Centralización Borbónica: Decretos de Nueva Planta, Municipios y Ejército

Extensión del Régimen Municipal Castellano a toda la Monarquía

Junto a la reorganización fiscal llevada a cabo mediante las intendencias, los Decretos de Nueva Planta supusieron la extensión del régimen municipal castellano al conjunto de la monarquía, un proceso clave de unificación política.

En la Corona de Castilla, el régimen municipal se conocía como justicia y regimiento, denominación tradicional del ayuntamiento. La asamblea municipal se constituía por el corregidor (o su alcalde mayor), representante directo del poder real, y los regidores, oficiales reales con título expedido por la Corona. Aunque ambos eran cargos reales, había una diferencia esencial: el corregidor era de nombramiento temporal y podía ser removido, mientras que los regidores solían tener cargos vitalicios. En muchos casos, estos títulos de regidor eran hereditarios, vendidos por la Corona, lo que dio lugar a oligarquías locales: familias que monopolizaban el gobierno municipal generación tras generación.

Además, existían oficiales con voz pero sin voto, como los síndicos personeros o los jurados, teóricamente representantes del común (los vecinos), pero que también terminaron, en muchos casos, en manos de familias aristocráticas. Así, los ayuntamientos castellanos se convirtieron en células cerradas y hereditarias, dominadas por las élites locales.

En cambio, en la Corona de Aragón, el sistema municipal era distinto: funcionaba por insaculación, un método introducido por Fernando el Católico que consistía en el sorteo de cargos a partir de una lista de candidatos preseleccionados. Este sistema garantizaba, al menos en teoría, una mayor rotación y pluralidad.

Los Decretos de Nueva Planta abolieron el régimen municipal de la Corona de Aragón, Cataluña, Valencia y Mallorca y lo sustituyeron por el modelo castellano. A partir de entonces, la Corona nombraba directamente a los regidores, seleccionando entre los partidarios de la causa borbónica en cada localidad. Este proceso no solo reforzaba el centralismo, sino que aseguraba la lealtad política al nuevo orden dinástico.

Reforma Militar y Consolidación del Ejército Borbónico

Tras la Guerra de Sucesión, la monarquía borbónica impulsó una profunda reforma militar basada en dos ejes: la reorganización de las unidades bajo una nueva estructura y la implantación de un ejército permanente en territorio peninsular. Los antiguos tercios de los Austrias fueron sustituidos por regimientos dirigidos por coroneles con autoridad penal sobre sus tropas, lo que supuso una transformación organizativa y disciplinaria. A diferencia del ejército imperial de los Austrias, desplegado en territorios exteriores, el ejército borbónico se asentó dentro de las fronteras, especialmente en zonas fronterizas con Francia y Portugal, organizado por capitanías generales. El reclutamiento se realizaba mediante la leva forzosa de vagabundos y penados, así como por el sistema de quintas, que obligaba a enviar al ejército a una quinta parte de los mozos de cada generación, dando origen al uso popular del término “quinta”. A pesar de su nacionalización territorial, el ejército mantuvo su carácter plurinacional, incluyendo tropas y oficiales extranjeros, como suizos o alemanes. Una de las consecuencias más relevantes de esta reforma fue la remotización del poder político por parte del ejército, cuyos mandos comenzaron a asumir funciones civiles, iniciando la militarización de la política española. Esta transformación estructural del poder castrense sentó las bases del protagonismo militar en la vida política de los siglos XIX y XX, marcado por su intervención en constituciones, cambios dinásticos y golpes de Estado.