La Constitución Española de 1876: Características y Contexto Histórico

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Características Esenciales de la Constitución de 1876

La Constitución Española de 1876 tuvo como objetivo principal establecer una estructura política estable y duradera tras un período de agitación. Estuvo vigente hasta el Golpe de Estado de Primo de Rivera en 1923.

Inspirada en las constituciones de 1845 y 1869, fue redactada por una comisión de notables y se caracterizó por los siguientes elementos:

Soberanía Compartida y Monarquía Preponderante

La Constitución establecía una soberanía compartida entre el Rey y las Cortes, pero con una clara primacía de la monarquía.

Reconocimiento de Derechos con Limitaciones

Se reconocían los derechos fundamentales clásicos: igualdad, libertad y propiedad privada, de forma similar a la Constitución de 1869. Sin embargo, se retornó al Estado confesional, aunque se permitía el culto privado de otras religiones. La garantía de los derechos era limitada, ya que muchos quedaban sujetos a leyes ordinarias posteriores y podían ser suspendidos por el gobierno.

Organización de los Poderes del Estado

Poder Legislativo

El poder legislativo residía en unas Cortes bicamerales: el Congreso de los Diputados y el Senado. El Congreso se elegía por sufragio censitario, aunque se dejaba abierta la posibilidad del sufragio universal en el futuro. El Senado estaba compuesto por miembros elegidos y miembros designados por la Corona, algunos de ellos con carácter vitalicio. Ambas cámaras tenían iniciativa legislativa.

Poder Ejecutivo

El poder ejecutivo se caracterizaba por la doble confianza que debían tener los ministros y el jefe de gobierno: la del Rey y la de las Cortes. El nombramiento y cese del jefe de gobierno recaía en la Corona.

El Rey

El Rey tenía un papel central en el sistema político. Tenía iniciativa legislativa, sancionaba y promulgaba las leyes, y ostentaba el mando del ejército. Además, tenía la facultad de convocar, suspender y disolver las cámaras.

Administración Local

La administración local estaba a cargo del gobierno local y de la Corona, quienes dirigían al alcalde.

La Política Española y el Problema de Cuba

Tras la pérdida de la mayor parte de sus colonias americanas durante el reinado de Fernando VII, España conservaba Cuba, Filipinas y Puerto Rico.

Entre 1868 y 1878, la Guerra de los Diez Años en Cuba culminó con la Paz de Zanjón, que trajo consigo la abolición de la esclavitud, una amnistía y la promesa de reformas políticas.

En 1880, el gobierno de Antonio Maura otorgó una mayor autonomía a Cuba. Sin embargo, las tensiones persistieron.

En 1895, estalló una nueva guerra con el Grito de Baire, un levantamiento independentista liderado por José Martí, Máximo Gómez y Antonio Maceo.

En 1896, el general Martínez Campos fue sustituido por el general Valeriano Weyler, quien implementó una política de mano dura para sofocar la rebelión.

En 1897, tras el asesinato de Antonio Cánovas del Castillo, se optó por una política más conciliadora con Cuba. Weyler fue reemplazado por Ramón Blanco.

En este contexto, Estados Unidos, que tenía intereses económicos y estratégicos en la isla, intervino en la guerra a favor de la independencia cubana. El hundimiento del acorazado estadounidense Maine en el puerto de La Habana, del que se culpó a España, precipitó la entrada de Estados Unidos en el conflicto.

España, consciente de su inferioridad militar frente a Estados Unidos, firmó un armisticio en el Protocolo de Washington en 1898. Finalmente, en el Tratado de París, España reconoció la independencia de Cuba y cedió a Estados Unidos Puerto Rico, Filipinas y Guam.

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