Corrupción Judicial: Causas y Efectos en la Democracia

Esta teoría, en la práctica, presenta algunos problemas. Por ejemplo, se puede ser imparcial frente a los intereses en litigio, pero al mismo tiempo decidir conforme a como lo hacen los órganos superiores, con el objeto de favorecerse de una promoción profesional. La burocratización del aparato judicial afecta negativamente a la independencia interna o la autonomía individual del juez. Un juez al que le sean revisadas buena parte de sus decisiones tiene reducidas posibilidades de ascenso. En cuanto al ejercicio de la potestad jurisdiccional, analizamos la ecuación de la teoría de R. Klitgaard: corrupción = monopolio + discrecionalidad - responsabilidad.

Monopolio

La Constitución Española (art. 117.3) establece que el ejercicio de la potestad jurisdiccional corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes. Esto presenta consecuencias negativas: la concentración de competencias tan amplias genera el control de la oferta de las últimas instancias de las soluciones de los conflictos. Lo importante es señalar que el juez que lleva la oferta crea su propia demanda y que su fuerza cuasi monopólica le hace ocupar una posición privilegiada en la negociación del intercambio corrupto. Una vez que el acuerdo se ha logrado, puede resultar muy difícil demostrar quién corrompió a quién, si se está en presencia de un soborno o una extorsión.

Discrecionalidad

Un organismo tiene discreción cuando sus decisiones no son controladas o revisadas por ningún otro organismo. Denota la capacidad que tiene quien ocupa un determinado cargo para tomar decisiones dentro de un abanico de posibilidades legalmente establecidas. Por lo tanto, la discrecionalidad existe cuando el decisor carece de un parámetro legal que le guíe a la toma de una decisión. Cada sistema jurídico concreto aceptará algunas o todas de estas formas de discrecionalidad. Ejemplo: cuando la ley autoriza a un juez a graduar las penas en una sentencia condenatoria, le está otorgando un importante poder de discrecionalidad, y goza también de ese poder cuando se ve abocado a la interpretación de normas que son ambiguas. Esta presenta peligros: si un juez tiene una amplia discrecionalidad en la aplicación de la ley y en la función de fijar los méritos de los hechos objeto del proceso, podría solucionar un caso de un modo y de una manera diferente solucionar otro caso similar. Por lo tanto, se rompería el principio de igualdad.

Responsabilidad

La responsabilidad de los jueces ha sido presentada como un elemento necesario para imponer límites que eviten el uso arbitrario de su poder. Una persona o un organismo es responsable cuando tiene que rendir cuentas, es decir, cuando debe explicar y justificar sus acciones. Esto es lo que subyace a la exigencia de que el juez deba fundamentar sus decisiones, es decir, mencionar las consideraciones de hecho y de derecho que las fundamenta. Esta idea se afianza a través de un sistema de medidas punitivas. Dependiendo de cada sistema jurídico particular, la responsabilidad puede ser civil, penal o disciplinaria, pero aun cuando los supuestos delictivos cometidos por los jueces pudieran recibir sanción administrativa, siempre quedaría pendiente el complicado problema de la prueba. En este sentido, el Tribunal Supremo Español afirma que en el cohecho cometido por los jueces, debido a su dificultad probatoria, existe en la práctica un muy grave efecto de impunidad.

Efectos de la Corrupción Judicial

La democracia funciona con un sistema de controles y contrapesos. Uno de esos controles consiste en que las decisiones político-administrativas deben someterse al escrutinio del poder judicial. No obstante, en ocasiones, el poder ejecutivo, amparado en algunos casos en una amplia mayoría legislativa, ejerce presión sobre las más altas instancias judiciales o bien nombra directamente a parte de sus miembros con el fin de que ese control se relaje y posibilite una actividad política libre de trabas que podría rayar la ilegalidad o la inconstitucionalidad. En casos como estos, la independencia y la imparcialidad que deben regir la actividad judicial quedan destruidas y el poder ejecutivo tiene el camino allanado hacia la arbitrariedad y la injusticia. Cuando estos están corrompidos, los ciudadanos no pueden acudir a otro nivel estatal en busca de auxilio y apoyo. Esta percepción de debilidad y vulnerabilidad que genera tal corrupción en la población no es comparable a la corrupción de otro órgano o poder estatal. Ante esta situación, el ciudadano descreerá de la justicia y buscará soluciones a sus conflictos por medios no siempre legales, con el consabido impacto que ello tiene en la convivencia social.

Como conclusión, podemos decir que la corrupción es, en última instancia, un problema moral y que la decisión de corromperse no es un mero cálculo de ejercicio prudencial, sino que es una cuestión de principios. Por esta razón, hacemos alusión a Francis Bacon en su obra Ensayos sobre moral y política, en la que explica que "el juez debe de ser más sabio que ingenioso, más respetable que simpático y popular, y más circunspecto que presuntuoso, pero ante todo debe ser íntegro", siendo esta, para él, una virtud principal.