Diversidad Lingüística y Constitución Española: Castellano y Lenguas Cooficiales

Planificación, Normalización y Normativización Lingüística

c) Más delicadas son las intervenciones de planificación lingüística que implican procesos de normalización y de normativización lingüística, pues es fácil que en ellos se deslice la mano coactiva. La normalización lingüística de las lenguas oficiales autonómicas, como conjunto de actuaciones encaminadas a restablecer el status público igualitario de una lengua minoritaria, puede ser perfectamente compatible con la libertad de la lengua siempre que no sea irrazonable ni contradiga las exigencias básicas de la igualdad. La normativización lingüística es algo ajeno al derecho. Decidir internamente en una lengua cuáles son sus reglas ortográficas o fonéticas no corresponde al legislador ni a las autoridades públicas. Son la autoridad de los escritores, de los lingüistas y de las Academias.

El Principio de Integración en el Estado Plural

2. Principio de integración. La construcción del Estado plural consagrado por la Constitución Española tiene como finalidad la integración política de la diversidad lingüística y cultural de España.

Una prueba de esta voluntad de integración (en un sentido conceptual o semántico) está en el nombre dado a la lengua común, “castellano”, y el uso del plural, “lenguas españolas”, para las demás lenguas de España, solución criticada con parte de razón: filológicamente, “castellano” es un nombre escaso para denominar una realidad lingüística que se habla en toda España y en buena parte del continente americano, pero también la voz “español” sigue siendo una denominación corta para las dos orillas del Atlántico.

Tradición Jurídica y Terminología Lingüística

Ahora bien, en la tradición del lenguaje jurídico domina el uso de la voz “castellano”, y esto desde el Antiguo Régimen hasta la democracia, habiendo menos ejemplos de normas que prefieren “español”. El constitucionalismo hispanoamericano refleja actualmente una tendencia similar: un grupo amplio mantiene silencio sobre el nombre de la lengua, en cuatro se denomina “español” y cinco prefieren “castellano”. La tendencia global marca una preferencia estadística por “español”, pero la realidad es una alternancia léxica que aún no ha cesado.

Pero la denominación de la propia lengua española común no es más que una integración simbólica de la diversidad lingüística de España. Habría sido preferible que la Constitución hubiera aceptado la sugerencia de la RAE de respetar la sinonimia entre “español” y “castellano”. Por otro lado, otra prueba de ese espíritu es el uso del plural “lenguas españolas” (con distinto valor unitario que “lengua española”). “Las dos denominaciones, castellano y español, son válidas. La preferencia de cada hablante por uno de estos dos términos se funda en una tradición arraigada de siglos, y es ingenuo pretender desalojar el uso de cualquiera de ellos. Cada persona puede emplear el que guste; pero debe respetar el derecho a que otros prefieran el otro”.

Pluralismo en los Medios y Protección Institucional

Otro ejemplo de integración está en la exigencia del artículo 20.3 de la Constitución Española de que en el acceso a los medios de comunicación social del Estado o de cualquier otro ente público se respete el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España.

Como remate a la voluntad de integración, la Disposición Final de la Constitución ordena la publicación del texto en todas las lenguas de España.

Deberes de los Poderes Públicos y Lealtad Constitucional

La consecuencia de esa integración está en el comportamiento exigible a los poderes públicos: el Estado, las Comunidades Autónomas, las corporaciones locales y los demás entes públicos tienen un inexcusable deber de respeto y protección de esa riqueza cultural. El papel de los órganos centrales del Estado no es velar por la garantía de la oficialidad del castellano y el de las Comunidades Autónomas por la de sus respectivas lenguas propias, sino que les incumbe asegurar la protección de esa riqueza lingüística y, en concreto, la doble oficialidad en su territorio. Así se formula en los Estatutos de Autonomía de Cataluña, País Vasco, Galicia y Comunidad Valenciana, y así lo ha advertido el Tribunal Constitucional. Esta consecuencia se refuerza por el principio de lealtad que preside la Constitución cultural española, por el que se exige a los poderes públicos una conducta de respeto a las reglas del sistema.