España entre Dictadura y República: Un Recorrido Histórico (1923-1936)

La Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)

En septiembre de 1923, ante la grave crisis que atravesaba el régimen de la Restauración por la gran inestabilidad política (desprestigiados los partidos del turno y con los movimientos nacionalistas y el republicanismo en alza), la enorme conflictividad social (especialmente violenta en Cataluña) y el descontento del Ejército por la cuestión marroquí (Desastre de Annual y la cuestión de las responsabilidades con el Expediente Picasso), el general Primo de Rivera dio un golpe de Estado que puso fin al régimen constitucional en connivencia con el rey Alfonso XIII.

El Directorio Militar (1923-1925)

Tras el golpe de Estado, se estableció un gobierno presidido por Primo de Rivera y compuesto exclusivamente por militares. Es el conocido como Directorio Militar (1923-1925). La alta burguesía, las clases medias y el Ejército contemplaron la dictadura, que se presentaba además con planteamientos regeneracionistas, como una solución excepcional y transitoria. Solo anarquistas y comunistas se opusieron, frente a la pasividad o indiferencia mostrada por los socialistas.

• Las Cortes fueron disueltas y se suspendió la Constitución (sin derogarla) y las garantías constitucionales.
• Se estableció la censura y se prohibieron las actividades de los partidos políticos.
• El restablecimiento del orden público fue una prioridad, militarizando y extendiendo a todo el territorio la institución catalana del Somatén (organización cívica de carácter parapolicial).
• Para acabar con el caciquismo, los ayuntamientos y diputaciones fueron disueltos y sus miembros sustituidos por personas afines al régimen.
• En 1924 se creó la Unión Patriótica, una especie de partido único gubernamental, sin un programa ideológico definido, que debía aportar el personal político que necesitaba la dictadura.
• Frente al que consideraba nacionalismo separatista, actuó con dureza: se disolvió la Mancomunidad de Cataluña y se prohibió el uso del catalán en actos oficiales, aunque el hecho de haber restablecido el orden público le permitió contar con el apoyo del catalanismo moderado.
• La resolución del conflicto marroquí fue uno de los mayores éxitos: un potente ejército, en colaboración con Francia, desembarcó en septiembre de 1925 en la bahía de Alhucemas y se inició una gran ofensiva que, tras la rendición de Abd el-Krim, culminó con la victoria española en la Guerra del Rif.

El Directorio Civil (1925-1930)

A finales de 1925, solucionados los problemas que habían justificado el golpe y gozando de una gran popularidad, Primo de Rivera decidió transformar el gobierno militar incluyendo hombres civiles: fue el Directorio Civil (1925-1930). El objetivo era institucionalizar la dictadura.

• En 1927 se convocó la Asamblea Nacional Consultiva, un pseudoparlamento con miembros designados por el gobierno, que inició los trámites para la elaboración de una Constitución autoritaria que nunca llegó a promulgarse.
• La política económica de la dictadura, beneficiada por una coyuntura internacional muy favorable, se caracterizó por el gran intervencionismo estatal con obras públicas para mejorar las infraestructuras (carreteras, ferrocarriles, embalses, etc.), un fuerte proteccionismo y la concesión de amplios monopolios (CAMPSA, Telefónica, etc.).
• La política sociolaboral se llevó a cabo sobre la base de una concepción paternalista del Estado y la incorporación de elementos del corporativismo fascista italiano. El movimiento obrero radical (comunistas y anarquistas) fue reprimido; la UGT colaboró y por ello se le permitió mantener su organización.
• En 1926 se creó la Organización Corporativa Nacional, que se basaba en los comités paritarios (órganos de arbitraje entre obreros y patronos, con la intervención del gobierno). La extensión de los sistemas de protección social y la prosperidad económica contribuyeron a la disminución de la conflictividad social.

Declive y Fin de la Dictadura

A pesar de sus logros, la dictadura fue perdiendo respaldo social. Nacida con voluntad de ser un paréntesis, su propia continuidad la encaminaba a un callejón sin salida. La Unión Patriótica carecía de popularidad; periodistas, intelectuales y estudiantes criticaban la falta de libertades; los nacionalismos y el republicanismo se fortalecían; el movimiento obrero fue posicionándose ya abiertamente en su contra.

En enero de 1930, Primo de Rivera, enfermo y privado de todos sus apoyos, incluido el del Ejército y el propio rey, presentó su renuncia y se marchó del país. Le sustituyó el general Berenguer con el encargo de retornar a la normalidad constitucional en lo que popularmente se conoció como la «dictablanda». Definitivamente, la dictadura no había servido para solucionar la crisis del régimen de la Restauración y, además, la monarquía había quedado completamente desprestigiada por haberla apoyado. La oposición política centró ya sus esfuerzos en derribarla y establecer una república.

La Proclamación de la II República y el Periodo Constituyente (1931)

El 14 de abril de 1931 se proclamó la II República Española. El fin de la monarquía se había producido y había sido consecuencia del propio deterioro del régimen de la Restauración y de haber quedado definitivamente desprestigiada por el apoyo de Alfonso XIII a la dictadura de Primo de Rivera.

El Fin de la Monarquía y el Pacto de San Sebastián

En enero de 1930, Primo de Rivera dimitió. El rey encargó al general Dámaso Berenguer la formación de un nuevo gobierno y la vuelta al sistema parlamentario, pero la lentitud con la que lo abordó, popularmente conocida como «dictablanda», exasperó a la oposición. El republicanismo experimentó un gran crecimiento entre clases medias, intelectuales y estudiantes, e incluso en el movimiento obrero.

En agosto de 1930, partidos republicanos de diferentes tendencias —incluidos nacionalistas catalanes y gallegos— sellaron el Pacto de San Sebastián, comprometiéndose a colaborar para derribar la monarquía y formar un gobierno provisional de la república. Se estableció un comité revolucionario, encabezado por el republicano conservador Alcalá-Zamora, encargado de organizar el levantamiento contactando con militares y líderes obreros. En octubre se adhirió el PSOE y poco después la CNT. Tras el fracaso de dos intentonas militares en diciembre —la de Jaca y la del aeródromo de Cuatro Vientos—, la mayor parte del comité revolucionario fue detenido. El consejo de guerra contra ellos se convirtió en un alegato a favor de la república, con movilizaciones de intelectuales, partidos políticos y sindicatos.

Las Elecciones Municipales y la Proclamación

Berenguer, ante el descontento generalizado, dimitió en febrero de 1931 y Alfonso XIII colocó al almirante Aznar al frente de un gobierno de concentración monárquica que, para reencauzar la situación, convocó elecciones municipales el 12 de abril. Republicanos y socialistas decidieron concurrir unidos en coalición y plantearlas como un plebiscito entre monarquía y república.

La conjunción republicano-socialista logró la victoria en las principales ciudades, donde el caciquismo era menos eficaz. El día 13, al conocerse los resultados, estalló el júbilo popular; ya el 14 de abril, el ayuntamiento de Eibar proclamó la República y en Barcelona, Macià —líder de ERC— proclamó la «República Catalana dentro de la Federación Ibérica».

El Gobierno Provisional y las Primeras Reformas

Empezaba una nueva etapa cargada de esperanzas. Aunque los sectores conservadores la acogieron con recelo, o incluso con hostilidad, para amplios sectores de la población la República significaba un cambio que, con planteamientos democráticos y modernizadores, iba a abordar los problemas del país: el problema social, la cuestión agraria, las relaciones Iglesia-Estado y la secularización de la vida civil, el problema regional y la redefinición del Estado, los problemas del Ejército, el atraso cultural y educativo, etc. Sin embargo, el nuevo régimen nacía en un contexto internacional muy desfavorable por la crisis económica mundial de los años 30 y, en el plano político, por la crisis de las democracias liberales y el ascenso tanto del fascismo como del comunismo.

El gobierno provisional acometió reformas con carácter de urgencia, aprobadas por decreto, y convocó elecciones a Cortes Constituyentes el 28 de junio. Para su celebración se modificó la ley electoral de 1907:

• Las Cortes —unicamerales— se elegirían por sufragio universal masculino (las mujeres podrían ser candidatas, pero no votar).
• Para luchar contra el caciquismo, se sustituyeron los distritos uninominales por circunscripciones provinciales y se derogó la elección automática en lugares con solo una candidatura.

Tras una campaña marcada por la abstención anarquista y la desorganización de la derecha, la coalición de republicanos y socialistas obtuvo una aplastante mayoría. El PSOE logró 116 diputados. La formación de gobierno quedó en manos de la coalición vencedora, que ratificó al gobierno provisional, mientras que una comisión abordó la elaboración del proyecto constitucional.

Las reformas emprendidas fueron muchas. Como anticipo de una futura ley de reforma agraria, para paliar la miseria de los jornaleros se tomaron medidas:

• Decreto de Laboreo Forzoso, que obligaba a los terratenientes a roturar sus tierras.
• Decreto de Términos Municipales, que daba preferencia a los trabajadores locales frente a los de otros municipios.
• Se protegió también a los campesinos arrendatarios, se establecieron seguros de accidentes y la jornada laboral de ocho horas.

Todo esto suscitó una gran oposición de los terratenientes que ya desde un primer momento se mostraron hostiles hacia el gobierno y la propia República.

La Constitución de 1931

En agosto comenzaron los debates sobre los artículos de la Constitución. La mayoría republicana y socialista permitió elaborarla de forma rápida, pero al ser de izquierda fue rechazada por la opinión pública conservadora y la derecha no republicana. Fue finalmente aprobada el 9 de diciembre.

La Constitución establecía que España era «una República democrática de trabajadores de toda clase». Todos los poderes emanaban del pueblo. A continuación, desarrollaba una declaración de derechos y libertades no solo individuales y colectivos, sino también de carácter económico, familiar y cultural. Todos tenían derecho a la educación y el trabajo era una obligación social protegida por ley. Asimismo, proclamaba la subordinación de la propiedad privada al interés público, contemplándose la posibilidad de expropiación. Se reconocía el matrimonio civil y el divorcio.

Entre los aspectos más novedosos destacaba el sufragio universal, por primera vez, también femenino. Este asunto fue objeto de intenso debate, al temer parte de la izquierda que el voto de las mujeres pudiera inclinar el resultado electoral hacia la derecha por la capacidad de influencia de la Iglesia sobre ellas.

Se establecía una clara división de poderes:

• El legislativo correspondía en exclusiva a las Cortes unicamerales.
• Para el poder ejecutivo, el presidente de la República nombraba al jefe de gobierno y, a propuesta de este, a los ministros, que debían ser ratificados por las Cortes.
• El poder judicial era totalmente independiente, con un Tribunal de Garantías Constitucionales como máximo organismo jurisdiccional.

La jefatura del Estado correspondía al presidente de la República, elegido por los ciudadanos y con unas competencias limitadas y controladas por la cámara. En lo relativo a la articulación territorial del Estado, aunque España se consideraba un Estado integral, se establecía la posibilidad de que varias provincias se constituyesen como región autónoma, mediante un Estatuto de Autonomía aprobado por las Cortes. La Constitución recogía las competencias que podían ser transferidas.

La «cuestión religiosa» fue polémica y suscitó los más encendidos debates. Se estableció la no confesionalidad del Estado y la libertad de conciencia y cultos. Desaparecía el presupuesto al clero y al culto, se disolverían las órdenes que no obedeciesen al Estado (la Compañía de Jesús) y se prohibía a las congregaciones religiosas el ejercicio de la enseñanza, la industria y el comercio. En conjunto, la Constitución de 1931 era una de las más avanzadas de la época, con un talante claramente progresista y de izquierda. Las autonomías y el voto femenino no fueron aceptados por todos los sectores, pero sobre todo por el tratamiento dado a la religión católica fue radicalmente rechazada por la Iglesia y por la derecha más conservadora.

El Bienio Reformista (1931-1933)

Tras la promulgación de la Constitución en diciembre de 1931, Alcalá-Zamora fue elegido presidente de la Segunda República. El gobierno provisional dio paso al primer gobierno ordinario, presidido por Manuel Azaña y formado únicamente por republicanos de izquierda, socialistas y nacionalistas catalanes y gallegos. En la línea de lo iniciado en el periodo constituyente, se impulsó un ambicioso programa de reformas y por ello se le conoce como Bienio Reformista.

Reformas Sociolaborales

Las reformas se orientaron a mejorar las condiciones de los trabajadores:

• Se estableció la semana laboral de 40 horas.
• La Ley de Jurados Mixtos creó comités de trabajadores y empresarios con funciones de arbitraje vinculante.
• La Ley de Asociaciones Obreras reguló los sindicatos.
• Con la Ley de Contratos de Trabajo se potenció la negociación colectiva.

Estas disposiciones, en la línea del sindicalismo socialista de la UGT, suscitaron la oposición tanto de los empresarios como de la CNT, partidaria de la acción revolucionaria.

La Reforma Agraria

En el campo, la reforma agraria se convirtió en un asunto fundamental. Se pretendía acabar con la miseria del campesinado y modernizar la economía. La Ley de Reforma Agraria de 1932 se basaba en expropiar, con indemnización (salvo a Grandes de España), latifundios mal explotados y repartir las tierras entre campesinos. Para su ejecución se creó el Instituto de Reforma Agraria (IRA). La falta de medios, la complejidad del proceso y la resistencia de los terratenientes hicieron muy lenta su aplicación, decepcionando a un campesinado que, en ocasiones, ocupó fincas ilegalmente y se produjeron disturbios.

Política Educativa

La política educativa trató de garantizar el derecho a la educación y que esta fuese, además de obligatoria y gratuita, mixta y laica, lo que levantó la oposición de la Iglesia y los católicos más conservadores. El mayor esfuerzo se centró en la enseñanza primaria con la intención de crear miles de escuelas y plazas de maestros con mejores sueldos, aunque por problemas económicos no se llevó a cabo todo lo previsto. Uno de los instrumentos más eficaces de divulgación cultural en el medio rural fueron las Misiones Pedagógicas.

Política Autonómica

En 1932, las Cortes aprobaron el Estatuto de Autonomía de Cataluña. La Generalitat, como gobierno autónomo, contaba con amplias competencias y Macià fue elegido President. La tramitación del Estatuto para el País Vasco y Navarra resultó más problemática, ya que el proyecto, tradicionalista y poco democrático, fue rechazado. La concesión de autonomías suscitó la oposición de la derecha y especialmente del Ejército al considerar amenazada la unidad de la patria.

Política Religiosa

En materia religiosa se desarrollaron los principios secularizadores de la Constitución para limitar la influencia social de la Iglesia. Con leyes como la del Divorcio o la de Confesiones y Congregaciones Religiosas se permitió el divorcio y el matrimonio civil, se suprimió la dotación presupuestaria al culto y clero, se prohibió la enseñanza a las órdenes religiosas, se secularizaron los cementerios, se disolvió la Compañía de Jesús y se eliminaron símbolos religiosos en edificios públicos. La cuestión religiosa creó al régimen muchos enemigos, ya que la jerarquía eclesiástica se opuso a la República y movilizó a la opinión católica en su contra.

Reforma del Ejército y Orden Público

Se procedió a una reforma en profundidad del Ejército para modernizarlo y someterlo al poder civil. Se exigió un juramento de fidelidad a la República o el retiro como alternativa, se revisaron los ascensos de la dictadura, se cerró la Academia Militar de Zaragoza, dirigida por Franco, y se derogó la Ley de Jurisdicciones. Las medidas provocaron el descontento de una parte del Ejército.

Para tratar de asegurar el orden público, en 1932 se creó la Guardia de Asalto como una fuerza de garantizada fidelidad republicana, aunque también se mantuvo la Guardia Civil.

Oposición y Conflictividad Social

La puesta en marcha de todas estas reformas polarizó la vida política. El gobierno se topó con la oposición tanto de los sectores conservadores de la derecha directamente afectados (Iglesia, un sector del Ejército, propietarios de tierras y organizaciones patronales) como de los sectores más radicales del izquierdismo (anarquistas y comunistas).

La Oposición de Derechas

La oposición conservadora se reorganizó en varios partidos políticos. Las opciones más extremistas de la derecha se concretaron en varias formaciones políticas, minoritarias todavía, que se declaraban fascistas y simpatizaban con el fascismo italiano y el nacionalsocialismo alemán. Era el caso de las JONS (Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista), de Ramiro Ledesma y Onésimo Redondo, que se fusionaron con Falange Española, fundada en 1933 por José Antonio Primo de Rivera. La derecha monárquica estaba representada por el partido Renovación Española de Calvo Sotelo y por los carlistas en torno a Comunión Tradicionalista. Todos eran radicalmente antirrepublicanos.

La derecha posibilista se agrupó en la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas), alianza de partidos católicos de derechas, fundada en marzo de 1933 y dirigida por Gil Robles. La CEDA fue un gran partido de masas que movilizó a los católicos en defensa de la religión, la familia, el orden y la propiedad.

La Oposición de Izquierdas

Por la izquierda, crecía el desencanto por la lentitud y la timidez de las reformas. Los anarquistas rechazaban la República como a cualquier otra forma de Estado, aunque, no obstante, en la CNT se apreciaban dos tendencias: una moderada, partidaria de cierta colaboración, y los seguidores de la FAI (Federación Anarquista Ibérica), más radical y partidaria de la insurrección para establecer el comunismo libertario. El PCE, todavía con poca fuerza, demandaba más profundidad en las reformas. PSOE y UGT mantenían su apoyo a un gobierno en el que participaban, aunque esto provocó tensiones internas; había dos tendencias en los socialistas: una más moderada y reformista, liderada por Indalecio Prieto, y otra más radical y revolucionaria, encabezada por Largo Caballero.

Conflictividad Social y Sucesos Clave

El deterioro de la economía por la crisis internacional y los problemas financieros del gobierno, unidos a la alta incidencia del paro y las duras condiciones de vida en algunas zonas, contribuyeron a una creciente conflictividad social. Se produjeron insurrecciones campesinas y huelgas obreras con enfrentamientos contra las fuerzas del orden. Fueron muy graves a finales de 1931 y comienzos de 1932 en Castilblanco (Badajoz) y en Arnedo; se produjo también una insurrección en el Alto Llobregat dirigida por la CNT. La tensión política desembocó en el fracasado intento de golpe de Estado del general Sanjurjo en Sevilla en agosto de 1932. Pero el hecho más grave y determinante tuvo lugar en Casas Viejas (Cádiz) en enero de 1933 donde, tras una insurrección anarquista, la actuación de la Guardia Civil y la Guardia de Asalto se saldó con 25 muertos. Los sucesos de Casas Viejas radicalizaron a la derecha y a la izquierda.

El Fin del Bienio Reformista

Los socialistas retiraron el apoyo al gobierno y la coalición se derrumbó. Azaña dimitió, se disolvieron las Cortes y se convocaron nuevas elecciones generales en noviembre de 1933. En ellas votaron las mujeres por vez primera.

El Bienio Conservador (1933-1936)

Las Elecciones de 1933 y el Triunfo de la Derecha

En noviembre de 1933 se celebraron las segundas elecciones de la Segunda República, ya en un clima de crispación política. Las reformas impulsadas por el gobierno de Azaña habían dividido al país.

La derecha ganó las elecciones. Los factores que pudieron influir en su triunfo electoral fueron varios:

• El desgaste del gobierno republicano-socialista por la conflictividad social que habían provocado las reformas (el rechazo de la Iglesia, el Ejército, los propietarios agrícolas y los patronos por un lado, y el desencanto producido entre los sectores populares por la lentitud y alcance de esas reformas, además de la represión que se ejercía contra sus movilizaciones).
• La derecha concurrió unida, mientras que la izquierda lo hizo muy dividida. La CEDA de Gil Robles y los monárquicos antirrepublicanos se presentaron unidos, aglutinando todas las tendencias opuestas al gobierno con un programa electoral que consistía básicamente en desmontar las reformas, especialmente la agraria y las medidas religiosas.
• En la izquierda, republicanos y socialistas no lograron un programa conjunto y se presentaron por separado. Los anarquistas de la CNT y FAI, en coherencia con su ideología, preconizaron la abstención y en las zonas en las que eran mayoritarios hubo una escasa participación.
• También pudo influir en el resultado el voto femenino, mayoritariamente conservador y favorable a la derecha.

La derecha triunfó, pero no tenía la mayoría absoluta. El Partido Radical de Lerroux (segunda fuerza política) recibió el encargo de formar gobierno. Lerroux gobernaría con el apoyo de la CEDA, pero sin que esta participase con ministros en el ejecutivo. Se iniciaba así el periodo conocido como Bienio Radical-Cedista o Bienio Conservador.

El Gobierno Radical-Cedista y la Reversión de Reformas

Este gobierno llevó a cabo una política revisionista de las reformas del bienio anterior:

• Se paralizó la reforma agraria: se frenó la entrega de tierras a los campesinos, se redujo el presupuesto del IRA, se decretó la libertad de contratación y de fijación de salarios en el campo y se expulsó a los jornaleros que habían ocupado tierras.
• En materia religiosa, se restableció el presupuesto para el culto y el clero y se permitió la vuelta de los jesuitas; no se aplicó la ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas y los colegios católicos siguieron funcionando.
• También se redujo el presupuesto de educación.
• Se amnistió a Sanjurjo y los golpistas del 32.
• Las relaciones con la Generalitat de Cataluña se fueron tensando y se paralizó el proyecto del Estatuto de Autonomía del País Vasco.

La Revolución de Octubre de 1934

Ante estas medidas que revertían las reformas, el PSOE y la UGT se radicalizaron. Amenazaban con lanzarse abiertamente a la revolución si se producía la entrada en el gobierno de miembros de la CEDA, ya que la consideraban antirrepublicana y no democrática, identificándola con los regímenes fascistas que triunfaban en Europa en esos momentos. Temían que se estableciese un régimen autoritario. Dentro del PSOE se apreciaban, no obstante, dos tendencias: una moderada, encabezada por Indalecio Prieto, y otra más revolucionaria, liderada por Largo Caballero, que era la que se iba imponiendo.

A principios de octubre de 1934, Gil Robles provocó una crisis de gobierno al exigir la entrada en el mismo de tres ministros de la CEDA. La UGT convocó una huelga general revolucionaria para el 5 de octubre. Fue secundada en las grandes ciudades y áreas industriales, pero tuvo menor incidencia en el medio rural, ya que el sindicato se hallaba debilitado por la represión de una huelga del campo desarrollada en junio. La poca organización de la huelga, la falta de apoyo de la CNT y la declaración del estado de guerra por el gobierno hicieron que tuviera, en general, escaso éxito. En Madrid el movimiento fue pronto controlado con la detención de los dirigentes socialistas y comunistas.

En Cataluña, Companys, líder de ERC y presidente de la Generalitat, aprovechó para romper con el Estado central y declarar la República Catalana, aunque la pasividad de la CNT y la rápida intervención del ejército acabaron con la sublevación en un solo día. El presidente y la mayoría de su gobierno autónomo fueron encarcelados.

Donde sí triunfó la insurrección fue en Asturias, fruto de la colaboración entre socialistas, comunistas y anarquistas. Obreros armados ocuparon la cuenca minera y tomaron Oviedo tras duros combates. Destituyeron a las autoridades y comités obreros organizaron la defensa, los servicios sanitarios y el abastecimiento, manteniéndose activa la producción industrial. Se trataba de toda una revolución socialista en la que los revolucionarios habían conseguido su objetivo al hacerse con el poder. Para acabar con la insurrección, el gobierno envió a la Legión mandada por el general Franco. En un ambiente de casi guerra civil, tras violentos combates y con una brutal represión, la revuelta fue finalmente sofocada a mediados de octubre. La revolución se saldó con unos 1.300 muertos, 3.000 heridos y cerca de 30.000 detenidos.

Consecuencias y Radicalización Política

A partir de ese momento se endureció más la postura del gobierno, en el que entraron 5 miembros de la CEDA. Con Gil Robles como ministro de Guerra se colocó en puestos clave a militares de dudosa afinidad a la República (Franco fue designado Jefe del Estado Mayor). Se aprobó la Ley de Reforma de la Reforma Agraria que prácticamente la dejaba sin efecto y se suspendió el Estatuto de Autonomía de Cataluña. En 1935 se presentó un anteproyecto para modificar la Constitución eliminando los aspectos más rechazados por la derecha como el divorcio y la posibilidad de socialización de la propiedad y que también restringía las autonomías.

La Revolución de Asturias radicalizó aún más tanto a la derecha como a la izquierda. Para la derecha, la revolución estaba próxima y solo un golpe militar que acabase con la República podría evitarla. La izquierda, sometida a una dura represión, vio la necesidad de aunar esfuerzos para sacar a los presos de la cárcel y apartar a la derecha del poder.

Los escándalos de corrupción del gobierno de Lerroux (como el del Estraperlo y el Caso Nombela) le desprestigiaron y fueron aprovechados por Gil Robles para forzar otra crisis y pedir la jefatura del gobierno. Alcalá-Zamora no accedió y convocó nuevas elecciones generales para febrero de 1936.

El Frente Popular y el Golpe de Estado de 1936

Origen y Formación del Frente Popular

El Frente Popular fue una coalición electoral de las fuerzas de izquierdas —republicanos, socialistas y comunistas (e incluso apoyada por los anarquistas)— que, encabezada por Manuel Azaña, se formó en enero de 1936 para concurrir conjuntamente a las elecciones generales de febrero de ese mismo año.

Las causas de la formación del Frente Popular se encuentran en la radicalización política producida tras la Revolución de Octubre de 1934. Como respuesta a la misma, el gobierno radical-cedista, que ya había iniciado una rectificación de las reformas del bienio republicano-socialista, endureció aún más su postura:

• Promoción a puestos clave de militares de dudosa fidelidad republicana.
• Aprobación de la Ley de Reforma de la Reforma Agraria (que prácticamente la dejaba sin efecto).
• Suspensión del Estatuto de Autonomía de Cataluña (Companys había sido encarcelado por declarar la República Catalana).
• Intento de modificar la Constitución eliminando los aspectos más rechazados por la derecha (como el divorcio o la socialización de la propiedad) y restringir las autonomías.

La izquierda vio la necesidad de aunar esfuerzos para apartar a la derecha del poder, no repitiendo el error de las elecciones de 1933 en las que concurrieron por separado. A la concentración de fuerzas contribuyó también la recomendación de la III Internacional para organizar amplios frentes de izquierda frente al fascismo (en Francia ya se constituyó uno en 1935). Por todo esto, se creó una gran coalición electoral de las fuerzas de izquierdas (republicanos, socialistas y comunistas) encabezada por Azaña. En enero se firmó el programa del Frente Popular. Era un programa de mínimos muy claro: amnistía para los presos de la Revolución de Octubre de 1934 y aplicación de la legislación reformista del bienio de izquierdas. La CNT no participó, pero tampoco pidió la abstención como en otras ocasiones, lo que equivalía a un apoyo tácito al Frente Popular.

Las Elecciones de Febrero de 1936

A diferencia de la izquierda, la derecha se presentó desunida a estas elecciones: Falange no se integró en ninguna coalición; la CEDA únicamente consiguió pactos puntuales con republicanos conservadores y radicales; solo monárquicos y carlistas formaron una alianza, el Bloque Nacional.

La participación en las elecciones fue masiva, propia de un país radicalizado. El Frente Popular obtuvo la victoria gracias a su triunfo en las grandes ciudades, en el sur y la periferia peninsular; la derecha se impuso en el norte y en el interior. En cuanto al número de votos totales no había una gran diferencia, pero la ley electoral que primaba a las mayorías hizo que la diferencia en escaños en las Cortes fuese mucho mayor, de manera que el Frente Popular consiguió la mayoría absoluta. El hundimiento de los partidos de centro evidenció la gran polarización ideológica que se había producido.

El Nuevo Gobierno y la Reanudación de Reformas

El nuevo gobierno, formado exclusivamente por republicanos de izquierda, pero apoyado por un PSOE que rehusó participar en él, aplicó rápidamente el programa del Frente Popular:

• Se decretó la amnistía de los presos.
• Se restableció el Estatuto y el autogobierno catalán.
• Se reanudó la reforma agraria de forma acelerada (entre marzo y julio se expropiaron unas 500.000 Ha, mucho más que en los años anteriores).
• Se impulsaron también nuevos estatutos de autonomía, de manera que el proyecto del Estatuto de Galicia fue aprobado en plebiscito en junio y el del País Vasco estaba casi terminado en julio.

Ante los rumores que apuntaban a un posible golpe de Estado, los generales sospechosos fueron trasladados lejos de Madrid (Mola a Navarra y Franco a Canarias). Azaña fue elegido presidente de la República, en sustitución de Alcalá-Zamora, y Casares Quiroga sería presidente del gobierno.

La Radicalización y el Clima de Violencia

El triunfo de las izquierdas trajo consigo una intensa movilización popular con huelgas obreras y ocupación de fincas. Los sindicatos y partidos obreros exigían la profundización de las reformas sociales del primer bienio. Los sectores más reaccionarios no aceptaron el triunfo del Frente Popular. Muchos terratenientes se negaban a contratar jornaleros y algunos industriales cerraron sus fábricas.

Tanto el PSOE como la CEDA se radicalizaron y con ello contribuyeron todavía más a la inestabilidad y al incremento del clima de tensión social. En el PSOE triunfaban las posiciones radicales; sus juventudes se unieron a las de los comunistas creando la organización Juventudes Socialistas Unificadas (JSU). Las juventudes de la CEDA (Juventudes de Acción Popular), tras el fracaso electoral, se pasaron en masa a la Falange. Para unos había llegado la hora de la revolución y otros estaban dispuestos a impedirla a toda costa. Las posiciones moderadas quedaron desbordadas. Grupos armados de Falange se enfrentaban a grupos radicales izquierdistas generando un clima de violencia. José Antonio Primo de Rivera fue encarcelado por sus actividades violentas. Mantener el orden público se convirtió en un auténtico problema para el gobierno. Los líderes de la derecha, magnificando las alteraciones del orden, llegaron a la conclusión de que solo un golpe militar podía evitar la que presuponían inminente revolución social e incitaban abiertamente a la rebelión.

La Gestación del Golpe de Estado

De hecho, ya se estaba gestando un golpe de Estado. Desde la victoria en las elecciones del Frente Popular, Franco ya intentó en ese momento la declaración del estado de guerra. A partir de entonces, el general Mola tomó las riendas de la preparación del golpe. Él fue «el director». El plan consistía en el pronunciamiento simultáneo de todas las guarniciones contando con el Ejército de África, dirigido por Franco, para consolidar el golpe. Sanjurjo, exiliado en Portugal, sería el jefe del futuro Directorio Militar. Se contó con el apoyo de una trama civil, que facilitó hombres y, sobre todo, dinero: la CEDA, los falangistas, los carlistas (con su milicia armada del Requeté) y banqueros como Juan March. Tenían, además, el respaldo de Italia y Alemania.

Los preparativos del golpe se aceleraron tras el asesinato del teniente de la Guardia de Asalto José Castillo, simpatizante socialista, y la venganza de sus compañeros que asesinaron al dirigente monárquico Calvo Sotelo el 13 de julio.

La sublevación militar se inició en Marruecos el 17 de julio y se extendió al resto de la nación al día siguiente. El fracaso del golpe de Estado como tal dará paso a una guerra civil que durará tres largos años.