Tipo normativo de las leyes de base a las leyes habilitantes

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13. LA Creación DEL DERECHO: EL DERECHO LEGAL Y EL DERECHO JUDICIAL
A. La producción normativa
Con carácter general, la producción normativa puede ser dividida en dos tipos: producción originaria y producción derivada.
La producción originaria es aquella a través de la cual se crea la norma básica y superior del sistema jurídico, la Constitución, que es la norma de identificación de normas, puesto que establece los criterios básicos de validez normativa, tanto formales como materiales.
La producción derivada es la que se produce en virtud de lo dispuesto en la norma básica.
Tradicionalmente, ha sido el parlamento el centro de producción normativa derivada más importante y quien elaboraba las normas jerárquicamente superiores: las leyes.
Sin embargo este papel protagonista del parlamento tiene que ser matizado en la actualidad por cuatro razones principales.
En primer lugar, por la adquisición de rango jurídico vinculante de las constituciones; en segundo lugar, por la ampliación del ámbito de intervención del Estado a través, principalmente, de la administración, lo que conlleva un aumento importante de las normas producidas por el Ejecutivo; en tercer lugar, la crisis del concepto de Estado soberano nacional tanto por la vía de la descentralización administrativa y política como por la de la presencia de normas internacionales y comunitarias; por último, en cuarto lugar, la incidencia de la sociedad dentro de un estado social y democrático que se manifiesta en el ámbito de la producción de normas. Junto a estos cuatro fenómenos, es posible añadir un quinto, que consistiría en la posible consideración del Poder Judicial como centro de producción de normas.
B. El Derecho legal
Tradicionalmente, las leyes han sido las normas más importantes de cualquier sistema jurídico. La definición de ley más utilizada en la actualidad es aquella que de
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manera casi tautológica entiende por tal las normas que teniendo su origen en un órgano legislativo son así denominadas.
Este tipo de normas son habitualmente generales y abstractas, pero existen también leyes singulares y leyes medida. Además, dentro del ordenamiento existen distintos modos de crear leyes y diferentes órganos competentes para ello.
Dentro del Derecho legal existen dos grandes centros de producción normativa como son el Parlamento y el Gobierno. El primero sigue siendo considerado como el principal poder de producción de normas tanto por su significado como por la situación jerárquica de las normas que crea, pues en los estados democráticos el parlamento es el órgano con competencia normativa que representa de manera más directa la voluntad popular y por ello sus normas son superiores jerárquicamente a otro tipo de normas. Hasta tal punto son importantes las leyes que se llega a identificar el mismo concepto de Derecho con el de ley.
Al parlamento le corresponde, así, la elaboración de las normas que abordan los problemas generales más relevantes en los sistemas jurídicos, como por ejemplo el régimen jurídico de los derechos o de las instituciones básicas del Estado, y en todo caso fija el marco normativo que deberá ser respetado por el resto de centros de producción normativa.
Ahora bien, en los estados descentralizados puede haber más de un parlamento. Por un lado, uno estatal o federal, a quien corresponde el tratamiento de los temas de interés general para todo el Estado e incluso en ocasiones posee competencia para unificar disposiciones de otros parlamentos y de cuyas disposiciones deriva normalmente la asignación de competencias al resto de los órganos parlamentarios. Por otro, los parlamentos regionales, autonómicos, territoriales, etc. Con potestad para aprobar normas con rango de ley en el marco de sus competencias y de aplicación exclusivamente en el territorio bajo su jurisdicción. Además, también existen otros órganos internacionales con capacidad para dictar normas con rango de ley.
Así, en España, además de las Cortes Generales, tenemos los parlamentos autonómicos y el parlamento europeo, aunque en este caso, la potestad normativa la comparte con otras instituciones de la Unión Europea.
Pero no solo los parlamentos tienen capacidad para aprobar normas con rango de ley, también el gobierno puede hacerlo, como consecuencia de la mayor intervención del Estado en las relaciones sociales y de la necesidad de regulación y respuesta rápida frente a determinados problemas, entre otras causas.
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Tradicionalmente el ejecutivo tenía competencia normativa en lo que se refiere a la producción de reglamentos, que se constituían principalmente en normas que concretaban lo señalado en las leyes con el propósito de que estas se ejecutasen, pero en la actualidad también tienen capacidad de aprobar normas con rango de ley, si bien con ciertas limitaciones. Concretamente, en el caso de España, estas normas son de dos tipos: los decretos legislativos y los decretos-leyes.
C. El Derecho judicial
Se discute la posibilidad de considerar al Poder Judicial como centro de producción normativa. Pero se trata de un tema polémico.
Tradicionalmente se ha entendido que la competencia para elaborar normas con rango de ley era algo que correspondía al Parlamento y que el Poder Judicial tenía la misión de aplicar esas normas.
Sin embargo, hay que diferenciar la actuación de ciertos órganos judiciales o cuasi judiciales en relación con los cuales se suele admitir que producen normas en lo que podríamos considerar como su actuación habitual. Aquí se situarían los tribunales constitucionales, en concreto cuando desempeñan su función de control de constitucionalidad y en las llamadas sentencias interpretativas. Estos órganos suelen tener encomendada la misión de controlar la producción normativa parlamentaria en lo referente a su sometimiento a la Constitución y por ello desempeñan lo que ha sido calificado como producción normativa negativa, al rechazar las normas legales contrarias a la Constitución. Pero además también emiten lo que se conoce como sentencias interpretativas y sentencias aditivas. Las primeras son aquellas en las que el Tribunal Constitucional rechaza una demanda de inconstitucionalidad de una norma siempre que esta se interprete en el sentido en el que el Tribunal considera que es conforme a la Constitución; las segundas se originan en asuntos en los que el Tribunal juzga la violación del principio de igualdad por parte del legislador al omitir cierta legislación existiendo regulación expresa de casos idénticos (es decir, una disposición omite sin fundamente incluir casos idénticos), y en ellas el Tribunal suele exigir que se incluya el supuesto excluido en la norma impugnada.
En el ámbito de la justicia ordinaria las sentencias de los tribunales supremos también cumplen funciones similares pero referidas a la legalidad de los reglamentos o
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también sus funciones de unificación de la doctrina judicial cuando se resuelven recursos de casación por infracción de jurisprudencia.
También hay que señalar aquí al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que se mueve en el ámbito del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos de 1950 y cuyas sentencias poseen una incidencia indirecta en la elaboración normativa dentro del ordenamiento jurídico español a través de la vía del artículo 10.2 CE.
Finalmente, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea posee jurisdicción obligatoria, garantiza la aplicación uniforme del Derecho europeo y controla la legalidad de la actuación de los órganos comunitarios.
No obstante, los ejemplos anteriores se refieren a órganos judiciales especialmente relevantes o a procedimientos especiales y su consideración como centros de producción normativa no conlleva necesariamente a extender esta competencia al resto de los órganos judiciales.


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