De la Crisis de la Restauración a la Segunda República: Dictadura de Primo de Rivera y Constitución de 1931
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El Impacto de los Acontecimientos Internacionales en la Crisis de la Restauración
Durante el reinado de Alfonso XIII, el régimen de la Restauración entró en crisis debido a la inestabilidad política, la conflictividad social y el auge de fuerzas opositoras. Entre 1902 y 1923 hubo 32 gobiernos, reflejando la fragilidad del sistema.
La Guerra de Marruecos
España buscó recuperar prestigio internacional estableciendo un protectorado en Marruecos en 1906. Sin embargo, la resistencia local liderada por Abd el-Krim llevó a una guerra brutal. En 1921, el desastre de Annual causó miles de muertes y una gran pérdida territorial, debilitando al gobierno y fomentando la oposición. La situación se resolvió con el desembarco de Alhucemas en 1925, bajo la dictadura de Primo de Rivera.
Impacto de la Primera Guerra Mundial
España se mantuvo neutral, lo que benefició a la burguesía industrial pero empobreció a la clase trabajadora. Tras la guerra, la falta de inversión y el aumento de la desigualdad provocaron una radicalización social.
La Crisis de 1917 y el Impacto de la Revolución Rusa
Tres crisis simultáneas evidenciaron la descomposición del régimen:
- Crisis militar: Los oficiales exigieron mejoras salariales y profesionales, y el gobierno cedió con la Ley del Ejército, reconociendo las Juntas de Defensa.
- Crisis política: Opositores (republicanos, socialistas, catalanistas) formaron una Asamblea Nacional en Barcelona para exigir reformas, pero fue disuelta por el gobierno.
- Crisis social: Una huelga general revolucionaria convocada por PSOE, UGT y CNT fue duramente reprimida por el ejército.
El Trienio Bolchevique (1918-1920)
Influida por la Revolución Rusa, la CNT aumentó su influencia, especialmente en Andalucía y Cataluña, con huelgas, ocupaciones de tierras y atentados (pistolerismo), mientras los empresarios respondieron con grupos armados y cierres patronales (lock-out). La UGT mantuvo una postura más moderada. En 1921, una escisión del PSOE creó el Partido Comunista de España (PCE).
Estos conflictos agravaron la crisis del régimen de la Restauración y facilitaron la llegada de la dictadura de Primo de Rivera en 1923.
La Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)
Entre 1902 y 1923 hubo una gran inestabilidad política con 32 gobiernos diferentes. La derrota en Annual (1921) provocó unos 9.000 muertos y la pérdida de 5.000 km², destapando además la corrupción en el seno del ejército. La crisis política y social resultante facilitó el golpe de Estado de Miguel Primo de Rivera.
El Golpe de Estado (1923)
Primo de Rivera, entonces capitán general de Cataluña, admiraba el modelo fascista de Mussolini y rechazaba el sistema parlamentario y los partidos políticos tradicionales. Dio un golpe de Estado el 13 de septiembre de 1923, que fue aceptado y legitimado por el rey Alfonso XIII. Solo los anarquistas (CNT) y los comunistas (PCE) se opusieron abiertamente.
El Directorio Militar (1923-1925)
Primo de Rivera asumió todo el poder como presidente de un Directorio Militar y aplicó una serie de medidas clave:
- Suspendió la Constitución de 1876, disolvió las Cortes, prohibió los partidos políticos y los sindicatos (excepto la UGT), y estableció una fuerte censura de prensa.
- Declaró el estado de guerra, que se mantuvo vigente durante toda la dictadura.
- Ilegalizó organizaciones como la CNT y el PCE, pero adoptó una actitud tolerante hacia la UGT y el PSOE, buscando su colaboración.
- Intentó eliminar el caciquismo nombrando delegados militares en los ayuntamientos y diputaciones.
- En Cataluña, prohibió el uso oficial del catalán, suprimió la Mancomunidad y cerró medios de comunicación catalanistas.
- Impulsó una política económica intervencionista, con control estatal de sectores productivos, creación de monopolios (Telefónica, CAMPSA), un ambicioso plan de obras públicas (carreteras, ferrocarriles, embalses) y fomento del turismo. Aunque estas medidas redujeron temporalmente la conflictividad social, generaron una considerable deuda pública.
- Concedió una amnistía a los militares implicados en el desastre de Annual y puso fin con éxito a la guerra de Marruecos tras el desembarco de Alhucemas (1925), en colaboración con Francia.
El Directorio Civil (1925-1930)
Tras el éxito en Marruecos, Primo de Rivera intentó institucionalizar el régimen y darle una apariencia de normalidad:
- Sustituyó el Directorio Militar por un gobierno con civiles, aunque él mantuvo la presidencia y los militares conservaron gran influencia.
- Creó la Unión Patriótica, un partido único oficialista destinado a proporcionar apoyo social al régimen, aunque con escaso éxito.
- Formó una Asamblea Nacional Consultiva en 1927, designada por el dictador y sin poder legislativo real, encargada de elaborar un anteproyecto de Constitución.
- Presentó un proyecto de Constitución en 1929, de carácter autoritario y corporativo, que nunca llegó a ser aprobado.
La Caída de Primo de Rivera
El dictador fue perdiendo apoyos progresivamente en múltiples sectores: intelectuales (como Unamuno), estudiantes universitarios, nacionalistas catalanes y vascos, y una parte significativa del ejército (descontenta con las arbitrariedades y el sistema de ascensos). La crisis económica mundial de 1929 empeoró la situación económica en España y el déficit estatal se disparó. En enero de 1930, sintiéndose sin el respaldo crucial del ejército y del rey, Primo de Rivera presentó su dimisión y se exilió en París, donde murió poco después.
El Final del Reinado de Alfonso XIII
Tras la dimisión del dictador, el rey Alfonso XIII intentó restaurar la normalidad constitucional nombrando jefe de gobierno al general Berenguer (la "dictablanda"), pero la monarquía estaba profundamente desprestigiada por su apoyo a la dictadura. En agosto de 1930, representantes de partidos republicanos, nacionalistas catalanes, exmonárquicos descontentos y socialistas (PSOE) firmaron el Pacto de San Sebastián, comprometiéndose a derrocar la monarquía e instaurar una República. Tras el fracaso del gobierno de Berenguer y un breve gobierno del almirante Aznar, se convocaron elecciones municipales para el 12 de abril de 1931. Aunque los partidos monárquicos obtuvieron más concejales en el cómputo global (gracias al voto rural), las candidaturas republicano-socialistas triunfaron abrumadoramente en las grandes ciudades y capitales de provincia. Interpretando este resultado como un rechazo popular, Alfonso XIII renunció a la potestad regia y abandonó España rumbo al exilio el 14 de abril de 1931, día en que se proclamó la Segunda República.
La Proclamación de la Segunda República y la Constitución de 1931
Tras la dimisión de Primo de Rivera en enero de 1930, Alfonso XIII intentó restaurar el sistema constitucional anterior nombrando al general Berenguer como jefe de gobierno, pero la monarquía estaba ya muy desprestigiada por su vinculación con la dictadura.
En agosto de 1930, republicanos, socialistas, nacionalistas catalanes y exmonárquicos firmaron el Pacto de San Sebastián con el objetivo de derrocarla. En diciembre de ese año, se produjo un intento fallido de pronunciamiento militar republicano en Jaca (sublevación de Jaca), cuyos capitanes responsables, Galán y García Hernández, fueron fusilados. La creciente conflictividad política y social llevó a la dimisión de Berenguer en febrero de 1931, siendo sustituido por el almirante Juan Bautista Aznar, quien convocó elecciones municipales para el 12 de abril.
Proclamación de la Segunda República (14 de abril de 1931)
Aunque los candidatos monárquicos obtuvieron un mayor número de concejales en el total de España (debido al control caciquil en las zonas rurales), los republicanos y socialistas lograron una victoria aplastante en las capitales de provincia y principales núcleos urbanos. Alfonso XIII interpretó estos resultados como un plebiscito sobre la monarquía y decidió abandonar el país, exiliándose el 14 de abril. Ese mismo día, se proclamó la Segunda República Española en diversas ciudades y se izó la bandera tricolor (roja, amarilla y morada). En Cataluña, Lluís Companys proclamó la República desde el balcón del Ayuntamiento de Barcelona y, poco después, Francesc Macià declaró la República Catalana dentro de una Federación de Repúblicas Ibéricas, aunque esta iniciativa fue reconducida por el gobierno central hacia un estatuto de autonomía. Se estableció un gobierno provisional presidido por Niceto Alcalá-Zamora (un exmonárquico convertido al republicanismo), integrado por los firmantes del Pacto de San Sebastián, que decretó una amnistía para los presos políticos y convocó elecciones a Cortes Constituyentes para junio de 1931.
La Constitución de 1931
Las Cortes Constituyentes, con mayoría de izquierdas y republicanos, elaboraron una nueva Constitución, que fue aprobada el 9 de diciembre de 1931. Los diputados de la derecha y agrarios se ausentaron de la votación final en desacuerdo con el tratamiento de la cuestión religiosa. Sus características principales fueron:
- Definía a España como una "República democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de Libertad y Justicia".
- Establecía un sistema unicameral (Congreso de los Diputados).
- Reconocía la posibilidad de constituir gobiernos autónomos en las regiones (Estado integral).
- Declaraba la separación completa entre la Iglesia y el Estado (aconfesionalidad), la libertad de conciencia y culto, y la disolución de las órdenes religiosas que supusieran un peligro para la seguridad del Estado (como los jesuitas).
- Establecía el sufragio universal masculino y femenino a partir de los 23 años.
- Contenía una amplia declaración de derechos y libertades individuales y sociales (igualdad ante la ley, educación, trabajo).
Los debates más intensos en las Cortes giraron en torno a la cuestión religiosa (que provocó la dimisión del jefe de gobierno Alcalá-Zamora, católico, siendo sustituido por Manuel Azaña), la definición de la propiedad (posibilidad de expropiación por utilidad social), la organización territorial del Estado (autonomía regional) y, especialmente, el sufragio femenino.
El Debate sobre el Sufragio Femenino
Con los cambios sociales derivados de la Revolución Industrial, las mujeres comenzaron a organizarse y a reivindicar derechos, entre ellos el derecho al voto (movimiento sufragista). En España, figuras como Carmen de Burgos impulsaron esta lucha desde principios del siglo XX. En 1921, diversas sufragistas españolas asistieron al Congreso Internacional de la Alianza para el Sufragio Femenino. Durante la dictadura de Primo de Rivera, el Estatuto Municipal de 1924 reconoció el derecho a voto de las mujeres cabeza de familia en elecciones municipales, pero estas nunca llegaron a celebrarse. Con la llegada de la Segunda República, la ley electoral de 1931 permitió que las mujeres fueran elegibles como diputadas, logrando un escaño figuras como Victoria Kent (Partido Radical Socialista) y Clara Campoamor (Partido Radical). La aprobación del voto femenino en la Constitución de 1931 encontró una fuerte resistencia, incluso por parte de algunos sectores de la izquierda y de diputadas como Victoria Kent, quienes temían que el voto de las mujeres, supuestamente influenciadas por la Iglesia, favoreciera a los partidos de derechas. Sin embargo, la apasionada defensa de Clara Campoamor en las Cortes fue decisiva para que el sufragio femenino fuera finalmente reconocido en la Constitución republicana.