La crisis del sistema de la Restauración: el regeneracionismo
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Los intentos de regeneración de los partidos dinásticos
A comienzos del siglo XX, el sistema político de la Restauración seguía vigente. Sus fundamentos eran una monarquía liberal pero no democrática que descansaba en la Constitución de 1876. Este sistema político había funcionado con bastante estabilidad gracias al pacto entre los dos grandes partidos dinásticos (conservador y liberal), para alternarse pacíficamente en el gobierno, y a la pasividad de un electorado en su mayoría analfabeto. Uno y otro partido pactaban de antemano el resultado de las elecciones, negociando con los caciques.
Pero a fines del siglo XIX, una corriente ideológica, el regeneracionismo, denunció ese sistema, dominado por la oligarquía, y realizó propuestas para la modernización política, social y económica de España.
En 1905, con los liberales en el gobierno, se produjo una de las crisis más trascendentales del reinado de Alfonso XIII, la que enfrentó a los militares con el catalanismo. Bajo la presión de los militares se aprobó la Ley de Jurisdicciones en 1906, por la que las ofensas contra el ejército y la patria serían juzgadas por tribunales militares.
En esta situación, ambos partidos optaron por reforzarse eligiendo nuevos líderes: Antonio Maura (conservador) y José Canalejas (liberal), que representaban una nueva generación de políticos regeneracionistas.
Maura y el regeneracionismo conservador
El “gobierno largo” de Maura (1907-1909) puso en marcha su proyecto “revolución desde arriba”. Se trataba de hacer reformas políticas que diesen autenticidad al sistema liberal-parlamentario, pero sin alterar las bases del régimen.
Su objetivo era propiciar la limpieza electoral, erradicar el caciquismo y lograr el apoyo de las clases medias. En este sentido, se aprobó la Ley Electoral en 1907. Esta ley declaraba el voto obligatorio, pero en la práctica no tuvo el efecto deseado de sanear las elecciones sino que agravó las prácticas caciquiles.
Su proyecto más importante fue la reforma de la Ley de Administración Local, que pretendía acabar con el caciquismo. Contemplaba una mayor autonomía local y la posibilidad de crear mancomunidades locales y provinciales. Otro de sus objetivos era satisfacer las aspiraciones autonomistas de Cataluña y abrió la vía para un entendimiento con la Liga Regionalista. Pero suscitó la oposición de liberales, republicanos e incluso conservadores y no fue aprobada por el Parlamento.
Su programa incluyó otras disposiciones, como una política económica de intervención estatal y de protección y fomento de la industria nacional; y medidas sociales como la creación del Instituto Nacional de Previsión, la obligatoriedad de descanso dominical y la legalización de la huelga.
La Ley de Represión del Terrorismo, dirigida sobre todo contra los atentados anarquistas, fracasó por la oposición de republicanos, socialistas y liberales que la consideraron una amenaza a las libertades. Sirvió de justificación para la formación de una alianza de liberales y republicanos moderados, que formaron el Bloque de Izquierdas, que defendían la laicización del Estado y la libertad de cultos.
Las consecuencias de la guerra de Marruecos dieron al traste con este primer intento reformista.