De la Crisis de 1808 a las Guerras Carlistas: España en el Siglo XIX

El Tratado de Fontainebleau y el Motín de Aranjuez

En 1807, Manuel Godoy firmó el Tratado de Fontainebleau con Napoleón, permitiendo el paso de las tropas francesas por España para invadir Portugal. A cambio, se pactó un reparto de Portugal entre los Borbones, Napoleón y Godoy. Este tratado provocó un gran malestar en España.

La situación empeoró en marzo de 1808 con el Motín de Aranjuez, donde un grupo de opositores a Godoy, apoyados por Fernando VII, protagonizaron un levantamiento popular. Los motines fueron impulsados por el descontento de soldados, campesinos y otros sectores sociales contra el poder de Godoy, lo que obligó a Carlos IV a destituir a Godoy y abdicar en favor de su hijo. Sin embargo, este cambio de monarca no resolvió la crisis, y la inestabilidad política se agudizó cuando Napoleón convocó a la familia real española a Bayona.

El Levantamiento del 2 de Mayo y las Abdicaciones de Bayona

El 2 de mayo de 1808, el levantamiento popular en Madrid contra las tropas francesas marcó un punto de inflexión, aunque la represión fue brutal, con fusilamientos el 3 de mayo. Ese mismo mes, las Abdicaciones de Bayona fueron una humillación para la monarquía española: Fernando VII devolvió el trono a Carlos IV, quien renunció a favor de Napoleón, quien a su vez otorgó la corona a su hermano José Bonaparte. La aceptación de José I fue rechazada por el pueblo y las clases privilegiadas, lo que desencadenó una fuerte resistencia popular.

Las Juntas y la Guerra de la Independencia

Durante la ocupación francesa, se crearon Juntas locales y provinciales para organizar la resistencia y gobernar las zonas libres de control francés. En septiembre de 1808, estas Juntas formaron la Junta Suprema Central para dirigir la guerra y administrar el país.

En 1810, esta pasó sus funciones a un Consejo de Regencia en Cádiz, representando a Fernando VII. Mientras tanto, había dos grupos enfrentados: los afrancesados, que apoyaban a Napoleón, y los patriotas, que se oponían al dominio francés y tenían ideales distintos.

La rebelión en España tras los sucesos de Madrid y las Abdicaciones de Bayona fue tanto una guerra contra el invasor francés como una guerra civil entre los territorios ocupados por los franceses, y la resistencia popular, que luchaba en nombre de Fernando VII. El conflicto se dividió en tres fases:

1. Primera fase (1808): La resistencia popular dificulta el avance francés. Destacan los sitios de Zaragoza y Gerona, y la victoria española en Bailén, que frenó la ocupación de Andalucía y obligó a José I a huir de Madrid.

2. Segunda fase (1808-1809): Napoleón tomó el mando directo de las tropas francesas, que ocuparon casi toda España, excepto Cádiz. Las guerrillas españolas, apoyadas por los británicos, supuso daños al ejército francés, aunque la situación siguió siendo favorable para los franceses.

3. Tercera fase (1812-1813): Aprovechando la retirada parcial de las tropas francesas hacia Rusia, las fuerzas aliadas lideradas por Wellington obtuvieron victorias decisivas en batallas como Arapiles y Vitoria. Esto forzó a Napoleón a firmar el Tratado de Valençay en 1813, permitiendo el regreso de Fernando VII a España y terminando la guerra.

Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812

Tras la invasión francesa y la imposición de José Bonaparte como rey, el pueblo español se organizó en Juntas locales y provinciales para asumir el poder, creando una Junta Central Suprema que coordinara la resistencia y dirigiera el país. Esta Junta, presidida por Floridablanca, reconoció a Fernando VII como rey legítimo y asumió su autoridad hasta su retorno, pero la Junta Central pronto se mostró incapaz de dirigir la guerra y el Estado. En 1810, traspasó sus poderes a un Consejo de Regencia en Cádiz, una ciudad libre del dominio francés, mientras se convocaban las Cortes.

Las Cortes de Cádiz se inauguraron en 1810, donde el sector liberal logró la formación de una cámara única y consiguió avances significativos, como la declaración de la soberanía nacional y la división de poderes, rompiendo con el Antiguo Régimen, la monarquía absoluta y las Abdicaciones de Bayona. Las Cortes asumieron el poder legislativo y se dieron como objetivo redactar una nueva Constitución, que sería aprobada el 19 de marzo de 1812, conocida popularmente como "La Pepa".

La elección de diputados a las Cortes de Cádiz fue un proceso complicado debido a la ocupación francesa, lo que llevó a elegir sustitutos o representantes entre los que se encontraban en Cádiz. La mayoría de los diputados elegidos eran liberales, influenciados por el ambiente político de Cádiz.

La composición social de las Cortes fue mayoritariamente liberal y burguesa, con una fuerte presencia del clero y de profesionales como abogados e intelectuales, pero sin una representación real del campesinado, la mayoría de la población española, que estaba alejada de las ideas liberales.

Grupos Ideológicos en las Cortes

Los diputados se dividían en tres grupos ideológicos:

• Liberales: Apoyaban las ideas de la Ilustración y la Revolución Francesa, como la soberanía nacional y la igualdad ante la ley.
• Absolutistas: Defendían el retorno a la monarquía tradicional y el mantenimiento del Antiguo Régimen.
• Jovellanistas: Defendían las reformas moderadas y una soberanía compartida entre el rey y las Cortes.

Desde el inicio, los liberales tomaron la iniciativa y sentaron las bases para la legislación que seguiría.

La Constitución de 1812 y las Reformas

Las Cortes de Cádiz, reunidas durante la Guerra de la Independencia, elaboraron la Constitución de 1812, la primera de España, con el objetivo de establecer un régimen liberal y acabar con las estructuras del Antiguo Régimen. La Constitución proclamó la soberanía nacional, limitó el poder del rey a una monarquía constitucional, y estableció la separación de poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Introdujo derechos civiles como la igualdad ante la ley, la libertad de prensa, la protección de la propiedad, y el derecho a la educación. Sin embargo, no reconoció la libertad de culto y mantuvo el catolicismo como religión oficial.

Además de la Constitución, las Cortes de Cádiz adoptaron medidas para modernizar España, como la abolición del régimen señorial, la desamortización de tierras, la libertad de comercio y trabajo, y la supresión de la Inquisición. Estas reformas buscaban destruir el Antiguo Régimen, pero su vigencia fue limitada, pues, tras el regreso de Fernando VII en 1814, anuló la mayoría de estas leyes. No obstante, la Constitución de 1812 tuvo una gran influencia en el liberalismo y sirvió de inspiración para futuras constituciones.

El Regreso de Fernando VII y el Sexenio Absolutista

Tras la firma del Tratado de Valençay en 1813 y la expulsión de las tropas francesas, Fernando VII regresó a España en 1814, restaurando la monarquía absoluta. A su llegada, el monarca anuló la Constitución de Cádiz y las leyes aprobadas por las Cortes de Cádiz mediante el Decreto de Valencia, iniciando el Sexenio Absolutista (1814-1820). Durante este período, restauró las instituciones del Antiguo Régimen, incluida la Inquisición, y persiguió implacablemente a los liberales, lo que llevó a muchos de ellos al exilio o a la prisión. La oposición a su gobierno creció debido a los graves problemas económicos y las dificultades para controlar las colonias americanas, que se encontraban en pleno proceso de independencia.

El Trienio Liberal

El descontento de los liberales y de un sector del ejército se expresó a través de varios pronunciamientos militares. El primero de ellos, liderado por el coronel Rafael Riego en 1820, logró un triunfo en Cabezas de San Juan y obligó a Fernando VII a jurar la Constitución de 1812, inaugurando el Trienio Liberal (1820-1823). Durante este tiempo, las nuevas Cortes, dominadas por los liberales, pusieron en marcha una serie de reformas importantes para eliminar las estructuras del Antiguo Régimen, como la abolición de la Inquisición, la reforma eclesiástica y la desamortización de tierras del clero. Sin embargo, el régimen liberal se enfrentó a graves dificultades internas, incluyendo la deslealtad del rey, las divisiones entre liberales moderados y exaltados, y la oposición de los absolutistas.

La Década Ominosa y la Crisis Sucesoria

A medida que el Trienio Liberal avanzaba, el descontento de los absolutistas y los levantamientos contra el gobierno constitucional aumentaron, con sublevaciones como la de la Guardia Real en 1822. Este contexto de inestabilidad interna llevó a la intervención militar de la Santa Alianza, que decidió enviar los "Cien Mil Hijos de San Luis", un ejército dirigido por el duque de Angulema para sofocar el régimen liberal. En 1823, tras la derrota de los liberales en la Batalla de Jódar, Fernando VII recuperó el control total de España y se restauró el absolutismo, dando inicio a la Década Ominosa, en la que anuló las reformas del Trienio Liberal y persiguió aún más a los liberales.

En 1830, Fernando VII promulgó la Pragmática Sanción, que establecía la sucesión tradicional de la monarquía, permitiendo que una mujer pudiera heredar el trono. La decisión provocó una crisis sucesoria, ya que el hermano del rey, Carlos María Isidro, no aceptó la medida y se autoproclamó rey, siendo apoyado por los absolutistas más radicales, conocidos como carlistas. Este conflicto dinástico dio lugar a la Primera Guerra Carlista (1833-1840), en la que se enfrentaron los partidarios de Isabel II, la hija de Fernando VII, y los seguidores de Carlos María Isidro. La guerra civil marcó el comienzo de un largo período de inestabilidad en la monarquía española.

Las Guerras Carlistas

En 1830 nace la hija de Fernando VII, Isabel II y gracias a la "Pragmática Sanción", que anula la ley Sálica, en 1833, fue proclamada reina, con María Cristina de Borbón de regente. Carlos María Isidro se declaraba el legítimo heredero en el Manifiesto de Abrantes, en octubre de 1833. Es proclamado rey en diversas ciudades españolas a la vez que surgen partidas carlistas en todo el país. La Primera Guerra Carlista (1833-1840) fue un enfrentamiento entre Carlistas e Isabelinos. El general Zumalacárregui, con tácticas guerrilleras logró controlar algunos sitios como Navarra, excepto Bilbao, donde murió. En mayo de 1837 se pone en marcha la Expedición Real del ejército carlista, con Carlos María Isidro al frente para alcanzar Madrid, a donde llegan en septiembre de 1837, pero incapaces de tomarlo volverán a replegarse hacia el norte. El general Espartero, partidario de Isabel II, adquirió gran prestigio tras liberar Bilbao derrotando a los carlistas en la batalla de Luchana (1836). En el Convenio de Vergara (1839) entre el general Espartero (liberal) y el general Maroto se pactó y firmó la rendición carlista. Los exaltados continuaron la lucha en el Maestrazgo, bajo el general Cabrera, hasta 1840. Durante la guerra, los carlistas tuvieron el apoyo de Austria, Prusia y Rusia. Mientras que los liberales eran apoyados por Inglaterra, Francia y Portugal.

A pesar de su derrota el carlismo siguió latente, y volverá a resurgir, dando lugar a dos guerras más. La Segunda Guerra Carlista (1846-1849) ("guerra dels matiners") surgió por el fracaso en el casamiento de Carlos VI (hijo de Carlos María Isidro) con Isabel II. En la Tercera Guerra Carlista (1872-1876), los carlistas se enfrentaron a Amadeo I (rey de nueva dinastía) y después a la I República. La guerra finalizó con el Manifiesto de Somorrostro (marzo de 1876).

La Regencia de María Cristina y Espartero

La regente María Cristina de Borbón, comenzó con un gobierno presidido por Cea Bermúdez, quien promulgó la división del territorio español en 49 provincias, obra de Javier de Burgos. Después, nombró Jefe de Gobierno al moderado Martínez de la Rosa (1834-1835), quien promulgó el Estatuto Real (1834), que era una "Carta Otorgada" que no reconocía la soberanía nacional, los derechos individuales ni la división de poderes. Las Cortes eran bicamerales. Además en 1836 el Jefe de Gobierno progresista Juan Álvarez Mendizábal (1835-1836), impulsó la Ley de Desamortización eclesiástica (1836). La oposición de los progresistas a sus medidas dio lugar al Motín de los Sargentos de La Granja en 1836, que obligó a María Cristina a designar como jefe de gobierno a Calatrava (1836-1837), que convocó elecciones a Cortes para elaborar la Constitución de 1837. Destaca: el reconocimiento de la soberanía nacional, el reforzamiento del poder de la Corona, el reconocimiento de derechos como el de libertad de imprenta y de expresión y el de igualdad jurídica... Además de la Constitución, este gobierno progresista llevó a cabo una serie de reformas:

• Supresión del régimen señorial, los mayorazgos y el diezmo.
• Aprobación de medidas del libre funcionamiento del mercado.
• Ley electoral que ampliaba ligeramente el derecho a voto.

La situación política se fue deteriorando y en 1840, María Cristina renunció a la regencia. El líder de los progresistas, Espartero, fue elegido para asumir la regencia. Su forma de gobernar era muy autoritaria. Durante su regencia se aprobó la Ley de modificación de fueros. A finales de 1842, se difunde la noticia del proyecto de un acuerdo comercial librecambista con Gran Bretaña, lo que pondría en peligro la industria catalana. Las tropas de Narváez se enfrentan a las del gobierno y en 1843, Espartero sale para el exilio a Londres.