Tercera guerra carlista resumen

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12.1 El reinado de Isabel II. La oposición al liberalismo: Carlismo y Guerra Civil. La cuestión foral


La crisis política del absolutismo durante el reinado de Fernando VII se vio agravada por el “problema sucesorio” provocado por la falta de heredero varón del monarca. En 1830, nace la futura Isabel II, hija con su tercera esposa María Cristina de Nápoles. Unos meses antes del nacimiento, Fernando VII publicó la Pragmática Sanción que anulaba la Ley Sálica y permitía, por tanto, reinar a las mujeres. Los llamados “sucesos de La Granja” modificaron la situación: Los partidarios de D. Carlos,  aprovecharon la enfermedad de Fernando VII en 1832 para convencerle de que derogase la Pragmática Sanción. Esto supónía devolver a D. Carlos los derechos sucesorios. En cuanto Fernando VII mejoró restablecíó la Pragmática. En 1833, con el fallecimiento del rey, Isabel era reconocida como heredera y su madre asumía la regencia. Los carlistas no aceptaron la situación y para defender sus pretensiones desencadenaron una guerra civil.  El enfrentamiento no es sólo un conflicto dinástico si no también ideológico. Los carlistas pretenden la vuelta al Antiguo Régimen; apuestan por el poder absoluto del monarca, y por la defensa de la religión, que consideran atacada por los liberales. El lema carlista “Dios, Patria y Rey”, resume el planteamiento carlista. A estos elementos se suma la defensa del foralismo.

La cuestión foral:

Con la aprobación de los Decretos de Nueva Planta tras la Guerra de Sucesión (1700 – 1715), que supuso la llegada al trono de España de la dinastía de los borbones, Cataluña y Aragón habían perdido sus fueros. Navarra y el País Vasco, por el contrario, conservaron los suyos al haber apoyado al candidato Borbón (Felipe V). El carlismo, apuesta por la restauración y el mantenimiento de los fueros tradicionales. El arraigo carlista es especialmente fuerte en las zonas rurales donde se mostraban temerosos con la extensión de la sociedad urbana e industrial que ponían en cuestión las formas de vida tradicional. Por el contrario, las ciudades  eran partidarias del liberalismo.

Las guerras carlistas

El movimiento carlista desencadenó tres conflictos armados. La primera guerra carlista (1833-40) Comenzó en Octubre de 1833, a los pocos días de fallecer Fernando VII, cuando Don Carlos María Isidro fue proclamado rey por sus seguidores con el nombre de Carlos V. La rebelión carlista se consolidó en las zonas rurales de Navarra y el País Vasco. Don Carlos ordena a Zumalacárregui sitiar Bilbao (1835).  El fallecimiento del general carlista en el asedio de Bilbao provocará un giro en el conflicto. Desde 1835 y hasta 1837, la guerra se mantuvo en una situación de equilibrio. El general liberal Espartero rompíó el asedio de Bilbao, mientras las guerrillas carlistas obtuvieron importantes victorias en el Maestrazgo. El Bajo Aragón fue dominado por los carlistas (general Cabrera) configurándose como nueva gran zona carlista. Desde 1837 y hasta 1839 la batalla se decanta a favor de las tropas gubernamentales. El agotamiento carlista era evidente lo que terminó por provocar la división interna del movimiento entre intransigentes –partidarios de seguir la guerra- y moderados, encabezados por el general Maroto – partidarios de llegar a un acuerdo honroso. Las negociaciones entre Maroto y Espartero culminaron en el Convenio de Vergara (Agosto de 1839) que marcó el fin de la guerra en el norte; en el convenio establece la legitimidad de Isabel II como reina de España, pero realiza algunas concesiones, así se reconocen los empleos y grados del ejercito carlista. Pese a este acuerdo la guerra no terminó en la zona levantina; allí el general Cabrera resistíó durante casi un año. La segunda guerra carlista se prolongó entre 1846 y 1849, estalló al fracasar el intento de concertar un matrimonio entre la reina Isabel II y el nuevo pretendiente carlista Carlos VI, hijo de d. Carlos María Isidro. La derrota del carlismo obligó al general Cabrera a exiliarse en Francia; allí también permanecíó el pretendiente al trono. Hubo una tercera guerra carlista (1872 – 76), estalló tras la expulsión de Isabel II y la llegada de un nuevo rey, Amadeo de Saboyá. Con la caída de la monarquía isabelina, el nuevo pretendiente carlista, que se hacía llamar Carlos VII, entró en España a comienzos de 1872 provocando un nuevo conflicto bélico. La guerra tuvo como escenarios principales Cataluña, Navarra y el País Vasco. Finalmente el carlismo fue de nuevo derrotado, esta vez de manera definitiva en 1876 ya durante el reinado de Alfonso XII. 

12.2 Isabel II (1833-1843): Las regencias


Durante los años en los que se consideró menor de edad a Isabel II, la responsabilidad de la corona fue asumida por las regencias de su madre María Cristina (1833 – 1840) y, tras los altercados revolucionarios de 1840, por el general Espartero (1840 – 1843). Se trata de una década dominada políticamente por la cuestión del carlismo (tratado en otro tema) y por la alternancia en el gobierno de progresistas y moderados, en un clima de inestabilidad política acentuado por los continuos pronunciamientos militares. Pese a esa inestabilidad fue una etapa fundamental en la implantación del liberalismo en España, no sólo en el ámbito político –triunfo sobre los carlistas, promulgación de la constitución de 1837-, sino también en el económico –abolición del régimen señorial, desamortización eclesiástica, etc. El conflicto sucesorio tras la muerte de Fernando VII provocó alguna de las carácterísticas más significativas de todo el reinado de Isabel II: La monarquía se acercó al liberalismo, al agruparse los absolutistas en torno a D. Carlos María Isidro; los militares alcanzaron gran protagonismo político, los generales o “espadones” se situaron al frente de los partidos político convirtiendo el “pronunciamiento” en la forma habitual para instaurar nuevos gobiernos; por último, la monarquía se vio envuelta en serios problemas financieros provocados por los enormes gastos militares. Durante las Regencias surgieron los primeros partidos políticos que canalizaban las distintas corrientes ideológicas del liberalismo inicial. Así, aparece el partido moderado, liderado por el general Narváez, como gran defensor de la soberanía compartida y de la limitación de los derechos individuales; y el partido progresista, encabezado por el general Espartero, símbolo de la lucha contra el carlismo, que defendía la soberanía nacional, con la existencia de una Cortes fuertes que limitasen el poder real y aumentasen los derechos individuales. Las Cortes para evitar una nueva regencia, adelantaron la mayoría de edad de Isabel II, que de esta forma fue coronada reina a los trece años. 


12.3. Isabel II (1843-1868): El reina efectivo


Isabel II se convirtió en Reina de España a la muerte de su padre Fernando VII en 1833. El inicio de su reinado estuvo marcado por la sucesión de dos regencias: la de su madre María Cristina (1833-1840) y la del general Espartero (1840 – 1843). En 1843, un levantamiento dirigido por el general Narváez puso fin al gobierno autoritario de Espartero. Las Cortes decidieron adelantar la mayoría de edad de la reina, con el fin de no recurrir a una nueva regencia. Con trece años comenzaba, el reinado efectivo de Isabel II. Isabel II tuvo escasas capacidades para gobernar. Su actuación política fue muy errática, los cambios de gobierno frecuentes y la influencia de la “camarilla” marcó por completo sus decisiones. Mostró siempre sus preferencias por los moderados frente a los progresistas a los que recurríó sólo cuando no tuvo más remedio. La Revolución Gloriosa de 1868 pondría fin a su reinado, la reina tuvo que marcharse al exilio en París, ciudad en la que fallecería en 1804. Su reinado, en todo caso, supondrá la superación definitiva del Antiguo Régimen y el establecimiento de una monarquía constitucional que se apoyaba en el liberalismo.

La Década Moderada (1844 – 1854)


En la llamada “década moderada” el régimen político dio un giro notable hacia posiciones conservadoras, que quedaron fijadas en la Constitución de 1845 supuso la expresión más evidente del llamado “liberalismo doctrinario” que anulaba los aspectos más progresistas de la anterior. Así, sustituyó la soberanía nacional por la soberanía conjunta del Rey y las Cortes (soberanía compartida), además la Corona aumentaba los poderes de la Corona que podía nombrar ministros, designar miembros del Senado y disolver las Cortes. Las Cortes siguieron siendo bicamerales y el sufragio se restringíó aún más. El conservadurismo de esta época queda de manifiesto también con la firma de un Concordato con la Santa Sede en 1851. En virtud de ese acuerdo la Iglesia vuelve a tener un papel preponderante en la sociedad española: la desamortización queda paralizada y España reconoce la confesionalidad católica del Estado. Esta década se caracteriza por la mejora económica y por la realización de reformas político-administrativas encaminadas a una mayor eficacia y centralización del país. El carácter conservador de esta década viene marcado por la figura de Ramón María Narváez, líder del partido moderado, que ocupó la Presidencia de Gobierno durante gran parte del periodo. En 1852, el nuevo presidente Juan Bravo Murillo intentó una reforma de la Constitución que supónía un nuevo retroceso en el parlamentarismo. Su proyecto tendente a una “dictadura civil” de técnicos, y la sucesión de denuncias por escándalos financieros contra los gobiernos moderados y la corona, originará un movimiento opositor entre los “espadones” que contará con un notable apoyo popular. Esta situación culminará con la Vicalvarada de 1854, dirigida por el general O’Donnell.

El Bienio Progresista (1854 – 56)


En Junio de 1854 en la localidad de Vicálvaro se produjo un pronunciamiento militar dirigido por el general O’Donnell; unos días después Cánovas del Castillo presenta el llamado “Manifiesto de Manzanares” que presenta los principios fundamentales para una regeneración liberal. Este manifiesto provoca una gran movilización popular. Ante esta situación Isabel II se vio obligada a llamar al poder a Espartero.

El Bienio fue un régimen breve e inestable, regido por Espartero – al que siguen los “progresistas puros” – y O’Donnell, que aglutina a la Uníón Liberal, formada por moderados y progresistas transigentes. Durante estos dos años Se aprobó la Ley de Desamortización General (1855), elaborada por Pascual Madoz, que completaba la realizada por Mendizábal. Afectaba especialmente a los ayuntamientos y a bienes del clero secular. Se propónía financiar la construcción del ferrocarril en España. Se elaboró una nueva Constitución en 1856 (“non nata”), que nunca llegó a ser promulgado. En ella se limitaba el poder de la Corona y se ampliaba la Declaración de Derechos. Se aprobó la Ley General de Ferrocarriles (1855) que fijaba el trazado esencial de la red actual. En 1856, la Corona, la Iglesia y los moderados alentaron movimientos de protestas contra Espartero, a ellos se une el propio general O’Donnell, aprovechando la escisión de unionistas y progresistas.

Alternancia del Partido Moderado y la Uníón Liberal (1856 – 1868)


A partir de 1856 se sucedieron los gobiernos de los generales Narváez y O’Donnell. Hasta 1858, gobernó Narváez; desde 1858 y hasta 1863 se produjo el llamado “gobierno largo” de la Uníón Liberal de O’Donnell; de 1863 y hasta 1868 gobernarían los moderados con Narváez y González Bravo. Todo este periodo comienza con un decreto que declara la vigencia de la Constitución de 1845. En 1857 se aprueba la “Ley Moyano”, ley para regular la enseñanza propuesta por Claudio Moyano,  el rasgo más sobresaliente fue la activa política exterior con que O’Donnell pretendíó devolver a España el prestigio internacional que había perdido. Para ello, embarcó al país en una serie de intervenciones militares de escaso interés, pobres resultados y cuantiosas pérdidas humanas y económicas como la expedición a la Cochinchina, la guerra contra Marruecos o la intervención en México. El moderantismo del régimen, que limitaba notablemente la participación ciudadana, cerraba las opciones de participación política a los progresistas, derivando éstos hacia la vía conspirativa en contra del gobierno y de la monarquía borbónica. En 1866, progresista y demócratas firmaron el Pacto de Ostende, por el que decidieron aunar esfuerzos para derrocar a Isabel II y establecer un nuevo sistema político. Un año después se sumó la Uníón Liberal, presidida por Serrano tras el fallecimiento de O’Donnell. Finalmente el triunfo de la “Revolución Gloriosa” en 1868 pondría fin al reinado de Isabel II que se vio obligada a exiliarse en Francia. 

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