Cooperación Judicial Internacional Civil: Procedimientos y Regímenes en España

Asistencia Judicial Internacional en Materia Civil y Mercantil

Concepto y Finalidad

La Asistencia Judicial Internacional (AJI) busca paliar los inconvenientes que surgen en el desarrollo de un proceso debido a la imposibilidad de ejercer el poder jurisdiccional fuera del territorio del propio Estado. Su objetivo es permitir la realización de determinados actos procesales en el extranjero (p. ej., notificaciones, emplazamientos, práctica de prueba).

¿Cómo se lleva a cabo?

• A través de agentes diplomáticos o consulares.
• A través de la cooperación internacional entre órganos judiciales.

Actos Procesales que Requieren Asistencia Judicial Internacional

La AJI es necesaria para diversas actuaciones, entre ellas:

1. Notificaciones y comunicaciones que deben realizarse en territorio extranjero.
2. Solicitud a una autoridad extranjera para la realización de un acto de instrucción, particularmente la práctica de una prueba. Esta solicitud da lugar a la institución de la comisión rogatoria.
3. Facilitar a las partes extranjeras la presentación de actos procesales en un procedimiento, como la demanda, la solicitud de reconocimiento de una decisión, las medidas para obtener alimentos, la restitución de un menor o la petición del beneficio de justicia gratuita.
4. La aplicación judicial del Derecho extranjero, mediante la petición a la autoridad extranjera de información sobre el Derecho de dicho Estado.

Regímenes Jurídicos de la Asistencia Judicial Internacional

Existen distintos marcos normativos que regulan la AJI:

• Régimen autónomo: Basado en la legislación interna de cada Estado (en España: Ley 29/2015, de 30 de julio, de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil - LCJI; Ley Orgánica del Poder Judicial - LOPJ; Ley de Enjuiciamiento Civil - LEC).
• Régimen Convencional: Compuesto por un entramado de convenios multilaterales y bilaterales suscritos entre Estados.
• Derecho Institucional (Unión Europea): Se manifiesta en la "europeización" de la cooperación judicial en materia civil, fundamentada en las competencias institucionales recogidas en los artículos 61 y 65 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea (actualmente artículos 67 y 81 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea - TFUE).

El Régimen Autónomo Español: La Ley de Cooperación Jurídica Internacional (LCJI)

La LCJI (Ley 29/2015) mejora significativamente la situación anterior, que se apoyaba principalmente en el artículo 276 de la LOPJ para la asistencia judicial activa (solicitudes desde España) y en los artículos 277 y 278 de la LOPJ para la asistencia judicial pasiva (solicitudes hacia España). Esta ley llena un vacío legal largamente demandado.

Normas Comunes y Tramitación de Solicitudes

El capítulo I del título I de la LCJI contiene normas comunes aplicables tanto a la cooperación en materia de notificaciones como a la obtención de pruebas. Describe las vías de transmisión disponibles, cuya elección dependerá de la legislación del Estado extranjero requerido o requirente. Además, establece el contenido mínimo que deben tener las solicitudes.

La autoridad central española verificará que las solicitudes cumplan con el contenido y los requisitos fijados legalmente. Si una solicitud no reúne los requisitos previstos en el art. 10 de la LCJI, será devuelta a la autoridad requirente, indicando los motivos concretos de la devolución.