Equidad vs. Eficiencia en Programas Públicos: Un Enfoque Económico

Mientras que los residentes con rentas más bajas, por un lado, verán mejorado su bienestar por la disponibilidad de una nueva línea de transporte, por otro, resultarán perjudicados por el aumento de los alquileres, de tal manera que ambos efectos pueden llegar a anularse. En definitiva, estos ejemplos ponen de manifiesto la importancia que tiene intentar captar y valorar todas las consecuencias que resultan de los programas de gasto público, incluyendo las repercusiones en los precios de mercado. Cuando los efectos beneficiosos de un programa público se concretan de manera diferente a la prevista y recaen en alguna medida en otros sujetos diferentes de los que se quería favorecer, se dice que los beneficios se han trasladado, aspecto al cual se otorga actualmente una destacada importancia.

El Dilema Equidad-Eficiencia

El dilema planteado tradicionalmente entre equidad y eficiencia. Estos conceptos se contraponen a menudo en los programas públicos, puesto que habitualmente se considera que para lograr una mayor equidad es necesario sacrificar en parte el objetivo de eficiencia económica y a la inversa. Por ejemplo, se puede considerar que un aumento de las prestaciones de desocupación mejora las condiciones de vida de los trabajadores peor situados en el mercado laboral, pero también puede disuadir a los parados de buscar trabajo y a los empresarios de crear nuevos puestos de trabajo si se financia con un aumento de las cotizaciones. Todo y así, algunos autores consideran que un determinado grado de equidad es imprescindible para que el sistema económico logre un nivel adecuado de eficiencia, con lo cual no sería aceptable una contraposición radical de estos dos conceptos.

Las posibles combinaciones entre equidad y eficiencia se representan mediante una curva, que se denomina curva de frontera equidad-eficiencia, en la cual se situarían todas las alternativas posibles para conjugar ambos aspectos ante una situación o un programa de actuación determinado. A efectos prácticos resulta muy difícil generalmente conocer de forma precisa ante un programa determinado la forma y la inclinación que adopta la curva, es decir, llegar a cuantificar con una cierta precisión cuáles son las combinaciones efectivamente accesibles de eficiencia y equidad.

Si la razón fundamental por la cual los parados no encuentran ocupación es la escasez de la demanda de fuerza de trabajo por parte de los empresarios, la probabilidad que tienen de conseguir un puesto de trabajo depende relativamente poco del grado de cobertura que proporciona el subsidio de paro y, en consecuencia, se puede considerar que el aumento de las prestaciones de paro comportará una pérdida muy baja de eficiencia en cuanto al desincentivo que introduce para la búsqueda de ocupación. Ahora bien, en realidad no existe un acuerdo ni se conoce de una forma razonablemente precisa la manera en la cual las modificaciones realizadas en las prestaciones de paro inciden en la probabilidad de que los individuos busquen un trabajo más activamente.

También existen discrepancias, las cuales pueden responder a diferencias respecto a las combinaciones consideradas más adecuadas de ambos factores, aunque se mantenga un acuerdo respecto a las posibles combinaciones accesibles, pero que también pueden obedecer a un desacuerdo respecto a las combinaciones eficiencia-equidad accesibles.

La Disyuntiva en la Evaluación de Programas Públicos

A pesar de las evidentes imprecisiones, la disyuntiva entre equidad y eficiencia se plantea en la evaluación de cualquier programa público. Por ejemplo, una decisión de priorizar la construcción de autopistas de peaje puede ser argumentada en base a razones de equidad, puesto que se hacen recaer sus costes sobre los usuarios directos, mientras que puede parecer más injusta la opción de construcción de autovías, dado que también las pagan quienes no son usuarios. Sin embargo, para hacer una valoración correcta hay que considerar que esta solución también comporta una pérdida de eficiencia que es necesario tener en cuenta: los salarios del personal de los peajes, los costes de construcción y mantenimiento de las instalaciones de control, la infrautilización, la posible congestión y mayor siniestralidad en la red viaria por desviaciones de tráficos, etc.