Aplicación y Eficacia de las Normas Jurídicas: Calificación, Integración e Interpretación

**Tema 3: Aplicación y Eficacia de las Normas Jurídicas**

**3.1 La Aplicación de las Normas Jurídicas**

La aplicación de las normas jurídicas consiste en otorgar a un determinado caso la solución que en Derecho corresponda, conforme al principio de legalidad. Para la correcta aplicación de las normas, se deben seguir los siguientes pasos:

1. Determinar los hechos que han originado la controversia.
2. Buscar la norma aplicable a dicha controversia.
3. Asignar al caso las consecuencias previstas en la norma.

El ordenamiento jurídico se compone de un vasto conjunto de normas que buscan regular la realidad social, estableciendo los cauces por los que debe discurrir el comportamiento ordenado de los individuos. La función del aplicador del derecho radica en señalar a la sociedad el criterio o norma que debe ser empleado como cauce para una situación concreta. Por lo tanto, las normas jurídicas cumplen una función esencial en la vida social, la cual debe ser evaluada con criterios de efectividad.

El primer y principal problema al aplicar las normas jurídicas es identificar aquellas que resultan aplicables a un caso concreto. Además de este problema de identificación, surgen otros dos: la averiguación del sentido y alcance de los preceptos aplicables, y la adaptación del mandato contenido en las normas a las circunstancias concretas del caso.

Este conjunto de problemas se conoce como calificación, integración e interpretación de las normas jurídicas.

**Calificación**

Ante la necesidad de encontrar las normas que regulan una determinada situación, se debe indagar en el ordenamiento hasta hallar las pertinentes. Para facilitar esta tarea, se utilizan una serie de claves coherentes que se encuentran en el propio ordenamiento.

El conjunto de normas vinculadas a una situación social típica compone una institución. Estas instituciones elaboran conceptos que sirven como instrumentos para la búsqueda de normas reguladoras de una determinada situación.

Por un lado, existe una situación cuyas reglas jurídicas deben ser identificadas; por otro, se encuentra el ordenamiento, estructurado sobre la base de las instituciones. Se trata de buscar el punto de conexión entre el ordenamiento y la realidad social. Para ello, el aplicador del derecho debe decidir en qué categoría de instituciones se debe integrar la situación planteada. Esta labor, conocida como calificación, implica la búsqueda de la norma aplicable, especialmente relevante cuando existen lagunas o vacíos normativos.

La calificación no suele ser problemática si el legislador ha regulado una determinada situación social, creando la institución adecuada y definiéndola con los rasgos de la situación. En estos casos, el aplicador del derecho no encontrará grandes dificultades para acotar el conjunto de normas reguladoras. La tarea se facilita porque el nombre jurídico de las instituciones suele coincidir con el nombre que se da a la situación en la vida ordinaria. Sin embargo, con cierta frecuencia, el aplicador del derecho no encuentra una institución perfectamente adecuada, ya que el legislador no siempre se adapta a las nuevas necesidades sociales. En estos casos, el aplicador debe buscar soluciones en las instituciones jurídicas existentes, adaptando la situación a la institución más compatible; esto se conoce como analogía.

También surgen problemas cuando la institución ha quedado anticuada. En estos casos, será necesario analizar el sentido de las normas, los principios generales del derecho y el cometido de la interpretación.

**El Principio *Iura Novit Curia***

Es lógico afirmar que los tribunales (*curia*) tienen el deber de conocer el ordenamiento jurídico. *Iura novit curia* significa que los jueces deben conocer el ordenamiento para resolver los asuntos que se les planteen en el ejercicio de su función jurisdiccional, sin que los abogados deban facilitar al juez la información acerca de las normas aplicables al caso.

Sería inadmisible que los órganos constitucionalmente encargados de aplicar el ordenamiento jurídico para resolver conflictos concretos no conozcan las normas jurídicas. Por ello, se impone a los jueces y tribunales la obligación de dictar sentencias aplicando el ordenamiento jurídico, en base al sistema de fuentes establecido. El artículo 1.7 del Código Civil establece que, desde la codificación, los jueces están obligados a dictar sentencias conforme al sistema de fuentes legalmente establecido.