T2 las sanciones administrativas

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15- Concepto y clases de infracciones  

Constituyen infracciones administrativas las acciones y omisiones dolosas o culposas antijurídicas, tipificadas, y sancionadas en una norma legal. En la legislación está muy extendida la clasificación de las infracciones en leve, graves, y muy graves, en atención a la gravedad que el legislador asigna a los hechos tipificados. Esta clasificación presenta ciertas virtualidades: en atención a un elemental principio de proporcionalidad, se corresponde con una paralela clasificación de las sanciones; sirve para modular los plazos de prescripción de las infracciones  la distribución para la imposición de las sanciones, la mayor o menor simplificación del procedimiento sancionador, la asignación de una infracción a una u otra categoría es puramente positiva.

Desde un punto de vista sustantivo, en función de la acción tipificada, las infracciones pueden ser de distintas clases: infracciones de resultado, en las cuales la actuación tipificada entraña una alteración de la realidad exterior con lesión a un bien jurídico protegido; infracciones de peligro, en las cuales la acción tipificada no consiste en un daño efectivo, pero sí constituye una situación de riesgo o peligro más o menos concreto para los bienes jurídicos protegidos y infracciones formales, llamadas también de mero riesgo  en las cuales la infracción se consuma por el mero incumplimiento de un deber legal, aunque no cause lesión ni riesgo para un bien jurídico concreto.


16- La responsabilidad civil dimanante de la infracción

En el caso de infracciones de resultado y con independencia de las sanciones que puedan ser impuestas, los infractores pueden incurrir en una responsabilidad de orden patrimonial por los daños causados por la conducta infractora. Esta responsablidad patrimonial o civil presenta dos modalidades:

  • La reposición de la situación alterada al estado anterior. La LRJSP art. 28.2 dispone que las responsabilidades administrativas que se deriven del procedimiento sancionador serán compatibles con la exigencia al infractor de la reposición de la situación de la situación alterada por el mismo a su estado originario. En caso de incumplimiento de este deber  de reparación, la Administración puede proceder a su ejecución subsidiaria con cargo al infractor.

  • La indemnización por daños y prejuicios. La LRJSP faculta al órgano que resuelve el procedimiento sancionador para determinar y exigir los daños y prejuicios causados por el infractor. De no satisfacerse la indemnización en el plazo  que el efecto se determine en función de su cuantía se procederá mediante al apremio sobre el patrimonio. Cuando las conductas sancionadoras hubieran causado daños o perjuicios a las AA.PP. Y la cuantía destinada a indemnizar estos daños no hubiera quedado determinada en el expediente sancionador se fijará mediante un procedimiento complementario cuya resolución será inmediatamente ejecutiva. Este procedimiento será susceptible de terminación convencional pero ni ésta ni la aceptación por el infractor de la resolución que pudiera recaer implicarán el reconocimiento voluntario de su responsabilidad (sancionadora). La resolución del procedimiento pondrá fin a la vía administrativa.

  • 17- Concepto de sanción, criterios de graduación y aplicación

  • Las sanciones administrativas pertenecen al género de las resoluciones de gravamen, es decir, aquéllas que restringen la esfera de los ciudadanos. Las sanciones administrativas consisten en la privación, restricción o suspensión de determinados derechos o bienes jurídicos del sujeto responsable de la infracción, precisamente como reacción a la comisión de la misma. Es decir, la sanción se caracteriza por su finalidad represiva, retributiva o de castigo, basada en una previa valoración negativa.

    Las sanciones deben diferenciarse de otras medidas restrictivas de los derechos individuales que no responden a una finalidad retributiva sino a otros fines.

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