Las Cortes de Cádiz y el Informe Quintana: Cimientos de la Educación Pública Española
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Aportaciones de las Cortes de Cádiz y el Informe Quintana a la Educación Española
Los liberales de Cádiz no solo valoraron la educación como fuente de progreso para la regeneración económica de la sociedad y para el logro de la felicidad de los individuos, sino, sobre todo, como resorte para la construcción del nuevo régimen y la formación del nuevo ciudadano. Por ello, los textos normativos que vendrán a desarrollar el Título IX de la primera Constitución española afirmarán el derecho de todos los menores del tejido social a la instrucción, ya que solo desde la aceptación de este principio de igualdad jurídica ante la educación podía asegurarse la adaptación de los individuos a las nuevas instituciones y la garantía en el ejercicio de las libertades recién conquistadas.
La Constitución de 1812 y la Instrucción Pública
La Constitución de 1812 ordena el establecimiento de escuelas de primeras letras en todos los pueblos de la monarquía, «en las que se enseñará a los niños a leer, escribir y contar, y el catecismo de la religión católica, que comprenderá también una breve exposición de las obligaciones civiles». El texto invita asimismo al arreglo y creación del «número competente de universidades y de otros establecimientos adecuados» para la enseñanza de todas las ciencias, las letras y las artes. La educación debería ser uniforme y estar bajo la autoridad del Gobierno, que la gestionaría a través de una Dirección General de Estudios y mediante los estatutos que aprobaran las Cortes.
Contexto de la Reforma Educativa
El gobierno afrancesado de José Bonaparte también comenzó a diseñar propuestas para la ordenación de la instrucción pública de los españoles. Inspiradas en las reformas que Napoleón estaba introduciendo en el país vecino, se creó una junta encargada de formar y dar contenido a esta tarea.
La Junta Central crearía la comisión parlamentaria encargada de dar los primeros pasos reales para el «arreglo» del ramo de la instrucción pública. De los informes y proyectos de esta comisión, así como de los textos de la propia comisión constitucional, saldrían las primeras normas destinadas a pautar la educación nacional en España.
El Informe Quintana (1813)
El llamado Informe Quintana de 1813 (Dictamen y Proyecto para el Arreglo general de la Enseñanza Pública) constituye, junto con otros documentos derivados de las Cortes, el primer corpus en que se estructura el sistema nacional español de educación. Su principal impulsor fue el poeta y político Manuel José Quintana.
El Informe Quintana preveía un sistema de enseñanza estatal pública, uniforme y gratuita en su primer nivel, reconociendo asimismo, conforme al principio de libertad, la legitimidad de la enseñanza privada, sobre la que el Gobierno solo intervendría para garantizar las reglas de buen orden y el respeto a los principios religiosos, monárquicos y constitucionales.
Estructura del Sistema Educativo Propuesto
El texto diseñaba la organización del sistema escolar en tres niveles:
- Primera enseñanza: Se impartiría en las escuelas de primeras letras por maestros habilitados mediante exámenes ad hoc.
- Segunda enseñanza: Se ofrecería en las llamadas «universidades de provincia».
- Tercera enseñanza: Se impartiría en las «universidades mayores» y en algunos colegios y escuelas particulares. Prepararía, a través de diversas carreras y facultades, para las profesiones superiores de la vida civil.
La Exclusión de las Mujeres
En los planes de Quintana se dejaba fuera del sistema a quienes, con la afectación del lenguaje de la época, se denominaba la «preciosa mitad del género humano». La escuela estaba pensada solo para los niños varones, mientras que las niñas podrían, tal vez, instruirse de forma privada en la esfera doméstica o en centros especiales financiados por las diputaciones provinciales. Además, su instrucción se centraría sobre todo en la moralidad y las habilidades domésticas y, en todo caso, en la iniciación a la lectura, la escritura y las «labores propias de su sexo».