España Contemporánea: Transición, Constitución y Democracia (1975-2018)

España Contemporánea: De la Transición a la Normalización Democrática (1975-2018)

12.1. La evolución política tras la muerte de Franco

La Transición española comenzó en 1975 tras la muerte de Franco y fue un proceso gradual y pacífico hacia la democracia, que culminó con la Constitución de 1978, aunque algunos la extienden hasta la victoria del PSOE en 1982. Fue impulsada por el rey Juan Carlos I y Adolfo Suárez, con apoyo del pueblo, partidos, sindicatos y el contexto internacional favorable. A pesar de las dificultades, como la desconfianza de franquistas y opositores, el rey asumió la jefatura del Estado el 22 de noviembre de 1975 y expresó su compromiso con la democracia, aunque no tuvo el respaldo total de su entorno, incluido su propio padre, quien no renunció al trono hasta 1977.

Para realizar la reforma fue necesario apartar a los políticos más inmovilistas. El primer paso fue nombrar a Torcuato Fernández Miranda como presidente de las Cortes, quien propuso una transición legal: “De la ley a la ley”. Luego se alejó a Arias Navarro, quien dimitió tras un artículo en Newsweek que revelaba que el rey lo consideraba un “desastre”. En su lugar, en julio de 1976, se nombró presidente a Adolfo Suárez, un joven político reformista del Movimiento. Suárez y Fernández Miranda lideraron el proceso de transición de la dictadura a la democracia.

Suárez impulsó un programa de liberalización política: concedió una amnistía, despenalizó la pertenencia a partidos políticos y reconoció los derechos de manifestación y reunión. Sin que aún estuvieran legalizados los partidos, presentó en las Cortes la Ley para la Reforma Política, que eliminaba las estructuras del franquismo. Fue aprobada por amplia mayoría (429 votos a favor y 59 en contra) y sometida a referéndum popular el 15 de diciembre de 1976, con un 78% de participación y un 94% de apoyo. Esta aprobación fue un paso clave en la Transición y permitió que Don Juan Carlos recibiera los derechos dinásticos al trono.

Para convocar elecciones generales, fue necesario legalizar los partidos políticos y establecer las normas electorales. En febrero de 1977, se legalizaron partidos y sindicatos (excepto el PCE), se eliminó el Movimiento Nacional, regresaron los exiliados y se concedió una nueva amnistía. La legalización del PCE fue clave, aunque enfrentó la oposición del ejército y sectores inmovilistas. Tras los asesinatos de cinco abogados de CC.OO. en enero, Suárez decidió legalizarlo en abril, lo que generó una crisis de gobierno, pero aseguró la legitimidad de las elecciones.

Las primeras elecciones democráticas se celebraron el 15 de junio de 1977. La situación política era confusa:

• La derecha no democrática estaba fragmentada.
• La derecha democrática se organizó en Alianza Popular (AP) de Manuel Fraga.
• El centro fue liderado por Unión de Centro Democrático (UCD), de Adolfo Suárez.
• La izquierda por el PSOE, con Felipe González, y el PCE, con Santiago Carrillo, que apostaba por la reconciliación nacional.
• También había grupos minoritarios revolucionarios y partidos nacionalistas en Cataluña (Jordi Pujol) y el País Vasco, donde destacaban desde el PNV hasta opciones más radicales como ETA.

Las elecciones las ganó la UCD, seguida del PSOE. El PCE y AP (de Fraga) obtuvieron menos apoyo del esperado. Los franquistas quedaron relegados. En Cataluña y el País Vasco, los nacionalistas ganaron peso.

Tras las elecciones, los partidos coincidieron en la necesidad de redactar una Constitución. Esta etapa se caracterizó por el consenso político. Además, ante la grave crisis económica, se firmaron los Pactos de la Moncloa, que buscaron frenar la conflictividad social, modernizar la economía, aumentar la inversión pública, reformar el IRPF y devaluar la peseta.

Durante la Transición surgieron varios problemas. Las mayores amenazas vinieron de la extrema derecha, con grupos como Guerrilleros de Cristo Rey, Triple A o el Batallón Vasco Español, que intentaron frenar el avance democrático mediante atentados, como la matanza de los abogados de Atocha (enero de 1977), y con intentos de golpe militar como la Operación Galaxia.

También hubo terrorismo de extrema izquierda, con atentados y secuestros por parte del GRAPO y el FRAP. Sin embargo, la mayor actividad terrorista fue llevada a cabo por ETA, que mantuvo una intensa campaña de atentados, especialmente contra militares y fuerzas de seguridad.

12.2. La Constitución de 1978

Las Cortes elegidas el 15 de junio de 1977 tuvieron como principal tarea redactar una Constitución que estableciera un sistema democrático y estable, basado en el consenso entre las principales fuerzas políticas, a diferencia de las constituciones partidistas del siglo XIX.

En 1978, una Comisión Constitucional redactó el texto con representantes de varios partidos:

• UCD (Gabriel Cisneros, José Pedro Pérez Llorca, Miguel Herrero de Miñón)
• CiU (Miguel Roca)
• AP (Manuel Fraga)
• PSOE (Gregorio Peces-Barba)
• PCE (Jordi Solé Tura)

Fue aprobada por amplia mayoría en las Cortes (salvo la abstención del PNV) y ratificada por el pueblo en referéndum el 6 de diciembre de 1978, con un 88% de apoyo.

Principios y estructura de la Constitución de 1978

La Constitución de 1978 estableció que España es un Estado social y democrático de derecho, basado en los valores de libertad, justicia e igualdad, e inspirado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Reconoció derechos fundamentales como la libertad sindical, el derecho a la huelga, y abolió la pena de muerte. Además, garantizó derechos sociales como la educación, la sanidad y el bienestar.

El sistema político quedó definido como una monarquía parlamentaria, donde el Rey es jefe del Estado sin poder ejecutivo, debe jurar la Constitución, sancionar leyes, representar al Estado y tener el mando supremo de las Fuerzas Armadas.

El poder legislativo reside en las Cortes Generales (Congreso y Senado), elegidas por sufragio universal. El Congreso tiene mayor peso político: elige al presidente del Gobierno y puede aprobar leyes sin el Senado.

El Gobierno ejerce el poder ejecutivo, dirige la política, elabora los presupuestos, y puede emitir decretos-ley con autorización parlamentaria.

El poder judicial lo ejercen jueces y magistrados, culminando en el Tribunal Supremo, junto con dos órganos clave: el Tribunal Constitucional, que interpreta la Constitución, y el Defensor del Pueblo, que protege los derechos ciudadanos.

El Estado de las autonomías

La Constitución, en su Título VIII, abordó el reto de equilibrar la unidad del Estado con la diversidad de regiones y nacionalidades, permitiendo la creación de comunidades autónomas. Así se formó un Estado autonómico compuesto por 17 autonomías y dos ciudades autónomas: Ceuta y Melilla.

Tras las elecciones de 1977, el gobierno de UCD impulsó el proceso autonómico. En Cataluña, Adolfo Suárez acordó con Josep Tarradellas (presidente de la Generalitat en el exilio) el restablecimiento de la Generalitat y su regreso como presidente.

En el País Vasco, la situación era tensa por la presión popular a favor de la autonomía y la amnistía a presos políticos, en un contexto de violencia por parte de ETA. En 1977, el gobierno legalizó la ikurriña y aprobó tres amnistías. Las negociaciones con representantes vascos llevaron a la creación del Consejo General Vasco como paso previo a la autonomía.

La Constitución de 1978 permitió que todas las regiones se convirtieran en Comunidades Autónomas, organizándose 13 regiones iniciales, además de Madrid, La Rioja y Cantabria, que formaron comunidades propias. Cada una tendría un Estatuto de Autonomía, con parlamentos y gobiernos autónomos elegidos por sufragio universal. Se establecieron dos vías para acceder a la autonomía: una más rápida, según el artículo 151, para las nacionalidades históricas (Cataluña, Galicia y el País Vasco), y otra más lenta, según el artículo 143, que siguió la mayoría, salvo Navarra (por sus fueros) y Andalucía, que optó por la vía rápida mediante referéndum.

En 1979 se aprobaron por referéndum los Estatutos de Cataluña y del País Vasco, y en 1980 se eligieron los primeros parlamentos autonómicos. En Cataluña, ganó Convergència i Unió (CiU) y Jordi Pujol fue elegido presidente de la Generalitat. En el País Vasco, el PNV obtuvo la mayoría y Carlos Garaikoetxea fue elegido lehendakari. En Galicia, se creó una Xunta provisional en 1978 y su Estatuto fue aprobado en 1980.

El resto de los estatutos se aprobaron progresivamente entre 1982-1983, y en 1995 se completó el mapa autonómico con Ceuta y Melilla. Con el tiempo, se fueron traspasando servicios, competencias y funcionarios del Gobierno central a las Comunidades Autónomas.

13.1. La normalización democrática y la alternancia política hasta 2018

Tras la aprobación de la Constitución en 1978, Adolfo Suárez disolvió las Cortes y convocó elecciones en febrero de 1979. UCD ganó, pero sin mayoría absoluta, mientras que el PSOE y el PCE mantenían o mejoraban sus resultados, y los nacionalistas obtuvieron más apoyo fuera de Cataluña y el País Vasco. También en 1979, se celebraron las primeras elecciones municipales, donde UCD y PSOE fueron los más votados, aunque el PSOE y el PCE pactaron para gobernar en varias capitales. En el País Vasco y Cataluña, el PNV y CiU, respectivamente, formaron gobiernos autonómicos.

La oposición comenzó a ganar fuerza y Suárez fue criticado por su gestión, especialmente por no frenar el terrorismo de ETA, que dejó 167 muertos entre 1979 y 1980. Esto provocó su dimisión en 1981, justo antes del intento de golpe de Estado del 23-F, que fracasó gracias a la intervención del rey. Tras su dimisión, Leopoldo Calvo Sotelo asumió la presidencia, pero su mandato fue breve y marcado por tensiones internas y políticas polémicas, como la integración en la OTAN.

Gobiernos del PSOE (1982-1996)

En 1982, el PSOE, bajo Felipe González, ganó por mayoría absoluta, concluyendo la Transición y normalizando la democracia. Durante su mandato, el PSOE enfrentó una crisis económica, pero con reformas en la industria y las infraestructuras, la economía comenzó a mejorar. También impulsó importantes reformas políticas y sociales, como la ley de despenalización del aborto, la enseñanza obligatoria hasta los 16 años, y la sanidad universal. España ingresó en la CEE en 1985 y aprobó el Tratado de Maastricht en 1992, aunque también enfrentó crisis internas y casos de corrupción.

Gobiernos del PP (1996-2004)

En 1996, el PP ganó las elecciones y José María Aznar asumió la presidencia, implementando políticas liberales que promovieron el crecimiento económico, la privatización y la entrada al euro. En 2000, Aznar ganó nuevamente por mayoría absoluta y continuó con reformas en educación, trabajo y lucha contra el terrorismo. Su apoyo a la guerra de Irak en 2003 fue muy controvertido y afectó su imagen.

Gobiernos del PSOE (2004-2011)

En 2004, tras los atentados de Atocha, el PSOE, con José Luis Rodríguez Zapatero, ganó las elecciones y retiró las tropas de Irak. Durante su mandato, aprobó leyes progresistas como el matrimonio entre personas del mismo sexo y la ampliación del aborto. Sin embargo, la crisis económica global de 2008 afectó gravemente a España, lo que llevó a recortes y a la aparición de movimientos como el 15-M.

Gobiernos del PP (2011-2018)

En 2011, el PP, con Mariano Rajoy, ganó las elecciones debido a la crisis económica. Su gobierno implementó políticas de austeridad, lo que provocó protestas y un creciente malestar social. Los casos de corrupción y la abdicación de Juan Carlos I en 2014 marcaron este periodo. La situación económica mejoró, pero a costa de una creciente desigualdad, mientras en Cataluña crecía el independentismo. En las elecciones de 2015 y 2016, la inestabilidad política se intensificó con la aparición de nuevos partidos como Ciudadanos, Podemos y Vox, lo que resultó en una fragmentación del Congreso y cuatro elecciones generales entre 2015 y 2018.

13.2. La amenaza del terrorismo de ETA y el terrorismo yihadista

Durante la Transición española, la extrema derecha intentó frenar la democracia, buscando crear inestabilidad. En 1977, el asesinato de cinco abogados de Comisiones Obreras en Atocha generó una gran movilización social y facilitó la legalización del Partido Comunista. En 1978, la Operación Galaxia fue el primer intento de golpe de Estado por parte de sectores militares, pero fracasó. Posteriormente, en 1981, el golpe de Estado del 23-F también fracasó gracias a la intervención del rey, defendiendo la democracia.

El terrorismo fue una constante en esta época. El FRAP, activo entre 1971 y 1978, luchó contra el franquismo y el imperialismo, mientras que el GRAPO, fundado en 1975, continuó con la violencia en los años posteriores. ETA, por su parte, perpetró una serie de atentados, como el asesinato de Miguel Ángel Blanco en 1997, que movilizó a la sociedad vasca. Aunque ETA declaró una tregua en 1998, volvió a la violencia en 1999. En 2000, PP y PSOE firmaron un pacto antiterrorista.

En 2010, ETA anunció el cese definitivo de la violencia. Mientras tanto, el yihadismo se convirtió en una nueva amenaza global tras los atentados del 11-S (2001) y los de Madrid en 2004, siendo difícil de combatir debido a la rapidez de comunicación digital. Los atentados en Barcelona y Cambrils en 2017 dejaron 16 muertos.

Evolución Económica, Social y Demográfica (1982-2018)

Cambios sociales y culturales en España (1982-2018)

Durante este período, España experimentó grandes transformaciones sociales y culturales que la convirtieron en un país más moderno. Algunos de los cambios más destacados fueron:

• Desarrollo urbano y cambio de valores: La urbanización promovió una sociedad más tolerante, aunque también trajo problemas como el paro y la delincuencia.
• Incorporación de la mujer al mercado laboral: Un avance clave en la igualdad de género.
• Transición demográfica: España pasó de ser un país de emigrantes a uno de inmigrantes, lo que diversificó la sociedad.
• Liberalización económica y privatización: Esto permitió una mayor integración en la economía global.
• Desarrollo de la sociedad de la información (Internet): Transformó la forma de comunicarse, informarse y relacionarse, especialmente entre los jóvenes.
• Estado del bienestar y aumento del nivel de riqueza: España alcanzó niveles de bienestar más cercanos a la media europea.
• Crecimiento de grandes empresas globales: Empresas como Telefónica, Inditex y Banco Santander expandieron su influencia a nivel mundial.

Cultura y mentalidades

Con la democracia, la oferta cultural creció enormemente. Se incrementaron las inversiones en actividades culturales y surgieron nuevos medios de comunicación, tanto escritos (El País, El Mundo) como audiovisuales (Tele 5, Antena 3, etc.). Además, el cine español comenzó a ser reconocido internacionalmente con directores como Almodóvar.

La sociedad se secularizó, y el modelo de familia tradicional convivió con nuevos modelos. La mentalidad se volvió más tolerante, y hubo avances importantes en la igualdad de género. La irrupción de la tecnología e internet transformó especialmente las formas de vida y relaciones sociales, sobre todo entre los más jóvenes.

Feminismo e Igualdad

El feminismo en España se vinculó inicialmente con la lucha contra el franquismo. En la transición, el feminismo de izquierdas dominó, mientras que el feminismo radical propuso una transformación social profunda. La Constitución de 1978 consagró la igualdad (artículo 14), y se crearon leyes como la de igualdad efectiva (2007) y contra la violencia de género (2004). En el siglo XXI, la lucha feminista se globalizó, con movimientos como el #MeToo.

Asociacionismo y Voluntariado

El voluntariado y el asociacionismo crecieron en España a partir de la década de 1980. La Ley de Asociaciones de 1964 y la Constitución de 1978 establecieron un nuevo marco legal. El voluntariado pasó de ser una labor "reparadora" en el siglo XIX a "amortiguadora social" en los años setenta. El siglo XXI vio la creación de muchas organizaciones no lucrativas, y los movimientos sociales se diversificaron, incluyendo el ecologismo, el feminismo y el pacifismo.

En resumen, durante estas décadas, España experimentó una transformación profunda en su estructura social, económica y cultural, logrando avances en derechos, modernización y cohesión social, mientras enfrentaba nuevos retos sociales y económicos.

14.1. Derivaciones económicas, sociales y políticas del proceso de integración en la Unión Europea

Los gobiernos democráticos de España se propusieron integrar al país en la Comunidad Económica Europea (CEE), de la cual España había sido excluida durante la dictadura franquista. Aunque en 1970 se logró un acuerdo preferencial, fue durante la transición cuando Adolfo Suárez solicitó oficialmente la adhesión. En 1982, el rey Juan Carlos recibió el premio Carlomagno como reconocimiento del esfuerzo de España por salir del aislamiento y modernizarse. En 1985, Felipe González firmó el Tratado de Adhesión, y España se incorporó a la CEE el 1 de enero de 1986, lo que representó el mayor logro de la política exterior del PSOE.

El principal obstáculo para la integración fue el peso del sector primario de España. Francia temía perder cuota de mercado y Reino Unido deseaba reducir las subvenciones a la agricultura. Además, la entrada de España obligaba a aumentar los fondos estructurales para apoyar a los países más pobres de la CEE. A pesar de estos obstáculos, España contó con el apoyo de Alemania.

Consecuencias de la integración europea

Las consecuencias económicas más relevantes fueron la liberalización económica, que puso fin al proteccionismo y obligó a la reconversión del sector primario e industrial. También se aceleró el crecimiento económico gracias a las ayudas de la UE, lo que permitió la modernización de infraestructuras, la mejora del sector agrícola y la financiación de programas de formación profesional. España fue un receptor neto de fondos de la UE hasta 2013.

Las consecuencias sociales incluyeron el reforzamiento del Estado de derecho, la adquisición de la ciudadanía europea, el aumento de la movilidad y de las oportunidades laborales. A nivel político, se puso fin al aislamiento internacional, se alineó la política exterior con Europa y se adaptó la legislación nacional a la comunitaria, lo que llevó a la primera reforma de la Constitución de 1978.

Participación en las instituciones europeas

En cuanto a la participación de España en las instituciones europeas, desde su entrada en la CEE, el país ha participado activamente en la firma de acuerdos importantes: el Acta Única (1986), que buscaba un mercado interior sin fronteras; el Tratado de Schengen (1991), que eliminó los controles en las fronteras entre los países firmantes; y el Tratado de Maastricht (1992), que transformó la CEE en la Unión Europea y estableció la Unión Monetaria, con la introducción del euro en 1999. España cumplió los criterios para la integración en la Unión Monetaria bajo el gobierno de José María Aznar, adoptando el euro en 2002. Finalmente, el Tratado de Niza (2003) reformó las instituciones comunitarias para afrontar la ampliación de la Unión Europea, que llegó a 27 miembros.