La Desamortización de Mendizábal y sus Consecuencias en la España del Siglo XIX

Mapa Temático: La Desamortización de Mendizábal (1836-1837)

Naturaleza y Clasificación

La presente fuente secundaria (historiográfica) es importante por su contenido económico. Estamos ante un mapa temático de símbolos proporcionales: círculos que nos permiten observar el valor de la desamortización de Mendizábal (1836) y su importancia según zonas geográficas.

Ideas Principales

La fuente histórica que analizamos nos muestra la desamortización de los bienes del clero, llevada a cabo por el ministro Juan Álvarez de Mendizábal durante la regencia de María Cristina. Nos permite localizar y comentar la intensidad de este acontecimiento histórico que se hizo con varios objetivos: conseguir recursos para librar la guerra carlista, sanear la hacienda pública, crear una clase media de campesinos que proporcionaran riqueza y conseguir lealtades que permitieran mantener a la futura reina Isabel II en el trono. Observamos que se centró en el sur y centro de España (en Andalucía, Extremadura y Madrid). Las desamortizaciones afectaron más a las regiones donde dominaban los latifundios o grandes propiedades. En estas zonas, durante la Edad Media, se repartieron grandes lotes de tierra a nobles y órdenes militares por su labor durante las guerras contra los reinos musulmanes (repartimientos). Así, a las propiedades de las congregaciones religiosas, se sumaron las de las Órdenes Militares (Calatrava, Alcántara y Santiago), ahora disueltas, propietarias de grandes latifundios en la submeseta sur y Andalucía. Por otro lado, apenas afectó al norte donde se estaban desarrollando las primeras guerras carlistas y, además, el dominio del minifundio hacía que muchas de estas tierras carecieran de valor y rentabilidad.

Contexto Histórico

La desamortización fue un largo proceso histórico, económico y social; iniciado con el espíritu reformista de la Ilustración durante el reinado de Carlos III y continuado en la etapa de Carlos IV y su favorito, Manuel Godoy (1798). Las Cortes de Cádiz también tomaron medidas desamortizadoras respecto a las propiedades de los afrancesados (considerados traidores), a las de las órdenes militares disueltas, a las de los conventos y monasterios destruidos por la guerra y a algunas tierras municipales. En el siglo XIX, el proceso desamortizador tiene continuidad durante la construcción del Estado liberal, tanto en la etapa de las regencias (la de Mendizábal) como en el bienio progresista (la de Madoz). La desamortización de Mendizábal (1836) se produce en la regencia de María Cristina (1833-1840), coincidiendo con la primera guerra carlista. Isabel II se convirtió en heredera al trono a la muerte de su padre, Fernando VII (29 de septiembre de 1833). Sin embargo, Carlos María Isidro reclamó sus derechos al trono mediante el Manifiesto de Abrantes, al no admitir la validez de la Pragmática Sanción que derogaba la Ley Sálica. Como consecuencia, va a producirse una guerra civil entre los partidarios de Isabel (isabelinos) y los de don Carlos (carlistas), conocida como la primera guerra carlista. Las diferencias entre ambos bandos no son solo dinásticas, sino también ideológicas: los carlistas defienden el absolutismo y el Antiguo Régimen; de manera que María Cristina tendrá que buscar el apoyo de los liberales.

La alianza del liberalismo con la defensa de los derechos de Isabel permitió que, a partir de 1834, el régimen liberal comenzara a dictar leyes que terminan con el Antiguo Régimen y consolidan el liberalismo en España. La regente siempre que pudo favoreció a los liberales moderados frente a los progresistas. Los últimos, comienzan a protestar pues el Estatuto Real de 1834, aprobado por Martínez de la Rosa, les parecía muy limitado y reclamaban mayor participación ciudadana.

Tras un periodo de gobierno moderado, la regente llamó a Mendizábal (progresista) para formar gobierno, en septiembre de 1835. Conseguir recursos para la guerra carlista era una prioridad y para eso Mendizábal amplió el alistamiento de hombres para el ejército y planteó la desamortización de bienes del clero.

La desamortización de Mendizábal consistió en la disolución de las órdenes religiosas que no se dedicaran a la enseñanza o a la asistencia hospitalaria y la incautación por parte del Estado del patrimonio de las comunidades afectadas. La desamortización implica la nacionalización de las propiedades rústicas y urbanas de la Iglesia y su posterior venta en subastas públicas a particulares. El precio final podía pagarse en metálico o con títulos de la deuda pública. Con ello, se pretendía crear una clase de nuevos propietarios afines a la causa liberal y sanear la deuda pública. Entre 1836 y 1844, fecha en la que Narváez paraliza la desamortización, se vendieron el 60% de los bienes de la Iglesia.

Consecuencias Económicas y Sociales

Aún hoy se discute sobre los efectos de la desamortización en la economía española. La desamortización de Mendizábal no significó una reforma agraria, en el sentido de que no consiguió cambiar la estructura de la propiedad de la tierra, ni redistribuir la riqueza, ya que la venta se realizó en pública subasta sin ningún tipo de limitación, por lo que estos bienes fueron a parar a la alta burguesía y a la nobleza latifundista. El alto valor de las fincas en venta, solo permitió comprar a los grandes propietarios y la alta burguesía. Algunos de estos compran las tierras con interés especulativo, para venderlas posteriormente a un precio más alto; o, para convertirse en terratenientes, puesto que la tierra era todavía un medio para conseguir consideración social o entender que es un valor seguro frente a las alteraciones económicas.

Sin embargo, tuvo consecuencias negativas para las clases más desfavorecidas, pues en estas tierras que se desamortizan (especialmente con la posterior de Madoz, en 1855, que afectó a los bienes comunales) encontraban un importante complemento para sus economías. Por otro lado, los nuevos propietarios encarecen los arrendamientos y los campesinos se convierten en jornaleros, sometidos a duras condiciones de vida y trabajo solamente estacional. El malestar que provocó esta nueva situación degeneraría, al poco tiempo, en protestas y manifestaciones de violencia, convirtiendo el campo en zonas como Andalucía, en un caldo de cultivo para la revuelta social.

El resultado de esta venta lleva a la consolidación del tipo de propiedad preexistente, especialmente, en el centro y el sur, la gran propiedad siguió siendo la forma característica. La tierra cambió de manos, pero no se modificó el tamaño de la propiedad ni se modernizaron las formas de explotación.

La desamortización trajo consigo una expansión de la superficie cultivada y una agricultura algo más productiva. Pero, en los cambios en el campo actuaron otros factores, como la abolición del diezmo, la supresión de la Mesta, la lenta mejora de las condiciones de transporte y comunicación, o las políticas proteccionistas en favor del cultivo de cereales a partir de 1820. El aumento de la población pudo causar una presión en favor de la extensión y la intensificación del cultivo, tanto o más decisiva que los cambios en la estructura de la propiedad.

También permitió paliar la deuda pública contraída con la guerra, al ofrecer a los compradores de bienes la posibilidad de que los pagaran con títulos emitidos por el Estado.

Impacto Cultural y Relaciones con la Iglesia

Los resultados de la desamortización en el aspecto cultural fueron negativos. Muchos edificios de valioso estilo arquitectónico fueron abandonados o derruidos. Innumerables retablos, cuadros, tallas y esculturas e imágenes religiosos se perdieron o pasaron a manos particulares. Muchos archivos fueron destruidos y los fondos de las bibliotecas se dispersaron.

Por último, la desamortización de Mendizábal empeoró las relaciones con la Iglesia. La Iglesia tomó la decisión de excomulgar tanto a los expropiadores como a los compradores de las tierras. La Santa Sede no reconocía a Isabel II y la restauración de la Constitución de Cádiz provocó que, en octubre de 1836, rompiera las relaciones diplomáticas con el gobierno español. Hubo que esperar al Concordato (1851) para que estas relaciones mejoraran. Este acuerdo supuso el reconocimiento de Isabel II como reina y la aceptación de la desamortización; a cambio del sostenimiento de la Iglesia con cargos a los presupuestos (presupuesto del culto y del clero). Además, la Iglesia obtiene amplias competencias en educación y el compromiso de la confesionalidad católica del Estado.