La Crisis del Antiguo Régimen en España (1808-1833)

La Crisis del Antiguo Régimen en España (1808-1833)

Composiciones de Texto Histórico:

1. Composición nº 1. La crisis de la monarquía absoluta (abdicaciones, ocupación napoleónica).
2. Composición nº 2. Las Cortes de Cádiz y la constitución de 1812.
3. Composición nº 3. La restauración de Fernando VII y del absolutismo (las etapas del reinado).

Entre finales del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX tiene lugar en toda Europa el tránsito del Antiguo Régimen a las nuevas formas sociales, económicas y políticas que caracterizan a las sociedades contemporáneas. La Revolución Francesa actúa como detonante del cambio y la transición es diferente en cada país. En España, la Guerra de Independencia desencadena la “crisis del Antiguo Régimen”. De 1808 a 1814 se desarrolla la guerra de independencia, que marca el inicio de la revolución liberal teniendo su máxima expresión en la Constitución de 1812. De 1814 a 1833 es la etapa del reinado de Fernando VII, que supuso la vuelta al absolutismo, salvo el paréntesis del Trienio Liberal (1820-1823).

1) El Reinado de Carlos IV (1788-1808)

La muerte de Carlos III en 1788 llevó al trono a su hijo Carlos IV. El reinado de Carlos IV (1788-1808) estuvo marcado por el temor al contagio revolucionario, la impopularidad de su favorito Manuel Godoy y la alianza con la Francia de Napoleón. Un año después de iniciado su reinado estalló la Revolución Francesa (1789), hecho que incidió en la política interior y exterior de España.

Los primeros años del reinado

Cuando estalla la Revolución Francesa en 1789, el gobierno, para impedir la difusión de las ideas revolucionarias, publicó una serie de decretos y órdenes estableciendo una dura censura sobre los libros y folletos (“cordón sanitario”) procedentes de Francia. En 1792, Godoy, debido a la buena “amistad” que tenía con los reyes, llegó al gobierno. Godoy tuvo la oposición de la alta nobleza, debido a que él era de origen plebeyo; de la iglesia, debido a sus ideas reformistas; y del príncipe Fernando, porque le consideraba un competidor. La muerte en la guillotina del rey Luis XVI (enero de 1793) condujo a Godoy a declararle la guerra a Francia (1793-95). La guerra finalizó con la derrota de las tropas españolas y la firma de la Paz de Basilea. A partir de ese momento, y especialmente desde el ascenso al poder de Napoleón Bonaparte (1799), la política de Godoy buscó la alianza con Francia, firmando una serie de pactos con Napoleón. España se convirtió en aliada de Francia y se enfrentó a Inglaterra. En la batalla de Trafalgar (1805), España perdió casi toda su flota ante la armada inglesa.

El final del reinado de Carlos IV: El motín de Aranjuez y la caída de Godoy

Napoleón estableció el bloqueo continental (noviembre de 1806), por el que se prohibía todo comercio del continente europeo con Inglaterra. El objetivo era cerrar todas las costas europeas al comercio inglés, provocando la ruina de la industria inglesa y, con eso, la miseria y la rendición final de Inglaterra. Para hacer efectivo el bloqueo en Portugal, aliado de Inglaterra, Napoleón firmó con España el tratado de Fontainebleau (octubre de 1807), por el que se autorizaba al ejército francés a atravesar España camino de Portugal. A su vez, se incorporaba un tratado secreto de partición de Portugal: una parte sería para Francia, otra para España y una tercera sería un principado personal para Godoy. En pocos días, las tropas francesas acabaron con la resistencia portuguesa y tomaron Lisboa. Mientras, otras fuerzas se apoderaban de Barcelona, Pamplona y otras plazas bajo el pretexto de defender a España de un hipotético desembarco inglés. La situación interior de España era favorable a los planes de Napoleón. La oposición a Godoy, a cuya cabeza estaba el mismo príncipe de Asturias, Fernando, integrada por importantes miembros de la nobleza y del clero, preparó un golpe palaciego, el motín de Aranjuez, entre el 17 y el 19 de marzo de 1808, que provocó la caída de Godoy, mientras Carlos IV abdicaba en su hijo Fernando.

2) La Guerra de la Independencia

Las abdicaciones de Bayona

La caída de Godoy y de Carlos IV y la subida al trono de Fernando VII agravaron la crisis de la monarquía española. Unos y otros se disputaban el favor de Napoleón y, con eso, favorecían sus planes de construir una Europa napoleónica, incluyendo el trono español. Este era el fin último perseguido por Napoleón al atraerse a la familia real a la localidad francesa de Bayona. En este lugar, Napoleón obtuvo las abdicaciones de los monarcas, Carlos IV y Fernando VII, que renunciaron a sus derechos a la corona española. Napoleón decidió entregar el reino de España a su hermano José I.

El levantamiento contra los franceses: el 2 de mayo de 1808

La reacción, en gran parte espontánea, del pueblo español convirtió la ocupación francesa en una guerra, la Guerra de la Independencia, iniciada con el levantamiento del pueblo de Madrid el 2 de mayo de 1808, secundado, rápidamente, por el resto del país. El 2 de mayo de 1808, el pueblo de Madrid, irritado por la conducta de los franceses, quiso evitar la salida de los últimos miembros de la familia real, lo que provocó un enfrentamiento con el ejército francés. La lucha tuvo carácter popular y espontáneo. El ejército francés, al mando del general Murat, lugartenente de Napoleón en España, reprimió duramente el levantamiento popular con un saldo de cientos de muertos. En la noche del 2 al 3 de mayo, un centenar de prisioneros eran fusilados en la montaña de Príncipe Pío y en la Moncloa. Frente a la actitud de la Junta de Gobierno, que dejó a Fernando VII al dirigirse a Bayona, que abogaba por colaborar con las tropas francesas, la reacción popular fue muy distinta. La renuncia de Fernando VII, a quien el pueblo llamó “el Deseado”, se interpretó como impuesta por la fuerza. Así, la rebelión se extendió por todas las ciudades del país.

La monarquía de José I Bonaparte

La Junta de Gobierno y el Consejo de Castilla recibieron al nuevo rey José I Bonaparte. Napoleón quiso presentarse como el regenerador del pueblo español y, para dar más fuerza a su proyecto, convocó en Bayona a un centenar de eclesiásticos, nobles, militares y otras personalidades con la intención de elaborar una constitución, que nunca estuvo vigente, y que desembocó en la aprobación del Estatuto de Bayona, en realidad una carta otorgada, debido a que no fue realizada libremente por los representantes de la nación. Se trataba de una norma suprema parcialmente reformista, ya que incluía ciertos derechos individuales (libertad de imprenta, libertad de industria y comercio, igualdad fiscal); sin embargo, reservaba al rey la práctica totalidad de los poderes, incluyendo las atribuciones gubernamentales y legislativas. El rey llegó a Madrid en julio de 1808. Fue un monarca impopular, cuya personalidad se alejaba de la imagen que sobre él dieron los patriotas españoles (Pepe Botella). Intentó gobernar con el apoyo de los ilustrados llamados “afrancesados”. Los afrancesados creían que el cambio dinástico era una oportunidad para emprender un programa de reformas que el país necesitaba, sin necesidad de pasar por experiencias revolucionarias. Sin embargo, José I nunca logró ejercer el gobierno efectivo de España porque las decisiones más importantes siempre las tomaba su hermano. La mayoría del país se puso en contra de los franceses. Ante la ausencia de Fernando VII y la falta de una autoridad legítima, el pueblo asumió la soberanía formando Juntas Locales y más tarde Provinciales. Posteriormente, para organizar la resistencia y dar un gobierno central al país, constituyeron, mediante el envío de dos representantes de cada una, una Junta Suprema Central, después Consejo de Regencia.

Desarrollo de la Guerra

La guerra se desarrolló en tres fases:

1. La primera fase: los éxitos iniciales (junio - noviembre de 1808)

   Esta fase tiene lugar en los primeros meses de la invasión (junio - noviembre de 1808) tras el fracaso del levantamiento de Madrid. En este período, los soldados franceses se emplearon en sofocar los alzamientos que se extendieron por las ciudades más importantes del país. El hecho más destacado de esta primera fase de la guerra fue la batalla de Bailén, donde un ejército francés dirigido por el general Dupont fue derrotado el 19 de julio por un ejército español improvisado por algunas juntas provinciales de Andalucía. Por primera vez era derrotado un ejército napoleónico en campo abierto. Napoleón, para vengar esta derrota, decidió entrar personalmente en España, al frente de un poderoso ejército: la Grande Armée.

2. La segunda fase: el apogeo francés (noviembre de 1808 - primavera de 1812)

   El emperador francés, al frente de la Grande Armée, entra en España en noviembre de 1808. Vence al ejército español cerca de Burgos. En diciembre entra en Madrid, donde vuelve a colocar a su hermano. El ejército inglés, perseguido por tropas francesas, pudo reembarcarse en La Coruña (Batalla de Elviña, muerte de Sir John Moore, enero de 1809). Napoleón abandonaba España dejando un fuerte ejército bajo la dirección del general Soult. Un hecho decisivo fue la acción de la guerrilla, que minaba la moral de las tropas francesas y les impedía el control efectivo del territorio. Los guerrilleros eran hombres del pueblo que se agrupaban en bandas o guerrillas de algunos centenares de combatientes. Hostigaban a los destacamentos franceses, ya que conocían y controlaban las zonas en las que actuaban, desorganizando su retaguardia y causándoles todas las bajas posibles. Contaban con la complicidad de las poblaciones, de las que obtenían víveres o información, permitiéndoles burlar la persecución de fuerzas muy superiores. Entre los jefes de guerrillas destacan Espoz y Mina, el cura Merino y Juan Martín Díaz “el Empecinado” y otros muchos, cuya aportación al éxito final de la guerra fue muy valiosa.

3. La tercera fase de la guerra: la ofensiva final anglo-española (primavera de 1812 - agosto de 1813)

   La tercera y última fase de la guerra se inició en la primavera de 1812, cuando Napoleón se vio obligado a retirar de España una parte muy importante de sus tropas para engrosar la Grande Armée que se preparaba para la invasión de Rusia. El debilitamiento de las tropas francesas fue aprovechado por las tropas anglo-portuguesas y españolas del duque de Wellington. En la batalla de Vitoria (junio de 1813) eran derrotados los franceses y José I se vio obligado a cruzar la frontera. En diciembre de 1813, Napoleón firmaba el tratado de Valençay, por el que finalizaban las hostilidades en España y Fernando VII era repuesto en el trono.

Efectos de la Guerra

Los efectos de la guerra fueron desastrosos para España. Se calcula que hubo medio millón de muertos, cifra considerable para un país que contaba, en 1808, con unos once millones de habitantes. Una parte importante de nuestras obras artísticas fueron robadas por los franceses. El campo quedó arrasado, con pérdida de cosechas y cabezas de ganado. Además, la Hacienda Pública quedó aún más arruinada. Por último, la guerra favoreció el proceso de independencia de la América española.

Las diferentes tendencias políticas durante la guerra

La invasión francesa y la quiebra del modelo social, político y económico del Antiguo Régimen obligaron a la toma de postura frente a la presencia francesa y la nueva monarquía napoleónica. Una pequeña parte de los españoles, a los que se les conoce como afrancesados, y entre los que se encontraban numerosos intelectuales y altos funcionarios, aceptaron al nuevo monarca José Bonaparte y participaron en su gobierno. Se sentían atraídos por el programa reformista de la nueva monarquía, al mismo tiempo que creían que la monarquía napoleónica era la mejor garantía para evitar excesos revolucionarios. El grueso de la población española formó lo que se conoce como patriotas, es decir, todos los que se opusieron a la invasión. Ahora bien, en este bando encontramos posiciones muy diferentes. La mayor parte del clero y la nobleza eran absolutistas. La burguesía y los intelectuales eran liberales y veían en la situación revolucionaria originada por la guerra la ocasión de implantar un sistema liberal-parlamentario en España.

3) Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812

El avance del ejército francés había obligado a la Junta Suprema Central a trasladarse de Sevilla a Cádiz, ciudad de más fácil defensa y libre de la ocupación francesa, con una activa vida social y con fama de liberal, y donde podían propagarse fácilmente las ideas de renovación de la política y la sociedad. Para unos, la necesidad de esas reformas debía hacerse manteniendo la autoridad absoluta del rey; para otros, los más avanzados, los cambios debían estar acompañados por una reforma profunda del sistema. Era el momento de avanzar hacia un gobierno más moderno y los antecedentes se encontraban en la Revolución Americana y la Revolución Francesa.

La convocatoria a Cortes

Pronto se extendió, entre los patriotas, la idea de que era necesario convocar unas Cortes Generales del reino que debían encargarse de cubrir el vacío de poder. La Junta Suprema Central se disuelve, a mediados de 1810, pasando el poder a un Consejo de Regencia, que procedió a la convocatoria de elecciones a Cortes. Estas, que según la Junta deberían convocarse según el procedimiento tradicional del Antiguo Régimen (es decir, en tres estamentos: nobleza, clero y gente del común), terminaron siendo como deseaban los partidarios de poner fin al absolutismo monárquico, o sea, como una cámara única donde los representantes eran elegidos sin distinción, acordándose, ante la imposibilidad de hacer elecciones en las provincias ocupadas por los franceses, el nombramiento de diputados suplentes residentes en Cádiz. Así, en el verano de 1810 eran elegidos los diputados por sufragio universal masculino, en unas condiciones, como vemos, nada fáciles, por la situación de guerra en que se vivía.

Composición de las Cortes

En Cádiz se congregaron unos trescientos diputados. La composición social de los diputados era el reflejo de una parte muy influyente de la sociedad de aquella época. El clero predominaba, junto a abogados y juristas, seguían los altos funcionarios, militares y catedráticos, y unos cuantos propietarios de negocios industriales o comerciales. Por el contrario, la presencia de nobles era escasa, como la de miembros del alto clero (únicamente había tres obispos). Puede decirse que predominaban los individuos pertenecientes a las clases medias y con una sólida formación intelectual y académica. Las ideologías se dividían en liberales y absolutistas.

La Constitución de 1812

Las Cortes de Cádiz elaboraron la primera Constitución de nuestra historia, una Constitución de carácter liberal que era aprobada el 19 de marzo de 1812, conocida como “La Pepa” por su aprobación el día de San José. La Constitución es un texto de gran extensión, con 384 artículos, y su contenido se basa en los siguientes principios fundamentales:

• Soberanía nacional: el poder político pertenece a la nación, siendo delegado en los representantes elegidos por los ciudadanos.
• División de poderes: el ejecutivo, que corresponde al rey; el legislativo, a las Cortes, aunque comparte con el rey; y el judicial, a los Tribunales.
• Monarquía constitucional: el monarca ya no era el titular de la soberanía y quedaba limitado por la Constitución. Entre otras limitaciones, el rey poseía un derecho de veto sobre las leyes aprobadas por las Cortes.
• Cortes unicamerales y elegidas por sufragio universal indirecto de los hombres mayores de 25 años. Sin embargo, para ser candidato a diputado era necesario tributar a la Hacienda una cierta cantidad.
• Igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Significaba el fin de las diferencias estamentales y de los privilegios fiscales, militares y jurídicos que venían beneficiando a los nobles.
• Reconocimiento de los derechos y libertades individuales: libertad de imprenta, libertad de comercio e industria, derecho a la propiedad… Sin embargo, no reconoce la libertad religiosa y establece a la religión católica como la única de la nación española.
• La Constitución acababa con la antigua división en reinos, estableciéndose la uniformidad y centralización administrativa con una nueva división de España en provincias.

La Constitución de Cádiz está inspirada en la francesa de 1791 e influyó en otros países como Portugal, Italia y los países hispanoamericanos. Además de redactar una Constitución, las Cortes aprobaron una serie de decretos y leyes, entre 1810 y 1813, por las que se procedía a una profunda reforma de las instituciones políticas, económicas y jurídicas españolas; en resumen, se venía a abolir los fundamentos del Antiguo Régimen:

• Decreto de libertad de imprenta y supresión de la censura de prensa (1810).
• Decreto de abolición de los señoríos jurisdiccionales y del régimen señorial (1811). Sin embargo, la nobleza consiguió salvar buena parte de sus bienes al poder convertir sus señoríos territoriales en bienes de propiedad privada.
• Abolición de la Inquisición (1813), medida que fue recibida con desagrado por la mayor parte del clero.
• Eliminación de las organizaciones gremiales.

4) El Reinado de Fernando VII (1814-1833)

Para su estudio, este reinado lo dividiremos en tres etapas.

1ª etapa) El restablecimiento del absolutismo (1814-1820)

Fernando VII llega a España, entra por Cataluña, sigue hacia Zaragoza, y de allí a Valencia. En esta ciudad recibe el Manifiesto de los Persas, un escrito de sesenta y nueve diputados instándole a que implante el Antiguo Régimen y, por tanto, la monarquía absoluta. Mediante el decreto, dado en Valencia, el 4 de mayo de 1814, se restauraba el poder absoluto del monarca y se abolía toda la legislación de las Cortes de Cádiz, “como si no pasasen jamás tales actos”. A finales de mayo, Fernando VII, como rey absoluto, entraba en Madrid. El retorno al absolutismo se inscribe en un contexto favorable a la vuelta al Antiguo Régimen en Europa a la caída de Napoleón (la Europa de la Restauración). Los países vencedores se reunieron en el Congreso de Viena y terminaron creando la Santa Alianza, una unión entre las monarquías absolutistas para acabar con cualquier brote liberal. Tras la vuelta al absolutismo vino la represión política. Fueron detenidos y juzgados liberales y afrancesados, acusados de conspiración contra el rey y de traición. Otros muchos lograron abandonar el país, integrando el primer exilio de la España contemporánea. La Hacienda estaba prácticamente en bancarrota y la guerra en América (independencia de las colonias) se llevaba los pocos ingresos de la Hacienda. La represión política no detuvo la acción de los sectores liberales. Se dedicaron a conspirar, siendo el mejor marco para eso las logias masónicas, muy difundidas en el ejército. Los liberales carecían de la fuerza necesaria para hacerse con el poder y volver al constitucionalismo; la iniciativa tendrá que partir de un sector del ejército a favor del liberalismo, que recibirá el apoyo por parte de grupos urbanos. Son los pronunciamientos militares, que tanto caracterizaron a nuestro siglo XIX. Durante el período de 1814 a 1819 hubo varios (Espoz y Mina en Pamplona, Juan Díaz Porlier en La Coruña, Lacy en Barcelona…), pero todos fracasaron al no contar con el suficiente apoyo. En 1820, en cambio, el teniente coronel Rafael del Riego se sublevó en Cabezas de San Juan (Sevilla) con las tropas que se concentraban para sofocar la rebelión en América; él y otros militares que se suman a la sublevación exigen al rey que jure la Constitución de 1812. El rey, consciente de su debilidad, aceptó la Constitución de 1812 y publicó un manifiesto en que afirmaba: “Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional”.

2ª etapa) El Trienio Liberal (1820-1823)

El pronunciamiento de Riego fue secundado por otros pronunciamientos liberales en La Coruña, Zaragoza, Barcelona, etc. Eso, unido a la pasividad del ejército, hacen que el rey Fernando VII quede solo y no tenga más remedio que jurar la Constitución de 1812. Se inició así la etapa del llamado Trienio Liberal. El rey nombra un nuevo gobierno presidido por el liberal Agustín Argüelles, que proclamó una amnistía para facilitar el regreso de los exiliados políticos, y convocó elecciones a Cortes, conforme a la Constitución, donde obtuvieron la mayoría los liberales. A lo largo de los tres años que duró esta etapa, las Cortes aprobaron una legislación reformista, que completaba y desarrollaba el labor legislativo de las Cortes de Cádiz, con la intención de acabar con el Antiguo Régimen:

• Supresión de la vinculación de la tierra (mayorazgos).
• Abolición de los señoríos jurisdiccionales y territoriales, con una fórmula favorable a la nobleza titular de los señoríos, que pasaban de ser “señores” a “propietarios”. Una solución que demostraba cómo los liberales se mostraban en esta cuestión más moderados que revolucionarios. Esta medida favoreció la postura antiliberal que apareció entre el campesinado, que veía cómo se consolidaba la gran propiedad.
• Ley de supresión de órdenes monacales, por la que se disolvían los conventos y se desamortizaban sus bienes. La consecuencia de esta legislación fue el enfrentamiento con la Iglesia, dispuesta a apoyar la vuelta al absolutismo.
• También quedó suprimido el Tribunal de la Inquisición.
• Restablecimiento de la Milicia Nacional, fuerza cívico-militar, en la que los liberales se apoyaban en los medios urbanos para defender la Constitución.

En esta etapa comenzó una división entre los liberales. Por un lado estaban los moderados, antiguos políticos que buscaban una aceptación del sistema por la corona; eran partidarios, por tanto, de realizar reformas con prudencia. Por otro lado estaban los exaltados o radicales; se trataba de elementos nuevos, querían una aplicación estricta de la Constitución, reduciendo los poderes del rey. Confiaban en el apoyo de los sectores liberales de las ciudades, de parte del ejército, de los intelectuales y de la prensa. Su actuación era muy ruidosa; desde los clubs y Sociedades Patrióticas mediatizaban la acción del gobierno y la de las Cortes, forzando a una política más revolucionaria. El régimen constitucional avanzaba con grandes dificultades. Tenía la oposición de las potencias absolutistas de Europa, las reacciones antiliberales del campesinado, los problemas de la Hacienda, llena de deudas a la espera de una reforma fiscal, y los enfrentamientos con la Iglesia. Y la resistencia del propio rey, enfrentado a las Cortes, que vetaba leyes y manifestaba opiniones contrarias al gobierno. También conspiraba con sectores de la nobleza y de la Iglesia. El propio monarca y los absolutistas lo veían claro. Para terminar con el régimen constitucional no había otra forma que actuar desde fuera. Y así fue. Las potencias de la Santa Alianza decidieron en el Congreso de Verona (octubre de 1822) intervenir en España para restablecer el poder real. Francia fue la encargada de enviar un ejército (llamado los Cien Mil Hijos de San Luis) que entró en España en abril de 1823 al mando del duque de Angulema y restableció el absolutismo.

3ª etapa) La década absolutista (1823-1833)

También llamada década ominosa. Por decreto del 1 de octubre de 1823, el rey declaraba la nulidad de todo lo aprobado por las Cortes y el gobierno durante los tres años constitucionales. Fernando VII desencadenó una violenta represión contra los liberales, muchos de los cuales, entre ellos Rafael del Riego, fueron ejecutados. A instancia del rey se crearon Comisiones Militares para procesar a los que desempeñaron puestos en el Trienio, con más de cien ejecuciones; se organizaron Juntas de Purificación, encargadas de depurar la Administración de empleados y profesores de tendencia liberal. También se creó el cuerpo de Voluntarios Realistas, que sembraron el terror por todo el país. Es por esto que la historiografía liberal denominó como “ominosa” o abominable a esta década. Sin embargo, por mucho que lo pretendiesen los absolutistas más acérrimos, la vuelta al absolutismo, repitiendo los esquemas de la restauración de 1814, no era posible, entre otras cosas, porque con aquellos se desembocó en la vuelta al liberalismo en 1820, algo que no se estaba dispuesto a repetir. Esto explica la incorporación de ministros con ideas favorables a la aplicación de reformas, como Luis López Ballesteros, ministro de Hacienda, que introdujo una reforma presupuestaria y fiscal; también, en esta línea, estaba la promulgación del Código de Comercio (1829), la creación del Banco de San Fernando (1829) y la fundación de la Bolsa de Comercio en Madrid (1831). Por tanto, con la vigilancia estrecha del monarca, había una vía media defendida por estos absolutistas reformistas, cuyo objetivo final era la supervivencia del absolutismo, pero esta vía estaba amenazada, a su vez, por los liberales, que pretendían, mediante pronunciamientos o conspiraciones, la vuelta a la Constitución, y por los realistas ultras o ultrarrealistas, opuestos a cualquier cambio o reforma. El gobierno, por tanto, se encontraba bajo el temor a una insurrección liberal o ante la presión del sector ultrarrealista, decepcionados con el rey por su apoyo a ministros “reformistas” o por no reponer la Inquisición. En la corte, este sector se agrupaba alrededor de don Carlos María Isidro, hermano del rey y su posible sucesor, dado que Fernando VII no tenía descendencia. Una prueba del poder de los ultras es la insurrección organizada por ellos en Cataluña (“guerra de los Agraviados” o “Malcontents” en 1827), que se extendió a puntos del País Vasco y a otros de Valencia y Andalucía. Por entonces ya empezó a oírse el grito de “¡Viva Carlos Quinto!”, que sintetizaba la protesta contra un monarca al que veían blando, sin mano dura, y que dejaba hacer a ministros “reformistas”. También se reprimieron todos los levantamientos liberales. A partir de 1830, el triunfo de la Revolución Francesa de 1830 animó las esperanzas de los exiliados liberales españoles. Sin embargo, la efectividad de la policía descubría y desarticulaba cualquier acción. Mariana Pineda era ejecutada en mayo de 1831 por bordar en una bandera española las palabras “Libertad, Igualdad, Ley”, y el último intento de pronunciamiento, el protagonizado por un grupo dirigido por José Torrijos, finalizó con el fusilamiento de Torrijos y los hombres detenidos con él (diciembre de 1831). La parte final del reinado de Fernando VII está dominada por la cuestión sucesoria. En 1830, después de un cuarto matrimonio, con María Cristina de Borbón, y ante la eventualidad de una descendencia femenina, el rey promulgó la Pragmática Sanción (marzo de 1830), que derogaba la Ley Sálica, con lo que privaba de sus derechos al infante don Carlos, a cuyo alrededor se agrupaban los ultrarrealistas o carlistas. El 29 de septiembre de 1833 fallecía Fernando VII y se iniciaba la regencia de María Cristina. Días después, en diferentes puntos del país, se producían levantamientos armados a favor de don Carlos; daba comienzo así una guerra civil que enfrentó a los carlistas contra los isabelinos.