Cortes de Cádiz y el Trienio Liberal: historia de España (1810-1833)

Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812

Las Juntas locales se reunieron en Aranjuez y se formó la Junta Central Suprema, que aprovechó la huida de Francia de la madre tras el Bailén, con Jovellanos, Floridablanca y otros miembros ilustres. Fernando VII fue reconocido como rey legítimo. Ante el avance francés, la Junta se trasladó a Sevilla y Cádiz, pero estaba incapaz de dirigir la guerra, por lo que se disolvió y convocó las Cortes.

La situación militar hizo difícil la elección de diputados y su reunión en Cádiz, por lo que se eligieron sustitutos. El ambiente liberal influyó, y las Cortes se abrieron con una sola cámara. En la primera sesión se aprobó la soberanía nacional, residente en el pueblo, y se expresó la igualdad entre peninsulares y americanos.

Constitución de Cádiz (19 de marzo de 1812)

La Constitución reconoció la soberanía nacional y la igualdad entre peninsulares y territorios americanos. Se consagró rígidamente la separación de poderes:

• Legislativo: a las Cortes, con el rey.
• Ejecutivo: al rey.
• Judicial: a los tribunales.

Amplió la declaración de derechos y libertades como la igualdad ante la ley, la libertad de imprenta y el derecho a la educación. Estableció la confesionalidad católica y prohibió la práctica de cualquier otra religión. La instauración del servicio militar obligatorio y la milicia nacional se formó con personal civil, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la Constitución.

Promulgada por las Cortes el 19 de marzo, consta de 384 artículos. El Parlamento, unicameral, se integra en las Cortes como poder legislativo. El rey inauguraba y clausuraba sus sesiones, pero no podía suspenderlas ni disolverlas. Se formó un gobierno monárquico moderado y hereditario.

Medidas legislativas:

• Abolición de los señoríos jurisdiccionales.
• Supresión de la Inquisición.
• Libertad de contratación.
• Fomento de la agricultura y la ganadería.
• Eliminación de los mayorazgos.

El regreso de Fernando VII y el absolutismo

El 22 de marzo de 1814, con el Tratado de Valençay, el pueblo aclamó a Fernando VII como rey absoluto. La regencia liberal lo obligó a jurar la Constitución de 1812. Los Manifiestos de los Persas le instaban a gobernar de manera absolutista, y con el apoyo del ejército, el 4 de mayo de 1814 Fernando VII firmó el Decreto que abolió la Constitución, derogando la Constitución y la legislación de Cádiz.

Hubo una fuerte represión contra liberales y afrancesados. El gobierno absolutista se enfrentó a una grave crisis económica: el país estaba destruido a causa de la Guerra de la Independencia y la pérdida de las colonias americanas. Existía malestar en el campo y en la ciudad, lo que originó pronunciamientos y golpes de Estado fracasados, además de un grave problema de deuda pública agravado por los gastos de la guerra.

El éxito del pronunciamiento de Riego obligó al rey a jurar la Constitución de 1812.

El Trienio Liberal (1820-1823)

Volvió la monarquía liberal y Fernando VII juró la Constitución de 1812. La inestabilidad gubernamental se debió a la división de los liberales. El rey boicoteó la labor de las Cortes mediante el veto y nombró ministros absolutistas. Las Cortes aprobaron diversas reformas (desamortización, libertad de comercio) y aumentó la presión sobre los absolutistas. El rey intentó volver al absolutismo y pidió ayuda a las potencias europeas de la Santa Alianza, que enviaron un ejército francés (los Cien Mil Hijos de San Luis).

La Década Ominosa (1823-1833)

Fuerte represión contra los liberales y primer gran exilio político. Se establecieron instituciones del Antiguo Régimen, la milicia fue disuelta y se crearon voluntarios realistas. Durante esta etapa hubo pronunciamientos liberales fracasados (Empecinado, Torrijos y otros). La hacienda pública aumentó la deuda pública y se perdieron posesiones americanas. Se confeccionó un presupuesto general del Estado, se suprimió el Banco de San Carlos, se redactó el Código de Comercio español y se creó la Bolsa de Madrid. Los absolutistas apoyaron a Carlos María Isidro, y la Pragmática Sanción anuló la Ley Sálica para que su hija Isabel heredara el trono. En 1833 falleció Fernando VII, y la reina regente Isabel II inició la Guerra Carlista.