Competencias Judiciales y Derechos en el Proceso Penal Español: Aspectos Clave

Competencia de los Tribunales según el Artículo 26 de la LOPJ

El artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) establece que los tribunales tienen competencia para conocer y resolver diferentes tipos de casos en función de la materia, la gravedad del asunto o el ámbito territorial. A continuación, se detallan las competencias de los distintos órganos judiciales:

• Juzgados de Paz: Resuelven asuntos civiles menores en municipios pequeños, como conflictos de vecindad o reclamaciones de pequeña cuantía.
• Juzgados de Primera Instancia: Se encargan de casos civiles generales, como divorcios, herencias y deudas importantes.
• Juzgados de Instrucción: Llevan a cabo investigaciones de delitos penales y adoptan medidas cautelares.
• Juzgados de lo Mercantil: Tratan asuntos de derecho mercantil, como quiebras y disputas comerciales.
• Juzgados de Violencia sobre la Mujer: Se ocupan de casos de violencia de género y asuntos civiles relacionados, como la custodia y la protección de víctimas.
• Juzgados de lo Penal: Juzgan delitos de menor gravedad, con penas de hasta 5 años.
• Juzgados de Vigilancia Penitenciaria: Supervisan la ejecución de penas privativas de libertad.
• Audiencias Provinciales: Juzgan delitos graves y resuelven apelaciones civiles y penales.
• Tribunales Superiores de Justicia: Conocen apelaciones y casos de autoridades regionales con fuero.
• Juzgados Centrales y Audiencia Nacional: Se encargan de casos de relevancia nacional, como terrorismo y narcotráfico.
• Tribunal Supremo: Revisa sentencias en casación, unifica doctrina y trata causas especiales de altos cargos.

Competencia Funcional

Cuando no conste el lugar en que se haya cometido una falta o delito, serán Jueces y Tribunales competentes, en su caso, para conocer de la causa o juicio:

1. El del término municipal, partido o circunscripción en que se hayan descubierto pruebas materiales del delito.
2. El del término municipal, partido o circunscripción en que el presunto reo haya sido aprehendido.
3. El de la residencia del reo presunto.
4. Cualquiera que hubiese tenido noticia del delito.

Si se suscitase competencia entre estos Jueces o Tribunales, se decidirá dando la preferencia por el orden con que están expresados en los números que preceden.

Tan luego como conste el lugar en que se hubiese cometido el delito, el Juez o Tribunal que estuviere conociendo de la causa acordará la inhibición en favor del competente, poniendo en su caso los detenidos a disposición del mismo y acordando remitir, en la misma resolución, las diligencias y efectos ocupados.

Diferencias entre el Artículo 118 y el Artículo 520 de la LECrim

• Artículo 118 de la LECrim: Reconoce el derecho de defensa del investigado. Esto incluye el derecho a ser informado de los hechos que se le imputan, a acceder a las actuaciones y a contar con un abogado desde el inicio del proceso.
• Artículo 520 de la LECrim: Regula los derechos de las personas detenidas o privadas de libertad, como ser informadas de forma clara y comprensible de los hechos de los que se les acusa y de sus derechos, incluido el derecho a guardar silencio y a no declarar en contra de sí mismos.

Diferencia entre Detención y Libertad

• Detención: Es una situación de privación de libertad por un tiempo limitado, habitualmente 72 horas como máximo, bajo custodia policial o judicial. Se lleva a cabo cuando una persona es sospechosa de haber cometido un delito.
• Libertad: Es el estado en el que una persona no está privada de su libertad, aunque puede estar sometida a medidas cautelares o condiciones impuestas por un juez.

Diferencia entre Investigado y Detenido

• Investigado: Persona contra la que se ha iniciado un proceso penal para determinar si ha cometido un delito. Puede estar en libertad o sometido a medidas cautelares.
• Detenido: Persona privada temporalmente de libertad debido a sospechas de haber cometido un delito. Es una situación transitoria y debe ser supervisada por la autoridad judicial.

Derechos de las Personas en el Proceso Penal

• Derecho a la defensa y a un abogado.
• Derecho a ser informado de los hechos imputados.
• Derecho a la presunción de inocencia.
• Derecho a un juicio justo y en un plazo razonable.

Diferencia entre Orden de Alejamiento y Orden de Protección

• Orden de Alejamiento: Es una medida que prohíbe a una persona acercarse a la víctima a una distancia determinada. Implica la prohibición de comunicación y de acercarse a ciertos lugares relacionados con la víctima, como su domicilio o lugar de trabajo.
• Orden de Protección: Es una medida más amplia que incluye la orden de alejamiento, la prohibición de residencia en ciertos lugares y otras medidas como protección policial o asistencia social. Se utiliza especialmente en casos de violencia de género.

Diferencias Clave

1. Prohibición de Residencia: Impide que el agresor resida en un lugar específico cercano a la víctima.
2. Prohibición de Alejamiento: Limita la proximidad del agresor hacia la víctima a una distancia definida.

Artículos 502 y 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim)

Los artículos 502 y 503 de la LECrim regulan la prisión provisional, una medida cautelar que priva temporalmente de libertad a una persona durante la investigación de un delito, antes de que haya una sentencia firme. A continuación, se resumen ambos artículos:

Artículo 502 LECrim

• La prisión provisional se debe aplicar solo en casos excepcionales y cuando sea estrictamente necesaria.
• La duración de esta medida está limitada por la ley, dependiendo de la gravedad del delito y del tiempo que se prevea hasta el juicio.
• Si no hay una sentencia firme en un plazo razonable, el detenido debe ser liberado, aunque pueden imponerse otras medidas cautelares.

Artículo 503 LECrim

Establece las circunstancias que permiten la adopción de la prisión provisional:

1. Riesgo de fuga: Si hay peligro de que el investigado escape para evitar el proceso penal.
2. Riesgo de destrucción de pruebas: Si el investigado puede alterar pruebas o influir en testigos para obstaculizar la investigación.
3. Reincidencia o riesgo de nuevos delitos: Si existe un riesgo evidente de que el investigado vuelva a cometer delitos graves.
4. Además, la prisión provisional solo puede acordarse en delitos castigados con penas superiores a dos años de prisión, salvo que exista riesgo claro de fuga o reiteración delictiva en casos con penas menores.