El Bienio Progresista en España (1854-1856): Reformas Clave y Tensiones Sociales

El Bienio Progresista (1854-1856)

Orígenes y el Pronunciamiento de Vicálvaro

Progresistas, demócratas y ciertos sectores moderados se unieron contra el autoritarismo del Gobierno moderado. En 1854 tuvo lugar el pronunciamiento de Vicálvaro, liderado por el general O'Donnell (moderado descontento), quien fundó la Unión Liberal. Los sublevados elaboraron el Manifiesto de Manzanares, con el fin de conseguir la movilización de los liberales progresistas. En él se pedía:

• La regeneración de la política.
• Un trono sin camarillas.
• Libertad de expresión.
• Más autonomía local.
• La reforma de la Ley Electoral.
• La reducción de impuestos.
• La restauración de la Milicia Nacional.
• El cumplimiento de la Constitución de 1845.

El manifiesto surtió efecto entre la población y varias ciudades apoyaron la sublevación, entre ellas Barcelona, Valencia, Valladolid, Madrid y Málaga. Los amotinados crearon Juntas Revolucionarias.

El Gobierno Progresista y Primeras Medidas

El alzamiento popular se extendió por el país. Ante la situación descontrolada que amenazaba la integridad de la Corona, Isabel II no tuvo más remedio que llamar al poder a los progresistas, recayendo el Gobierno en el general Espartero. O'Donnell fue nombrado ministro de la Guerra. Las elecciones se convocaron con un sufragio menos restringido, lo que resultó en una victoria para los progresistas, apareciendo en el Parlamento algunos diputados demócratas. El nuevo Gobierno trató de restaurar los principios progresistas, restaurando la Milicia Nacional y la Ley Municipal, por la cual se podía elegir de forma directa a los alcaldes. Se preparó una Constitución (non nata de 1856) que nunca llegó a ser promulgada, pero que introducía importantes novedades como la libertad de culto y la elección del Senado.

Reformas Económicas Fundamentales

Además, se emprendió un ambicioso plan de reformas económicas con el objetivo de impulsar el desarrollo económico y la industrialización del país, beneficiando principalmente a la burguesía y a las clases medias. En este contexto, se reanudó la obra de desamortización y se acometió una significativa extensión de la red ferroviaria.

La Desamortización de Madoz y la Ley de Ferrocarriles

La Ley de Desamortización General de 1855, impulsada por el ministro Pascual Madoz, afectó a bienes del Estado, de la Iglesia, de las órdenes militares, de las instituciones benéficas y, sobre todo, de los ayuntamientos (bienes de propios y comunales). Con esta nueva desamortización se pretendía conseguir recursos para la Hacienda Pública y modernizar económicamente el país. Gran parte del dinero recaudado se empleó en la extensión de la red de ferrocarriles, considerada un elemento esencial para fomentar los intercambios comerciales y el crecimiento económico.

La Ley General de Ferrocarriles de 1855 reguló la construcción de la red ferroviaria y ofreció grandes incentivos a los inversores, siendo los capitales extranjeros los más beneficiados. El desarrollo del ferrocarril provocó una notable expansión del comercio interior y exterior español, además de una mayor movilidad de la población.

Otras Medidas de Modernización Económica

Paralelamente, se estableció una legislación para:

• El fomento de la reforestación, con el fin de reactivar la industria maderera.
• La puesta en marcha del telégrafo.
• La ampliación de la red de carreteras.
• El fomento de las sociedades por acciones.
• El crecimiento de la banca.
• El desarrollo de la minería.

Todo ello configuró una etapa de expansión económica que se prolongó, con altibajos, hasta 1866.

Conflictividad Social y Fin del Bienio

A pesar de las reformas, el Gobierno progresista no consiguió solucionar las recurrentes crisis de subsistencia, lo que provocó que el descontento popular se manifestara en las revueltas de 1854. La creación de un mercado nacional, facilitada por el ferrocarril, y la aplicación del vapor a los telares mecánicos habían impulsado el desarrollo de una importante industria textil en Cataluña. Sin embargo, fue precisamente allí donde, en 1855, estallaron significativas huelgas obreras debido a la precaria situación económica de los trabajadores.

Se produjo, además, un levantamiento campesino en Castilla, junto con motines populares en numerosas ciudades, que incluyeron asaltos e incendios de fincas y fábricas. En un intento por calmar la situación, el Gobierno aprobó una incipiente Ley de Trabajo, que introducía algunas mejoras laborales y permitía las asociaciones de obreros. El movimiento obrero comenzaba así a irrumpir con fuerza en la vida política del país.

Las discrepancias internas en el seno del progresismo, entre el sector moderado (liderado por O'Donnell) y el más radical (encabezado por Espartero), se hicieron cada vez mayores. Finalmente, con la dimisión de Espartero, Isabel II otorgó la formación de Gobierno a O'Donnell, quien ejerció una fuerte represión sobre las facciones progresistas más exaltadas, poniendo fin al Bienio Progresista.