Control Parlamentario de la Administración, Control Económico-Financiero y Costas Procesales

El control parlamentario en Europa Occidental: La institución del Ombudsman

El control de la Administración Pública ejercido por una persona nombrada por el Parlamento encuentra su origen histórico en el ejemplo sueco del Ombudsman. En 1809, la Constitución sueca institucionalizó, dentro de la organización del Estado, el Ombudsman de la Justicia (Justitieombudsmannen), concebido como una magistratura independiente designada por el Parlamento con la función de supervisar y controlar a la Administración Pública y rendir cuentas periódicas de dicha labor ante las propias Cortes.

A comienzos del siglo XX, esta magistratura de control originaria se consolidó y se transformó en un modelo a imitar, dando lugar a figuras análogas y Ombudsmen especializados en sectores concretos de la Administración (como el ámbito militar) o en esferas de actividad específicas (tales como la libertad de prensa, la igualdad de género y la libertad de empresa).

Los primeros Estados que adoptaron este órgano de control de matriz sueca fueron los países nórdicos vecinos:

• Finlandia: Lo institucionalizó formalmente en 1919.
• Noruega: Lo incorporó en 1952, centrándolo inicialmente en el Ombudsman militar.
• Dinamarca: En 1954-1955 creó la institución para el ámbito de la Administración civil y militar, siguiendo fielmente los rasgos del modelo sueco.

Posteriormente, en Alemania se instauró una figura equivalente para la Administración militar. La finalidad en este último Estado radicaba en asegurar el control parlamentario de las fuerzas armadas para consolidar y adaptar el estamento militar al nuevo espíritu democrático tras la experiencia del régimen nacionalsocialista.

A partir de la década de 1950, bajo diversas denominaciones y en diferentes ámbitos territoriales (estatales o regionales) y sectoriales (ya sea sobre la actividad administrativa general o sobre ámbitos específicos), proliferó la creación de estas magistraturas de control en numerosos países.

Naturaleza jurídica y características del Ombudsman

• Origen parlamentario e independencia: Salvo en el caso francés (el Médiateur / Défenseur des droits), es un órgano de naturaleza parlamentaria pero dotado de plena independencia en su actuación.
• Misión protectora: Controla la actividad de la Administración con el fin primordial de salvaguardar y defender los derechos y libertades de los ciudadanos.
• Carencia de potestad sancionadora: Carece de poder sancionador, imperativo o correctivo propio.
• Fuente normativa: Su creación emana directamente de la Constitución o de una ley específica.
• Funciones esenciales: Actúa como una magistratura de inspección, supervisión, investigación y mediación de la actividad administrativa.

Control de la actividad económico-financiera de la Administración

Características y fundamento

El fundamento del control económico-financiero descansa sobre la limitación de los recursos del gran Estado social y la consecuente y elevada presión tributaria que recae sobre la ciudadanía. La crisis del Estado fiscal ha impuesto la exigencia de dotar a este control de una doble vertiente:

1. Control de legalidad: La verificación tradicional del estricto cumplimiento del marco normativo y presupuestario.
2. Control económico y de gestión: La supervisión y corrección de todo gasto superfluo, reiterativo o acumulativo, ya sea en el plano orgánico o en el funcional.

Como consecuencia de esta evolución, el clásico control formal de ingresos y gastos se ha integrado con los principios de economía, eficacia y eficiencia. En conclusión, una gestión eficaz es aquella que, disponiendo de recursos escasos o limitados, logra alcanzar de forma óptima los objetivos públicos fijados.

Régimen de costas del proceso judicial

Primera instancia

En la primera instancia rige con carácter general el principio del vencimiento objetivo:

• Estimación o desestimación total: Se impondrán las costas procesales a la parte litigante cuyas pretensiones hayan sido totalmente rechazadas.
• Estimación o desestimación parcial: Cada parte abonará los gastos y costas causados a su instancia y los comunes por mitad.
• Excepción por mala fe o temeridad: El órgano jurisdiccional, mediante resolución debidamente motivada y razonada, podrá imponer las costas a una de las partes si aprecia que esta ha sostenido su acción o interpuesto el recurso con manifiesta mala fe o temeridad.

Demás instancias y recursos

En las instancias superiores o en los diferentes grados jurisdiccionales, las costas se impondrán a la parte recurrente siempre que su recurso resulte desestimado en su totalidad, salvo que el órgano judicial competente, justificándolo debidamente en su resolución, aprecie la concurrencia de circunstancias excepcionales que fundamenten su no imposición.