El Bienio Reformista: Transformaciones Sociales y Políticas en la Segunda República Española (1931-1933)

El Bienio Reformista (1931-1933)

Tras la aprobación de la Constitución, Niceto Alcalá-Zamora fue designado Presidente de la República y Manuel Azaña, Jefe del Gobierno. Este nuevo ejecutivo, integrado mayoritariamente por republicanos de izquierda y socialistas, continuó con el ambicioso programa de reformas ya iniciado en el período constituyente, con el objetivo primordial de modernizar y democratizar la sociedad española.

La Cuestión Religiosa

Teniendo como base la separación de la Iglesia y el Estado, el gobierno republicano promulgó la extinción, en un plazo de dos años, del presupuesto destinado al clero y al culto. Asimismo, se sometió a las órdenes religiosas a una ley especial, la Ley de Congregaciones Religiosas. A lo largo de 1932 y 1933, se fueron promulgando leyes y decretos complementarios de gran calado, entre los que destacaron:

• La disolución de la Compañía de Jesús y la confiscación de sus bienes.
• La instauración del matrimonio civil, el divorcio y la secularización de los cementerios.
• La prohibición de la enseñanza a las órdenes religiosas.

El conjunto de estas reformas significó una constante y profunda oposición entre la Iglesia y la República, marcando uno de los ejes de tensión del periodo.

La Modernización del Ejército

El gobierno republicano acometió una profunda reforma del ejército desde la cartera de Defensa, que el propio Manuel Azaña había asumido. Consciente de que el ejército español disponía en ese momento de un excesivo número de oficiales (fenómeno conocido como macrocefalia, con más de 20.000 oficiales para apenas 100.000 hombres), Azaña promulgó la Ley de Retiro de la Oficialidad (conocida popularmente como Ley Azaña, de abril de 1931). Esta ley establecía que todos los oficiales en activo debían prometer su adhesión a la República, ofreciéndoles la posibilidad de retirarse con el sueldo íntegro si así lo deseaban. Más de la mitad de la oficialidad aceptó la oferta (aproximadamente 7.500 oficiales).

Otras medidas significativas incluyeron la supresión de la Academia General de Zaragoza, considerada un vivero de sectores golpistas, y la posterior creación de la Guardia de Asalto, una nueva fuerza de orden público concebida para ser fiel a la República. Sin embargo, esta ambiciosa reforma no fue bien recibida por algunos sectores militares, especialmente por los africanistas, quienes veían mermado su poder e influencia.

El Problema Agrario y la Reforma Agraria

El gobierno de la República fue plenamente consciente de la imperiosa necesidad de afrontar una reforma agraria. En 1931, casi la mitad de la población activa española trabajaba en la agricultura, de los cuales aproximadamente 2 millones eran jornaleros, muchos de ellos en condiciones de precariedad. El gobierno provisional ya había promulgado dos decretos clave en 1931 para paliar esta situación:

• El Decreto de Términos Municipales (abril): Obligaba a contratar preferentemente a los braceros locales, evitando así la estrategia patronal de romper las huelgas con la contratación de campesinos de otros términos o comarcas.
• El Decreto de Laboreo Forzoso (mayo): Obligaba a los propietarios a explotar sus fincas. En caso contrario, estas se cederían a los campesinos para su roturación.

A pesar de estos esfuerzos iniciales, hubo una gran resistencia por parte de los patronos a la hora de aplicar los decretos, lo que provocó un aumento significativo del número de huelgas entre los campesinos y graves conflictos con las fuerzas del orden público, como los trágicos sucesos de Castilblanco (Badajoz) y Arnedo (Logroño).

La oposición a la política del Gobierno se intensificó cuando comenzó a discutirse en las Cortes el proyecto de Ley de Reforma Agraria, que finalmente fue aprobada el 9 de septiembre de 1932. Esta ley establecía la expropiación, con indemnización, de las grandes fincas que no fuesen cultivadas directamente por sus dueños, así como de las tierras incultas y las de regadío no regadas. El objetivo era su posterior reparto entre familias de campesinos o entre colectividades de agricultores. Además, las tierras de la nobleza y las de aquellos que habían participado en el levantamiento del general Sanjurjo (agosto de 1932) fueron confiscadas sin derecho a indemnización.

Para llevar a cabo la compleja redistribución de las tierras, se creó el Instituto de Reforma Agraria (IRA). Se le otorgó al Instituto un crédito anual de 50 millones de pesetas y se proyectó asentar anualmente entre 60.000 y 75.000 campesinos. Sin embargo, los problemas que se presentaron fueron numerosos y graves, sin contar con la fuerte oposición de los terratenientes expropiados o confiscados. De esta forma, en vez de los 60.000-75.000 campesinos que se había proyectado asentar anualmente, solo se alcanzó la cifra de 12.000 después de dos años, evidenciando las dificultades y la lentitud de la implementación de la reforma.