Diligencias de investigación restrictivas de derechos fundamentales: requisitos, principios y tipos (tradicionales y tecnológicos)

Diligencias de investigación restrictivas de derechos fundamentales (DD.FF.)

Introducción

Las diligencias de investigación que limitan derechos fundamentales solo pueden adoptarse cuando concurren determinados presupuestos y garantías que aseguren la legalidad, proporcionalidad y protección de la intimidad de las personas investigadas. A continuación se exponen los requisitos comunes, los principios rectores y la tipificación de las diligencias, tanto tradicionales como tecnológicas.

Requisitos o presupuestos comunes de las diligencias de investigación restrictivas de derechos

Solo pueden adoptarse cuando concurren una serie de presupuestos:

• Finalidad constitucionalmente legítima: consistente en la investigación y persecución de delitos en defensa del interés público.

• Habilitación legal expresa, clara y precisa: que garantice la previsibilidad de la medida y excluya actuaciones arbitrarias.

• Autorización judicial previa: como regla general, constituye una garantía esencial del derecho fundamental afectado, sin perjuicio de los supuestos excepcionales legalmente previstos en los que cabe una convalidación judicial posterior e inmediata.

• Motivación judicial: la resolución que autorice la diligencia debe estar debidamente motivada, permitiendo el control de su legalidad y proporcionalidad.

• Apariencia delictiva: fundada en indicios objetivos; quedan prohibidas las investigaciones meramente prospectivas.

• Juicio de proporcionalidad: la medida debe superar los criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto.

Principios rectores de las diligencias tecnológicas

• Especialidad: la medida debe dirigirse a la investigación de un delito concreto y prohíbe investigaciones prospectivas.

• Idoneidad: delimita el ámbito objetivo, subjetivo y la duración de la medida en función de su utilidad para la investigación.

• Excepcionalidad: impone que no existan otras medidas menos gravosas e igualmente eficaces.

• Necesidad: procede cuando, sin la medida, se dificultaría gravemente el esclarecimiento del hecho, la identificación o localización del autor o de los efectos del delito.

• Proporcionalidad: el sacrificio de derechos no debe superar el beneficio investigativo obtenido, ponderando la gravedad del hecho, su trascendencia y la relevancia del resultado perseguido.

Diligencias de investigación restrictivas de derechos: clasificación

Se clasifican en diligencias restrictivas tradicionales y diligencias de investigación tecnológica.

Diligencias restrictivas tradicionales

• Intervención de la correspondencia escrita y telegráfica: tiene por objeto la interceptación, apertura y examen de la correspondencia privada, postal y telegráfica del investigado, incluidos fax, burofax y giros, para acceder a su contenido. Procede solo en delitos dolosos con pena máxima de al menos tres años, en delitos cometidos en el seno de grupos u organizaciones criminales o en delitos de terrorismo. Tiene una duración máxima de tres meses, prorrogable hasta dieciocho meses, y requiere autorización judicial previa, salvo en casos de terrorismo.

• Entrada y registro en domicilio: tiene por finalidad la detención del sospechoso y la localización de fuentes de prueba relacionadas con el delito. Requiere consentimiento del titular, situación de flagrancia o autorización judicial. El domicilio se entiende como cualquier espacio donde se desarrolle la vida privada, con exclusión de terceros. La diligencia puede practicarse de día o de noche, con respeto a la intimidad y mínima perturbación, en presencia de las autoridades y personas legalmente exigidas, y debe documentarse mediante acta, admitiéndose hallazgos casuales.

• Registro de libros y papeles: tiene por finalidad la localización y aseguramiento de documentos relevantes para la investigación, como diligencia vinculada a la entrada y registro domiciliario. Se puede requerir a los sujetos la entrega de documentos, con las especialidades previstas para archivos notariales y de registradores. Los papeles intervenidos deben ser foliados, sellados y rubricados en todas sus hojas para evitar su alteración.

Diligencias de investigación tecnológica

• Intervención de las comunicaciones telefónicas y telemáticas: permite acceder al contenido de las comunicaciones y a los datos de tráfico asociados. Procede en los delitos legalmente previstos y en los cometidos mediante tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Exige solicitud motivada y autorización judicial (salvo urgencia en terrorismo). La duración es de tres meses prorrogable hasta dieciocho meses, con control del juez de instrucción y colaboración obligatoria de los prestadores de servicios.

• Datos obrantes en archivos automatizados de los prestadores de servicios: tiene por finalidad acceder a datos electrónicos de tráfico y localización conservados por los prestadores y vinculados a procesos de comunicación, cuando resulten indispensables para la investigación. Requiere autorización judicial previa, debiéndose precisar la naturaleza de los datos solicitados y las razones que justifican su cesión; puede incluir búsquedas entrecruzadas o inteligentes.

• Acceso a los datos necesarios para identificación de usuarios, terminales y dispositivos de conectividad: tiene por finalidad la identificación de usuarios, titulares, terminales o dispositivos vinculados a una comunicación o actividad investigada. La identificación por dirección IP requiere resolución del juez de instrucción a solicitud policial. La captación de códigos IMSI o IMEI puede realizarla la Policía Judicial, debiendo posteriormente el juez requerir al operador la identificación del titular. Para conocer la titularidad o número de abonado, el Ministerio Fiscal o la Policía Judicial pueden dirigirse directamente a los operadores.

• Captación y grabación de comunicaciones orales: permite la colocación y utilización de dispositivos electrónicos que capten y graben las comunicaciones orales directas que mantenga el investigado en la vía pública, en espacios abiertos, en su domicilio o en otros lugares cerrados. Procede cuando sea razonablemente previsible que la medida aporte datos esenciales con relevancia probatoria y requiere autorización judicial, que será específica si la medida afecta al domicilio. Las grabaciones deben quedar a disposición del juez de instrucción para su control.

• Utilización de dispositivos técnicos de captación de imágenes en espacios públicos: tiene por finalidad obtener y grabar imágenes del investigado para facilitar su identificación, localizar instrumentos o efectos del delito u obtener datos relevantes para el esclarecimiento de los hechos, sin necesidad de autorización judicial previa. La medida se practica en espacios públicos, donde existe una menor expectativa de privacidad, y puede afectar a terceras personas cuando sea necesario o existan indicios fundados de su relación con el investigado y con los hechos objeto de investigación.

• Utilización de dispositivos técnicos de seguimiento y localización: tiene por finalidad la instalación de balizas de geolocalización en vehículos, embarcaciones u otros medios para conocer la localización del investigado. Requiere autorización judicial previa, salvo en casos de urgencia, en los que la Policía Judicial puede instalar el dispositivo dando cuenta inmediata al juez, que lo confirmará o revocará. La duración máxima es de tres meses, prorrogable hasta dieciocho meses cuando los resultados lo justifiquen.

• Registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información: tiene por finalidad el acceso y examen de ordenadores, dispositivos de comunicación y repositorios digitales de datos intervenidos. Requiere autorización judicial específica, salvo supuestos de urgencia; debe fijar el alcance del registro, permitir la realización de copias, establecer garantías de integridad y preservación de los datos, y puede imponer la colaboración obligatoria de terceros (ej., proveedores de servicios).

• Registro remoto de equipos informáticos: tiene por finalidad el examen a distancia y sin conocimiento del titular del contenido de ordenadores, dispositivos electrónicos o sistemas informáticos, mediante el uso de códigos de identificación o la instalación de software. Procede únicamente en los delitos legalmente previstos (organización criminal, terrorismo, delitos contra menores, delitos contra la Constitución y aquellos cometidos mediante TIC) y exige autorización judicial que determine su alcance y los agentes intervinientes, así como la colaboración obligatoria de terceros. Su duración máxima es de un mes, prorrogable hasta tres meses.

• Orden de conservación de datos: tiene por finalidad asegurar la conservación y protección de datos o informaciones concretas contenidas en sistemas informáticos hasta que se obtenga la autorización judicial para su cesión. Puede ser acordada por el Ministerio Fiscal o la Policía Judicial y obliga a su destinatario a conservar los datos por un plazo máximo de 90 días, prorrogable una sola vez hasta un límite de 180 días, hasta que se autorice su cesión o venza el plazo máximo.

• Agente encubierto: permite a funcionarios de la Policía Judicial actuar bajo identidad supuesta, adquirir y transportar objetos, efectos o instrumentos del delito y diferir su incautación cuando sea necesario para la investigación. Debe ser autorizado mediante resolución fundada por el juez o el Ministerio Fiscal, atendiendo a la necesidad de la medida, y solo procede en delitos de delincuencia organizada. El agente encubierto informático requiere autorización exclusiva del juez de instrucción para intervenir en canales de comunicación cerrados.

Acceso a datos del PNR

Acceso a los datos del PNR: tiene por finalidad obtener información del Registro de Nombres de Pasajeros (PNR) conservada por las aerolíneas para la investigación de delitos. Solo procede en delitos de terrorismo y otros delitos graves previstos en la ley. Están legitimados para acceder a estos datos los tribunales, la Dirección General de la Policía, la Guardia Civil, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera y el Ministerio Fiscal.

Conclusión

La regulación de las diligencias de investigación restrictivas de derechos fundamentales combina garantías formales (autorización y motivación judiciales), criterios sustantivos (apariencia delictiva y proporcionalidad) y principios técnicos (especialidad, necesidad, idoneidad y excepcionalidad). La adopción de estas medidas exige siempre una ponderación cuidadosa entre la eficacia investigadora y la protección de derechos fundamentales.