Del Contractualismo de John Locke al Estado Liberal de Derecho

El Contractualismo: John Locke (1632-1704)

Como Hobbes, Locke parte de la situación inicial del ser humano en el estado de naturaleza. Pero si Hobbes tiene una visión pesimista del mismo, caracterizado por una situación insostenible de inseguridad y violencia, Locke es optimista. En el estado de naturaleza, el ser humano posee unos derechos naturales, que la razón, un don natural, descubre como universales. Son tres:

• El derecho a la vida
• El derecho a la libertad
• El derecho a la propiedad

Este último es un derecho natural del individuo, que consigue mediante su trabajo. El estado de naturaleza no es un estado de guerra permanente, pero, a medida que aumenta la producción de bienes, surgen las desigualdades económicas entre los individuos y los intereses entran en conflicto. En esta situación, el individuo tiene derecho no solo a disponer y gozar de sus derechos, sino también a castigar a quien intente privarle de ellos. Por tanto, se precisa la existencia de una justicia imparcial y una fuerza coactiva que imponga el cumplimiento de las decisiones judiciales, pues la parte perjudicada no es suficientemente fiable para ejecutar una sentencia justa.

Para conseguir esta imparcialidad, el ser humano renuncia a su derecho a juzgar y castigar, pero conserva sus derechos naturales sin disminución. Se constituye así el Estado, cuya justificación es garantizar el cumplimiento estricto de los derechos naturales. El Estado, que ha de estar al servicio de los individuos y cuya función es mediar entre sus intereses, debe ser el primero en respetar dichos derechos.

Sin embargo, como el individuo desconfía de que el Estado se mantenga dentro de los límites pactados, para impedir cualquier extralimitación que atente contra sus derechos naturales, se constituirá un sistema equilibrado de poderes que impida en la práctica la soberanía absoluta. La teoría de la división de poderes de Locke distingue entre el poder legislativo (en el que se incluye el judicial) y el poder ejecutivo. Locke concede prioridad política al poder legislativo, formado por representantes elegidos directamente por los ciudadanos.

Su forma de concebir el pacto social conduce a Locke a la justificación ideológica del Estado liberal y a la monarquía constitucional y representativa, forma de gobierno adoptada en Inglaterra tras la Revolución de 1688.

Formas de Estado: El Estado Liberal de Derecho

El Estado absolutista se pone al servicio de la nobleza y la alta burguesía, clases dominantes en las que se sustenta. Pero a lo largo del siglo XVIII aparecerá un movimiento revolucionario, apoyado por la burguesía e ideológicamente liberal. La Independencia de Estados Unidos (1782) y la Revolución Francesa (1789) marcan el tránsito de la sociedad estamental a la de clases y la aparición del Estado liberal.

En el Estado liberal, la soberanía se traslada de la voluntad absoluta del rey al pueblo, formado por los ciudadanos (en realidad, la burguesía). Por ello, hablamos de tres conceptos clave: ciudadano, soberanía nacional y Estado de derecho. La soberanía nacional exige el recurso a un sistema representativo que posibilite la expresión de la voluntad general de los ciudadanos. Se establece así un sistema parlamentario.

El concepto de ciudadanía surge con el Estado de derecho. “Ciudadano” y “súbdito” son conceptos referidos a los habitantes de un país, sujetos a su ordenamiento jurídico y político. Pero si “súbdito” supone sometimiento (la persona queda a expensas de un poder que está al margen del control de las leyes), “ciudadano” significa que la persona es reconocida como sujeto, tanto de obligaciones como de derechos. Los ciudadanos son miembros de sociedades que reconocen los mismos derechos y deberes para todos los individuos, incluidos los que detentan el poder, también sometidos al ordenamiento jurídico. La relación entre el ciudadano y el poder se basa en que el primero legitima el segundo, ya que el poder emana del reconocimiento que los ciudadanos hacen del mismo; por eso decimos que el ciudadano participa del poder político.