Comentario Texto XIII

Se trata de un texto circunstancial, de fuente primaria y directa o historiográfico, de fuente secundaria e indirecta, no lo especifica.

Esta constitución se elaboró tras la dictadura franquista, el 1 de agosto empezó el proceso constituyente que se aprobó por referéndum el 6 de diciembre de 1978, y se cierra con la publicación en el B.O.E. (Boletín Oficial del Estado) el 29 de diciembre de 1978, durante la transición democrática. Es la séptima constitución española y lleva 29 años en vigor. Sus autores fueron un grupo de 7 diputados de las Cortes que formaron una comisión para su realización: 3 plazas fueron para U.C.D., 2 para el P.S.O.E., 1 para A.P. y 1 para el P.C.E. El “viejo profesor” (Enrique Tierno Galván) quedó fuera pero redactó el Preámbulo. Está dirigida a toda la nación española, es un texto oficial y público.

El carácter consensuado es el rasgo más relevante de la Constitución. Fernando Abril Martorell de U.C.D. y Alfonso Guerra del P.S.O.E., fueron los verdaderos artífices de la política de consenso aunque no pertenecieran a la comisión. Su elaboración fue muy larga pues todos tenían claro que esta constitución debía contentar a todas las fuerzas políticas lo que garantizaría su duración y estabilidad, además tenía que resolver muchas deficiencias y represiones del régimen anterior. La única fuerza política que se abstuvo fue el P.N.V.

El contenido de esta constitución está presentado con las siguientes partes:

Preámbulo: que define el origen del poder y la ideología del Estado.

Parte Dogmática: que incluye la declaración de los derechos individuales.

Parte Orgánica: que abarca los artículos referidos a la forma de gobierno, a los órganos públicos y sus competencias, así como a su sistema de nombramiento, a sus competencias y relaciones mutuas.

Esta Carta Magna es extensa, consta de 169 artículos, 4 disposiciones adicionales, 9 disposiciones transitorias, una derogatoria y una disposición final. Es una constitución rígida, de ideología progresista.

A continuación sólo tenéis que reproducir lo expuesto en el cuadro de la constitución: Soberanía Nacional, Forma de Gobierno: Monarquía Parlamentaria,......... No olvidar tratar el tema de las Nacionalidades y comentar que de todos los problemas este fue el que mayor furor levantó y que había que rodear el término con palabras tranquilizadoras sobre la unidad de la Patria. Al final quedó redactado de manera un poco complicada: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación Española, patria común e indivisible de todos los españoles y reconoce y garantiza el derecho a las autonomías de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas” (esto no hace falta que os lo aprendáis, es para vuestra información).

El Contexto histórico en el que se redacta esta nuestra constitución es  la Transición Democrática, reinando don Juan Carlos I y siendo Presidente de gobierno Adolfo Suárez.

2. La Transición democrática y la obra de Adolfo Suárez.

Introducción.

España pasó de una dictadura a una democracia a través de un proceso que ha recibido el nombre de transición, un pacto entre los gobiernos de la monarquía herederos del franquismo y la oposición política, integrada por los partidos históricos de izquierda y los nacionalistas de Cataluña y el País Vasco. El resultado fue la aprobación de la Constitución de 1.978, que consagraba la monarquía parlamentaria y un Estado descentralizado conocido como Estado de las Autonomías. Adolfo Suárez, al frente de la Unión de Centro Democrático (UCD), pilotó la transición.

La transición es el período de restauración de las instituciones democráticas que tuvo lugar en España entre 1.975 y 1.982. Este proceso comenzó con la muerte de Franco y la proclamación de Juan Carlos I (1.975) como rey y jefe del Estado, lo que supuso, además, la restauración de la monarquía borbónica por tercera vez en la historia de nuestro país.

La transición fue un proceso a medio camino entre la reforma y la ruptura; supuso un cambio sustancial del sistema político y la legalidad vigente, pero sin que fueran reemplazados quienes ostentaban el poder como consecuencia de la legalidad del sistema anterior. Fue fruto de un acuerdo, consenso o pacto entre los antiguos dirigentes del Estado franquista y la oposición, a la que se facilitó la integración en el sistema a cambio de la supresión de los aspectos más radicales de sus programas políticos (republicanismo, revolución social, independencia de Cataluña y el País Vasco, petición de responsabilidades políticas y sociales a los dirigentes del franquismo por la represión). Se considera por ello un ejemplo de madurez alcanzado por la sociedad española en los años setenta.

Aunque se basó en pactos entre políticos, el alto grado de presión y movilización popular influyó decisivamente para que se produjeran los cambios más sustanciales.

El proceso fue relativamente pacífico.

El Gobierno de Arias Navarro.

Tras el juramento del príncipe Juan Carlos de Borbón como rey y, por tanto, como jefe del Estado el 22 de noviembre de 1.975, el entonces presidente del gobierno Carlos Arias Navarro fue confirmado en su cargo. La continuidad de Arias Navarro, que había sido nombrado por el dictador, significaba la pervivencia del régimen. Era un Gobierno aparentemente diseñado para regir “una monarquía de corte franquista”. Sin embargo, el proyecto fracasó debido, en parte, al enfrentamiento personal entre Arias Navarro y el propio rey, partidario de una democratización plena. El monarca fue respaldado por Torcuato Fernández Miranda y por Adolfo Suárez.

Además, en los meses inmediatamente anteriores y posteriores a la muerte de Franco, se incrementaron de forma considerable la actividad de la oposición y el grado de politización de la vida pública española. Todas las fuerzas políticas y sindicales de oposición al régimen se integraron en un organismo llamado Coordinación Democrática, conocido más comúnmente como Platajunta, liderada por el PCE y el PSOE. También las fuerzas nacionalistas catalanas formaron la llamada Assemblea de Catalunya.

Asimismo, durante estos meses se sucedieron numerosos problemas de orden público que provocaron auténticas batallas campales, en las que la policía era apoyada por grupos paramilitares de extrema derecha. Además, tuvieron lugar una oleada huelguística en el contexto de una crisis económica cada vez más acentuada y varios atentados terroristas de ETA y GRAPO.

Finalmente, presionado por el monarca, Arias Navarro dimitió en julio de 1.976.

Según la legislación vigente, el nuevo presidente del Gobierno debía ser elegido por el rey entre tres candidatos propuestos por el Consejo del Reino, institución dirigida por el ya citado Torcuato Fernández Miranda, partidario de una evolución hacia un sistema democrático. Éste, de acuerdo con el monarca, incluyó en la terna a Adolfo Suárez, que era su candidato preferido y también el del rey.

 El Gobierno de Adolfo Suárez (julio 1.976- marzo de 1.979)

Adolfo Suárez asumió la presidencia del gobierno en julio de 1.976 tras la dimisión de Arias Navarro. Su nombramiento no levantó grandes expectativas: se trataba de un político joven, de sólo 44 años de edad, proveniente de las filas del Movimiento Nacional (del que había sido secretario general durante el gobierno de Arias Navarro) y que tuvo muchas dificultades para formar gobierno debido a la hostilidad de los políticos franquistas más importantes. A pesar de ello, constituyó un gabinete con políticos jóvenes de su misma generación; unos provenían del Movimiento, como Rodolfo Martín Villa, y otros, pertenecientes a la democracia cristiana (como Marcelino Oreja o Landelino Lavilla), habían sostenido una oposición moderada frente al franquismo. Solo uno de sus ministros lo había sido también con Franco. Este equipo de gobierno sería decisivo para la restauración de la democracia en España.

El primer logro del nuevo gabinete fue el asentimiento de los herederos del régimen franquista al proceso de reforma. Esto se consiguió con la aprobación de la Ley para la Reforma Política (diseñada por un equipo dirigido por Fernández Miranda), que establecía unas Cortes bicamerales (Congreso y Senado) que tendrían un carácter constituyente. La Ley fue aprobada en referéndum el 15 de diciembre de 1.976. Para formar dichas Cortes, habría que convocar elecciones.

Lograda la conformidad de una parte con el proceso de reforma, quedaba la aprobación de la otra parte: la oposición. Un problema se presentaba de entrada: la legalización del PCE. Los recuerdos de la Guerra Civil que este partido suscitaba y el anticomunismo visceral difundido por el franquismo hacían que las derechas españolas y el Ejército se mostraran contrarios a su legalización. Suárez preparó muy discretamente su legalización, que se hizo efectiva en abril de 1.977 a pesar de las protestas militares y de la dimisión de algunos de los ministros del gobierno. A cambio de ello, el PCE renunció al uso de la bandera republicana y se comprometió a acatar la monarquía.

Ante la perspectiva de unas elecciones comenzaron a surgir numerosos partidos políticos que pronto se agruparon en cuatro grandes formaciones:

-Alianza Popular (AP): formación derechista creada en octubre de 1.976 y encabezada por Manuel Fraga.

-Unión de Centro Democrático (UCD): grupo centrista que aglutinaba en torno a Suárez a socialdemócratas, liberales y democristianos.

-PSOE: este partido, que había sido renovado en los años setenta, estaba dirigido por Felipe González y empleaba un lenguaje muy radical.

-PCE: formación política liderada por una figura histórica del partido, Santiago Carrillo.

También adquirieron creciente influencia los partidos nacionalistas, tanto en el País Vasco como en Cataluña. En el País Vasco existía el PNV, el partido tradicional de la derecha nacionalista moderada; surgió entonces una izquierda nacionalista o abertzale muy radicalizada que más tarde (en 1.978) acabaría constituyendo Herri Batasuna, sumamente influida por la organización terrorista ETA. En Cataluña, la situación era al contrario: el partido nacionalista histórico, Esquerra Republicana de Catalunya, era de izquierdas. La derecha nacionalista moderada formó nuevos partidos, como Convergencia Democrática de Catalunya y Unió Democrática de Catalunya, que posteriormente integrarían la coalición Convergencia y Unió (CiU), liderada por Jordi Puyol. A ellos se unieron después los partidos nacionalistas o regionalistas de Galicia (Bloque Nacionalista Galego, BNG), Andalucía (Partido Andalucista) y Valencia (Unió Valenciana).

Finalmente, el 15 de junio de 1.977 se celebraron las primeras elecciones democráticas y plurales que España había tenido desde 1.936. La formación política ganadora en las elecciones fue la UCD del presidente Suárez, seguida del PSOE. Se iniciaba el período constituyente (1.977-1.979). Fue una etapa de consenso y pacto entre las distintas fuerzas políticas.

En septiembre de 1.977 fue reinstaurada la Generalitat de Cataluña, y al mes siguiente regresó su presidente en el exilio, Josep Tarradellas, miembro de Esquerra Republicana.

En octubre de 1.977 se firmaron los Pactos de la Moncloa entre el Gobierno y los representantes de los principales partidos de la oposición. Los Pactos de la Moncloa constituían un gran acuerdo económico que proponía un nuevo modelo de relaciones laborales y pretendía neutralizar la conflictividad social. Aunque incluían, sobre todo, medias económicas, también contenían decisiones en materia política y social (funciones de los sindicatos, reforma de la enseñanza, de la Seguridad Social y de la legislación laboral…).

Pero sin duda el mayor consenso se lograría en la redacción del nuevo texto constitucional. En primer lugar, una comisión formada por siete miembros (Miguel Herrero de Miñón, Manuel Fraga, Gregorio Peces Barba y Miquel Roca, entre otros) redactó un anteproyecto, que se debatió en las Cortes entre mayo y octubre de 1.978. La Constitución fue aprobada en referéndum el 6 de diciembre (día de la Constitución) de 1.978.

La nueva constitución define a España como un Estado democrático cuya soberanía reside en el pueblo. Establece que la forma de Estado es la de una monarquía parlamentaria y declara que la unidad de España es compatible con la pluralidad nacional. Es decir, el Estado español es unitario (no federal), pero no es centralista, sino autonómico. En este punto, el texto constitucional admite las desigualdades entre las comunidades autónomas al distinguir las nacionalidades o comunidades históricas  (Cataluña, País Vasco y Galicia) del resto de las regiones. Como consecuencia, se establecieron dos vías para crear comunidades autónomas:

-La prevista en el artículo 151, también llamada vía rápida, que permitía el acceso directo e inmediato al nivel máximo de competencias mediante la aprobación en referéndum de un Estatuto de Autonomía.

-La establecida por el artículo 143, conocida como vía lenta. El resto de las comunidades (a excepción de Andalucía, que accedió junto con las comunidades históricas por el artículo anterior) podían asumir todas las competencias en el plazo de cinco años y no precisaban un referéndum para crearse.

En la Constitución se establece que el rey es el jefe del Estado; aunque sanciona y promulga las leyes, disuelve las Cortes y convoca las elecciones, es inviolable y no está sujeto a responsabilidad, es decir, su figura está por encima de las leyes. Además, el monarca tiene el mando supremo de las Fuerzas Armadas. En la sucesión a la jefatura del Estado se favorece al varón sobre la mujer, lo que convierte al tercer hijo de Don Juan Carlos, Felipe, en el heredero al trono. El poder legislativo reside en dos cámaras elegidas por sufragio universal: el Congreso de los Diputados y el Senado. El Congreso tiene mayor peso en la aprobación de las leyes, mientras que el Senado prácticamente se limita a refrendarlas.

Se recoge en la Constitución una declaración de derechos y libertades muy avanzada. En materia religiosa, el Estado se declara no confesional pero se compromete a garantizar el derecho a la formación religiosa y moral. La protección se amplía a otras confesiones religiosas existentes en la sociedad española.

Tras la aprobación de la Constitución se disolvieron las Cortes, que habían tenido carácter de constituyentes, y se convocaron nuevas elecciones (marzo de 1.979). Ganó por segunda vez la UCD, que volvió a gobernar en minoría.

4. La incorporación española a los organismos internacionales: OTAN y Unión Europea.

La consolidación democrática y la crisis de la UCD (1.979-1.982)

Tras aprobarse la Constitución, las Cortes fueron disueltas y en las nuevas elecciones celebradas el 1 de marzo de 1979 volvió a triunfar la UCD de Suárez. No ocurrió así en las elecciones municipales, las primeras democráticas desde la II República, celebradas poco después. La izquierda conquistó los principales ayuntamientos mediante la alianza del PSOE y el PCE.

Pese a esta alianza, Felipe González forzó un giro político e ideológico en el PSOE tras la celebración de su XXVIII Congreso. El PSOE abandonó el marxismo como ideología oficial y se configuró como un partido de izquierda moderada que podía aspirar al poder en unas próximas elecciones.

El año 1979 se inició un proceso de deterioro político que culminará con el golpe de estado frustrado en 1981. Diversos factores explican esta crisis política:

La brutal campaña terrorista de ETA que causó 77 muertos en 1979 y 95 en 1980. Esos fueron los dos años más letales de la banda.

El consiguiente desasosiego en los círculos militares de extrema derecha que iniciaron contactos para la preparación de un golpe.

El fin del consenso con el inicio por parte del PSOE de una dura campaña de oposición.

La aprobación de los Estatutos de Autonomía del País Vasco y Cataluña a fines de 1979 y las consiguientes elecciones autonómicas que dieron mayoría a las fuerzas nacionalistas. Convergència y Unió de Jordi Pujol y el PNV.

La crisis interna de UCD. Las disensiones y críticas internas en un partido que había nacido de forma artificial fueron minando poco a poco la posición de Suárez, a menudo enfrentado con miembros de su propio partido.

Todos estos factores precipitaron la dimisión de Suárez el 29 de enero de 1981. Calvo Sotelo, dirigente de UCD, fue designado candidato a la presidencia. Tras no obtener mayoría suficiente en una primera votación, se fijó para el día 23 de febrero la segunda votación para su investidura.

El golpe de estado del 23-F

Mientras se celebraba la votación de investidura un grupo de guardias civiles dirigidos por el teniente coronel Tejero entraron en las Cortes secuestrando al poder legislativo y ejecutivo.  El capitán general de Valencia, Jaime Milans del Bosch, decretaba el estado de guerra y publicaba un bando que recordaba los del verano de 1936. El segundo jefe del Estado Mayor del Ejército, Alfonso Armada, era otro de los principales golpistas.

El golpe no contó, sin embargo, con el apoyo unitario del ejército. La labor de algunos militares como el capitán general de Madrid, Quintana Lacaci, posteriormente asesinado por ETA, fue clave para abortar el golpe. El momento decisivo llegó en la madrugada cuando el rey se dirigió a los ciudadanos, explicando las órdenes que había transmitido a los altos cargos militares de sumisión al orden constitucional.

El último gobierno de UCD: Calvo Sotelo (1981-1982)

Calvo Sotelo gobernó sólo un año y medio en un período marcado por la descomposición de su propio partido, la aprobación de la Ley del Divorcio con una fenomenal oposición de la Iglesia y el escándalo del envenenamiento masivo por aceite de colza desnaturalizado.

En mayo de 1982, con la oposición de los partidos de izquierda, España ingresó en la Organización del Atlántico Norte (OTAN). El PSOE prometió un referéndum popular sobre esta adhesión si ganaba las elecciones.

En octubre de 1982, Calvo Sotelo convocó elecciones. El PSOE consiguió un triunfo arrollador con más de 10 millones de votos y mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. El proyecto de "cambio" de Felipe González había arrollado a una UCD que casi desapareció en las elecciones y fue sustituida por la Alianza Popular de Manuel Fraga como el principal partido de la derecha.

Los gobiernos socialistas de Felipe González (1982-1996)

En la primera legislatura socialista (1982-1986), el gobierno de González tuvo que hacer frente a una difícil situación económica. El gabinete socialista aprobó un estricto plan de estabilización económica que implicó un proceso de reconversión industrial que llevó al cierre de muchas industrias obsoletas. Estas medidas provocaron el desconcierto entre las centrales sindicales, pero permitieron sanear la economía y prepararla para la recuperación.

El gobierno socialista tuvo que hacer frente a una dura campaña terrorista de ETA, con más de cien muertos durante la legislatura, y a la vez reformar el Ejército para acabar con el peligro del golpismo. Esta reforma fue uno de los grandes éxitos del gabinete.

Otras medidas fueron la aprobación de la reforma universitaria, la LODE, que establecía la enseñanza gratuita y obligatoria hasta los dieciséis años, y una despenalización parcial del aborto.

España finalmente consiguió acceder a la Comunidad Económica Europea el 1 de enero de 1986. El viejo anhelo de integración en Europa se convirtió en realidad.

Como contrapartida, Felipe González cambió radicalmente su discurso sobre la OTAN. La negativa al ingreso en la alianza militar occidental se tornó en apoyo. González mantuvo su promesa de convocar un referéndum y pidió el voto afirmativo a la permanencia en la OTAN. El triunfo de la postura defendida por González posiblemente marcó su cenit como líder político.

En estos años acabó por diseñarse el mapa autonómico español con la aprobación de los diversos estatutos de autonomía.

En 1986, el PSOE volvió a ganar las elecciones por mayoría absoluta propiciando la crisis entre sus contrincantes. Fraga repitió resultados lo que propició una larga crisis en su partido y el PCE se coaligó con diversas fuerzas menores configurando Izquierda Unida.

La segunda legislatura socialista (1986-1989) estuvo marcada por un fuerte desarrollo económico que duraría hasta 1992. Este crecimiento se concretó una ambiciosa política de inversiones públicas en infraestructuras favorecida por la transferencia de fondos procedentes de la CEE. Los servicios educativos, sanitarios y de pensiones crecieron de forma notable, siendo sufragados por un sistema fiscal relativamente progresivo. Por primera vez se podía hablar de un Estado del Bienestar en España.

El crecimiento económico y las medidas liberalizadoras del gobierno trajeron un aumento de las diferencias de riqueza entre los diversos grupos sociales. Los sindicatos CC.OO. y UGT organizaron una huelga general el 14 de diciembre de 1988. El país se paralizó y Felipe González tuvo que negociar la retirada parcial de su programa liberalizador.

En 1989, el PSOE volvió a ganar por mayoría absoluta que una fuerte reducción de votos. En esta tercera legislatura del PSOE (1989-1993), España celebró en 1992 dos acontecimientos internacionales, los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Expo de Sevilla que mostraron una imagen de país moderno muy diferente a la España de la dictadura de Franco.

Sin embargo, la recesión mundial iniciada  principios de los noventa golpeó duramente a nuestro país. La crisis económica, agravada por la incorrecta política económica del gobierno, disparó la inflación y el paro llegó a la dramática cifra de tres millones de desempleados.

La crisis económica fue la antesala del estallido de escándalos de corrupción (hermano de Alfonso Guerra y FILESA) que afectaron al gobierno socialista. A ellos se vino a unir el escándalo de los GAL, grupo armado formado por policías y mercenarios que con la complicidad de cargos del gobierno llevó a cabo la "guerra sucia" contra ETA.

En las elecciones de 1993, el PSOE volvió a vencer aunque esta vez sin mayoría absoluta por lo que necesita el apoyo parlamentario de Convergència i Unió de Pujol. Las fuerzas de derecha se habían reorganizado en el Partido Popular que era dirigido desde 1989 por Jose María Aznar. Se iniciaba así la cuarta legislatura con Felipe González en el gobierno del país (1993-1996).

Las dificultades económicas, los escándalos y la dura campaña de la oposición llevaron a que, tras negarle Pujol el apoyo para aprobar los presupuestos, Felipe González convocara elecciones en 1996.

El gobierno del PP (1996-2000)

Jose María Aznar no consiguió la mayoría absoluta y se vio obligado a pactar con las minorías nacionalistas para acceder a la presidencia del gobierno. El giro hacia la derecha se vio corroborado con las victorias del PP en las elecciones autonómicas y municipales. El ciclo socialista bajo el liderazgo de Felipe González había tocado su fin.

Aznar centró sus esfuerzos en implementar una política económica ortodoxa que redujera el déficit público y reactivara la actividad económica privada. El gran objetivo era cumplir los denominados criterios de convergencia (inflación, deuda, déficit...) establecidos en el Tratado de Maastricht de 1991 y que una vez alcanzados permitirían a España unirse a la nueva divisa europea, el Euro.

La política económica fue un éxito. La actividad económica se reactivó, el paro descendió de manera notable y el saneamiento de la economía llevaría a que España participara en el nacimiento del Euro en 1999.

El terrorismo de ETA llegó a su expresión más sangrienta en verano de 1997 con el asesinato del concejal del PP en el ayuntamiento vasco de Ermua, Miguel Ángel Blanco. La crueldad de la banda terrorista y la labor de los colectivos que llevaban años enfrentándose a la violencia en el País Vasco desencadenó una importante reacción popular que vino a denominarse el "espíritu de Ermua".

El gobierno de Aznar, con el apoyo de la oposición socialista, se lanzó decididamente a una política de dureza con ETA y con el entorno nacionalista. La reacción en el campo albertzale fue el Pacto de Lizarra-Estella de 1998, un acuerdo de todas las fuerzas nacionalistas, desde el PNV a ETA, para avanzar hacia la independencia. Unos días después ETA declaró una tregua indefinida y sin condiciones.

Los contactos entre el gobierno de Aznar y el grupo terrorista no dieron ningún resultado y un año después ETA volvió a la actividad armada. El presidente Aznar, que había sido víctima de un atentado frustrado en 1995, reforzó su política de enfrentamiento con el nacionalismo vasco en todas sus tendencias.

Las elecciones convocadas en el año 2000 marcaron el momento de apogeo del PP y Aznar. El nuevo siglo se inició con una mayoría absoluta del PP en las Cortes.