Cooperación Internacional y Movimientos Sociales: Desafíos en la Era del Capitalismo Inclusivo

Crisis y Cooperación Internacional: Perspectivas Poco Favorables para los Movimientos Sociales Emancipadores

Si la cooperación al desarrollo es una política pública internacional que pretende fomentar el desarrollo humano, erradicar la pobreza estructural y avanzar hacia escenarios de mayor justicia y equidad, resulta paradójico que los movimientos sociales no sean un actor prioritario. Las razones de este desencuentro, que serán analizadas en profundidad en futuras investigaciones, se ven exacerbadas por las tendencias actuales en la cooperación para el desarrollo. Estamos, posiblemente, ante una transición del paradigma del desarrollo humano al paradigma del capitalismo inclusivo, donde convergen las Alianzas Público-Privadas (APP), los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y la Declaración de París sobre Eficacia de la Ayuda (2005).

Capitalismo Inclusivo

El capitalismo inclusivo se define como el tratamiento de los pobres como clientes, buscando mejorar sus vidas a través de la producción y distribución de bienes y servicios culturalmente sensibles, ambientalmente sostenibles y económicamente rentables. Este concepto revela tres lógicas complementarias en la cooperación al desarrollo actual:

Crecimiento Económico

I. Se prioriza el crecimiento económico como eje central. Si bien el desarrollo humano no negaba su importancia, enfatizaba su interrelación con otras dimensiones generadoras de oportunidades y capacidades. Ahora, se privilegia a las empresas transnacionales, buscando incluir a los pobres (la base de la pirámide) en la sociedad de consumo, bajo una supuesta estrategia win-win de lucha contra la pobreza y rentabilidad empresarial.

II. La cooperación se reduce a las dimensiones menos conflictivas y más vinculadas al crecimiento económico, donde convergen empresas, instituciones y ONGD. Siguiendo los ODM, la cooperación al desarrollo se equipara al crecimiento económico inclusivo más necesidades sociales básicas (educación, salud, infraestructuras sociales, etc.), marginando áreas como derechos humanos, empoderamiento, participación e investigación crítica.

Sociedad Civil Organizada

III. Se limita la participación de la sociedad civil organizada en la definición y práctica de la cooperación, en aras de una supuesta mejora en la calidad y eficacia de la ayuda (Declaración de París). Se promueve la acción conjunta de Estados y empresas, relegando a las ONGD a un papel subordinado.

La génesis de esta regresión en la cooperación se encuentra en el creciente peso de las empresas transnacionales en la arquitectura económica internacional. Tras consolidar su posición en la globalización neoliberal, implementaron la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), una estrategia de legitimación social que, aprovechando la asimetría entre la lex mercatoria internacional (derecho fuerte) y el marco internacional de derechos (derecho débil), simulaba compromiso social mientras maximizaba ganancias. La crisis actual impulsa una segunda etapa de la RSC, que combina filantropía y marketing solidario con la expansión de negocios a comunidades pobres, considerando a los sectores empobrecidos como potenciales consumidores. La crisis y la lógica de acumulación llevan a las transnacionales a buscar nuevos mercados, viendo a las personas en situación de pobreza como clientes cuya inclusión en el mercado supuestamente los sacará de la pobreza.

Empresas Transnacionales

La cooperación al desarrollo se convierte en una herramienta para las empresas transnacionales, que buscan legitimación y apoyo institucional para sus actividades, al tiempo que persiguen rentabilidad. Además de los instrumentos tradicionales de cooperación, participan activamente en la creación de otros nuevos, como las APP. Las APP se basan en la colaboración triangular de instituciones públicas, empresas transnacionales y ONGD, buscando sinergias en la lucha contra la pobreza desde el paradigma del capitalismo inclusivo, donde todos los actores ganan. Los Estados aportan un efecto palanca, movilizando fondos privados; las empresas se benefician del acceso a mercados y del diálogo con gobiernos y comunidades; y las ONGD acceden a fondos privados y aportan legitimidad social y know-how.

Estos nuevos instrumentos, basados en la RSC, restan significado político a la responsabilidad, despojándola de la idea de cambio social y conflicto. Se desvía la solidaridad hacia ámbitos no conflictivos con las multinacionales, se neutraliza la presión de las ONGD a favor de la exigibilidad jurídica de responsabilidades y se bloquean las reivindicaciones sociales mediante la dependencia financiera. El pacto tácito entre empresas y ONGD, centrado en temas políticamente neutros y consensuados, invisibiliza los conflictos y los disfraza con proyectos sociales.

La segunda característica es la limitación de la cooperación a ámbitos no conflictivos, reforzada por la hegemonía de los ODM. Estos han reducido la pobreza a una realidad histórica y nacional, ignorando las dinámicas globales, y la han vinculado únicamente a las necesidades sociales básicas (NSB). Los ODM han limitado la cooperación a las NSB, lógica que, aunque no directamente vinculada al capitalismo inclusivo, encaja con él: las NSB legitiman la lucha contra la pobreza a través del crecimiento económico como compensación social, y el crecimiento requiere formación e infraestructuras básicas.

Finalmente, se observa una regresión en la participación de la sociedad civil en la definición de políticas de cooperación. Los movimientos sociales no tienen cabida en estas dinámicas, y las ONGD pierden relevancia como actores de incidencia política frente a Estados y empresas. La Declaración de París refuerza el papel de los Estados en la definición de políticas, sin mencionar a la sociedad civil. Se invisibiliza la cooperación descentralizada, que desaparece de la agenda. Aunque el Foro de Accra (2008) intentó otorgar más relevancia a la sociedad civil, las metas e indicadores de París no se alteraron, convirtiendo a Accra en una declaración de intenciones.

En resumen, las tres tendencias (autónomas pero complementarias) de esta etapa de capitalismo inclusivo apuntan a la corporativización de la cooperación, con un papel prioritario para Estados y transnacionales, una agenda centrada en crecimiento económico y NSB, y una limitada capacidad de incidencia de la sociedad civil.

Agenda de Cooperación

Si estas tendencias se confirman, es poco probable que converjan los caminos de la cooperación y los movimientos sociales. Se requiere una revisión de la agenda de cooperación para, desde los movimientos sociales y otros actores, conferir a la cooperación un carácter realmente emancipador.