El Camino hacia el Estado de Bienestar en España: Un Análisis Histórico

La Situación del Estado de Bienestar en España

La situación del Estado de Bienestar en España es comparable a la del resto de países europeos. Las principales coberturas son la sanidad universal, la educación, las pensiones y los servicios sociales, aspectos consensuados en el Pacto de Toledo y los Pactos de la Moncloa.

Con la llegada de la democracia en 1977, el gasto social aumentó. España, aunque a la cabeza en educación en cuanto al número de alumnos en comparación con Europa, enfrenta dificultades para posicionarse en los primeros lugares de los rankings de calidad. Esto se debe a la falta de proporcionalidad de medios económicos, salarios inferiores a los profesores, un mayor número de alumnos por aula y un menor presupuesto. Todo ello incide en la calidad de los servicios públicos.

La crisis iniciada en 2008 puso en juego los logros alcanzados en servicios sociales, convirtiéndolos en puntos diana para la reducción del gasto y la austeridad.

Trayectoria Histórica de los Servicios Sociales en España

La trayectoria histórica de los servicios sociales en España está marcada por la Guerra Civil y la dictadura (1936-1975). Este periodo provocó una desconexión social y económica con el resto de Europa y Estados Unidos, impidiendo que España se beneficie de los avances en derechos sociales.

Durante la dictadura, España se aisló. La nobleza terrateniente y la Iglesia Católica mantuvieron una actitud conservadora ante la cuestión social, el conflicto y la exclusión. La Iglesia, a pesar de su crecimiento gracias a las donaciones, era la principal encargada de atender las demandas sociales, siendo el único punto de referencia para los excluidos. Sin embargo, la Iglesia también exigía a cambio la adhesión a principios conservadores y la aceptación no conflictiva de la situación. La ayuda se destinaba a solucionar carencias vitales inmediatas, pero no a la prevención.

La Iglesia, siguiendo la encíclica Rerum Novarum de León XIII, defendía que la propiedad privada y el capital tenían obligaciones morales y sociales. El bien común exigía una administración justa de la riqueza.

Durante los siglos XIX y principios del XX, la revolución del movimiento obrero frenó el ritmo de las reformas sociales. La debilidad de las clases medias, urbanas, obreras y campesinas impidió la desamortización de la Iglesia. La Constitución de la Segunda República (1931-1936) introdujo reformas agrarias, seguro obligatorio (sin prestación por desempleo) y mejoras salariales, pero no logró un sistema sanitario adecuado.

Tras la Guerra Civil, España sufrió un bloqueo económico y político. Se impusieron nuevas leyes que supusieron un retroceso en derechos políticos y sociales. Mientras tanto, en Europa se consolidaba el Estado de Bienestar mediante acuerdos entre partidos socialdemócratas, demócratas, sindicatos y patronales.

La posguerra española (hasta la década de 1960) trajo consigo un gran dramatismo económico. La destrucción de la industria y el aislamiento internacional llevaron a un retroceso a la limosna, la caridad y la beneficencia. La cabeza de familia se convirtió en el único referente institucional, la mujer volvió al rol de madre y esposa, se incrementó el analfabetismo rural y la enseñanza universitaria se reservó para las élites. La sanidad se limitaba al seguro para los cotizantes activos y la beneficencia para el resto, excluyendo a la población campesina.

A partir de la década de 1960, la sociedad civil comenzó a luchar por sus derechos. A pesar de la represión política y los despidos, las movilizaciones obreras lograron avances como la Ley de Convenios Colectivos, el seguro obligatorio y el desempleo, el salario mínimo interprofesional y las bases de la Seguridad Social.

España salió del aislamiento europeo a través de reformas sociales y el acercamiento institucional a Europa, culminando con la entrada en la Comunidad Económica Europea en 1986. En 1970 se firmó el tratado que permitió este proceso. En sus últimos años, el franquismo aprobó la Ley de Educación, que aumentó el acceso a la docencia en todos los niveles, especialmente en la universidad, a través de becas. En 1972, la Ley de Seguridad Social amplió las coberturas y el gasto social.

Democracia y Estado de Bienestar Social (1977-2010)

Tras las primeras elecciones democráticas, en un contexto de crisis y desorientación política, el reto de la Transición era aumentar las aportaciones presupuestarias al gasto social. La Constitución de 1978 creó un marco institucional que se convertiría en un referente para la conformación del Estado de Bienestar: las Comunidades Autónomas. Este factor de descentralización, proximidad y burocracia propia las convirtió en intermediarias principales entre los ciudadanos y el Estado.

El Estado de Bienestar en España pasó por las siguientes fases: expansión y consolidación (1977-1993), estabilización y contención (1993-2004) y adaptación a la nueva estructura social y laboral (2004-2007).

La crisis de 2008-2011 afectó negativamente a los colectivos no garantizados por ley, e incluso a aquellos que sí lo estaban. El déficit del Estado, consecuencia de la ralentización de la producción y el consumo, provocó recortes en derechos sociales y el aplazamiento de nuevas prestaciones. El desempleo pasó del 8.5% al 20%, agravado por el carácter global de la crisis.

Según el profesor Tomás Fernández García, la socialdemocracia debe mantener la batalla ideológica en torno a valores como la libertad, la justicia, el progreso y la solidaridad frente al neoliberalismo. El Estado de Bienestar garantiza la universalidad de las políticas sociales y los programas de discriminación positiva dirigidos a los grupos más vulnerables.

El Estado de Bienestar moderno no condiciona los derechos políticos; al contrario, los derechos de ciudadanía obligan al Estado a prestar servicios de supervivencia y formación, sin que los ciudadanos que los reciban se vean degradados o pierdan su condición de ciudadanos en plenitud de derechos políticos, civiles y sociales.