Crisis de la vivienda y servicios sociales: salud comunitaria, trabajo social y justicia restaurativa

Albert Sales

Albert Sales: Los servicios sociales (SS.SS.) están desbordados por la crisis de la vivienda; se les exige resolver un problema que no está en sus manos, ya que depende de políticas estructurales de vivienda, empleo y rentas. Los SS.SS. atienden las consecuencias, no las causas. La crisis no terminó en 2014. Los desahucios son, sobre todo, por alquiler y no por hipoteca. Muchas familias destinan más del 50% de sus ingresos a vivienda; cada vez es más difícil mantener la estabilidad residencial y más personas se ven en situación de vulnerabilidad. La función de los servicios sociales (evitar, alojar, atender) fracasa en gran medida porque no existe suficiente vivienda social. También existe el desahucio invisible, provocado por la subida del alquiler.

• Modelo de escalera: albergue, centro, piso, trabajo y alquiler. Hoy está roto porque no existen alquileres asequibles para poder salir del circuito.
• Problema estructural: los SS.SS. atienden efectos, no cuentan con herramientas estructurales para resolver la causa del problema.
• Desahucio invisible: aumento de rentas que expulsa a las familias sin proceso judicial tradicional.

Forns

Forns: El derecho a la vivienda (art. 47) está amenazado por una emergencia habitacional estructural, con desahucios, alquileres abusivos y precariedad. La vivienda se ha convertido en un activo financiero, donde fondos y grandes propietarios influyen en los precios y expulsan a la población. España tiene poca vivienda social, lo que dificulta ofrecer alternativas reales. La emergencia afecta a jóvenes, migrantes, familias monoparentales y trabajadores precarios y no es un fallo individual, sino del sistema basado en el mercado. Las ayudas y moratorias no bastan; se necesitan controles de alquiler, más vivienda pública y límites a la especulación.

• Actores que influyen: grandes propietarios y fondos de inversión como motores de la especulación.
• Grupos más afectados: jóvenes, migrantes, familias monoparentales y trabajadores precarios.
• Propuestas: controles de alquiler, aumento de vivienda pública y límites a la especulación inmobiliaria.

Pasarela et al.

Pasarela et al.: La salud comunitaria es resultado de la interacción de factores sociales, económicos, culturales y ambientales, y no solo de la atención sanitaria. La atención primaria y la salud pública han evolucionado de forma paralela y poco coordinada, cuando deberían integrarse para intervenir eficazmente a nivel comunitario. Mejorar la salud implica actuar sobre los determinantes sociales de la salud (DSS) mediante intervención local, acción intersectorial y participación comunitaria. La salud comunitaria debe incorporarse a las políticas públicas, a la cartera de servicios y a la organización del sistema sanitario, y no depender solo de la voluntad profesional.

• Integración necesaria: coordinación real entre atención primaria y salud pública.
• Actuar sobre DSS: intervención local, enfoques intersectoriales y participación comunitaria.
• Incorporación institucional: incluir la salud comunitaria en las políticas y en la cartera de servicios.

Castro et al.

Castro et al.: El trabajo social (TS) es un agente clave de transformación del sistema educativo, especialmente frente a las desigualdades sociales y educativas. Defienden una intervención socioeducativa que vaya más allá del rendimiento académico, incorporando la atención a factores sociales, familiares y comunitarios que influyen en el éxito escolar. El TS en educación actúa como puente entre escuela, familia y comunidad, promoviendo inclusión, equidad y bienestar. Existe la necesidad de un enfoque preventivo, comunitario e interdisciplinar para garantizar el derecho a la educación en condiciones de igualdad.

• Función del TS: mediación entre escuela, familia y comunidad.
• Objetivo: promover inclusión, equidad y bienestar más allá del rendimiento académico.
• Enfoque preventivo: intervención temprana y trabajo interdisciplinar.

Domingo de la Fuente

Domingo de la Fuente: La justicia restaurativa es un modelo alternativo y complementario a la justicia penal tradicional que se centra en la reparación del daño, no en el castigo. Sitúa a la víctima en el centro, reconoce el daño sufrido y promueve la responsabilidad activa del infractor, fomentando el diálogo, la reparación y la reintegración social. El proceso es voluntario, confidencial y se basa en el reconocimiento del daño, con la participación de víctima, infractor y comunidad, facilitado por un profesional imparcial. No sustituye automáticamente a la justicia penal, sino que la complementa. La víctima pasa de un rol pasivo a uno central; el infractor asume responsabilidad más allá de la culpa legal; la reparación puede ser material, simbólica o relacional; y el profesional (mediador o trabajador social) facilita el proceso sin juzgar.

• Centro en la víctima: reconocimiento del daño y protagonismo en la reparación.
• Responsabilidad del infractor: asumir las consecuencias y participar activamente en la reparación.
• Rol del profesional: facilitador imparcial que no juzga sino que guía el proceso.

Conclusiones y propuestas transversales

En conjunto, los textos señalan la necesidad de respuestas estructurales y coordinadas: políticas públicas que aumenten la vivienda social, controles al mercado inmobiliario, integración de la salud comunitaria en los servicios públicos, refuerzo del trabajo social en ámbitos educativos y la promoción de procesos restaurativos en justicia. Todas estas medidas requieren acción intersectorial, participación comunitaria y voluntad política para transformar problemas estructurales en soluciones sostenibles.