Constitucionalismo español del siglo XIX: del liberalismo a la Restauración

Constitucionalismo español del siglo XIX

El constitucionalismo español del siglo XIX refleja los vaivenes políticos que sufrió la implantación del Estado liberal en España. En este proceso no se vive una evolución progresiva ni un orden cronológico en cuanto al establecimiento de las libertades y derechos que traería consigo el liberalismo, sino que se distinguen claramente una serie de flujos y reflujos en los avances hacia el sistema representativo. Los antecedentes de estas cuatro constituciones son de signo muy variado.

Soberanía nacional frente a soberanía real

Por un lado, está el texto legal que va a servir de referencia al liberalismo español, y hasta europeo, a lo largo de la primera mitad del siglo XIX. Estamos hablando de la Constitución de 1812, la cual aparece citada en el documento número 1, y que nace en el contexto de la Guerra de la Independencia española. El democratismo de esta ley y su abierta defensa del principio de soberanía nacional la sitúan como muy adelantada con respecto a la sociedad española de principios de siglo, que vive aún bajo los esquemas mentales del Antiguo Régimen. Esto provoca que su aplicación sea reducida a periodos cortos de tiempo.

Por otro lado, las cartas otorgadas, que aún se establecen mediante el principio de soberanía real. La primera, anterior a la Constitución de 1812, es la denominada “Constitución de Bayona” (1808), impuesta por Napoleón en su intento de convertir a España en un Estado satélite del Imperio francés en el contexto de su proyecto europeo. La segunda, el Estatuto Real de 1834, constituye el primer intento de los liberales moderados de distanciarse del Antiguo Régimen al inicio de la regencia de María Cristina.

El establecimiento de la Constitución supone uno de los aspectos principales del régimen liberal. La carta magna debe ser la ley suprema del Estado y referente de todas las demás. En ella deben recogerse los principales principios políticos y los derechos y deberes de los ciudadanos. El grado de desarrollo de estos principios y derechos es lo que determina el carácter de cada uno de los textos legales que se implantan en el país.

El problema es que este carácter depende en gran medida del grupo que detenta el poder del Estado en el momento en el que se redacta, por lo que el resto de los grupos no suelen aceptar como suyo el texto, oponiéndose a él ya sea por la vía pacífica o por la conspirativa.

La Constitución de 1837

La Constitución de 1837 es obra de los progresistas, también denominados radicales, que durante la regencia de María Cristina desean romper con el Antiguo Régimen. El país vivía la guerra civil, la Primera Guerra Carlista (1833-1839), y se regía por el Estatuto Real de 1834, el cual no había permitido realizar transformaciones profundas en el Estado. El descontento de la gran parte de los liberales era patente, pues gracias a ellos y a sus milicias urbanas la niña Isabel II de Borbón seguía en el trono, frente a su tío Carlos de Borbón, hermano de Fernando VII y aspirante legítimo al sucesor según la reglamentación de la ley sálica.

Esta situación de descontento estalló en verano de 1836. Varios sargentos sublevados obligan a la regente en el Palacio de La Granja a sustituir el texto de 1834 por la Constitución de 1812. Estos cambios, apoyados por el gobierno del progresista Mendizábal, iban a provocar una importante transformación en la política española. Esta situación de desorden político, aliado a los carlistas, que iniciaron una serie de arriesgadas operaciones que, aunque no obtuvieron ningún éxito destacado, sí dejaron patente la debilidad de los isabelinos, condujo al gobierno a la necesidad de unión de todas las fuerzas liberales para derrotar al enemigo absolutista y reaccionario. Se planta así la redacción de un nuevo texto legal que sea aceptado también por los moderados. Fruto de este deseo nace la carta magna de 1837.

En ella se recogen algunos aspectos básicos del liberalismo, aunque más contenidos que en la de 1812, pues se trataba de buscar la complicidad de los seguidores del liberalismo doctrinario y del trono, en el que aún seguía la madre de la reina oficial. Algunos de los aspectos principales de la nueva constitución son:

• Las Cortes son bicamerales, Senado y Congreso, con poder legislativo aunque compartido con el rey.
• Sufragio censitario más abierto (2,2 %) que en el Estatuto Real, aún muy lejos del sufragio universal que defendía la de 1812.
• Ayuntamientos democráticos.
• Reconocimiento de derechos y libertades, más restringidos que en 1812, pero mucho más desarrollados que en 1834. Así se implanta la libertad de expresión.

Un aspecto polémico es el referido al tipo de soberanía que reconoce la norma de 1837. Según la expresión utilizada en el texto seleccionado del documento 1, “siendo la voluntad de la nación revisar, en uso de su soberanía...”, parece que se recoge el principio de soberanía nacional. Sin embargo, en otros apartados del preámbulo se establece la acción legal dual entre las Cortes y la Corona. Posteriormente, en el articulado se establece que el poder legislativo está compartido entre estas dos instituciones. Esto, unido al hecho concreto de que el trono seguirá reteniendo mucho poder, como lo demuestra la designación de parte del Senado por el monarca o el derecho a disolver las Cortes, establece que esta constitución se inclina por el concepto de la soberanía compartida.

Habría que esperar al siglo XX, ya que, con la llegada de la Segunda República, se establecería una constitución, la de 1931, que recogería el concepto de soberanía popular, que trataba de resaltar que la soberanía pertenece a todo el pueblo, pues el concepto “nacional” había sido utilizado en ocasiones por sistemas que negaban los derechos políticos.

La Constitución de 1845

Este principio es propio del liberalismo doctrinario o moderado, el cual concibe que la soberanía es fruto de un pacto entre el príncipe y su pueblo. El elemento más destacado de este principio es el hecho de que el parlamento y la corona tengan poder legislativo, tal y como se recoge en esta constitución. Los radicales o progresistas no compartían estas ideas, pero su deseo de que los moderados aceptasen la nueva situación los llevó a ceder en asuntos tan fundamentales.

La Constitución de 1837 estaría vigente desde el año que se redactó hasta 1845, en la práctica hasta 1843. Posteriormente resucitaría en el llamado Bienio Progresista (1854-1856), en donde se planteó su sustitución por una nueva norma, la de 1856, mucho más apegada a los principios del liberalismo de inspiración krausista, entre ellos el de la soberanía nacional. Dicho proyecto llegó a ser aprobado pero no se promulgó.

La regencia de Espartero, que sustituyó a María Cristina en 1840, acaba con la insurrección protagonizada por sectores del progresismo contrarios al regente y, muy especialmente, con la rebelión de militares moderados acaudillados por Narváez. El nuevo periodo de gobierno que se abre se conoce como la “Década Moderada” y se caracteriza, como su nombre indica, por el gobierno en solitario del partido moderado.

Al principio del periodo, Narváez impulsa la aprobación de una ley más acorde con su ideario, fundamentado en la idea de que el rey, como elemento de contención del pueblo, debe tener un importante papel en la vida política, que se concreta en su derecho al voto, la posibilidad de destituir y nombrar al ejecutivo, disolver las Cortes y, muy especialmente, en la capacidad de hacer leyes junto con las Cortes.

Esta nueva constitución se aprueba en 1845 y sus principales aspectos son:

• Soberanía compartida entre las Cortes bicamerales y el rey, tal y como se refleja en el fragmento del preámbulo que se muestra en el documento 2, al promulgar la reina Isabel II la nueva constitución “...en unión y acuerdo con las Cortes...”.
• El poder ejecutivo, en manos del monarca, puede disolver las Cortes.
• El Senado es de designación real.
• Sufragio censitario restringido (1%).
• Ayuntamientos no democráticos.
• Limitación de los derechos de los ciudadanos.

La nueva constitución sería la ley fundamental del Estado a lo largo de la mayoría de edad de Isabel II, salvo durante el Bienio Progresista (1854-1856). Tras este breve lapso, los moderados gobernarían alternándose en el poder con el nuevo partido de la Unión Liberal, liderado por O’Donnell. La vigencia de la Constitución de 1845 acabaría con la revolución de 1868, la llamada “Gloriosa”, la cual trataría de establecer un régimen democrático en España con la implantación del sufragio universal.

La Constitución de 1869

Esta revolución trataría de convertirse en la auténtica revolución burguesa que transformó el país en un Estado moderno. Siguiendo lo pactado por demócratas, progresistas y unionistas en el Pacto de Ostende, el gobierno provisional que dirigían Serrano y Prim convocó elecciones a una Asamblea Constituyente de la que saldría la Constitución de 1869 en junio. Esta ley recogería toda la legislación que se había ido desarrollando desde septiembre de 1868 para democratizar la vida del país y establecía la monarquía constitucional:

• Completo reconocimiento de los derechos de los ciudadanos: libertad de culto, libertad de enseñanza, libertad de imprenta, libertad de asociación, etc.
• Sufragio universal masculino para mayores de 25 años.
• Cortes bicamerales, aunque con Senado electivo.
• Clara división de poderes: ejecutivo (rey y ministros), legislativo (Cortes) y judicial (tribunales).
• Supresión de impuestos indirectos.

En este texto sí aparece claramente establecido el principio de soberanía nacional exclusiva. La Constitución de 1869 no tendría una vida muy larga. Los acontecimientos políticos y sociales hicieron que el régimen desembocara en el primer intento de establecer la república, en la cual Pi i Margall redactaría un proyecto de constitución federalista, inspirada en la de 1869, pero dando forma al Estado de república federal.

Los golpes de Estado de Pavía y de Martínez Campos en 1874 pondrían fin al sexenio democrático y darían paso al nuevo periodo conocido como la Restauración.

La Constitución de 1876

El nuevo sistema político está construido por Cánovas del Castillo. Este político de ideología liberal conservadora establecería un régimen basado en el bipartidismo entre el partido conservador, el suyo, y el partido liberal de Sagasta, que se irían turnando en el poder mediante un sistema de fraude electoral basado en el caciquismo. El entramado legal se fundamentaría en la Constitución de 1876, realizada por el primer parlamento de la Restauración, elegido por las elecciones que organizó el gobierno provisional y que fueron fraudulentas.

La mayoría conservadora elaboró una constitución parecida a la de 1845, aunque con elementos de la de 1869. Su principal característica es su flexibilidad, por su ambigüedad. Sus principios son:

• Soberanía compartida entre: Cortes bicamerales, con un Senado elitista, y la Corona. El rey es inviolable y controla el ejecutivo y parte del legislativo. Convoca y disuelve Cortes, tiene iniciativa legal y veto.
• Religión católica oficial, aunque tolerando otras religiones. La ideología católica controlará la educación.
• Reconocimiento de derechos y libertades, aunque se deja a las leyes posteriores su concreción práctica.
• Sufragio sin concretar: primero censitario y desde 1890, con Sagasta, universal, aunque fraudulento.