La dictadura de Primo de Rivera

La dictadura de primo de rivera (1923-1930)
El 13 de septiembre de 1923, el general Miguel Primo de Rivera se pronunció contra la legalidad constitucional, declaró el estado de guerra y exigió que el poder pasase a manos de los militares. Tras unas horas de vacilaciones, el rey Alfonso XIII le encomendó la formación de un nuevo gobierno, integrado exclusivamente por militares.
La Dictadura tuvo siete años de vida en las que se sucedieron dos formas de gobierno: el Directorio Militar (1923- 25) y-el Directorio Civil (1 925-30), así denominados por la procedencia de sus miembros. El Directorio Militar se presentaba como un régimen con carácter interino con la pretensión de resolver los problemas pendientes; el Directorio Civil pretendía la institucionalización del régimen y mostraba más interés por las cuestiones de índole económica y social.
6.1. Las causas del golpe de Estado
El golpe de Estado se justificó con el argumento de que el régimen constitucional estaba bloqueado y desprestigiado y existía un grave peligro de revolución social. El dictador concibió su acción no como un fin, sino como un remedio indispensable. Su discurso tenía pretensiones regeneracionistas e incluso moralistas, se centraba en la crítica de la ?vieja política? y presentaba un claro componente populista, con el que intentaba ganarse la adhesión popular.
En su manifiesto inaugural, Primo de Rivera anunció su firme voluntad de limpiar el país de caciques y de acabar con el bandidaje político, la indisciplina social y las amenazas a la unidad nacional. También hay que considerar que en la decisión de Primo de Rivera y en el rápido plácet regio, influyó notablemente el deseo de ambos de evitar que las Cortes exigieran responsabilidades por el desastre de Annual.
Algunos historiadores han apuntado recientemente que posiblemente Primo de Rivera no pretendía poner fin a un régimen caduco y anquilosado, sino más bien evitar que el régimen político acabara por democratizarse. En efecto, el último gobierno de concentración de García Prieto, que incluía a miembros del Partido Reformista, se había planteado objetivos como la libertad de culto, la reforma de la ley electoral mediante la representación proporcional, la reforma del Senado, una cierta participación obrera en los beneficios industriales y la implantación de un impuesto extraordinario sobre los beneficios de guerra. Así, el golpe de Estado se presentaba también como una forma de frenar esa posible reforma del sistema que podía resultar amenazadora para ciertos sectores e intereses sociales.
6.2. La reorganización del Estado
Las primeras medidas del Directorio Militar mostraron su carácter dictatorial: suspensión del régimen constitucional, disolución de las cámaras legislativas, cese de las autoridades civiles, prohibición de las actividades de los partidos políticos y de los sindicatos, etc. Todo ello fue acompañado de la militarización del orden público y de una represión del obrerismo más radical (cenetistas y comunistas).
La regeneración política era uno de los objetivos primordiales del discurso del dictador. Con el objetivo de liquidar el caciquismo, se elaboró un Estatuto Municipal y otro Provincial. También se disolvieron los Ayuntamientos y fueron sustituidos por juntas de vocales asociados, integradas por los mayores contribuyentes de cada localidad y nombradas a través de los gobernadores civiles. La regeneración prometida quedó en una gran farsa, ya que se suspendieron todos los mecanismos electorales y la renovación política se limité a sustituir unos caciques por otros.
El régimen propugnaba una nueva forma de hacer política y para esa tarea se creó un nuevo partido, la Unión Patriótica. Se trataba de un partido gubernamental, sin un programa ideológico definido y cuya misión primordial era proporcionar apoyo social a la Dictadura y seguir las directrices de la superioridad. Los afiliados al nuevo partido procedían básicamente de las filas del catolicismo, de los funcionarios de las administraciones y de los caciques rurales.
Durante la primera etapa de la Dictadura, el conflicto de Marruecos centré el interés de Primo de Rivera, que asumió personalmente el Alto Comisionado de Marruecos en 1924. A partir de 1925, se inició una política de colaboración con Francia que incluyó una acción militar coordinada. Fruto de colaboración fue el desembarco de Alhucemas (1925), que se saldó con gran éxito. Tras varias derrotas, Abd-eI-Krim se rindió, entregándose a las tropas francesas al año siguiente. A partir de 1927, las tropas españolas dieron por concluida la ocupación efectiva de todo el Protectorado.
Durante el Directorio Civil, Primo de Rivera intentó institucionalizar su régimen con la creación de una Asamblea Nacional Consultiva (1927), y con la realización de un plebiscito que sometió a votación su política interior y exterior. La Asamblea tuvo un carácter corporativo y autoritario; estaba compuesta por representantes de las corporaciones elegidos por sufragio indirecto, por funcionarios de la Administración y por representantes sociales escogidos desde el poder. Así, el sufragio universal quedó totalmente relegado al olvido.

6.3. La política económica y social
La Dictadura se benefició de la buena coyuntura económica internacional de los años veinte. Fueron años de política nacionalista y de dirigismo estatal que combinaron elementos intervencionistas (acentuación de la orientación proteccionista) con un impulso al desarrollo industrial de los sectores de bienes de inversión.


El Estado tuvo un protagonismo económico notable gracias al fomento de las obras públicas (ferrocarriles, carreteras, planes hidroeléctricos, etc.) y se aprobó un Decreto de Protección de la Industria Nacional que preveía la concesión de ayudas estatales a las empresas que no podían competir con el exterior. También se concedieron grandes monopolios como el de teléfonos a la Compañía Telefónica Nacional de España y se otorgó la exclusividad en la importación, refinado, distribución y venta de petróleo a la compañía arrendataria CAMPSA. Toda esta política comporté un notorio crecimiento del déficit presupuestario y provocó un acusado endeudamiento del Estado que, en 1929, era siete veces superior al de 1924 aunque estaba disfrazado por la contabilidad oficial.
La Dictadura puso en marcha un modelo de regulación del trabajo que pretendía eliminar los conflictos sociales mediante la intervención del Estado, la integración de los sectores moderados del movimiento obrero y la represión de las organizaciones más radicales. A este fin se creó la Organización Corporativa Nacional, que articulaba las relaciones laborales sobre la base de las profesiones, creando los comités paritarios que estaban formados en igual número por patronos y obreros. Su misión era la reglamentación de los salarios y de las condiciones de trabajo, así como la mediación y arbitraje en caso de conflictos laborales. Estos comités encontraron el apoyo de la UGT, mientras la CNT era prohibida y se potenciaba, en cambio, a los Sindicatos Libres.

6.4. La oposición a la Dictadura
La oposición a la Dictadura estuvo integrada por buena parte de los líderes de los viejos partidos del turno, los republicanos, los comunistas y anarquistas, determinados sectores del ejército y la casi totalidad de los intelectuales. Los antiguos partidos del turno criticaron la excesiva duración del régimen y algunos dirigentes monárquicos participaron en conspiraciones militares como el complot conocido como ?la sanjuanada?, de junio de 1926. Un carácter semejante tuvo la intentona dirigida por el político conservador José Sánchez Guerra, en enero de 1929, que también contaba con un cierto apoyo militar.
Los republicanos organizaron la llamada Alianza Republicana, que logró unir a las diversas facciones del movimiento y desarrollar una amplia campaña propagandística en el exterior. El enfrentamiento de los intelectuales con la Dictadura estuvo protagonizado por figuras como Unamuno, Ortega y Gasset, Blasco Ibáñez y Menéndez Pidal, muy críticos con el régimen y que, en 1924, suscribieron un manifiesto con más de 100 firmas en contra de su política cultural. La oposición del mundo universitario se materializó en la revuelta estudiantil y en el apoyo conseguido por la FUE (Federación Universitaria Española).
La CNT se mostró contraria al régimen, pero en su interior se agravó el enfrentamiento entre quienes defendían una actitud más radical y partidaria de la violencia y aquellos que defendían posturas más posibilistas, entre los cuales se encontraba Ángel Pestaña. Los primeros, en julio de 1927, crearon la FAI (Federación Anarquista Ibérica), que en su mayoría era partidaria de la insurrección popular. También el PSOE cambió su posición hacia 1929 cuando rechazó abiertamente los intentos continuistas del régimen y se pronunció a favor de la República.
La cuestión catalana se convirtió en un conflicto. Las medidas políticas y administrativas tomadas por Primo de Rivera como la liquidación de la Mancomunidad en 1925, la prohibición del uso público de la lengua catalana y del baile de la sardana, o la clausura del campo del F.C. Barcelona hicieron que el régimen fuese visto en Cataluña como profundamente anticatalanista. Todo ello provocó un notable distanciamiento incluso de los sectores que, como la Lliga Regionalista, habían acogido la Dictadura con evidente simpatía. Pero la acción opositora que tuvo más impacto en la opinión pública, incluso en la internacional, fue la fallida invasión del territorio español desde Prats de Molió(Francia), en 1926, dirigida por el nacionalista catalán Francesc Macià.

6.5. La caída del dictador
El relativo consenso inicial que había tenido el golpe de Estado entre las clases conservadoras fue resquebrajándose con el paso del tiempo al mostrarse incapaz de conciliar las distintas facciones monárquicas civiles y militares, y de encontrar una salida al régimen que garantizase la transición hacia un sistema constitucional. Alfonso XIII, temeroso de que el desprestigio creciente de la Dictadura afectase a la propia imagen pública de la Monarquía, optó por retirar la confianza al dictador, que dimitió en enero de 1930.
El general Berenguer fue el encargado de sustituirle, pero el prometido retorno a la normalidad constitucional se llevaba a cabo tan lentamente, que la oposición y la opinión pública mostraron su descontento hacia lo que irónicamente se denominaba la dictablanda. La oposición comenzó a organizarse y los republicanos, los catalanistas de izquierda y el mismo PSOE acordaron la firma conjunta del Pacto de San Sebastián (agosto 1930) por el que se comprometían a proporcionar una alternativa a la monarquía, constituyendo un comité revolucionario que debería convertirse en el gobierno provisional de la futura República. En diciembre de ese mismo año se produjo un intento insurreccional militar de proclamar la República en Jaca protagonizado por los capitanes Galán y García Hernández, quienes acabaron siendo fusilados.
En febrero de 1931 se constituyó el último gobierno de la Monarquía presidido por el almirante Aznar, que asumió el compromiso de convocar elecciones, empezando por las municipales, y de dar a las nuevas Cortes un carácter constituyente. Se intentaba volver a la normalidad como si nada hubiese sucedido. Pero Alfonso XIII se había comprometido excesivamente con la Dictadura y las elecciones municipales, fijadas para el 12 de abril y las primeras después de ocho años, se presentaron como un plebiscito a favor o en contra de la Monarquía.