La España Liberal: Regencia de María Cristina y la Primera Guerra Carlista

La España Liberal: La Regencia de María Cristina y la Primera Guerra Carlista (1833-1840)

El reinado de Fernando VII, antes de su fallecimiento, estuvo marcado por una decisión trascendental: la reafirmación de su hija Isabel como heredera al trono. Esta determinación generó profundos problemas con el supuesto heredero legítimo según la Ley Sálica: su hermano Carlos María Isidro.

La Primera Guerra Carlista (1833-1840)

Este acontecimiento desencadenó la Primera Guerra Carlista en España. La regente, María Cristina de Borbón, consciente de la debilidad de la causa isabelina, decidió buscar apoyo en los sectores liberales. El conflicto bélico se desarrolló entre 1833 y 1840.

En una primera instancia, el bando carlista, comandado por el general Tomás de Zumalacárregui, consiguió conquistar importantes territorios por el norte de la península. Sin embargo, tras la muerte de Zumalacárregui, la balanza de la guerra se fue decantando hacia el bando liberal, dirigido por el general Baldomero Espartero, quien obtuvo victorias clave como la de Luchana en 1836. Tras diversos intentos expedicionarios carlistas fracasados, la guerra culminó con la firma del Convenio de Vergara en 1839, que selló la paz y la integración de gran parte de las tropas carlistas en el ejército liberal.

Paralelamente al progreso bélico, el bando isabelino llevó a cabo un desmantelamiento jurídico del Antiguo Régimen, sentando las bases para la consolidación de una nueva estructura social y el principio fundamental de la propiedad individual.

La Transición Política y las Reformas Liberales

El Consejo de Gobierno Asesor y las Primeras Reformas

En su testamento, el rey Fernando VII había establecido la creación de un Consejo de Gobierno Asesor, compuesto por absolutistas moderados, con el fin de guiar a la regente. El presidente de dicho consejo fue Francisco Cea Bermúdez. Este consejo, aunque defensor del absolutismo, solo propuso reformas administrativas, como la notable división provincial de España realizada por Javier de Burgos en 1833. Debido a la insuficiencia de estas reformas, algunos asesores reales y militares aconsejaron a la Reina Regente que nombrara un gobierno de corte más liberal.

El Gobierno Liberal Moderado: El Estatuto Real de 1834

Este nuevo gobierno estuvo presidido por Francisco Martínez de la Rosa, un liberal moderado. La reforma más relevante de su mandato fue la promulgación del Estatuto Real de 1834, una Carta Otorgada que, aunque no era una constitución plena, representaba un conjunto de reglas fundamentales. Este estatuto intentó adaptarse a los nuevos tiempos, creando unas nuevas Cortes. Estas Cortes eran bicamerales, compuestas por el Estamento de Próceres y el Estamento de Procuradores; no obstante, la Corona seguía manteniendo un considerable poder.

La Ascensión Progresista y la Constitución de 1837

Sin embargo, estos cambios resultaron insuficientes para algunos sectores liberales más avanzados. El liberalismo acabó por dividirse en dos grandes facciones: los moderados (apoyados principalmente por la Corona y las élites) y los progresistas (respaldados por las clases populares y la burguesía emergente). Estos últimos, cada vez más fuertes, lograron, mediante una serie de revueltas urbanas, la creación de las Juntas. Estas forzaron a la reina a nombrar al progresista Juan Álvarez Mendizábal como jefe de gobierno.

El nuevo presidente comenzó una serie de reformas ambiciosas, pero cuando decretó la desamortización de los bienes eclesiásticos, la regente, presionada por los estamentos privilegiados, destituyó a Mendizábal. Ante esta decisión, se propagaron nuevamente revueltas en muchas ciudades, que clamaban por la vuelta de la Constitución de 1812. La Reina Regente, presionada por el levantamiento de los sargentos de la guarnición de La Granja, juró la Constitución de 1812 mientras se redactaba una nueva carta magna.

La Reforma Agraria y la Constitución de 1837

Durante los meses siguientes, los progresistas intentaron implantar el tan ansiado régimen liberal, apoyándose en una profunda reforma agraria (iniciada en 1837) sustentada en tres pilares fundamentales:

• La disolución del Régimen Señorial.
• La desvinculación (supresión de los mayorazgos).
• La desamortización.

A su vez, convocaron Cortes extraordinarias para redactar una nueva Constitución, la cual fue aprobada en junio de 1837. En ella se trataron temas controvertidos con el objetivo de lograr la aceptación de todos los partidos liberales. La Constitución de 1837 se vinculaba con la soberanía nacional, estableciendo un sistema más flexible y consensuado que su predecesora de 1812, buscando un equilibrio entre el poder de la Corona y el de las Cortes.