reformas iniciadas en 1836-1837.
• Apoyó a la Milicia Nacional.
• Reactivó la desamortización de bienes eclesiásticos (esta vez afectando al clero secular).
• Intentó ampliar el cuerpo electoral.

Oposición y Caída: Sin embargo, el gobierno de Espartero pronto encontró una fuerte oposición:

• Los Moderados: Liderados por Narváez desde el exilio, conspiraban continuamente contra el regente.
• La Iglesia: Se oponía frontalmente a las medidas desamortizadoras.
• Sectores Progresistas: El propio partido progresista se dividió. El estilo de gobierno de Espartero, considerado autoritario y personalista (gobernaba rodeado de su camarilla de militares, los"ayacucho"), generó descontento entre muchos líderes civiles progresistas.
• Empresarios Catalanes: La política librecambista de Espartero, que firmó un acuerdo comercial con Reino Unido en 1842 que perjudicaba a la industria textil catalana (al facilitar la entrada de tejidos británicos más baratos), provocó una fuerte oposición de los industriales catalanes, que defendían el proteccionismo.

Esta oposición culminó en la sublevación de Barcelona en 1842. Espartero respondió ordenando el bombardeo de la ciudad, lo que le hizo perder gran parte de su popularidad y unió a moderados y a parte de los progresistas en su contra.

En 1843, una coalición de moderados y progresistas disidentes, liderada militarmente por Narváez y Serrano, protagonizó un pronunciamiento que derrotó a las tropas leales a Espartero. La consecuencia fue la renuncia y huida de Espartero a Londres.

Ante el vacío de poder y para evitar una nueva regencia, las Cortes decidieron adelantar la mayoría de edad de Isabel II, que fue proclamada reina a los trece años en noviembre de 1843.

El Reinado Efectivo de Isabel II (1843-1868)

La Década Moderada (1844-1854)

Tras la caída de Espartero y la proclamación de la mayoría de edad de Isabel II (con solo 13 años), el poder pasó a manos del Partido Moderado, liderado por el general Ramón María Narváez, quien dominaría la escena política durante los siguientes diez años.

Los progresistas quedaron relegados a la oposición, a menudo recurriendo a pronunciamientos fallidos. El objetivo del régimen moderado era construir un Estado liberal conservador, basado en los principios del orden, la propiedad, el centralismo y el catolicismo.

Bases del Gobierno Moderado:

• Limitación de libertades: Se restringieron derechos como la libertad de prensa y reunión.
• Refuerzo del poder de la Corona: Se buscó un equilibrio que favoreciera al monarca frente a las Cortes.
• Centralización del Estado: Se buscó uniformizar la administración y eliminar particularismos locales.

Principales Realizaciones:

• Constitución de 1845: Sustituyó a la de 1837. Era una constitución claramente moderada:
• Establecía la soberanía compartida entre el Rey y las Cortes.
• Reforzaba los poderes de la Corona (iniciativa legislativa, veto absoluto, nombramiento de ministros y senadores).
• Mantenía las Cortes bicamerales, pero el Senado se hizo más aristocrático y dependiente del rey. El sufragio para elegir el Congreso se restringió aún más (sufragio censitario muy limitado, votaba menos del 1% de la población).
• Limitaba los derechos individuales, especialmente la libertad de imprenta.
• Suprimía la Milicia Nacional.
• Declaraba la confesionalidad católica del Estado.
• Reforma de la Administración Local (Ley de Ayuntamientos de 1845): Establecía que los alcaldes de las capitales de provincia y municipios de más de 2.000 habitantes serían designados por la Corona (el gobierno), y los de municipios más pequeños por el gobernador civil. Esto reforzaba el control del gobierno central sobre los municipios.
• Creación de la Guardia Civil (1844): Cuerpo armado de naturaleza militar dependiente del gobierno, destinado a mantener el orden público, especialmente en las zonas rurales, y proteger la propiedad.
• Reforma Fiscal (Ley Mon-Santillán, 1845): Intentó modernizar y racionalizar el sistema tributario, simplificando los impuestos y creando contribuciones directas (sobre inmuebles, cultivos y ganadería, y subsidio industrial y de comercio) e indirectas (impuesto sobre consumos, muy impopular).
• Reforma Educativa (Plan Pidal, 1845): Estableció un sistema educativo nacional centralizado y dividido en tres niveles (primaria, secundaria y superior).
• Concordato con la Santa Sede (1851): Recompuso las relaciones con la Iglesia Católica, rotas por las desamortizaciones. El Estado reconocía la confesionalidad católica, se comprometía a sostener el culto y el clero, y paralizaba la venta de bienes eclesiásticos desamortizados. A cambio, la Santa Sede reconocía a Isabel II y aceptaba las ventas de bienes ya realizadas.
• Código Penal (1848) y Proyecto de Código Civil (1851): Intentos de unificar la legislación.

A pesar de la estabilidad aparente, el régimen moderado se fue desgastando debido a:

• Su carácter excluyente y represivo hacia los progresistas.
• La corrupción política y económica, a menudo vinculada a escándalos financieros y concesiones ferroviarias.
• Las divisiones internas dentro del propio Partido Moderado.
• El descontento social por la crisis económica y el impopular impuesto de consumos.
• El escandaloso matrimonio de Isabel II y las intrigas palaciegas.

El Bienio Progresista (1854-1856)

El desgaste del régimen moderado, la corrupción y el autoritarismo de los últimos gobiernos culminaron en una revolución en 1854, que tuvo dos fases:

1. Pronunciamiento Militar: Iniciado en Vicálvaro (Madrid) por un grupo de militares moderados puritanos (descontentos con la corrupción) y algunos progresistas, liderados por el general Leopoldo O'Donnell. El enfrentamiento con las tropas gubernamentales (la Vicalvarada) tuvo un resultado incierto.
2. Insurrección Popular: Para ganar apoyo, los sublevados publicaron el Manifiesto de Manzanares (redactado por Cánovas del Castillo), un programa político con promesas progresistas (reforma electoral, bajada de impuestos, restauración de la Milicia Nacional, descentralización). Esto provocó levantamientos populares y la formación de juntas revolucionarias en ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia.

Solución de la Revolución: Ante la extensión de la revuelta, Isabel II no tuvo más remedio que llamar al poder al viejo líder progresista, Espartero, que regresó del exilio. Se formó un gobierno de coalición presidido por Espartero, con O'Donnell como ministro de la Guerra, inaugurando el Bienio Progresista.

Reformas del Bienio:

• Se restauraron principios progresistas: se restableció la Milicia Nacional y la Ley Municipal progresista.
• Se convocaron Cortes Constituyentes para elaborar una nueva constitución de corte liberal progresista (la Constitución de 1856), que incluía la soberanía nacional, amplios derechos y libertades, y tolerancia religiosa. Sin embargo, esta constitución nunca llegó a promulgarse (fue ).
• Desamortización General de Madoz (1855): Fue la desamortización más importante. Afectó no solo a los bienes eclesiásticos que quedaban sin vender, sino también, y principalmente, a los bienes de propios y comunes de los Ayuntamientos (tierras municipales). El objetivo era obtener fondos para la Hacienda y para financiar la construcción del ferrocarril. Tuvo graves consecuencias para los campesinos más pobres, que perdieron el acceso a estas tierras comunales.
• Ley General de Ferrocarriles (1855): Impulsó la construcción de la red ferroviaria española, atrayendo inversión extranjera (principalmente francesa) pero con condiciones muy favorables para las compañías concesionarias.
• Legislación económica liberalizadora (Ley de Sociedades Bancarias y Crediticias).

Crisis y Fin del Bienio: El Bienio Progresista fue un periodo de gran agitación política y social:

• Conflictividad social: Hubo huelgas obreras (como la primera huelga general en Barcelona en 1855), motines campesinos y levantamientos carlistas.
• Crisis económica: Malas cosechas y crisis de subsistencias.
• Inestabilidad política: Enfrentamientos entre el ala más radical del progresismo (demócratas) y el sector más moderado liderado por O'Donnell. La propia coalición entre Espartero y O'Donnell se rompió.

Aprovechando la creciente conflictividad social y la división entre los progresistas, O'Donnell dio un golpe de Estado en julio de 1856, enfrentándose a la Milicia Nacional (que apoyaba a Espartero). Venció, Espartero se retiró de la política e Isabel II nombró a O'Donnell nuevo jefe de gobierno, poniendo fin al Bienio Progresista.

El Gobierno de la Unión Liberal y Crisis Final del Reinado (1856-1868)

Tras la caída de Espartero, se inició un periodo de relativa estabilidad política dominado por la figura de Leopoldo O'Donnell y su nuevo partido, la Unión Liberal. Este partido intentaba ser una opción centrista entre moderados y progresistas, agrupando a los sectores más moderados del progresismo y los más abiertos del moderantismo.

Gobierno Largo de O'Donnell (1858-1863):

• Política Interior: Se restableció la Constitución moderada de 1845, aunque con un Acta Adicional que introducía algunos principios más liberales (que luego fue suprimida). Se mantuvo una política moderada en lo esencial, pero con algunas reformas progresistas de carácter técnico y económico. Hubo una cierta estabilidad política y expansión económica (favorecida por la coyuntura internacional y las inversiones en ferrocarril).
• Política Exterior Activa y de Prestigio: Para desviar la atención de los problemas internos y fomentar un sentimiento nacionalista, O'Donnell embarcó a España en una serie de intervenciones militares en el exterior:
• Guerra de Marruecos (1859-1860): Obtuvo una victoria militar (toma de Tetuán) que aumentó la popularidad del gobierno, pero con escasos beneficios territoriales.
• Expedición a Indochina (1858-1862): Junto a Francia, para proteger a misioneros católicos.
• Intervención en México (1861-1862): Junto a Francia y Reino Unido, para exigir el pago de la deuda. España se retiró pronto.
• Estas intervenciones, aunque costosas en vidas humanas y dinero, no consiguieron grandes éxitos duraderos pero sí aumentaron temporalmente el fervor popular (nacionalismo) y el prestigio del gobierno.

Crisis Final del Reinado (1863-1868):

A partir de 1863, el sistema isabelino entró en una crisis irreversible:

• Inestabilidad Política: Caída de O'Donnell y alternancia en el gobierno entre moderados (Narváez) y unionistas, con una creciente marginación de los progresistas, que optaron por el retraimiento electoral y la vía conspirativa.
• Crisis Económica (a partir de 1866): Una grave crisis financiera (quiebra de bancos y compañías ferroviarias), industrial (crisis textil por la Guerra de Secesión de EEUU) y de subsistencias (malas cosechas) aumentó el malestar social.
• Desgaste de la Monarquía: El desprestigio de Isabel II por su vida privada y su constante interferencia en la política, siempre a favor de los moderados más conservadores, la alejó de gran parte de la opinión pública y de las fuerzas políticas.
• Oposición Creciente:
• Carlistas: Seguían activos, aunque con menos fuerza.
• Campesinos: Descontentos por las malas cosechas, la desamortización de bienes comunales y la represión ejercida por la Guardia Civil.
• Progresistas y Demócratas: El Partido Demócrata (surgido en 1849 como escisión radical del progresismo) defendía el sufragio universal masculino, derechos más amplios e incluso la república. Ante la imposibilidad de acceder al poder por vías legales, progresistas y demócratas firmaron el Pacto de Ostende (Bélgica, 1866), un acuerdo para derrocar a Isabel II y convocar Cortes Constituyentes por sufragio universal para decidir la futura forma de gobierno (monarquía o república).
• Unionistas: Tras la muerte de O'Donnell en 1867, muchos unionistas (liderados por Serrano) se sumaron al Pacto de Ostende en 1868, dejando a la reina prácticamente sin apoyos políticos ni militares.

La represión de protestas estudiantiles (Noche de San Daniel, 1865) y el fusilamiento de sargentos sublevados en el cuartel de San Gil (1866) aumentaron la impopularidad del régimen.

Finalmente, en septiembre de 1868, un pronunciamiento militar iniciado en Cádiz por el almirante Topete, al que se unieron los generales Prim (progresista) y Serrano (unionista), desencadenó la Revolución Gloriosa. Tras la derrota de las tropas leales a la reina en la batalla del Puente de Alcolea, Isabel II huyó de España, abriéndose un nuevo periodo en la historia de España: el Sexenio Democrático (1868-1874).