El Estado Constitucional y Autonómico en España: Historia y Evolución

T 13.2 El nuevo Estado constitucional y autonómico

2.1 La Constitución de 1978
La nueva Constitución fue aprobada en el Congreso y en el Senado, y refrendada por la mayoría de los españoles el 6 de diciembre de 1978. Los principales rasgos de la Constitución son:

• Define el Estado español como un Estado social y democrático de Derecho, organizado en una monarquía parlamentaria.
• Reconoce la existencia de nacionalidades y regiones, que pueden constituirse en Comunidades Autónomas.
• Declara que la soberanía reside en el pueblo, que la delega en sus representantes elegidos por sufragio universal, y recoge la división de poderes.
• Garantiza la igualdad ante la ley de todos los españoles y españolas y proclama sus derechos y deberes.
• Ampara los derechos civiles, como la libertad de expresión, de reunión y asociación, la libertad de culto y el derecho a la vida, y los derechos sociales, como el derecho a la educación, al trabajo y a las prestaciones de la Seguridad Social.
• Respecto a los deberes, se contempla la defensa del Estado, el sostenimiento de los gastos públicos y el deber de trabajar.
• Regula el funcionamiento del Estado y sus instituciones.
• El poder legislativo es ejercido por unas Cortes bicamerales (Congreso de los Diputados y Senado), el gobierno ostenta el poder ejecutivo y el poder judicial está en manos de unos tribunales independientes.
• Crea el Tribunal Constitucional, que es el encargado de interpretar la Constitución en caso de conflicto, y la figura del Defensor del Pueblo, que vela por el cumplimiento de los derechos y de las libertades.

2.2 El Estado de las Autonomías
Carteles de los años de la transición que reflejan el resurgir del sentimiento autonomista. El reconocimiento constitucional de la existencia de diferentes nacionalidades y regiones con derecho a formar su propio autogobierno comportó la descentralización del sistema político español. En Cataluña, el País Vasco y Galicia, la fuerte reivindicación autonómica supuso el inicio de un proceso preautonómico anterior a la aprobación de la Constitución.

• En Cataluña, en 1977, el presidente Suárez pactó el restablecimiento de la Generalitat catalana y el regreso del exilio de su presidente, Josep Tarradellas, que creó un primer gobierno preautonómico.
• En el País Vasco, las negociaciones entre el gobierno y los parlamentarios vascos elegidos en 1977 culminaron en la formación de un Consejo General Vasco (1978).
• En Galicia, la primera Xunta, con carácter provisional, se creó también en 1978.

Tras la aprobación de la Constitución, se procedió a la configuración de 17 Comunidades y dos Ciudades Autónomas (Ceuta y Melilla). Cada Comunidad Autónoma se rige por su propio Estatuto de Autonomía, que fija las instituciones de autogobierno (Parlamento, Gobierno, Tribunal de Justicia...) y las competencias que le corresponden (educación, sanidad, etc.). Los distintos Estatutos fueron aprobados, de forma gradual, entre los años 1979 y 1983, a excepción de los de Ceuta y Melilla, que lo fueron en 1995.

2.3 Golpe de Estado y consolidación democrática
Tras la aprobación de la Constitución, en 1979 se convocaron unas elecciones legislativas que fueron ganadas de nuevo por UCD, sin mayoría absoluta. Este segundo gobierno de UCD continuó con la aplicación del programa reformista, pero tuvo que hacer frente a grandes dificultades políticas y económicas, que debilitaron al partido y desprestigiaron a su líder, Adolfo Suárez, que se vio forzado a dimitir.

El 23 de febrero de 1981, el día en que se iba a elegir a Leopoldo Calvo-Sotelo como sucesor de Suárez en el gobierno, se produjo un intento de golpe de Estado. El teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero ocupó el Congreso y mantuvo secuestrados al gobierno y a los diputados durante casi un día. Al mismo tiempo, el capitán general de Valencia, Jaime Milans del Bosch, publicó un bando declarando el estado de guerra.

La firme actitud del rey Juan Carlos en apoyo a la democracia, la oposición de los mandos militares y la unidad de todas las fuerzas políticas democráticas fueron decisivas para hacer fracasar el golpe de Estado. Tras la detención de los golpistas, se constituyó el nuevo gobierno de UCD presidido por Calvo-Sotelo. Éste, con el apoyo del PSOE, aprobó la Ley del Divorcio (1981) y la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA, 1982), que limitaba las competencias de las Autonomías.