Concepto de Administración Pública: Orígenes Históricos, Evolución y Marco Constitucional

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TMA 1: Concepto de administración pública

1.1 Concepto de administración pública. Antecedentes históricos

Si indagamos en las fuentes históricas, incluso desde una perspectiva colonial, la noción de administración tiene dos grandes significados:

  1. Entender que se trata de una actividad. Perspectiva material
  2. También surgió rápidamente la administración como un aparato o estructura que administra: el consejo de administración. Perspectiva objetiva.

Estas dos nociones aparecen en todas las fuentes históricas, por cuanto parece que en toda organización social más o menos compleja se detecta o se identifica una actividad común al grupo; por tanto, habría un conjunto de actividades más allá de lo privado. También cabe apreciar que esa actividad común, que atiende a lo colectivo, se encamina en una serie de estructuras. Por tanto, en el fenómeno de la administración como actividad o como organización se aprecian múltiples fuentes.

De este dato, es decir, que siempre cabe encontrar la administración como sujeto y como actividad, se ha querido extraer que el fenómeno de la administración es permanente, es de siempre.

Sin embargo, según el dogma, la administración que nosotros identificamos como tal es desde luego un fenómeno histórico. Según el dogma, no cualquier actividad de lo público es la administración, sino exclusivamente aquella estructura que surge en un determinado momento histórico, puesto que antes de ese momento histórico había actividad común, pero no desde lo que nosotros entendemos como tal, ya que la administración que nosotros estudiamos está insertada en la estructura social y responde a los principios políticos y jurídicos determinados de tal manera que antes podrán encontrarse antecedentes. Para nosotros, la administración es la que se inserta en el llamado Estado de Derecho. Este nace más o menos en el siglo XVIII.

Estado absoluto: características

En primer lugar, el monarca concentra en sus manos todo el poder político, de ahí su nombre. Si algún órgano del aparato del Estado ejerce poder, lo hace por delegación. El rey se convierte por derecho propio en titular de todas las funciones del Estado. También, en la figura del monarca se concentra el poder jurídico.

Esto significa que el poder y su ejercicio no están sometidos al derecho, no existe vinculación a ninguna norma jurídica. En este sentido, el rey es irresponsable y su poder es arbitrario, no responde a regla alguna. Los únicos límites que existían eran morales, religiosos, paternalistas…

En esta época no existe diferenciación dentro del aparato del Estado de funciones, de forma que la llamada gestión de la corona se engloba en el único poder del príncipe, y además las mismas autoridades conocían a la vez de asuntos gubernativos, contenciosos... Esto trae consigo que no exista un sometimiento de la llamada administración regia a la justicia. Asimismo, no existe en esta época la noción de ciudadano tal y como la entendemos hoy (sujeto con derechos); la que se conoce es la noción de súbdito, la persona está sometida, y además la condición de súbdito varía en función de determinadas condiciones, por ejemplo, el estamento social. No existía el principio de igualdad ante la ley.

Estado de derecho: características

Se instaura el principio de separación de poderes frente a la situación del Estado absoluto donde todo el poder se concentra en el monarca. Este proclama como funciones distintas la creación de las normas generales (función legislativa), la ejecución y aplicación de esas normas generales (función ejecutiva) y la interpretación y aplicación en caso de litigio (función judicial o jurisdiccional).

Además, a cada función se le asigna un determinado poder o estructura de tal manera que la función judicial le corresponde al poder judicial, la función legislativa se le encarga al poder legislativo, y lo restante se le va a encargar al poder ejecutivo.

El principio de separación de poderes cumple una doble función:

  • Por un lado, es la regla de racionalización del aparato estatal: dice qué y a quién le corresponde cada cosa.
  • Supone la clara garantía de la libertad del individuo, porque en la teoría de esto está que el poder tiende a extralimitarse frente a que encuentre su límite en otro poder.

La segunda característica se encuentra en el llamado principio de legalidad, el cual supone la idea de gobierno por y en virtud de las leyes. La ley, entendida como la expresión de la voluntad general y por tanto máximo exponente del poder del Estado.

Esta idea cabal del derecho deriva en dos importantes consecuencias:

  • La libertad del individuo solo puede limitarse por ley. El hombre nace libre con todos los derechos, con la libertad expansiva.
  • La ley vincula tanto al individuo como al poder, de manera que el poder solo puede ejercerse conforme a la ley. Esto implica la juridificación del poder: el poder se conforma a derecho.

Frente al origen divino, moral, ético, etc. del poder del monarca, ahora se proclama que la fuente del poder es el pueblo, el llamado principio de soberanía nacional, lo que significa que el poder tiene una única legitimidad y que el Estado solo se justifica en la medida en que garantiza la soberanía nacional y la libertad del individuo.

Se reconoce además la existencia de un conjunto de derechos de todos los individuos frente al poder de manera igualitaria. Esto se traduce en la elevación del individuo de súbdito a ciudadano y además que sea cuerpo de derecho en sí mismo en términos jurídicos para todos.

Es aquí donde se sitúa el nacimiento de la administración pública.

¿Dónde está y cuáles eran las funciones de la administración pública dentro del Estado en estos momentos?

Si la misión del Estado era definir el derecho y garantizar la libertad, ¿de qué se encargaba la administración?

El legislativo se encargaba de crear las leyes. El poder judicial era encargado de administrar la justicia, y la otra parte de la estructura del Estado, el ejecutivo, aseguraba que se cumpliera el derecho en condiciones que permitieran el ejercicio de los derechos, sobre todo la libertad. Por tanto, sus funciones principales son la de seguridad frente al exterior y social interior. Pero además, la propia nueva estructura del Estado que se acaba de crear está a su vez penetrada por una profunda modificación de la estructura social: la burguesía. Con lo cual esa clase burguesa quiere cambiar el modelo de la estructura social y ya necesita un poder fuerte, capaz de llevar a cabo esa modificación social. Y ese poder se le atribuye al poder ejecutivo, a la administración. Si hasta la revolución el poder judicial estaba en los nobles, ahora se les quiere retirar creando leyes que digan que el poder judicial tiene que ser personal de la administración o independiente.

¿Cómo se consigue que el individuo sea igual ante la ley? Suprimiendo todos los poderes intermedios y garantizando un poder que los vele.

En esta primera época, la función del ejecutivo va a ser básicamente dos:

  • Seguridad como condición de la existencia del Estado, la paz interna.
  • La creación de condiciones que eliminen los obstáculos que perturban, molestan o impiden los esfuerzos individuales en la creación de riquezas. El Estado se encargará de fomentar sin intervenir de manera directa.

Esto explica que en esta época el aparato de la administración esté reducido, estaba integrada por los municipios y en 1833 un segundo nivel: la provincia, con funciones muy políticas. Y a nivel central está compuesta por el rey y sus ministros, y por la delegación en cada una de las provincias. Los ministerios entonces eran: Estado, Gracia y Justicia, Gobernación, Comercio y Guerra y Marina.

Si la administración es quien hace la función del Estado, quien va a instrumentarla en su día a día es la administración. En la medida en que lo que tiene que hacer el Estado cambie, la administración va asumiendo también esos cambios.

Una primera evolución en la administración se produce como consecuencia de la crisis tras la Primera Guerra Mundial (Europa queda devastada). Esto hace que se produzcan las circunstancias que van demandando del Estado que pierda su neutralidad, que asuma un papel directivo de conformación social y sobre todo de proveedor garantista de determinados servicios. El Estado, que no deja de ser de derecho, pasa a tener funciones sociales también (servicios públicos). Empieza a hablarse ya tras la Segunda Guerra Mundial no solo de derechos de corte colectivo (derecho al trabajo, a la vivienda, a la educación…), sino en definitiva del derecho a participar en los asuntos públicos, el derecho a un conjunto de libertades sociales que la libertad e igualdad sean reales. Por tanto, esto ha supuesto que si el Estado tiene que garantizar determinados derechos, tendrá que crear administraciones para asegurar todos los servicios públicos. Evidentemente, de la planta pequeña con la que surgió, ahora existe una planta mucho mayor y con un gran entramado de administraciones públicas.

1.2 Concepciones objetivas, formales y subjetivas

Se busca el objeto de la disciplina. A grandes rasgos, la doctrina ha formulado distintas teorías en los dos últimos siglos sobre qué es la administración pública; distintas teorías pueden agruparse en tres concepciones:

  • Carácter objetivo o material, que considera a la administración una función o actividad del Estado.

La primera formulación se encaminó en estas corrientes objetivas o materiales, en la medida en que la primera fórmula o definición de administración pública la define como la acción del Estado, como aquella función dirigida a poner en práctica, actualizar (a ejecutar) las leyes.

A partir de este carácter abstracto, autores posteriores tratan de concretar dentro de esa función administrativa a partir de un elemento singular que permitiera diferenciarla de las otras funciones estatales según el contenido. Destaca la teoría de los servicios públicos respaldada por Duguit, para este autor la razón de ser del Estado son los servicios públicos y además, cuando el Estado estaba en el ámbito de los servicios públicos estaban regidos por las normas reguladoras específicas, de ahí llega la conclusión de que la actividad administrativa es igual a la gestión y prestación de los servicios públicos. Aurio fue también seguidor de esta doctrina sobre el carácter objetivo, para este autor las funciones del Estado son aquellas actividades en las que el poder público tiene reconocido por derecho poderes exorbitantes distintos de los poderes jurídicos de que disponen los particulares. Cuando el Estado actúa con esos poderes exorbitantes, está ejerciendo funciones administrativas.

Hay otro tipo de teorías que se basan en la finalidad, son finalistas. Para este sector lo importante no es el contenido, sino el fin que persigue, de manera que cuando el Estado ejerce o actúa persiguiendo su fin, está realizando una actividad administrativa. Dentro de los finalistas, para unos autores es el orden público, para otros se atiende a satisfacer las necesidades sociales o individuales que el propio individuo no puede lograr por sí mismo; sería un fin asistencial.

  • Carácter formal, que identifica lo que es administrativo por su específica eficacia jurídica.

Para otra gran corriente doctrinal lo que caracteriza la actividad administrativa es la nota jurídico-formal, la específica eficacia jurídica que tiene esta actividad, diferente de la eficacia jurídica del resto de funciones estatales. Para esta corriente, mientras la ley puede sustituir cualquier manifestación anterior de la voluntad del Estado y la sentencia posee la autoridad de cosa juzgada y por tanto de una absoluta presunción de verdad, el acto administrativo solo posee la presunción relativa de legalidad, que admite prueba en contrario y por ello controlable por los tribunales. La sentencia tiene la capacidad de declarar la verdad absoluta. Frente a esta específica eficacia, el acto administrativo tiene la eficacia jurídica menor. Por tanto, su eficacia jurídica singular se podrá crear unilateralmente obligaciones y derechos para los particulares, pero estas situaciones jurídicas con eficacia singular es lo que caracteriza a las administraciones públicas. La fuerza de lo que hace la administración se sustenta en que haya cumplido la ley, si no, sería cuestionada.

  • Carácter subjetivo u orgánico, para la que la característica definitoria es la de constituir una organización dentro del Estado diferenciada, a la que como veremos se les tiene personalidad jurídica y a otros no.

Pone el acento en quién lo hace. Dentro de esta corriente hay dos grandes tesis. Tienen en común considerar que es imposible jurídicamente que no tiene sentido identificar la administración con la función, y se separan en el distinto valor que otorgan al dato de la personalidad jurídica. Para la orgánica es la organización, para la personalista la clave es la propia personalidad jurídica.

La concepción orgánica en nuestro país la sigue un amplio sector doctrinal. Para esta concepción la administración solo se puede delimitar en sentido subjetivo, viéndola desde la perspectiva de quién lo hace, y desde esta perspectiva define a la administración como un complejo orgánico integrado en el poder ejecutivo, pero no coincide por entero con el poder ejecutivo, sino que se podría incluir también al gobierno. Para esta corriente lo único que tiene relevancia constitucional es el gobierno, y la administración es la organización del poder ejecutivo subordinada al gobierno y que ejerce todas las actividades que el gobierno le encomienda. Por tanto, una de las características de estas corrientes se entenderá a la administración como aparato subordinado del gobierno, como la organización instrumental al servicio de este.

La concepción personalista presupone que hay que prescindir de la instancia intermedia que supone el poder ejecutivo y hay que identificar la administración o referir lo que es la administración al Estado mismo. Eso significa para la concepción personalista que la administración personifica al Estado en sus relaciones internas, y en tanto que personifica al Estado dentro, es destinataria de un ordenamiento propio, singular y específico. Para esta corriente el derecho administrativo es el derecho de la administración pública, es persona jurídica que ejerce funciones hacia el interior. En el ordenamiento interno solo existe una persona jurídica en el Estado, la administración, y todo lo relativo a esta es derecho administrativo. Según García de Enterría, solo cuando el Estado actúa investido de administración es la verdadera y propia persona jurídica. Esta tesis tiene dos consecuencias importantes:

  • Somete su amplia esfera de actividad a la unidad: haga lo que haga, es administrativo.
  • Introduce en el complejo aparato orgánico un elemento de permanencia frente a los cambios que se producen frecuentemente en el seno de cada administración.

Postura que se mantiene

Cada una de las concepciones hasta ahora vistas presentan inconvenientes y dudas que, a nuestro juicio, limitan la validez de estas fórmulas definitorias de lo que es administración. En primer lugar, a las concepciones objetivas se les puede objetar las dificultades insalvables que se dan al formular dentro de las funciones del Estado un concepto unitario de función administrativa. Y eso se opone a dos características fundamentales de la administración pública:

  1. Su movilidad y variabilidad. El contenido de la función administrativa varía según las concepciones políticas dominantes en cada momento y lugar, e incluso varía según la presión que la sociedad ejerce sobre el poder público en orden a la satisfacción de determinadas necesidades. El Estado está en continuo movimiento.
  2. Su carácter heterogéneo. La función legislativa y judicial pueden ser fácilmente identificables, lo que no ocurre con la función administrativa, puesto que una importante gran parte se materializa en actos administrativos, pero eso no significa que solo haga actos administrativos; por eso la teoría formal quiebra, la actividad administrativa va más allá de los actos.

A la concepción orgánica también cabría añadirle una crítica. Ciertamente la administración es la organización, es un conjunto de entes de órganos, pero es algo más que una organización. Por otra parte, hemos señalado que para la tesis orgánica un dato fundamental es el carácter subordinado de la administración, ya que el gobierno dirige a la administración, pero es reduccionista y parcial; entender que eso significa que la administración sea un aparato de ejecución de la política del gobierno. Incluso la propia Constitución limita que el gobierno pueda utilizar la administración como aparato. El art. 103 C dice que la administración tiene una función propia, el servicio objetivo del gobierno, sometimiento a la ley, al derecho, y por eso el gobierno no lo puede utilizar como ente suyo.

Esta afirmación viene avalada por el derecho positivo. Para la administración del Estado, la LOFAGE le atribuye la personalidad jurídica. Igual sucede con las distintas leyes de administración de las CCAA. Para las entidades locales la ley de bases del régimen local cuando la provincia y el municipio tienen personalidad jurídica. Para todas, y ya el art. 3 de la Ley 30/1992 declara su personalidad jurídica. Por tanto, es un dato de derecho positivo, y para algunas incluso la Constitución.

Esta cualidad de la administración como persona jurídica la convierte en destinataria directa de un ordenamiento propio, precisamente el derecho administrativo, que tiende a la regulación de todos los órdenes de su existencia: las competencias materiales que tiene, que puede o no asumir la administración, el estatuto de sus agentes, el procedimiento que tiene que seguir en su actuación o los poderes jurídicos con que cuenta para realizar su función, sus potestades. Y además, como sujeto de derecho, la administración es responsable, responde por su conducta, por los daños que pueda ocasionar (art. 106 C), y es susceptible de control por los tribunales de justicia. La misión de la administración es relacionarse continuamente con los ciudadanos.

1.3 La administración pública en la Constitución

La administración pública en nuestro Estado no es un solo órgano, sino que hay un conjunto de administraciones públicas. Dentro de ese conjunto, hay varios tipos y régimen. La primera perspectiva de análisis es averiguar qué administraciones recoge la Constitución. Ahí aparecen cuatro tipos de administraciones públicas, todas ellas con un común denominador: tienen rango constitucional, lo que se entiende como administraciones territoriales, las cuales traducen la participación del poder político. Estas forman parte de la estructura política del Estado y son:

Administraciones territoriales

  1. Administración del Estado: cuyas competencias en exclusiva son las que recoge el art. 149 C. En su estructura tiene órganos centrales, por lo que su capacidad de acción es en todo el territorio nacional, y después tiene la organización periférica.
  2. Administraciones de las CCAA: hay una por cada comunidad autónoma, pero en conjunto la componen 17 y dos ciudades autónomas.
  3. La provincia: es la administración local. Hay 50 provincias que son administraciones locales.
  4. La administración municipal: aproximadamente 8.100.

Todas ellas forman una pirámide.

El que haya distintas administraciones territoriales no obedece a un proceso racional anticipado, sino a un desarrollo histórico en el que hay siempre latente una confrontación entre centralización y descentralización. A grandes rasgos, el arranque de nuestra planta administrativa estaba formado por la administración del Estado y los municipios, que también se crea como un proceso histórico de concentración de un estatuto jurídico. Cuando desaparecen todos los instrumentos intermedios, lo que hace el Estado es concentrar todo el poder disperso en esos señores intermedios y crear la administración fuerte. Y al lado de ella se permitió que subsistieran los municipios. Con el tiempo aparece la provincia en 1833, y se divide el mapa en 50 provincias, pero en aquel momento la provincia no es la administración pública local, sino brazo periférico de la administración del Estado. Cada fomento tenía su delegado en cada una de las provincias. Solo con el tiempo la provincia adquiere carácter de administración, en el siglo XX.

En 1978 se define en la Constitución que con determinadas condiciones parte del territorio, la determinada región, puede constituirse en CCAA (Título VIII).

Toda la historia se ha basado en esta confrontación, y al final nos hemos constituido en un Estado descentralizado, el cual se preocupa en establecer las competencias más importantes al Estado central y las demás a las CCAA.

El dato de que sean dotadas de personalidad jurídica diferenciada de la central no tiene el mismo significado o fuerza que la personalidad jurídica que tienen estas administraciones territoriales. Es decir, las administraciones territoriales están diferenciadas, pero estas a su vez dan forma a un sustrato político, la independencia, que se traduce en la autonomía de gestión (arts. 137 y ss. de la C).

Administraciones instrumentales

Nuestro derecho permite la creación de otras administraciones públicas recogidas en la C que, normalmente se crean por ley, que ya no son territoriales y no tienen rango constitucional.

Se permite que para la gestión de una competencia, la administración territorial separe parte de su actividad, diferencie un servicio público y cree otra administración con personalidad jurídica propia. Son un instrumento al servicio de la administración territorial.

En cambio, la personalidad jurídica de estas administraciones (las centrales sobre las instrumentales) no tiene esa fuerza, es una personalidad jurídica de valor menor porque no logra su independencia, siguen teniendo control sobre las administraciones públicas. Este control se manifiesta incluso en la organización.

Principios que rigen a la administración pública

El art. 103 de la C: 1. La administración pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al derecho.

2. Los órganos de la administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley.

3. La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.

En este precepto la administración se caracteriza desde un punto de vista organizativo y formal, entre otros aspectos.

2. Sector público. Concepto y clasificación

Hay un concepto material de empresa pública que no responde del todo al derecho público.

El concepto de empresa pública es el concepto de empresa aplicado al dinero público.

Se aplica el concepto empresa pública cuando el control lo tenga un organismo público.

En el ámbito de lo administrativo nunca pueden estar una empresa mercantil, se queda fuera. También quedan fuera las fundaciones del sector público.

En esta materia, entra en juego el concepto de sector público, el cual agrupa todo lo que se financia con fondos públicos.

La Ley General Presupuestaria 47/2003, a nivel estatal, tiene por objeto la regulación del régimen presupuestario, económico-financiero, presupuestario, de intervención y de control financiero. A efectos de esta ley, el sector público está integrado por:

Artículo 2.

  • a) La Administración Pública General del Estado
  • b) Los organismos autónomos dependientes de la Administración General del Estado
  • c) Las administraciones públicas empresariales dependientes de la Administración General del Estado
  • d) Las entidades gestoras, servicios comunes, las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, así como sus centros y entes mancomunados.
  • e) Las sociedades mercantiles estatales
  • f) Las fundaciones del sector público
  • g) Entidades estatales de derecho público distintas a las mencionadas en el párrafo b) y c).
  • h) Los consorcios dotados de personalidad jurídica.

TMA 3. La organización administrativa

1. La potestad de organización de las administraciones públicas: límites

La potestad organizatoria de las administraciones públicas es un concepto síntesis que engloba todas aquellas potestades dirigidas a la creación, configuración, puesta en marcha y extinción de las organizaciones públicas, entendiendo como estas tanto de entes como de organización interna de órganos. Más sintéticamente, por potestad organizatoria se alude a las diferentes manifestaciones de la potestad normativa que tiene por objeto la organización de las administraciones públicas.

En nuestro derecho positivo ha sido distribuir esta potestad entre el parlamento y el ejecutivo (gobierno), de manera que la tendencia es que al parlamento le corresponde la potestad organizatoria de los entes y al ejecutivo el protagonismo respecto a los órganos dentro de la administración.

5. Clasificación de los órganos administrativos

Ni que decir tiene que los órganos administrativos son susceptibles de múltiples clasificaciones, normalmente estas son acumulativas.

Las más importantes son:

Clasificación de tipo estructural

  1. Constitucionales
  2. No constitucionales
    1. Territorial
    2. No territorial
      1. Simples
      2. Complejos (formados por otros órganos)
  • Colegiados: es la regulación estricta acerca de la validez y la adopción de acuerdos.
  • No colegiados (unipersonal)

Clasificación de tipo funcional, atiende a la extensión de la competencia.

  • a. Centrales: su competencia se extiende a todo el territorio en el que el ente tiene competencia.
  • b. Periféricos: son aquellos que solo tienen competencia en una parte del territorio en el que el ente al que pertenecen ejerce su competencia, afecte o no a terceros.
  • a. Externos
  • b. Interno

a) Activos: son los que emiten declaración de voluntad con efecto a terceros.

b) Consultivos: realizan declaraciones de juicios.

c) De control: fiscalizan la actividad de otros órganos.

Estas nuevas funciones han determinado la necesaria adaptación de la organización.

  1. Está dirigida al gobierno de la nación. Dirección política y administrativa que no significa asimilación o disolución, son entidades estrechamente unidas porque una sirve a la otra pero no la acaban identificando, confluyen.
  2. La administración general del Estado se caracteriza por responder a una estructura departamental, en ministerios. Sus complejos órganos están al frente de los cuales está el ministro. Esta estructura es muy antigua, data del siglo XVIII y desde entonces ha sido la constante. Eso no quiere decir que sea la única estructura posible, ya que hay otros sistemas administrativos.
  3. Dentro de la administración hay que distinguir entre administración civil y militar. Esta última tiene numerosas singularidades, tiene un régimen jurídico propio y específico.
  4. La administración civil del Estado se estructura en tres niveles:
    • Servicios centrales de los ministerios y Presidencia del Gobierno.
    • Servicios u órganos periféricos radicados básicamente en las capitales de provincia y de CCAA.
    • Servicios exteriores constituidos por las misiones diplomáticas, consulares y las representaciones del Estado ante la UE y ante los organismos internacionales.

Cabe advertir que a pesar de la reducción drástica que hemos señalado del volumen de la administración general del Estado, sigue siendo una organización muy compleja. Básicamente se estructura ordenadamente de manera jerárquica, pero al lado se encuentra existen muchos órganos que no encajan en esta jerarquía (asesoramiento, consultoría… que mantienen cierta autonomía de esta estructura). Hay órganos con funciones específicas de control como el Tribunal de Cuentas, incluso hay órganos con funciones de resolución de conflictos como los tribunales económico-administrativos.

Exposiciones

Gobierno

  • Consejo de Ministros y Gobierno se identifican, ya que el gobierno de momento no está integrado por otros órganos.
  • Las deliberaciones del Consejo de Ministros son secretas.
  • Lo que no pasa por la comisión, no llega al Consejo de Gobierno.

Presidente, vicepresidente, ministros

  • El presidente tiene un fuero especial, solo puede ser juzgado por alguien determinado.
  • El presidente nombra y cesa sin consulta a los ministros, le corresponde la formación del gobierno.
  • Moción de censura: derrocamiento del presidente por la cámara.
  • Un vicepresidente se destina a sustituir al presidente.

Segunda parte (CCAA)

TMA 4. Principios constitucionales de la organización administrativa

¿Qué es la organización?

Puede ser la familia, la universidad, un partido político, la empresa, la fundación, la asociación.

La universidad se diferencia del resto porque es una administración pública.

La organización puede definirse como la articulación institucional de funciones y personas y su ordenación a los efectos de conseguir determinados resultados (Parejo Alfonso, Luciano).

Caracteres definitorios:

  1. Es un sistema
  2. Hay desarrollo de tareas y funciones
  3. Diferenciado de otros sujetos
  4. Constituido o desagregado en unidades funcionales u órganos

La organización de las administraciones públicas

Las necesidades organizativas varían en función de las exigencias en número de personas, entes, etc. Una administración pública uniprovincial no puede ser igual de compleja que una con 8 provincias. Por lo tanto, la organización dependerá de la naturaleza de la administración.

Derecho administrativo de la organización

Tiene por objeto la creación, estructuración, posición jurídica, relaciones y funcionamiento de los órganos de las organizaciones jurídico-públicas pertenecientes a la administración pública. Cuestiones básicas de este derecho son las siguientes:

  1. La potestad organizatoria o de creación, estructuración y determinación de las organizaciones y sus órganos (lo veremos con la otra profesora)
  2. Determinación de las tareas y funciones de las organizaciones y sus órganos.
  3. Determinación de los órganos de las organizaciones, sus clases y funciones (la otra profesora)
  4. Las relaciones intraorganizativas e intraorgánicas.

Organización / órgano: el órgano es una parte de la organización. (Tiene personalidad jurídica) / (unidad funcional)

Intraorganizativo / intraorgánico (entre organizaciones) / (entre órganos de una misma organización)

* Dos órganos de una misma organización no pueden demandarse, ya que son la misma persona jurídica.

* Un ente instrumental sí puede demandar, ya que no es la misma persona.

Fuentes del derecho administrativo de la organización

Hay varias:

  • Constitución Española de 1978 (art. 103)
  • El Estatuto de Autonomía para Andalucía (LO 2/2007)
  • La LOFAGE (Ley 6/1997, de 14 de abril)
  • Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía.
  • Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local
  • Ley 30/1992, de 26 de noviembre, Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común

Principio de descentralización

Es un principio de organización constitucional, estatutario y legal, de naturaleza intraorganizativa (a los efectos de la organización entre administraciones públicas).

La descentralización se refiere a la articulación de las estructuras organizativas (pirámide), en función de las tareas a desempeñar por estas, bien mediante elementos organizativos, ya sea modificando los existentes o creando otros nuevos en relación con la organización administrativa responsable de dichas tareas, o, en segundo lugar, mediante la institución de una nueva organización, funcionalmente especializada y separada, dotada de autonomía pero instrumental y por tanto, dependiente de y vinculada a la organización administrativa matriz.

Modalidades del principio de descentralización

Descentralización funcional

La descentralización funcional consiste en trasladar la competencia a una organización específica no territorial creada ad oc. Esta nueva organización es en principio ajena a la organización burocrática propia de la organización matriz.

La descentralización funcional se fundamenta en razones de eficacia, eficiencia y especialización. De esta forma, cuando las características de una determinada actividad justifican su organización y desarrollo en régimen de descentralización funcional, esta asumirá su gestión bajo control y supervisión del ente matriz.

Relación de adscripción

El ente matriz crea al ente descentralizado y al cual le encomienda la realización de sus competencias sobre este. La relación de adscripción no se produce entre entes territoriales.

Entes instrumentales privados descentralizados: EMSA, TUSSAM.

La descentralización funcional se diferencia de la territorial en que las entidades funcionalmente descentralizadas asumen las competencias por encomienda de la administración matriz, ejecutando programas propios de esta, que asume y ejerce poderes de dirección y control sobre las entidades descentralizadas. En el caso de la descentralización territorial, el control que ejercen las entidades sobre otras es de legalidad, nunca de oportunidad. Eso significa que solo pueden exigir control de legalidad de la actuación de la otra organización, pero no exigible determinados resultados ni imponerle directrices, estrategias o programas. Se trata de un control de oportunidad.

La segunda fuente de descentralización es el artículo 150 de la C.

Descentralización territorial

Hay CCAA, según lo que dice la Constitución en su art. 2, luego aparecen los estatutos de autonomía.

El principio de descentralización funcional tiene una regulación legal expresa en los siguientes preceptos de la LOFAGE. El artículo 41 de esta ley dice que son organismos públicos (entes instrumentales) los creados bajo la dependencia o vinculación de la Administración General del Estado, para la realización de cualquiera de las actividades previstas en el apartado 3 del art. 2 cuyas características justifican su organización y desarrollo en régimen de descentralización funcional. El artículo 42 señala expresamente que los entes descentralizados funcionalmente tienen personalidad jurídica pública diferenciada y autonomía de gestión en los términos regulados en la propia LOFAGE.

Ente privado descentralizado: Fomento de Construcciones y Contratas, Jiasa, Emasa, Tussam, Lipasam.

Ente público descentralizado: SAS (Servicio Andaluz de Salud), Instituto Andaluz de la Mujer, RTVA, ADIF, RNE, Patronato Municipal de Deportes.

Administración de la Junta de Andalucía

En el ámbito autonómico la ley de cabecera es la Ley 7/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía, la LOFAGE andaluza.

El artículo 50 de esta ley define las entidades instrumentales de la administración de la Junta como entidades dotadas de personalidad jurídica propia creadas, participadas mayoritariamente o controladas efectivamente por la Junta o por sus entes públicos (es decir, puede haber doble descentralización funcional) que tengan por objeto la realización de actividades cuyas características por razones de eficacia justifican su organización y desarrollo en régimen de autonomía de gestión y de mayor proximidad a la ciudadanía. El art. 51 señala que las entidades instrumentales de la Junta tienen personalidad jurídica diferenciada, así como autonomía de gestión, y se ajustarán al principio de instrumentalidad, con arreglo al cual, los fines y objetivos que se les asignan específicamente son propios de la administración de la que depende.

El complejo organizativo administración territorial-ente matriz y los diversos entes instrumentales vinculados a esta se denominan respectivamente sector público estatal, sector público andaluz o sector público local.

En ocasiones se produce una doble descentralización funcional, es decir, que un ente instrumental (por ejemplo un organismo autónomo o agencia pública) puedan actuar a su vez como entes matrices de otros entes descentralizados.

La relación de adscripción es la relación que se establece entre ente matriz y ente descentralizado. Los entes descentralizados por un lado gozan de personalidad jurídica propia, autonomía de gestión y responsabilidad en la prestación de las actividades que tienen asignadas, pero no es óbice (impide, incompatible) para que el ente matriz controle la actividad y el cumplimiento de los fines del ente descentralizado. Este control opera en diversos planos:

  • En primer lugar, en la creación, modificación o extinción del ente instrumental
  • En segundo lugar, la asignación de sus funciones o actividades, que son propias del ente matriz
  • Los fines de la actividad del ente descentralizado son establecidos por el ente matriz, que realiza un control de eficacia sobre el ente descentralizado.
  • Los medios presupuestarios de los entes instrumentales dependen de la administración matriz
  • Los puestos de responsabilidad o libre designación del ente descentralizado son designados por el ente matriz

También, en materia de distribución de competencia intraorgánica la Ley 30/92 contiene una norma supletoria, que aparece en el art. 12.3; a este artículo hay que añadirle lo dispuesto en el 1.2 b) de la Ley 30/92.

Criterios de distribución de competencia

  • a) Por razón de la materia. Se entiende por materia la actividad o funciones que constituyen el ámbito objetivo de actuación de una entidad u órgano. Este es el criterio fundamental.
  • b) Por razón del territorio o ámbito espacial.
  • c) Por razón de la jerarquía.
  • d) Por razón del tiempo. Hay competencias que se atribuyen sometidas a término o plazo, es decir, no se atribuyen con carácter indefinido.

Estos criterios son muy relevantes si los conectamos con las causas de nulidad o anulabilidad de los actos administrativos; en concreto, según el art. 62.1 b) son dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.

La incompetencia material o jerárquica aparece en el art. 63 de esta ley 30/92. Igualmente, el art. 67 dice que la administración podrá convalidar los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan.

Clases de competencia

Existen 3 clases principales de competencias: exclusivas, concurrentes e indistintas.

1. Exclusivas. Se considera que un ente u órgano tiene competencia exclusiva para una determinada actuación o sobre una materia específica cuando la tiene atribuida por entero, de forma íntegra, de manera que ningún otro ente u órgano pueda ejercerla. Una advertencia: la existencia de competencia exclusiva no implica que la administración u órgano actúe de forma totalmente independiente o separada de los demás, pues habrá de tener en cuenta los principios de coordinación y cooperación.

2. Compartidas o concurrentes. Es frecuente que la administración u órgano tengan competencias sobre la materia o sector de actividad en relación con el cual los otros entes u órganos tienen atribuidas otras competencias distintas. Ejemplo: la competencia exclusiva del Estado sobre las bases de ciertas materias en las que las CCAA tienen competencia también exclusivas sobre el desarrollo legislativo y la ejecución. También podríamos clasificar aquí el tipo de varias administraciones públicas que tienen las mismas competencias pero referidas a territorios distintos, por ejemplo, la administración de las aguas. Otro supuesto sería cuando la distinción se hace con el criterio del interés (el Estado tiene la competencia sobre puertos de interés general y las CCAA sobre el resto). Un cuarto supuesto es que, en ocasiones, la distribución de competencias no se hace por materia sino por actuaciones concretas (los planes urbanísticos, por ejemplo, el de Sevilla, se aprueban por 2 administraciones públicas, en el caso de los generales se producen 3 aprobaciones: inicial, provisional y definitiva).

3. Indistintas. Hay casos en los que la administración u órgano asume como competencia subsidiaria la atribuida inicialmente a otra entidad u órgano. Por ejemplo, las diputaciones provinciales pueden sustituir a los municipios en la prestación de servicios obligatorios de carácter municipal cuando estos no tengan capacidad económica (26.2 y 26.3 Ley de Bases de Régimen Local). En segundo lugar, dentro de estas competencias indistintas, hay supuestos excepcionales en los que la misma actuación puede desarrollarse por 2 órganos distintos, por ejemplo, la incoación de un procedimiento sancionador, la cual se atribuye indistintamente a diferentes órganos.

Otro supuesto de competencias indistintas son las materias socialmente concurrentes donde la norma competencial atribuye la misma a 2 o más entes u órganos. Por ejemplo, art. 149.2 C, fomento de la cultura.

Competencias propias y delegadas

Las competencias propias son atribuidas a la administración o al órgano por la norma competencial.

Las delegadas son aquellas que se ejercen por otro ente público u órgano distinto de su titular en virtud de una delegación.

Principio de indisponibilidad de la competencia

La competencia propia es irrenunciable y debe ser ejercida por el ente u órgano que la tiene atribuida como propia. Este principio es esencial tanto desde el punto de vista interno, es decir, para la buena administración, como desde el punto de vista externo, como derecho del administrado a conocer previamente a quién debe dirigirse y de quién debe esperar la actuación. La competencia se atribuye por las normas competenciales vinculantes para todos, incluido el titular de la competencia, que no puede renunciar a ejercitarla. Este principio tiene plasmación legal expresa en el artículo 12.1 de la Ley 30/92. Tiene las siguientes excepciones:

  1. Transferencia de competencias entre administraciones públicas (ley de bases, estatutos de autonomía, legislación de régimen local autonómica)
  2. Descentralización funcional (C, estatutos, leyes de administración del Estado, LOFAGE…)
  3. Delegación de competencia intraorgánica (art. 13 de la Ley 30/92 y en la Ley de Bases de Régimen Local, LOFAGE, Ley de Administración de la Junta de Andalucía)
  4. Avocación de la competencia (art. 14 Ley 30/92 y bloque normativo) Intraorgánicas
  5. Encomienda de gestión (art. 15 Ley 30/92 y bloque normativo)
  6. Delegación de firma (art. 16)

Materias que no pueden ser nunca materia de delegación

Artículo 13.2 Ley 30/92.

En ningún caso podrán ser objeto de delegación las competencias relativas a:

  • a. Los asuntos que se refieran a relaciones con la Jefatura del Estado, Presidencia del Gobierno de la Nación, Cortes Generales, Presidencias de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas y Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas.
  • b. La adopción de disposiciones de carácter general.
  • c. La resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los actos objeto de recurso.
  • d. Las materias en que así se determine por norma con rango de ley.

Art. 127.2 Ley 30/92.

2. El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida, por disposición de rango legal o reglamentario.

4. Avocación de competencias

La avocación de competencias es una técnica opuesta a la delegación. También se trata de una excepción al principio de indisponibilidad de la competencia. Es una técnica intraorgánica al igual que la delegación de competencia. Está regulada en el art. 14 de la Ley 30/92.

La avocación consiste en que un órgano superior puede avocar para sí, es decir, asumir el conocimiento de un asunto cuya resolución compete a un órgano inferior, ya sea como competencia propia o delegada.

Artículo 14. Avocación.

1. Los órganos superiores podrán avocar para sí el conocimiento de un asunto cuya resolución corresponda ordinariamente o por delegación a sus órganos administrativos dependientes, cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente. En los supuestos de delegación de competencias en órganos no jerárquicamente dependientes, el conocimiento de un asunto podrá ser avocado únicamente por el órgano delegante.

2. En todo caso, la avocación se realizará mediante acuerdo motivado que deberá ser notificado a los interesados en el procedimiento, si los hubiere, con anterioridad a la resolución final que se dicte. Contra este acuerdo de avocación no cabrá recurso, aunque podrá impugnarse en el recurso que, en su caso, se interponga contra la resolución del procedimiento.

La avocación deberá motivarse por razones técnicas, económicas, sociales, jurídicas o territoriales. El acuerdo de avocación deberá notificarse a los interesados con antelación a la resolución final que se dicte.

La decisión o acuerdo de avocación no es susceptible de recurso, es decir, se trata de un acto de trámite no cualificado, aunque podrá impugnarse en el recurso que se interponga en su caso contra la resolución.

6. Delegación de firma

Esta técnica organizativa se circunscribe a la firma de los actos administrativos y resoluciones. La delegación de firma no supone en ningún caso la alteración de la competencia ni de su ejercicio, circunscribiéndose a la mera sustitución de la firma. Dado que no se altera el ejercicio de la competencia, no es exigible su publicación, tan solo que se haga constar que se firma por delegación y cuál es el órgano o autoridad de procedencia. No cabe la delegación de firma en las resoluciones de carácter sancionador. Se imputa al delegante, y si agota la vía administrativa se da un recurso potestativo o contencioso. El delegado no puede interponer recurso en este caso.

A ? B

Delegación

A pesar de que lo firma B, este lo hace por delegación, pero quien pone el recurso es A.

* ¿La incoación del procedimiento sancionador se puede adoptar por delegación de firma?

Regulada en el artículo 16 de la Ley 30/92.

Un agente no puede delegar la delegación de firma porque se debería abstener ya que seguiría incurriendo en el mismo vicio.

7. Sustitución y suplencia

La sustitución es la derogación temporal de un órgano en las funciones de otro con carácter temporal. Es un supuesto excepcional previsto en las normas organizativas por diferentes causas.

La suplencia es la situación que se puede producir cuando el titular de un órgano administrativo está ausente por alguna razón con carácter transitorio (enfermedad, supuestos de vacante…). No implica en ningún caso alteración de la competencia. La designación del suplente la decide normalmente el órgano jerárquicamente superior, si no está previsto. Se regula con carácter general en el artículo 17 de la Ley 30/92. La regla general es que si no se designa suplente por el propio afectado, la competencia se ejercerá por quien designe su inmediato superior.

Facultades de orden funcional:

  1. Planificación de la actividad del inferior mediante planes, programas, directrices, instrucciones y órdenes de servicio (art. 21 Ley 30/92)
  2. Potestad de vigilancia y control del órgano superior sobre el inferior, que a su vez se manifiesta mediante la aprobación o autorización de la actuación del inferior o la revisión de esta, principalmente, a través de los recursos administrativos. En último lugar, esta potestad de vigilancia y control se articula en la supervisión, inspección y disciplinaria.

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